Violencia creciente en Morelos

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

En Morelos la violencia creciente termina causando graves violaciones a los derechos humanos. La desaparición y asesinato de Gustavo Salgado Delgado, es la muestra de que esta violencia institucional de criminalización de la protesta social incluye la desaparición y eliminación física de quienes participan en luchas sociales, como se ha documentado ampliamente con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y miles en todo el país. La utilización del Mando Único por parte del gobierno para fortalecer el aparato represivo no busca impedir esta clase de violencia, sino enfrentar a quienes protestan, como ha ocurrido en el centro de Cuernavaca contra comerciantes opositores a la remodelación de la calle Guerrero, donde el abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y agresiones a periodistas y ciudadanos se generalizó el 7 de febrero. El feminicidio forma parte de este escenario de violencia institucional y social, por lo que hemos exigido el cumplimiento de todas las 15 recomendaciones sobre Alerta de Violencia de Género. Lejos de cambiar de estrategia política, para garantizar derechos de toda la población, el gobierno utiliza cada vez más métodos autoritarios y represivos. Hemos señalado que la impunidad alimenta las violencias estructurales y que las violencias menores crecen de manera exponencial en Morelos y en todo el país. Las calles como escenario de guerra, las protestas perseguidas, periodistas bajo amenaza, ausencia de políticas públicas democráticas e incluyentes, autoritarismo policíaco, son elementos que indican que Morelos no está lejos de Guerrero, ni Cuernavaca de Ayotzinapa.
La desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial son crímenes de lesa humanidad, que laceran la dignidad y causan dolor a la personas por parte de funcionarios y servidores públicos del Estado o particulares con la aquiescencia, anuencia o complicidad de las instituciones. La “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas” fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992. En esta Declaración de Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, precisa que esta se da cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley. La Declaración ha sido la herramienta siempre invocada por los familiares de las víctimas de desaparición forzada, los activistas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos en sus exigencias frente a las autoridades para el cumplimiento estricto de sus obligaciones internacionales. Bajo la égida de la Declaración se forjó un movimiento de familias y activistas que han denunciado que todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana y su comisión afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
No debemos perder de vista que las desapariciones de los estudiantes normalistas ocurridas en Iguala, Guerrero, siendo un acontecimiento que se configura como una violación muy grave a los derechos humanos, se suma a una historia reciente de México en la que numerosas desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos siguen afligiendo a muchas familias y se añaden a las desapariciones cometidas en la etapa de la guerra de contrainsurgencia de los años 70s. Una grave violación a los derechos humanos que ha perdurado hasta nuestros días y que, incluso, ha tenido, diversas etapas en donde la desaparición forzada se ha incrementado de manera alarmante. El Estado mexicano incumple sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada, así como de las amenazas, hostigamientos y ataques contra periodistas, familiares y organizaciones de derechos humanos que denuncian y documentan las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos. Ante ello, se requiere exigir justicia y verdad en cada caso de desaparición como el de Gustavo Salgado o los 43 de Ayotzinapa que sigue abierto, alto a la criminalización de la protesta social y las detenciones arbitrarias, respeto a la libertad de expresión y alto a las agresiones a periodistas, alerta de violencia de género. Podemos detener esta violencia institucional mediante la lucha y la organización por el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos

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