7 DE JUNIO: NO HAY DEMOCRACIA SIN JUSTICIA.

José Martínez Cruz  y Marco Aurelio Palma Apodaca.
Históricamente no hay un desarrollo lineal. Hay avances y retrocesos. Es necesario analizar la realidad concreta y no hay una verdad única. Como todos los procesos electorales, la jornada de votaciones del próximo 7 de junio debe de ponerse en su contexto. A raíz del 26 de septiembre y los trágicos eventos de Ayotzinapa, y desde semanas antes, el régimen político entraba en una crisis interna cada vez más fuerte a partir de que consumó las contra-reformas estructurales que van llevando al país a una situación social, política y jurídica peor que la que existía antes de la revolución de 1910. La vorágine de violencia, la otrora llamada guerra contra el narco -que no ha sido sino un proceso de militarización generalizada- no sólo no se ha frenado sino que se extiende, de modo que se aceleran los casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, enfrentamientos a cualquier hora del día, el incremento de la violencia y el feminicidios.
Si a ello sumamos la extensión de la miseria y el desempleo así como la cada vez más preocupante catástrofe ambiental, que tiene como detonante a los megaproyectos mineros, carreteros, eólicos, y al despojo de territorios y agua en todo el país, tendremos algunos elementos dramáticos sobre la gravedad de la crisis social por la que atraviesa el país.
Y no podemos dejar de mencionar el pobre desarrollo de la economía, la devaluación galopante y la represión política creciente, como lo muestra el caso del ataque a las y los dignos trabajadores del campo en San Quintín, Baja California.
Visto en conjunto, este cúmulo de agravios pone sobre la mesa una primera condición para contextualizar las próximas votaciones: en amplias zonas del país, no existe un marco de estabilidad política y social mínima como para que se puedan desarrollar elecciones libres, justas y transparentes. ¿Quiénes son los responsables de esta desestabilización? la crisis de seguridad, ambiental, el despojo, las agresiones a los trabajadores, la violencia contra las mujeres, las desapariciones, no son sino consecuencia de la política anti-obrera y anti-popular que desde hace décadas los gobiernos, en todos sus niveles y de todos los partidos funcionales al sistema, han implementado. Políticas que han destruido hasta un punto tan trágico los tejidos sociales y solidarios en el país, que tienden a tratar de naturalizar el desempleo, la pobreza, el despojo y la violencia, a todo aquello contra lo que nunca nos debemos acostumbrar.
Sin embargo, la inhumana represión contra los combativos normalistas de Guerrero en septiembre pasado y, sobre todo, el inédito y masivo movimiento que exigió y demanda aún la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y el castigo a los asesinos abrió también una grieta en el poder que no se ha podido cerrar.
Cuando el movimiento apuntó a que fue el Estado y, más puntualmente, señaló la responsabilidad del ejército, se abrió una crisis dentro del régimen oligárquico inédita en la historia reciente del país. Por más que Peña lo declare, la desaparición forzada de los 43 normalistas no es caso cerrado y no se le dará la vuelta a la hoja hasta que se haga justicia.
Y es justo en este marco, que las elecciones intermedias en puerta son, antes que cualquier otra cosa, la mejor herramienta para tratar de re-estabilizar el régimen político mexicano. Esta es la razón principal por la cual, no sólo el gobierno, sino funcionarios y representantes empresariales han lanzado una campaña de promoción abstracta del voto.
Al final, dentro de cierto margen, no les importan los resultados siempre y cuando la gente acuda a la urna. De más está mencionar que a pesar de que el proceso electoral en curso busca calmar las agitadas y oscuras aguas políticas, la crisis política y social que subyace en el país no puede cerrarse ni con una idealizada jornada cívica.

Es por eso que con toda claridad decimos: este 7 de junio no vamos a sus urnas. Nos negamos a participar en un proceso que, en este contexto, sólo brinda legitimidad al régimen político actual. En ese sentido, es entendible las acciones que, en sus distintas expresiones, el movimiento social está impulsando para hacer constar el rechazo a este proceso electoral próximo, ya sea retirar o marcar propaganda electoral o acciones pacíficas de boicot. Ello no significa que no defendemos de manera irreductible todas y cada una de las libertades políticas básicas: reunirse, protestar, organizarse políticamente, sobre todo cuando el Estado pretende limitar el ejercicio de los más mínimos derechos políticos y civiles. Luchamos por la democracia pero no hay democracia cuando de una manera cada más graves se violan los derechos políticos y humanos en nuestro país. Ir a las urnas y votar por cualquier partido es avalar la existencia de una democracia apuntalada por masacres.
Nuestro llamado al repudio al proceso electoral, más que una fórmula de votación o anulación, pasa más por levantar y fortalecer campañas, como la reciente Caravana por el agua, el territorio, el trabajo y la vida, o luchas que denuncian la caricatura de democracia por la que atravesamos e impulsen la organización popular y el establecimiento de puentes entre las muchas luchas y movimientos de todo tipo que, a pesar de todo, luchan y resisten.

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