Ataques a periodistas y a libertad de expresión en el proceso electoral

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Los ataques a periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante el proceso electoral muestran el grado de deterioro de las libertades en nuestro país y en Morelos. Artículo 19 documentó 27 casos de violencia contra la prensa durante la cobertura de la jornada electoral en 10 entidades del país. Según esta lista preliminar de quejas de las que Artículo 19 tuvo reporte, se registró “una detención arbitraria, 10 agresiones físicas, 5 bloqueos informativos (se entiende por bloqueo informativo a todo acto de obstrucción de búsqueda u obtención de información), 4 robos de equipo, 3 ataques cibernéticos y 3 falsificaciones a perfiles de redes sociales de medios. Cuando un funcionario/a o servidor público amenaza, ataca, intimida y agrede verbal y en ocasiones físicamente a quien realiza su trabajo de comunicación, está poniendo en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada con veracidad de lo que está ocurriendo en momentos de fuerte polarización social y política. La libertad de expresión es un derecho del conjunto de la población y no es una concesión gratuita por parte del gobierno.  Cuando el interés de quienes tienen el poder se sobrepone a los derechos de la población, se crea una situación de crisis en la relación entre las autoridades y la ciudadanía, donde generalmente termina perdiendo la verdad y el derecho a estar bien informada. Controlar la información es fundamental para ejercer un poder autoritario. Las recientes amenazas a periodistas como Jaime Luis Brito y  Angelina Albarrán, realizadas por funcionarios se ubican en este contexto de intolerancia y abuso de poder, donde no se puede considerar que sean casos menores cuando se termina dañando el derecho de la sociedad a contar con medios de comunicación capaces de mostrar una realidad distinta a la que quieren mostrar los que se sienten dueños del poder.  Exigimos al gobierno de Morelos garantice a los trabajadores de los medio de comunicación el ejercicio de la libertad de expresión consagrada en el artículo 7 de la Constitución mexicana y del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como el cumplimiento del derecho a la información dispuesta en el artículo 6 de la Carta Magna. Asimismo, exigimos al gobernador del Estado ordene a todos los funcionarios que laboran en el poder Ejecutivo y que dependen de éste, que respeten estos derechos y, en caso de que  funcionarios incurran en dichos actos se les aplique el peso de la ley administrativa y penal de los servidores públicos, esto de alguna manera será garantía de no repetición. Señalamos que no lograrán acallar la verdad con ocultarla o descalificarla, no lograrán impedir la libertad de expresión si la defendemos en la práctica. Sin libertad de expresión se impone el autoritarismo y la antidemocracia. Por ello, los medios de comunicación abiertos, plurales e independientes del poder, deben ser instrumentos indispensables para que se refleje la diversidad de opiniones y hechos de una sociedad, que aspira a que mediante la democracia y el respeto a los derechos humanos de todas y todos se resuelvan los graves problemas que se viven cotidianamente. Todo lo anterior está contemplado en la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas publicada en 2012, y aun cuando en Morelos solamente existe un Decreto, es necesario vigilar su cumplimiento, como lo señala en su artículo 1 “la presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la república… para implementar y operar las medidas de prevención, preventivas y urgentes, de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”. Esta situación no es privativa de Morelos, sino a nivel nacional. El 26 de junio de 2012 fue publicada esta Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y el 12 de noviembre del mismo año el Mecanismo empezó a funcionar. A partir de ahí, en sólo 14 meses el Mecanismo entró en crisis fundamentalmente porque crecía de forma constante el número de casos cuyo riesgo no era evaluado y además las contadas medidas de protección que se otorgaban no se cumplían. En Morelos el Mecanismo emitió pronunciamientos públicos para proteger a periodistas en situación de riesgo. En todos los casos las autoridades deben investigar de forma diligente, exhaustiva, imparcial y objetiva. Consideramos de suma importancia que los hechos ocurridos a periodistas, se investiguen documenten y determinen las responsabilidades legales correspondientes de los funcionarios señalados y, en su momento, se sancione efectivamente a los posibles responsables. Las agresiones contra periodistas y comunicadores –aún más durante elecciones– constituyen violaciones a derechos humanos, en particular a las libertades de expresión e información. El ejercicio de estos derechos resulta vital en todo proceso electoral, por lo que su afectación no sólo agravia a los periodistas, sino también a la sociedad al privarla de recibir información y generar sus criterios u opiniones, sobre todo cuando nos enfrentamos a una profunda crisis institucional que se aleja cada vez más de las necesidades reales de la población. Hoy defender estos derechos es vital para impedir que la lógica autoritaria siga causando un grave daño al derecho  a la información y a la libertad de expresión.

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