Mujeres defensoras

José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla
En México las defensoras de Derechos Humanos vivimos en un sistema estructural que produce y reproduce formas violentas de opresión, explotación, exclusión y discriminación, existe una discordancia entre legalidad y poder fáctico que favorece al machismo patriarcal. La libertad de expresión, acceso a la información y pluralidad en las ideas y opiniones son derechos bajo ataque de un sistema que pretende imponer su versión oficial por encima de argumentos y razones críticas. Las mujeres defensoras, activistas y periodistas, en todo el país, enfrentan situaciones de violencia que debemos denunciar y frenar. Así como a Carmen Aristegui pretenden censurarla y callarla, muchas otras periodistas han sido amenazadas y despedidas de sus centros de trabajo. Lo hemos documentado y comentado en foros donde se ha presentado el informe “Defensoras somos Todas”, recientemente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, antes en Guerrero y Oaxaca y en esta semana lo haremos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí, en el marco de denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia Institucional integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) contra el Poder Judicial, El DIF y la Fiscalía especializada de Delitos de Género en el estado de Chihuahua, se ha dado inicio a una campaña de desprestigio contra Irma Villanueva y Lucha Castro, coordinadora jurídica y coordinadora general del CEDEHM.
Chihuahua, que saltó a la fama internacional por los feminicidios y desapariciones de mujeres, que acumula una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más de 400 recomendaciones de organismos nacionales e internacionales por las violaciones a los derechos de niñas y mujeres, las descalificaciones públicas colocan a las defensoras de derechos humanos en una situación de vulnerabilidad e invita a que otras personas actúen en consecuencia. Ello es aún más preocupante si se toma en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha señalado que Chihuahua se encuentra dentro de los primeros lugares en denuncias sobre ataques cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos. Más aún, reconocemos que el hecho de que el CEDEHM cuente con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año de 2008 y que su coordinadora sea beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) desde 2013, esta es una muestra que los casos conllevan diferentes tipos de riesgos, y uno de ellos tiene que ver con el cuestionamiento de estereotipos y de una cultura patriarcal arraigada en la sociedad y en las instituciones públicas.
La obligación de garantizar libremente la labor de las personas defensoras de derechos humanos sin ningún obstáculo se encuentra prevista en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (“Declaración de defensores/as”) así como en diversas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, en el sur del país, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunció la impunidad y discriminación en la que se encuentran los casos de violencia contra mujeres perpetrados por grupos paramilitares. Cientos de mujeres y niñas sufren el desplazamiento forzado. Así en la zona Norte del estado de Chiapas, entre los años 1994 a 2000 fueron registrados 122 casos cometidos por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia: 37 desapariciones forzadas, de las cuales cinco son mujeres y 85 ejecuciones extrajudiciales, entre ellas siete de mujeres. En este contexto, el gobierno mexicano ha incumplido su responsabilidad de investigar efectiva y adecuadamente las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, debido a que sus funcionarios son parte de estos crímenes de lesa humanidad y han protegido a los responsables. En estos casos se han violado los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la honra y de la dignidad, a las garantías y protección judicial, a la verdad, además, se ha violado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belén Do Pará”, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
La construcción de nuevas relaciones sociales, en donde las mujeres tengan los mismos derechos que todos los seres humanos, tiene un fundamento histórico en la lucha feminista contra todo tipo de opresión, explotación y violencias. Defensoras somos Todas.

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