Archivo mensual: junio 2015

Desaparición Forzada: No al Olvido.

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Hace nueve meses se abrió una vez más un episodio indignante en la historia de México. La “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, del actual régimen, cada vez está más tambaleante, por donde se examine carece de veracidad. No aceptamos la versión oficial. Exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos por el Estado, castigo a los culpables de las graves violaciones a derechos humanos y refrendamos nuestra solidaridad y respaldo a las familias de los jóvenes desaparecidos forzadamente, ejecutados, torturados y heridos, así como a los estudiantes de las normales rurales de nuestro país. Estamos en pie de lucha. “Ayotzinapa/ Mordemos la sombra/ Y en la sombra/ Aparecen los muertos/ Como luces y frutos/ Como vasos de sangre/ Como piedras de abismo/ Como ramas y frondas/ De dulces vísceras/ Los muertos tienen manos/ Empapadas de angustia/ Y gestos inclinados/ En el sudario del viento/ Los muertos llevan consigo/ Un dolor insaciable/ Esto es el país de las fosas/ Señoras y señores/ Este es el país de los aullidos/ Este es el país de los niños en llamas/ Este es el país de las mujeres martirizadas/ Este es el país que ayer apenas existía/ Y ahora no se sabe dónde quedó/ Estamos perdidos entre bocanadas/ De azufre maldito/ Y fogatas arrasadoras/ Estamos con los ojos abiertos/ Y los ojos los tenemos llenos/ De cristales punzantes/ Estamos tratando de dar/ Nuestras manos de vivos/ A los muertos y a los desaparecidos/ Pero se alejan y nos abandonan/ Con un gesto de infinita lejanía/ El pan se quema/ Los rostros se queman arrancados/ De la vida y no hay manos/ Ni hay rostros/ Ni hay país/ Solamente hay una vibración/ Tupida de lágrimas/ Un largo grito/ Donde nos hemos confundido/ Los vivos y los muertos/ Quien esto lea debe saber/ Que fue lanzado al mar de humo/ De las ciudades/ Como una señal del espíritu roto/ Quien esto lea debe saber también/ Que a pesar de todo/ Los muertos no se han ido/ Ni los han hecho desaparecer/ Que la magia de los muertos/ Está en el amanecer y en la cuchara/ En el pie y en los maizales/ En los dibujos y en el río/ Demos a esta magia/ La plata templada/ De la brisa/ Entreguemos a los muertos/ A nuestros muertos jóvenes/ El pan del cielo/ La espiga de las aguas/ El esplendor de toda tristeza/ La blancura de nuestra condena/ El olvido del mundo/ Y la memoria quebrantada/ De todos los vivos/ Ahora mejor callarse/ Hermanos/ Y abrir las manos y la mente/ Para poder recoger del suelo maldito/ Los corazones despedazados/ De todos los que son/ Y de todos/ Los que han sido.” (Ayotzinapa. Poema de David Huerta. 2 de noviembre de 2014. Oaxaca. Leído en Cuernavaca, Morelos, 26 de junio de 2015). Hoy sostenemos que no cesaremos en la exigencia de presentación con vida de los 43 compañeros normalistas, la investigación amplia y efectiva en los casos de tortura y ejecución extrajudicial, así como el esclarecimiento de cómo se han llevado las investigaciones correspondientes: toda información que haya sido usada para sostener su “verdad” debe ser puesta al escrutinio de la sociedad, en especial a la comunidad científica, para examinar los detalles y elementos relevantes en el caso. Ayotzinapa no puede ser una tragedia más en la lista de masacres y violencia que tenemos en el país, es como lo venimos diciendo desde meses atrás, un punto de inflexión, un punto de no retorno, porque nos muestran la impunidad que impera en nuestro país y las constantes desapariciones que no cesan. La justicia y la verdad están pendientes. Pero sobre todo porque las familias fortalecen cada día su exigencia de presentación con vida de sus hijos, hermanos y no aceptarán mentiras. La verdad oficial no satisface los mínimos criterios de razonabilidad y veracidad, por tanto, la sociedad mexicana tampoco acepta que esta historia haya llegado a su fin. A 9 meses de indignación y búsqueda inagotable de verdad y justicia, llamamos a mantener la solidaridad con las familias de los jóvenes normalistas. Estamos frente a un crimen de Estado, ante un crimen que configura delitos de lesa humanidad, es decir, que agravian a toda persona en nuestro país y el mundo, y que debe ser juzgado como tal, sin evasiones ni distracciones. Contra el olvido, Justicia, Verdad y Memoria. En Morelos presentamos una iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada en el Congreso local, que está en comisiones y que debe ser aprobada antes de que concluya esta legislatura, que nadie se llame a engaño sobre la falta de propuestas para que la historia no se repita. La sociedad mexicana no debe permitir un Ayotzinapa más, ni una, ni un desaparecido más. No olvidamos!

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Cuando la conciencia levanta del suelo.

José Martínez Cruz y Paloma Estrada Muñoz

 

Defensoras somos todas. Es un llamado y una definición. No es sencillo asumirse como una persona que defiende los derechos humanos. Requiere tomar conciencia de la posibilidad de hacerlo. Desde cualquier lugar y circunstancia en donde haya necesidad. En ocasiones ocurre que el despertar es violento. Y destruye. Superar el dolor es posible cuando existe un brazo solidario y un corazón sensible, que permite aminorar el peso de la carga. Estuvimos en Saltillo, Coahuila, y a la luz de su Historia, con la gente del norte que mira la frontera, y sabe que aún en el desierto llueve, que la migración existe, que los desaparecidos hay que buscarlos, porque nada puede impedir que la vida sea como la queremos para todas y todos, compartimos el Informe “Defensoras somos Todas”, con familias de FUNDEM (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México), con el Centro Fray Juan de Larios y el Centro Juan Gerardi. Ahí pudimos constatar la enorme capacidad de organización y lucha en medio de la violencia estructural que ocasiona un verdadero horror por la acumulación de procesos de crisis que destruyen las mejores relaciones humanas ante el uso y el abuso del poder.

Mujeres defensoras que tomaron conciencia a partir de su propia tragedia al perder a un hijo o una hija a manos de policías, militares o grupos privados ligados al crimen que cuentan con la anuencia o aquiescencia del Estado para llevar a cabo sus actividades criminales en la impunidad. Transmitimos conclusiones de un Informe que busca visibilizar las violencias para poder denunciarlas y combatirlas, para que se tome conciencia de que es posible transformar esta realidad mediante la organización y lucha colectiva. Recibimos testimonios y aportaciones desde quienes se sobreponen al dolor individual mediante la lucha por la justicia y la verdad, con perseverancia y compromiso por cambar la realidad. La mayoría de quienes participan en este movimiento son mujeres. Algunas jóvenes y la inmensa mayoría de edad avanzada, cuando las fuerzas flaquean la esperanza las fortalece ante la enorme necesidad de encontrar a sus familiares.

Como ríos que fluyen desde diversos lugares, las mujeres se han ido encontrando en la misma búsqueda. Y muchas de ellas viven la tragedia personal que las va destruyendo cotidianamente, hasta que han encontrado a quienes padecen la misma situación y se atreven a actuar colectivamente. Y a construir su propia organización. En este mundo globalizado, defender la esperanza de otro mundo posible, implica cuestionar tanto los fundamentos económicos, sociales y políticos, como las relaciones mismas entre las personas, como lo ha hecho el movimiento feminista y el movimiento de derechos humanos que crece por todas partes. No ha sido fácil que se logre abrir una perspectiva de esta naturaleza. Las defensoras de derechos humanos asumen un alto riesgo al cuestionar precisamente las causas estructurales de esta violencia.

A través de esta investigación concluimos que la violencia estructural termina afectando a todos los niveles de las vidas de las personas y sobre todo de quienes se atreven a luchar para impedir que continúe dañando vidas humanas y por condiciones de existencia dignas. Asumir estos riesgos no implica, por ello, quedar desprotegidas y expuestas a sus propias fuerzas y recursos. Si bien es cierto, estas mujeres no se intimidan ante las dificultades que enfrentan, no es suficiente reconocer y valorar su trabajo social y políticamente, sino que deben dotarse de instrumentos y herramientas que les garanticen contar con la solidaridad inmediata y el apoyo de todo tipo para disminuir el riesgo, superarlo cuando ocurre, recuperar la esperanza y seguir viviendo, no sucumbir en la soledad y en el aislamiento en el que los perpetradores quisieran mantenerlas para disminuirlas, invisibilizarlas y hasta desaparecerlas.

Bien señala Doña Rosario Ibarra “Nosotras hemos sufrido la peor de las violencias, fuimos sometidas al dolor que no cesa por la incertidumbre de no saber el paradero de nuestros hijos, hermanos y familiares nod volvimos sin proponérnoslo en acérrimas defensoras de los derechos humanos”.

Si vivir es resistir, luchar es transformar. Como nos lo muestran las defensoras que nos brindaron su confianza para documentar sus casos y quienes contestaron la encuesta, transmitiendo experiencias, reflexiones, inquietudes y propuestas innovadoras.

Hay mucho por enfrentar de manera colectiva y existe un conocimiento acumulado por el intercambio a través de redes, articulaciones, vínculos afectivos y de trabajo, en espacios de encuentro y dialogo, de compartir los caminos de la vida para dotar de estos instrumentos vitales de acompañamiento y de respuesta inmediata y urgente, para proteger la vida y garantizar que se continúe realizando la actividad que se lleva a cabo por la libertad, la justicia y la igualdad, por el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia.

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Ataques a periodistas y a libertad de expresión en el proceso electoral

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Los ataques a periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante el proceso electoral muestran el grado de deterioro de las libertades en nuestro país y en Morelos. Artículo 19 documentó 27 casos de violencia contra la prensa durante la cobertura de la jornada electoral en 10 entidades del país. Según esta lista preliminar de quejas de las que Artículo 19 tuvo reporte, se registró “una detención arbitraria, 10 agresiones físicas, 5 bloqueos informativos (se entiende por bloqueo informativo a todo acto de obstrucción de búsqueda u obtención de información), 4 robos de equipo, 3 ataques cibernéticos y 3 falsificaciones a perfiles de redes sociales de medios. Cuando un funcionario/a o servidor público amenaza, ataca, intimida y agrede verbal y en ocasiones físicamente a quien realiza su trabajo de comunicación, está poniendo en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada con veracidad de lo que está ocurriendo en momentos de fuerte polarización social y política. La libertad de expresión es un derecho del conjunto de la población y no es una concesión gratuita por parte del gobierno.  Cuando el interés de quienes tienen el poder se sobrepone a los derechos de la población, se crea una situación de crisis en la relación entre las autoridades y la ciudadanía, donde generalmente termina perdiendo la verdad y el derecho a estar bien informada. Controlar la información es fundamental para ejercer un poder autoritario. Las recientes amenazas a periodistas como Jaime Luis Brito y  Angelina Albarrán, realizadas por funcionarios se ubican en este contexto de intolerancia y abuso de poder, donde no se puede considerar que sean casos menores cuando se termina dañando el derecho de la sociedad a contar con medios de comunicación capaces de mostrar una realidad distinta a la que quieren mostrar los que se sienten dueños del poder.  Exigimos al gobierno de Morelos garantice a los trabajadores de los medio de comunicación el ejercicio de la libertad de expresión consagrada en el artículo 7 de la Constitución mexicana y del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como el cumplimiento del derecho a la información dispuesta en el artículo 6 de la Carta Magna. Asimismo, exigimos al gobernador del Estado ordene a todos los funcionarios que laboran en el poder Ejecutivo y que dependen de éste, que respeten estos derechos y, en caso de que  funcionarios incurran en dichos actos se les aplique el peso de la ley administrativa y penal de los servidores públicos, esto de alguna manera será garantía de no repetición. Señalamos que no lograrán acallar la verdad con ocultarla o descalificarla, no lograrán impedir la libertad de expresión si la defendemos en la práctica. Sin libertad de expresión se impone el autoritarismo y la antidemocracia. Por ello, los medios de comunicación abiertos, plurales e independientes del poder, deben ser instrumentos indispensables para que se refleje la diversidad de opiniones y hechos de una sociedad, que aspira a que mediante la democracia y el respeto a los derechos humanos de todas y todos se resuelvan los graves problemas que se viven cotidianamente. Todo lo anterior está contemplado en la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas publicada en 2012, y aun cuando en Morelos solamente existe un Decreto, es necesario vigilar su cumplimiento, como lo señala en su artículo 1 “la presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la república… para implementar y operar las medidas de prevención, preventivas y urgentes, de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”. Esta situación no es privativa de Morelos, sino a nivel nacional. El 26 de junio de 2012 fue publicada esta Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y el 12 de noviembre del mismo año el Mecanismo empezó a funcionar. A partir de ahí, en sólo 14 meses el Mecanismo entró en crisis fundamentalmente porque crecía de forma constante el número de casos cuyo riesgo no era evaluado y además las contadas medidas de protección que se otorgaban no se cumplían. En Morelos el Mecanismo emitió pronunciamientos públicos para proteger a periodistas en situación de riesgo. En todos los casos las autoridades deben investigar de forma diligente, exhaustiva, imparcial y objetiva. Consideramos de suma importancia que los hechos ocurridos a periodistas, se investiguen documenten y determinen las responsabilidades legales correspondientes de los funcionarios señalados y, en su momento, se sancione efectivamente a los posibles responsables. Las agresiones contra periodistas y comunicadores –aún más durante elecciones– constituyen violaciones a derechos humanos, en particular a las libertades de expresión e información. El ejercicio de estos derechos resulta vital en todo proceso electoral, por lo que su afectación no sólo agravia a los periodistas, sino también a la sociedad al privarla de recibir información y generar sus criterios u opiniones, sobre todo cuando nos enfrentamos a una profunda crisis institucional que se aleja cada vez más de las necesidades reales de la población. Hoy defender estos derechos es vital para impedir que la lógica autoritaria siga causando un grave daño al derecho  a la información y a la libertad de expresión.

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Después de las elecciones un paisaje de guerra

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

Paisaje después de la guerra y no después de un proceso electoral es lo que observamos en nuestro desangrado país. Una vez que concluyó la farsa electoral mediante la cual el gobierno, nacido del fraude, ilegítimo e ilegal, busca seguir imponiendo las políticas neoliberales y privatizadoras, represivas y antidemocráticas que tanto daño han causado a la mayoría de la población. Violencia institucional en un país militarizado, con masacres terribles, con presas políticas como la comandanta Nestora Salgado, con los 43 más cientos de desaparecidos, la asociación entre altos funcionarios y criminales como en Iguala y con un aparato judicial lleno de corrupción y cómplices de delincuentes, el gobierno y los partidos llevaron a cabo sus elecciones viciadas, porque no se realizaron en un Estado de derecho o en elementales condiciones de legalidad. Eso dará la tónica al proceso inmediatamente posterior a las elecciones. Las violentas luchas de los mineros en Sonora, el corte durante siete horas de una autopista por los habitantes de Atenco, la ocupación del aeropuerto de Oaxaca por la CNTE, los choques en Chilpancingo entre estudiantes que boicotean los comicios y la policía y otros conflictos sociales similares serán alimentados por el triunfo de la falta de confianza en el Estado, de la inconformidad, de la protesta social. En este contexto la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hemos solicitado la Alerta de Violencia de Género ante la violencia feminicida impune e imparable contra las mujeres. Hemos cumplido puntualmente todos los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a su reglamento, documentando todos y cada uno de los 633 feminicidios ocurridos entre el año 2000 y febrero de 2015. La respuesta de las autoridades ha sido negligente, contradictoria, omisa y confusa. Una vez que se han cumplido los plazos legales establecidos en estas leyes tenemos el siguiente panorama: Primero: La violencia feminicida sigue creciendo en Morelos. Segundo: El Grupo de Trabajo creado por la CONAVIM debe entregar los resultados del análisis de la información que el gobierno de Morelos se vio obligado a realizar ante las 15 recomendaciones emitidas. Estamos en la espera de que este sea entregado a la brevedad posible. Tercero: Esta información debe ser del conocimiento público porque tiene implicaciones en la vida social y daña gravemente los derechos de las mujeres. Al respecto, transcribimos la resolución del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE): “Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto, Resuelve, Primero. Se confirma el principio de positiva ficta a favor de Juliana García Quintanilla, en su calidad de representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos” ante la negativa del gobierno a proporcionar la información solicitada y se requiere a la Secretaría de Gobernación de Morelos para que remita a este instituto a título gratuito, en medio electrónico o copia simple la información sobre las 15 recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la AVG. Cuarto: La Secretaría de Gobernación tiene conocimiento del interés social de que se emita esta Alerta de Violencia de Género. Ante las cartas firmadas por la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” que aglutina a 75 ONGs en 21 estados del país, la carta firmada por el Obispo Raúl Vera, la que presentaron 14 organizaciones integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la signada por una veintena de organizaciones sindicales y sociales integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, la respuesta ha sido que: “Al respecto, por instrucciones del Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Angel Osorio Chong, me permito informarle que, con fundamento en los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, actualmente el grupo de trabajo se encuentra analizando la información emitida por el estado, a fin de integrar su dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones de su informe. Una vez que dicho dictamen sea remitido a la Secretaría de Gobernación, se determinará si el gobierno del estado de Morelos implementó las propuestas del grupo. En caso de que se considere que no se implementaron las propuestas, la Secretaría de Gobernación, en términos del artículo 25 de la Ley general de Acceso, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen”. Quinto: Con fecha 14 de mayo de 2015 una comisión representativa de 54 organizaciones feministas y de derechos humanos, hicimos acto de presencia ante la Secretaría de Gobernación para entregar escrito solicitando una audiencia con el titular Miguel Angel Osorio Chong, para dialogar sobre las solicitudes de Alerta de Violencia de Género en diversas entidades del país. Lejos de una respuesta a nuestro derecho de petición, nos enfrentamos a un operativo policiaco que impidió la libre manifestación de las ideas ante este edificio público. Aún esperamos la respuesta por escrito. Este panorama puede ser peor si no respondemos de manera organizada una vez que han concluido las elecciones más cuestionadas en la historia reciente en el país. La lucha continúa.

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Alerta de Violencia de Género en Morelos: ¿Hasta cuándo?

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hemos solicitado la Alerta de Violencia de Género ante la violencia feminicida impune e imparable contra las mujeres. Hemos cumplido puntualmente todos los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a su reglamento, documentando todos y cada uno de los 633 feminicidios ocurridos entre el año 2000 y febrero de 2015. La respuesta de las autoridades ha sido negligente, contradictoria, omisa y confusa. Una vez que se han cumplido los plazos legales establecidos en estas leyes tenemos el siguiente panorama:

Primero: La violencia feminicida sigue creciendo en Morelos.

Segundo: El Grupo de Trabajo creado por la CONAVIM debe entregar los resultados del análisis de la información que el gobierno de Morelos se vio obligado a realizar ante las 15 recomendaciones emitidas. Estamos en la espera de que este sea entregado a la brevedad posible.

Tercero: Esta información debe ser del conocimiento público porque tiene implicaciones en la vida social y daña gravemente los derechos de las mujeres. Al respecto, transcribimos la resolución del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE): “Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto, Resuelve, Primero. Se confirma el principio de positiva ficta a favor de Juliana García Quintanilla, en su calidad de representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos” ante la negativa del gobierno a proporcionar la información solicitada y se requiere a la Secretaría de Gobernación de Morelos para que remita a este instituto a título gratuito, en medio electrónico o copia simple la información sobre las 15 recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la AVG.

Cuarto: La Secretaría de Gobernación tiene conocimiento del interés social de que se emita esta Alerta de Violencia de Género. Ante las cartas firmadas por la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” que aglutina a 75 ONGs en 21 estados del país, la carta firmada por el Obispo Raúl Vera, la que presentaron 14 organizaciones integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la signada por una veintena de organizaciones sindicales y sociales integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, la respuesta ha sido que: “Al respecto, por instrucciones del Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Angel Osorio Chong, me permito informarle que, con fundamento en los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, actualmente el grupo de trabajo se encuentra analizando la información emitida por el estado, a fin de integrar su dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones de su informe. Una vez que dicho dictamen sea remitido a la Secretaría de Gobernación, se determinará si el gobierno del estado de Morelos implementó las propuestas del grupo. En caso de que se considere que no se implementaron las propuestas, la Secretaría de Gobernación, en términos del artículo 25 de la Ley general de Acceso, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen”

Quinto: Con fecha 14 de mayo de 2015 una comisión representativa de 54 organizaciones feministas y de derechos humanos, hicimos acto de presencia ante la Secretaría de Gobernación para entregar escrito solicitando una audiencia con el titular Miguel Angel Osorio Chong, para dialogar sobre las solicitudes de Alerta de Violencia de Género en diversas entidades del país. Lejos de una respuesta a nuestro derecho de petición, nos enfrentamos a un operativo policiaco que impidió la libre manifestación de las ideas ante este edificio público. Aún esperamos la respuesta por escrito.

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¿Por qué renuncio como Consejera del INE en Morelos?

28 de Mayo del 2015

Por este medio y ante este consejo, quiero expresar mi más enérgica protesta por los comentarios del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, y del Secretario Técnico del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina, que dejan ver una actitud discriminatoria en contra de los pueblos originarios de México, hecho que representa una violencia institucional y que va en contra de lo dispuesto en nuestra Constitución, así como de los Tratados Internacionales contra la Discriminación, violando los derechos humanos y los principios democráticos.

Asimismo, el que se exprese de una manera negativa de las y los familiares de los estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos en 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, es un hecho vergonzoso que lastima y violenta a las y los familiares y toda la sociedad mexicana.

No es un tema menor. El racismo, la xenofobia y la intolerancia son problemas frecuentes en la sociedad. Todos y cada uno de nosotros jugamos un papel ya sea contribuyendo o rompiendo los prejuicios raciales. “El racismo ha sido históricamente una bandera para justificar las empresas de expansión, conquista, colonización y dominación y ha marchado de la mano de la intolerancia, la injusticia y la violencia.”  Rigoberta Menchú Tum, Dirigenta indígena guatemalteca, laureada con el Premio Nobel de la Paz en el simposio El problema del racismo en el umbral del siglo XXI dijo: “Debemos aprender las lecciones de la historia y reconocer el grave daño causado por la discriminación racial”. Ello implica preservar cuidadosamente la memoria de los errores históricos de manera que podamos utilizar nuestros conocimientos para erradicar los prejuicios y enseñar la tolerancia, la no discriminación y el respeto de la diversidad en todas partes y para todos, como señaló el Secretario general de la ONU, quien abundó señalando que es necesario: “Aprender de las tragedias pasadas para combatir el racismo hoy”.

Todos los días, personas de todas las edades soportan el odio, la injusticia y la humillación a causa del color de su piel, su ascendencia, su origen nacional o étnico u otras características supuestamente raciales. Ese tipo de discriminación ha sido la base de la opresión, la pobreza, la esclavitud, el genocidio y la guerra.

Por lo anteriormente señalado, solicito se inicie el proceso sancionador correspondiente en contra del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, así como al Secretario Técnico del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina, a fin de que estos hechos no queden impunes, asimismo, se tomen todas las medidas correspondientes para evitar cualquier acto de repetición de discriminación y violencia institucional en contra de los pueblos originarios de nuestro país.

Atentamente,

Paloma Estrada Muñoz

Originaria de la Comunidad Indígena de Santa María Alpuyeca, Municipio de Xochitepec, Morelos

Consejera Electoral del 04 Distrito de Morelos

30 de Mayo del 2015

ASUNTO: RENUNCIA

LIC. RAFAEL BAHENA VÁZQUEZ

CONSEJERO PRESIDENTE

04 DISTRITO ELECTORAL INE

PRESENTE:

Por este medio, le hago manifiesta mi RENUNCIA AL CARGO DE CONSEJERA DISTRITAL DEL 04 DISTRITO ELECTORAL DEL INE.

Los motivos son diversos. Los hechos que he expuesto a lo largo de estos meses como consejera y que hasta la fecha no han sido resueltos y/o no habido respuesta alguna, lo que deja en entredicho los principios rectores del INE: Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y Objetividad, frente a otros actores políticos.

Pero lo imperdonable han sido los comentarios del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, y del Secretario Técnico del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina, que dejan ver una actitud discriminatoria en contra de los pueblos originarios de México, hecho que representa una violencia institucional y que va en contra de lo dispuesto en nuestra Constitución, así como de los Tratados Internacionales contra la Discriminación, violando los Derechos Humanos y los principios democráticos; y el que se exprese de una manera negativa de las y los familiares de los estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos en 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, es un hecho vergonzoso que lastima y violenta a las y los familiares y toda la sociedad mexicana.

Espero que se inicie el proceso sancionador correspondiente en contra del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, así como al Secretario Técnico del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina, a fin de que estos hechos no queden impunes, asimismo, se tomen todas las medidas correspondientes para evitar cualquier acto de repetición de discriminación y violencia institucional en contra de los pueblos originarios de nuestro país o de cualquier otra persona o comunidad.

Porque ¡No puede haber democracia con Desaparecid@s!, Porque ¡No puede haber democracia con feminicidios!, Porque ¡No puede haber democracia con discriminación!

Atentamente,

Mtra. Paloma Estrada Muñoz

Originaria de la Comunidad Indígena de Santa María Alpuyeca, Morelos.

Feminista y Defensora de Derechos Humanos.

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7 DE JUNIO: NO HAY DEMOCRACIA SIN JUSTICIA.

José Martínez Cruz  y Marco Aurelio Palma Apodaca.
Históricamente no hay un desarrollo lineal. Hay avances y retrocesos. Es necesario analizar la realidad concreta y no hay una verdad única. Como todos los procesos electorales, la jornada de votaciones del próximo 7 de junio debe de ponerse en su contexto. A raíz del 26 de septiembre y los trágicos eventos de Ayotzinapa, y desde semanas antes, el régimen político entraba en una crisis interna cada vez más fuerte a partir de que consumó las contra-reformas estructurales que van llevando al país a una situación social, política y jurídica peor que la que existía antes de la revolución de 1910. La vorágine de violencia, la otrora llamada guerra contra el narco -que no ha sido sino un proceso de militarización generalizada- no sólo no se ha frenado sino que se extiende, de modo que se aceleran los casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, enfrentamientos a cualquier hora del día, el incremento de la violencia y el feminicidios.
Si a ello sumamos la extensión de la miseria y el desempleo así como la cada vez más preocupante catástrofe ambiental, que tiene como detonante a los megaproyectos mineros, carreteros, eólicos, y al despojo de territorios y agua en todo el país, tendremos algunos elementos dramáticos sobre la gravedad de la crisis social por la que atraviesa el país.
Y no podemos dejar de mencionar el pobre desarrollo de la economía, la devaluación galopante y la represión política creciente, como lo muestra el caso del ataque a las y los dignos trabajadores del campo en San Quintín, Baja California.
Visto en conjunto, este cúmulo de agravios pone sobre la mesa una primera condición para contextualizar las próximas votaciones: en amplias zonas del país, no existe un marco de estabilidad política y social mínima como para que se puedan desarrollar elecciones libres, justas y transparentes. ¿Quiénes son los responsables de esta desestabilización? la crisis de seguridad, ambiental, el despojo, las agresiones a los trabajadores, la violencia contra las mujeres, las desapariciones, no son sino consecuencia de la política anti-obrera y anti-popular que desde hace décadas los gobiernos, en todos sus niveles y de todos los partidos funcionales al sistema, han implementado. Políticas que han destruido hasta un punto tan trágico los tejidos sociales y solidarios en el país, que tienden a tratar de naturalizar el desempleo, la pobreza, el despojo y la violencia, a todo aquello contra lo que nunca nos debemos acostumbrar.
Sin embargo, la inhumana represión contra los combativos normalistas de Guerrero en septiembre pasado y, sobre todo, el inédito y masivo movimiento que exigió y demanda aún la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y el castigo a los asesinos abrió también una grieta en el poder que no se ha podido cerrar.
Cuando el movimiento apuntó a que fue el Estado y, más puntualmente, señaló la responsabilidad del ejército, se abrió una crisis dentro del régimen oligárquico inédita en la historia reciente del país. Por más que Peña lo declare, la desaparición forzada de los 43 normalistas no es caso cerrado y no se le dará la vuelta a la hoja hasta que se haga justicia.
Y es justo en este marco, que las elecciones intermedias en puerta son, antes que cualquier otra cosa, la mejor herramienta para tratar de re-estabilizar el régimen político mexicano. Esta es la razón principal por la cual, no sólo el gobierno, sino funcionarios y representantes empresariales han lanzado una campaña de promoción abstracta del voto.
Al final, dentro de cierto margen, no les importan los resultados siempre y cuando la gente acuda a la urna. De más está mencionar que a pesar de que el proceso electoral en curso busca calmar las agitadas y oscuras aguas políticas, la crisis política y social que subyace en el país no puede cerrarse ni con una idealizada jornada cívica.

Es por eso que con toda claridad decimos: este 7 de junio no vamos a sus urnas. Nos negamos a participar en un proceso que, en este contexto, sólo brinda legitimidad al régimen político actual. En ese sentido, es entendible las acciones que, en sus distintas expresiones, el movimiento social está impulsando para hacer constar el rechazo a este proceso electoral próximo, ya sea retirar o marcar propaganda electoral o acciones pacíficas de boicot. Ello no significa que no defendemos de manera irreductible todas y cada una de las libertades políticas básicas: reunirse, protestar, organizarse políticamente, sobre todo cuando el Estado pretende limitar el ejercicio de los más mínimos derechos políticos y civiles. Luchamos por la democracia pero no hay democracia cuando de una manera cada más graves se violan los derechos políticos y humanos en nuestro país. Ir a las urnas y votar por cualquier partido es avalar la existencia de una democracia apuntalada por masacres.
Nuestro llamado al repudio al proceso electoral, más que una fórmula de votación o anulación, pasa más por levantar y fortalecer campañas, como la reciente Caravana por el agua, el territorio, el trabajo y la vida, o luchas que denuncian la caricatura de democracia por la que atravesamos e impulsen la organización popular y el establecimiento de puentes entre las muchas luchas y movimientos de todo tipo que, a pesar de todo, luchan y resisten.

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