Tiempo vital contra desaparición forzada.

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca.

El tiempo es vital para evitar la desaparición forzada. Y la lucha por preservar la vida y la libertad. Erradicar la desaparición es un objetivo que nos planteamos cuando defendemos los derechos humanos de todas y todos. Nadie debe ser privado de la vida y la libertad de manera arbitraria como ocurre en este crimen de lesa humanidad. Se trata de una tecnología política que utiliza el poder para desaparecer a quienes protestan, a quienes luchan, a quienes resisten o se oponen a sus políticas dominantes. Lo que ha venido ocurriendo desde los años 70s en nuestro país. Por eso presentamos la iniciativa de ley para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas para el estado de Morelos. La respuesta social ha sido muy importante, no así la de los que se sienten dueños del poder. No es un fenómeno nuevo. Pero si más grave. Si en 1988 ocurrieron varias desapariciones, entre ellas la de José Ramón García Gómez, que permanece sin resolverse hasta el momento, de alguna manera las múltiples protestas sociales y políticas impidieron que crecieran en mayor cantidad hasta que, luego de la fallida experiencia de la Femospp, creada en el gobierno panista de Fox, se ratificó la impunidad de los gobernantes que habían incurrido en estas prácticas lesivas a los derechos humanos. Si en los 70s y 80s fueron más de 600 desaparecidos políticos, en la actualidad la cifra se eleva a miles de desaparecidos. 43 es un número que, en éste momento, tiene un significado de que a cualquiera puede ocurrir, por lo que debemos y podemos ser capaces de detener y acabar con ésta política represiva de terrorismo de Estado. A cinco meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, desaparición que es responsabilidad del Estado mexicano, diversas voces en el mundo, como la IV Internacional, manifiesta su completa solidaridad con las familias y compañeros de los estudiantes mexicanos, así como con las decenas de miles que con sus movilizaciones en todo el país han evitado que se cierre el caso bajo una supuesta “verdad histórica”, en realidad la versión oficial que ocultando el crimen de Estado pretende convencer que los estudiantes supuestamente fueron asesinados. Como desde el 26 de septiembre de 2014, el reclamo sigue siendo el mismo: ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Denunciamos la clara participación del Estado, en todos sus niveles y, en particular, al 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, de tener responsabilidad en la desaparición de los compañeros normalistas. El gobierno de Peña Nieto no ha dado respuesta a la exigencia del movimiento social en México, por el contrario ha tratado de tapar la profunda crisis social que vive el país, dentro de la cual Ayotzinapa se inscribe, no como un hecho aislado sino como consecuencia de una deliberada estrategia del Estado que ha militarizado el país y desencadenado una vorágine de violencia que no podría sino desembocar en éste tipo de tragedias que aunado al incremento de los feminicidios y la violencia contra las mujeres en general o las decenas de periodistas que han sido asesinados en los últimos años o la creciente violencia de grupos armados criminales contra las y los migrantes, tanto nacionales como centroamericanos, completan el cuadro de descomposición social del país. Al mismo tiempo, éste gobierno ha liquidado las últimas conquistas sociales que la revolución mexicana de 1910 había plasmado en una Constitución Política hoy muerta; simultáneamente Peña Nieto y otros importantes funcionarios de su gobierno se están viendo envueltos en escándalos de corrupción y conflictos de intereses. Es por lo anterior que el movimiento social solidario con los estudiantes de Ayotzinapa no acepta la versión del gobierno que pretende explicar todo como un problema local, ni acepta volver a un camino institucional, como es la realización de elecciones intermedias en junio, en medio de una crisis de legitimidad de las instituciones político electorales del país, agregando ahora la consigna de “fue el Estado” y el reclamo de “Fuera Peña Nieto” como expresión de la desconfianza hacia todos los partidos e instituciones político electorales.

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