Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos

Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos

La “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas” fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992, precisa que esta se da cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley.
Esta Declaración ha sido la herramienta siempre invocada en casos de Desaparición Forzada para exigir frente al Estado Mexicano el cumplimiento estricto de sus obligaciones internacionales, bajo el entendido que todo acto de Desaparición Forzada constituye un atentado a la dignidad humana y su comisión afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del Derecho, de las libertades fundamentales y de los Derechos Humanos. Las recomendaciones formuladas al Estado Mexicano por los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, así como la propia sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco incluye: emitir una Ley General e Integral en la materia; el reconocimiento nacional de la figura de Declaración de Ausencia por Desaparición; el combate efectivo a la impunidad; el fortalecimiento de Servicios Forenses Independientes; la instauración de un Mecanismo Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la instauración de Bancos Genéticos; la protección de las personas victimizadas; la regulación apropiada del uso de la fuerza; el registro de personas detenidas y el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar casos.
La Desaparición Forzada en México es una práctica sistemática de Estado que se ha implementado en todo el país desde los años sesenta y setenta, tal como señaló el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en su informe de visita al país en 2011. Su profundización y sofisticación se debe, entre otras cosas, a la impunidad que prevalece en todos los casos y al contexto de violencia que vive hoy el país que ha permitido encubrir esta práctica, con lo cual el Estado Mexicano se deslinda de su responsabilidad de investigar y sancionar a las y los responsables. Las desapariciones de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurridas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014, es un acontecimiento que se configura como un crimen de lesa humanidad, que muestra la gravedad de la práctica de la detención-desaparición en nuestro país. Pues históricamente, han sido los altos mandos militares los que han ordenado las Desapariciones Forzadas, como documentó la Comisión de la Verdad de Guerrero. Lamentablemente, todos esos crímenes están en la impunidad. Desde Atoyac hasta Ayotzinapa, un largo camino de represión: ¡fue el Estado!
La falta de legislación en esta materia ha permitido que las Desapariciones Forzadas se hayan extendido y ampliado en todo el país, haciendo uso indebido de instalaciones al servicio del Estado para mantener a personas desaparecidas por motivos políticos y sociales.
El caso de la Desaparición Forzada de José Ramón García Gómez en 1988 (sigue hoy en día sin resolverse), que dio origen al surgimiento de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, a evidenciado la inexistencia de un marco normativo interno que garantice la Prevención, Atención, Investigación, Sanción y Erradicación de la práctica de la Desaparición Forzada de Personas; que ha sido tipificada en el Código Penal como un delito sin definir los alcances del mismo, por ello afirmamos la imperiosa necesidad de la promulgación de una Ley Estatal para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que incluya la implementación del marco normativo existente a la luz de las obligaciones internacionales. Consideramos que esta Iniciativa de Ley, tiene tal sustento jurídico-legal y legitimidad social y política, que Morelos puede sentar un precedente importante en el país, ya que sería el tercer Estado en tener una Ley de Desaparición Forzada, ya que el Estado de Coahuila y el Distrito Federal son los únicos que cuentan con una legislación en la materia. En este momento de trascendental importancia por la gravedad de las violaciones a los Derechos Humanos, sería una herramienta eficaz en la lucha por la Vida, la Justicia y la Verdad.
El Congreso del Estado de Morelos deberá analizar en este mismo periodo ordinario de sesiones esta propuesta de Ley, que será presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo, con base en el trabajo de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Entre los elementos destacados que contiene la propuesta se encuentra el Rescate de la Memoria de la Desaparición Forzada en Morelos, además de conceptos como el de Justicia, Restitución Integral, Garantías Efectivas de la No Repetición, Respeto a la Dignidad, la No Discriminación y la definición de cada una de las consideraciones. Además de que está enriquecida con parámetros de Instrumentos Internacionales, Disposiciones Complementarias, Modelos de Prevención, Atención, Investigación, Sanción y Erradicación, así como la Declaración por Ausencia de Personas Desaparecidas y Mecanismos Garantes. Además de un capítulo sobre responsabilidades y sanciones, entre otros.
Por qué no estamos todas, no estamos todos, por qué nos faltan más de 43.

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