Archivo mensual: marzo 2015

Tortura e impunidad

Marco Aurelio Palma Apodaca y José Martínez Cruz

Alejandro Avila Ortega fue torturado por policías federales para que se confesara culpable de secuestro en Morelos. Su caso fue documentado por el Relator Especial sobre Tortura de la ONU, y fue incluido en el Informe dado a conocer el 9 de marzo en Ginebra. Este informe fue rechazado por el gobierno de manera cínica, sin aportar datos porque no los tiene, sigue negando que en México la tortura es un método generalizado que utilizan policías y militares. Desde 2006 y bajo la denominada “guerra contra el narcotráfico”, se han implementado medidas para regular la detención, investigación y combate de la delincuencia organizada, incluyendo el despliegue de fuerzas armadas que cumplen funciones de seguridad pública, llegando a 50.000 efectivos en 2012. La CNDH registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y reportó un máximo de 2.020 quejas en 2011 y 2.113 en 2012, comparadas con un promedio de 320 en los seis años anteriores a 2007. Entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la CNDH recibió 1.148 quejas por violaciones atribuibles solo a las fuerzas armadas. La militarización de la seguridad pública se mantiene como estrategia, ya que más de 32.000 militares aún cumplen tareas propias de corporaciones civiles. También se incorporaron militares retirados o en licencia a corporaciones civiles de seguridad y se creó una Gendarmería con entrenamiento militar, lo que compromete los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos. La tortura y los malos tratos son generalizados en México. El Relator Especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas. La mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada. Esto se potencia con el régimen de excepción constitucional y legal que afecta a estos detenidos, que incluye el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la posibilidad del Ministerio Público de ampliar el plazo de detención (“retención”) previo a la presentación judicial. Es dificultoso conocer un número real de casos de torturas. No existe actualmente un registro nacional de casos y cada entidad tiene datos propios. Asimismo, muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad. Igualmente el número de denuncias y quejas es muy alto. La CNDH informó de 11.608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014. La Comisión de Derechos Humanos del D.F. recibió 386 quejas de tortura entre 2011 y febrero de 2014. La sociedad civil informó de más de 500 casos documentados entre 2006 y 2014. Aunque puede haber casos repetidos, la cantidad es preocupante. La tortura se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria. En 2012, según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el 57,2% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención y el 34,6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión. Consistentemente, un alarmante número de los detenidos entrevistados alegó haber sido víctimas de torturas luego de su detención. En el Centro de Investigaciones Federales, donde están los arraigados, prácticamente todas las personas entrevistadas alegaron haber sufrido torturas y malos tratos previo al ingreso. El Relator Especial observó inquietantes coincidencias entre los testimonios. Las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos. La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas, que combinan: golpes con puños, pies y palos; “toques” con dispositivos eléctricos (“chicharra”), generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca (waterboarding); desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos. En oportunidades transcurren días sin que se informe del paradero de la persona o se la presente ante la autoridad ministerial o judicial. Repetidamente, las víctimas fueron presentadas ante medios de comunicación como delincuentes, sin que exista sentencia condenatoria, lo que constituye en sí trato degradante. El Relator Especial Juan Méndez, conoció casos donde las víctimas fallecieron a causa de las torturas padecidas, y casos donde la tortura acompaña ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Recibió preocupantes testimonios relativos a las excesivas demoras, errores, falta de información, estigmatización y hostigamiento que reciben los familiares de las personas desaparecidas en los procesos de búsqueda e identificación de restos, lo que también puede constituir malos tratos. Esto abarca delitos cometidos tanto por agentes estatales como por particulares.
Desconocer los reportes de organismos internacionales de Derechos Humanos se está convirtiendo una práctica sistemática del Estado Mexicano, por lo que exigimos debe modificar esta posición, realizar una autocrítica, asumir y reconocer la magnitud del problema respecto de violaciones graves a los derechos humanos, tal como lo han solicitado los Relatores y Comités especializados de las Naciones Unidas, ello como un paso crucial para construir acciones efectivas que permitan erradicar estas prácticas, garantizando el derecho de las víctimas a la justicia, la reparación, el castigo a los responsables y la impunidad generalizada en la que permanecen miles de casos, entre ellos, la tortura.

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Venció plazo 6 meses del Grupo de Trabajo al Gobierno y urge Alerta de Genero en Morelos

Cuernavaca, Morelos, 23 de marzo de 2015.
El 18 de marzo se cumplieron los 6 meses para el cumplimiento de las 15 recomendaciones emitidas por el grupo de Trabajo creado a partir de la solicitud de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Morelos, planteada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. Al gobierno se le termino el tiempo para presentar su informe sobre estas medidas, sin que hasta el momento se haya mostrado en la práctica avance alguno. En Morelos se requiere tomar medidas extraordinarias para impedir que continúe creciendo la violencia feminicida, por ello, ante el incumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, debe aplicarse la Alerta de violencia de Género. En los años recientes del 2013 al 2015 se ha ampliado el rango de mujeres victimizadas. Si del 2000 a junio del 2013 documentamos 530 feminicidios, al concluir el mes de febrero de 2015 el total se ha elevado a 633 en 15 años de feminicidio impune. De julio de 2013 a febrero de 2015 se han sumado 103 feminicidios.
Marco normativo: ARTÍCULO 21. De la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia señala que la Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Así mismo el ARTÍCULO 22. Explica que la Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Esta tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá: Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo; Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.
Ampliando el procedimiento el ARTÍCULO 24, apunta que La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando: Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
El grupo de trabajo en su resumen de conclusiones señala la insistencia en la violencia institucional pero en las recomendaciones no se retoma y por tanto no alguna llamada a investigar y en su caso sancionar a funcionarios que aplican violencia institucional. Sin embargo las recomendaciones son puntuales de las deficiencias que las diversas instancias practican cuando se trata de atender la violencia y el feminicidio en la entidad morelense.
1.-En ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el gobierno se ha otorgado reparación integral del daño. El estado debe crear un sistema para garantizar que se reparará a las víctimas de violencia feminicida.2.-Se debe crear un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres para tener datos confiables y actualizados. 3.-Garantizar que se investiguen los casos de feminicidio en Morelos, pues la mayoría están inconclusos. Incluso, se recomienda proponer la posibilidad de revisar y reabrir los casos en reserva temporal. 4.-Diseñar mecanismos de coordinación entre las fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia para que se pueda registrar los tipos de violencia que sufren. Actualmente no hay coordinación entre las instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. 5.-Se deben dictar órdenes de protección en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a mujeres víctimas de violencia. 6.-Realizar acciones para sensibilizar a los medios de comunicación en el tema de violencia de género, derechos humanos y respeto a las víctimas, pues actualmente se usa un lenguaje de estereotipos y discriminación. 7.-Supervisar que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres cumpla con las obligaciones que le atañe la ley. Actualmente hay fallas en su operación. Corresponde a la secretaría de gobierno. 8.-Destinar presupuesto para atender el problema de la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género con políticas públicas y programas permanentes. 9.-Dar capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres que sean eficientes, planeadas y con mecanismos de seguimiento y evaluación. 10.-Que las autoridades encargadas de procuración de justicia conozcan los protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres. 11.-Diseñar protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia. 12.-Implementar un programa de prevención de violencia para responder a los datos que indican que el agresor es, en la mayoría de los casos, la pareja o ex pareja sentimental de la víctima. 13.-Crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y re-educación de personas generadoras de violencia contra las mujeres. 14.-Diseñar modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) para concientizar en perspectiva de género. 15.-La infraestructura con la que Morelos cuenta actualmente es insuficiente para atender los casos de violencia, se propone fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres pero también crear centros de atención especializados que proporcionen asistencia jurídica y psicológica.
Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del Gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hace un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.
Hacemos un llamado a la sociedad para reclamar justicia para las mujeres. Insistimos que eliminar la violencia feminicida y todas las formas de violencia contra las mujeres morelenses obliga a reorientar el trabajo del Estado. La violencia Feminicida proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social. Por ello, enfrentar un problema de esta magnitud exige que se emita la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Mujeres defensoras

José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla
En México las defensoras de Derechos Humanos vivimos en un sistema estructural que produce y reproduce formas violentas de opresión, explotación, exclusión y discriminación, existe una discordancia entre legalidad y poder fáctico que favorece al machismo patriarcal. La libertad de expresión, acceso a la información y pluralidad en las ideas y opiniones son derechos bajo ataque de un sistema que pretende imponer su versión oficial por encima de argumentos y razones críticas. Las mujeres defensoras, activistas y periodistas, en todo el país, enfrentan situaciones de violencia que debemos denunciar y frenar. Así como a Carmen Aristegui pretenden censurarla y callarla, muchas otras periodistas han sido amenazadas y despedidas de sus centros de trabajo. Lo hemos documentado y comentado en foros donde se ha presentado el informe “Defensoras somos Todas”, recientemente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, antes en Guerrero y Oaxaca y en esta semana lo haremos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí, en el marco de denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia Institucional integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) contra el Poder Judicial, El DIF y la Fiscalía especializada de Delitos de Género en el estado de Chihuahua, se ha dado inicio a una campaña de desprestigio contra Irma Villanueva y Lucha Castro, coordinadora jurídica y coordinadora general del CEDEHM.
Chihuahua, que saltó a la fama internacional por los feminicidios y desapariciones de mujeres, que acumula una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más de 400 recomendaciones de organismos nacionales e internacionales por las violaciones a los derechos de niñas y mujeres, las descalificaciones públicas colocan a las defensoras de derechos humanos en una situación de vulnerabilidad e invita a que otras personas actúen en consecuencia. Ello es aún más preocupante si se toma en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha señalado que Chihuahua se encuentra dentro de los primeros lugares en denuncias sobre ataques cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos. Más aún, reconocemos que el hecho de que el CEDEHM cuente con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año de 2008 y que su coordinadora sea beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) desde 2013, esta es una muestra que los casos conllevan diferentes tipos de riesgos, y uno de ellos tiene que ver con el cuestionamiento de estereotipos y de una cultura patriarcal arraigada en la sociedad y en las instituciones públicas.
La obligación de garantizar libremente la labor de las personas defensoras de derechos humanos sin ningún obstáculo se encuentra prevista en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (“Declaración de defensores/as”) así como en diversas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, en el sur del país, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunció la impunidad y discriminación en la que se encuentran los casos de violencia contra mujeres perpetrados por grupos paramilitares. Cientos de mujeres y niñas sufren el desplazamiento forzado. Así en la zona Norte del estado de Chiapas, entre los años 1994 a 2000 fueron registrados 122 casos cometidos por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia: 37 desapariciones forzadas, de las cuales cinco son mujeres y 85 ejecuciones extrajudiciales, entre ellas siete de mujeres. En este contexto, el gobierno mexicano ha incumplido su responsabilidad de investigar efectiva y adecuadamente las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, debido a que sus funcionarios son parte de estos crímenes de lesa humanidad y han protegido a los responsables. En estos casos se han violado los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la honra y de la dignidad, a las garantías y protección judicial, a la verdad, además, se ha violado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belén Do Pará”, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
La construcción de nuevas relaciones sociales, en donde las mujeres tengan los mismos derechos que todos los seres humanos, tiene un fundamento histórico en la lucha feminista contra todo tipo de opresión, explotación y violencias. Defensoras somos Todas.

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Ser feminista es abrir los ojos ante la desigualdad.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz
Mujeres defensoras, trabajadoras, periodistas, activistas, estudiantes, indígenas, campesinas, profesionistas, juntas y revueltas, analizando y compartiendo saberes, debatiendo propuestas, planteando alternativas, luchando y transformando una sociedad para terminar con la opresión y explotación, por el derecho a una vida libre de violencia. Ser feminista es abrir los ojos ante la desigualdad para erradicarla.
Historia:
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad de la mujer, tanto a nivel político, como económico y social. Es también un día reivindicativo en la agenda feminista. Trabajar en los retos pendientes: desde conseguir la igualdad salarial a erradicar la violencia contra la mujer, pasando por derribar los obstáculos de muchas niñas para acceder a la escuela o incrementar la presencia femenina en órganos políticos, legislativos y directivos. Esta fecha histórica para el movimiento feminista tiene su origen institucional en agosto de 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca. En este encuentro se adoptó una resolución por la cual se señalaba un día al año. Escoger el mes de marzo no fue una decisión al azar. Se trataba de una fecha emblemática en la lucha por los derechos de la mujer en EE.UU, en concreto en Nueva York. En marzo de 1908, más de 15.000 personas exigieron en las calles de la Gran Manzana mejoras salariales, derecho al voto, reducción de jornada y condiciones laborales dignas. Eran las herederas de las obreras del textil neoyorquino que ya en 1857, también en marzo, comenzaron a movilizarse por sus derechos laborales hasta crear sus propios sindicatos dos años más tarde. Las protestas de marzo de 1911 se vieron respaldadas por el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwais de Nueva York, en el que el 25 de ese mes murieron 146 trabajadores, la mayoría mujeres, debido a la falta de medidas de seguridad. Este suceso fue el germen del Sindicato de Trabajadoras de la Confección, uno de los más influyentes en EE.UU.
Internacional:
En América Latina, el 8 de marzo ha tenido relevancia desde la década de los ochenta, de fuerte agitación política y social. Los derechos de la mujer africana, la pobreza femenina, los feminicidios en México y Centroamérica, la pérdida de derechos sociales y laborales como consecuencia de la crisis económica, la ablación o la situación de la mujer en el Islam son algunos de los retos, su primer centenario en 2011se celebró con la creación de un nuevo organismo oficial: ONU Mujeres.
Pendientes: Temas de preocupación que no han sido atendidos con políticas públicas y que se han agudizado, afectando los derechos de las mujeres, tales como la concentración de la riqueza en ciertos sectores, el incremento de la explotación de la mano de obra femenil, la feminización de la pobreza, la militarización y el crecimiento del narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual y comercial, la impunidad y el feminicidio.
Desigualdad: Los programas de combate a la pobreza no han generado cambios positivos, y al contrario los índices de marginación y las brechas de desigualdad “se han profundizado”. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México existen 53.3 millones de personas en situación de pobreza. En México las mujeres son mayoría entre las personas desempleadas, o tienen trabajos sin contrato laboral y prestaciones. Las condiciones de salud de las mujeres se han deteriorado y crecen enfermedades que podrían atenderse con campañas de prevención y políticas adecuadas para evitar muertes maternas o enfermedades crónicas degenerativas.
Violencias: La violencia machista, patriarcal y misógina crece al amparo de la violencia institucional llegando a su expresión extrema en las víctimas de feminicidio. Estamos ante la incapacidad institucional de dar las respuestas adecuadas a través del cumplimiento de la ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y la implementación de la Alerta de Violencia de Género. Y en el terreno político, lejos de garantizar la paridad en la representación en los cargos públicos, sólo se pone énfasis en las candidaturas, las cuales inclusive son cuestionadas por las dirigencias partidarias que mantienen el control machista y misógino de las esferas de poder como su coto exclusivo.
Recuperar la herencia histórica feminista del 8 de marzo es fundamental para no bajar la guardia en la lucha plena por el respeto a los derechos de las mujeres, mismos que no han sido ni serán obtenidos como una concesión del poder, sino producto de la lucha organizada de las propias mujeres, con el apoyo de todas las personas que tengan la sensibilidad y conciencia de que este mundo requiere también ser visto con ojos de mujer.

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8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Historia: Clara Zetkin, feminista y compañera de Rosa Luxemburgo, propuso en 1910 que cada año se dedicase un día para recordar a la sociedad las demandas pendientes del feminismo. Y recordarnos nuestro poder como colectivo. El 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad de la mujer, tanto a nivel político, como económico y social. Es también un día reivindicativo en la agenda feminista en el que se recuerdan los hitos alcanzados y los retos pendientes: desde conseguir la igualdad salarial a erradicar la violencia contra la mujer, pasando por derribar los obstáculos de muchas niñas para acceder a la escuela o incrementar la presencia femenina en órganos políticos, legislativos y directivos. Tiene su origen institucional en agosto de 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca. En este encuentro “se adoptó una resolución por la cual se señalaba un día al año como Día Internacional de la Mujer, y este sería un día para hacer campaña por el derecho de la mujer al voto y por la emancipación política de la mujer”. Escoger el mes de marzo no fue una decisión al azar. Se trataba de una fecha emblemática en la lucha por los derechos de la mujer en EE.UU, en concreto en Nueva York. En marzo de 1908, más de 15.000 personas exigieron en las calles de la Gran Manzana mejoras salariales, derecho al voto, reducción de jornada y condiciones laborales dignas. Eran las herederas de las obreras del textil neoyorquino que ya en 1857, también en marzo, comenzaron a movilizarse por sus derechos laborales hasta crear sus propios sindicatos dos años más tarde. Las protestas de marzo de 1911 se vieron respaldadas por el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwais de Nueva York, en el que el 25 de ese mes murieron 146 trabajadores, la mayoría mujeres, debido a la falta de medidas de seguridad. Este suceso fue el germen del Sindicato de Trabajadoras de la Confección, uno de los más influyentes en EE.UU.

Internacional: En América Latina, el 8 de marzo ha tenido relevancia desde la década de los ochenta, de fuerte agitación política y social. Los derechos de la mujer africana, la pobreza femenina, los feminicidios en México y Centroamérica, la pérdida de derechos sociales y laborales como consecuencia de la crisis económica, la ablación o la situación de la mujer en el Islam son algunos de los retos para el próximo 8 de marzo, que celebró su primer centenario en 2011 con la creación de un nuevo organismo oficial: ONU Mujeres.

Pendientes: Temas de preocupación que no han sido atendidos con políticas públicas y que se han agudizado, afectando los derechos de las mujeres, tales como la concentración de la riqueza en ciertos sectores, el incremento de la explotación de la mano de obra femenil, la feminización de la pobreza, la militarización y el crecimiento del narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual y comercial, la impunidad y el feminicidio.

Desigualdad: Los programas de combate a la pobreza no han generado cambios positivos, y al contrario los índices de marginación y las brechas de desigualdad “se han profundizado”. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México existen 53.3 millones de personas en situación de pobreza. En México las mujeres son mayoría entre las personas desempleadas, o tienen trabajos sin contrato laboral y prestaciones. Las condiciones de salud de las mujeres se han deteriorado y crecen enfermedades que podrían atenderse con campañas de prevención y políticas adecuadas para evitar muertes maternas o enfermedades crónicas degenerativas.

Violencias: La violencia machista y misógina crece al amparo de la violencia institucional llegando a su expresión extrema en las víctimas de feminicidio. Estamos ante la incapacidad institucional de dar las respuestas adecuadas a través del cumplimiento de la ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y la implementación de la Alerta de Violencia de Género. Y en el terreno político, lejos de garantizar la paridad en la representación en los cargos públicos, sólo se pone énfasis en las candidaturas, las cuales inclusive son cuestionadas por las dirigencias partidarias que mantienen el control machista y misógino de las esferas de poder como su coto exclusivo.

Recuperar la herencia histórica feminista del 8 de marzo es fundamental para no bajar la guardia en la lucha plena por el respeto a los derechos de las mujeres, mismos que no han sido ni serán obtenidos como una concesión del poder, sino producto de la lucha organizada de las propias mujeres, con el apoyo de todas las personas que tengan la sensibilidad y conciencia de que este mundo requiere también ser visto con ojos de mujer.

Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.

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Tiempo vital contra desaparición forzada.

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca.

El tiempo es vital para evitar la desaparición forzada. Y la lucha por preservar la vida y la libertad. Erradicar la desaparición es un objetivo que nos planteamos cuando defendemos los derechos humanos de todas y todos. Nadie debe ser privado de la vida y la libertad de manera arbitraria como ocurre en este crimen de lesa humanidad. Se trata de una tecnología política que utiliza el poder para desaparecer a quienes protestan, a quienes luchan, a quienes resisten o se oponen a sus políticas dominantes. Lo que ha venido ocurriendo desde los años 70s en nuestro país. Por eso presentamos la iniciativa de ley para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas para el estado de Morelos. La respuesta social ha sido muy importante, no así la de los que se sienten dueños del poder. No es un fenómeno nuevo. Pero si más grave. Si en 1988 ocurrieron varias desapariciones, entre ellas la de José Ramón García Gómez, que permanece sin resolverse hasta el momento, de alguna manera las múltiples protestas sociales y políticas impidieron que crecieran en mayor cantidad hasta que, luego de la fallida experiencia de la Femospp, creada en el gobierno panista de Fox, se ratificó la impunidad de los gobernantes que habían incurrido en estas prácticas lesivas a los derechos humanos. Si en los 70s y 80s fueron más de 600 desaparecidos políticos, en la actualidad la cifra se eleva a miles de desaparecidos. 43 es un número que, en éste momento, tiene un significado de que a cualquiera puede ocurrir, por lo que debemos y podemos ser capaces de detener y acabar con ésta política represiva de terrorismo de Estado. A cinco meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, desaparición que es responsabilidad del Estado mexicano, diversas voces en el mundo, como la IV Internacional, manifiesta su completa solidaridad con las familias y compañeros de los estudiantes mexicanos, así como con las decenas de miles que con sus movilizaciones en todo el país han evitado que se cierre el caso bajo una supuesta “verdad histórica”, en realidad la versión oficial que ocultando el crimen de Estado pretende convencer que los estudiantes supuestamente fueron asesinados. Como desde el 26 de septiembre de 2014, el reclamo sigue siendo el mismo: ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Denunciamos la clara participación del Estado, en todos sus niveles y, en particular, al 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, de tener responsabilidad en la desaparición de los compañeros normalistas. El gobierno de Peña Nieto no ha dado respuesta a la exigencia del movimiento social en México, por el contrario ha tratado de tapar la profunda crisis social que vive el país, dentro de la cual Ayotzinapa se inscribe, no como un hecho aislado sino como consecuencia de una deliberada estrategia del Estado que ha militarizado el país y desencadenado una vorágine de violencia que no podría sino desembocar en éste tipo de tragedias que aunado al incremento de los feminicidios y la violencia contra las mujeres en general o las decenas de periodistas que han sido asesinados en los últimos años o la creciente violencia de grupos armados criminales contra las y los migrantes, tanto nacionales como centroamericanos, completan el cuadro de descomposición social del país. Al mismo tiempo, éste gobierno ha liquidado las últimas conquistas sociales que la revolución mexicana de 1910 había plasmado en una Constitución Política hoy muerta; simultáneamente Peña Nieto y otros importantes funcionarios de su gobierno se están viendo envueltos en escándalos de corrupción y conflictos de intereses. Es por lo anterior que el movimiento social solidario con los estudiantes de Ayotzinapa no acepta la versión del gobierno que pretende explicar todo como un problema local, ni acepta volver a un camino institucional, como es la realización de elecciones intermedias en junio, en medio de una crisis de legitimidad de las instituciones político electorales del país, agregando ahora la consigna de “fue el Estado” y el reclamo de “Fuera Peña Nieto” como expresión de la desconfianza hacia todos los partidos e instituciones político electorales.

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