Los caminos de la memoria indómita.

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca.

¿Cuántas veces han matado, desaparecido, borrado de la historia y de la memoria a personas que están más presentes que nunca en el corazón y la mente de un pueblo que resiste y lucha? Aquí seguimos, exigiendo que las y los desaparecidos de ayer y hoy tengan verdad y justicia para que no haya más padeciendo estos mismos horrores en el futuro que ya está aquí. Es urgente y necesario detener y erradicar la práctica de la detención-desaparición como una tecnología política del Estado, para preservar la vida y la libertad. Si durante los años 60 y 70 en México sólo se escuchaban las voces de protesta de familiares y activistas de izquierda exigiendo su presentación con vida, hoy es un verdadero clamor a nivel mundial. Desde la sierra y las calles de las ciudades, salimos a marchar porque nos convocan madres y padres de los 43 de Ayotzinapa, Eureka y miles en el país, y nos levanta la indignación convertida en rabia y esperanza organizada. También otras voces, desde otros ámbitos, dejan escuchar sus reclamos, como en las 8 jornadas globales, para que el mundo no olvide. Y desde Ginebra, escuchamos las condenas al gobierno de México: El Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas considera que el marco normativo en vigor así como su aplicación y el desempeño de algunas autoridades competentes no se conforman plenamente con las obligaciones de la Convención, en un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio de México, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, como el grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas. Recomienda que se adopte las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en el art. 41 de la Convención. Al respecto, lo alienta a aprobar a la mayor brevedad posible una ley general que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada contenidos en la Convención, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas así como a la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas. Asimismo, recomienda que se garantice la participación de las víctimas de desaparición forzada, las organizaciones de la sociedad civil. Nota con preocupación la falta de información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad. Se muestra preocupado por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito. Señala una serie de obstáculos que no permitirían que las investigaciones de las desapariciones forzadas se realicen de manera eficaz, incluyendo: a) el hecho de que en varios casos las autoridades competentes no habrían iniciado las investigaciones con la debida celeridad inmediatamente luego de haber recibido información acerca de una posible desaparición forzada; y b) la calificación de los hechos con base a otros delitos en numerosos casos en los que habrían existido indicios para suponer que se podría haber cometido una desaparición forzada. Apunta que, a pesar del tiempo transcurrido, no ha habido avances significativos en la investigación y sanción de los responsables de las desapariciones forzadas que habrían sido perpetradas durante el período conocido como “guerra sucia” ni en relación con la búsqueda de las personas desaparecidas. Recomienda que México adopte las medidas necesarias para asegurar que la legislación establezca un procedimiento para obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y la de sus allegados. Enfatiza la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los niños. Las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son particularmente vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género. Las mujeres que son miembros de la familia de una persona desaparecida son particularmente vulnerables a sufrir serios efectos sociales y económicos adversos, así como a padecer violencia, persecución y represalias como resultado de sus esfuerzos para localizar a sus seres queridos. Por su parte, los niños víctimas de desaparición forzada, ya sea porque ellos mismos son sometidos a desaparición o porque sufren las consecuencias de la desaparición de sus familiares, son particularmente vulnerables a múltiples violaciones de los derechos humanos, incluida la sustitución de su identidad. Por ello hace especial hincapié en la necesidad de que se integre perspectivas de género y enfoques adaptados a la sensibilidad de los niños y niñas en la implementación. La ONU recomendó al Estado mexicano proteger a defensores de derechos humanos y evitar que agentes estatales emitan declaraciones públicas que los descalifique y estigmatice, igual que a los allegados y familiares de las personas desaparecidas. También recomendó prevenir y sancionar los actos de intimidación y/o malos tratos de los que pudieran ser objeto los defensores de derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones forzadas y asistir a las víctimas.
Para abordar estos temas invitamos a la presentación del Libro “Ayotzinapa. La rabia y la esperanza”, del autor Roberto González Villarreal. Editorial Terracota. Colección Debate. Martes 17 de febrero, 11 a.m. Auditorio de la Facultad de Derecho de la UAEM.

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