Un ya basta a la desaparición forzada y la represión

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Durante la 14 jornada global por Ayotzinapa en Cuernavaca saludamos la aprobación de la Iniciativa de ley sobre Desaparición Forzada para el Estado de Morelos y demandamos que se subsanen los errores y limitaciones de la misma, para que se salde la deuda histórica con familiares y víctimas de este crimen de lesa humanidad. Para esclarecer la verdad histórica y la justicia para los 43 de Ayotzinapa, consideramos importante señalar que en su cuarto informe público, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana para el caso Ayotzinapa hizo un balance sobre las peticiones y diligencias que ha solicitado, el nivel de cumplimiento y lo que aún está pendiente. Entre los puntos mencionados están: las autoridades continúan evaluando la petición de hacer entrevistas directas al 27 batallón y hay un avance completo en 30% y parcial en 24% de las diligencias adicionales solicitadas a las autoridades. El grupo resalta el compromiso de la PGR para dar los pasos necesarios para unificar la investigación, la instalación de una unidad de salud para los padres de familia en la normal de Ayotzinapa y la buena disposición de familiares de los jóvenes y de los normalistas sobrevivientes de colaborar con las autoridades para continuar la investigación y enriquecer el expediente, a pesar del impacto y la movilización emocional que supone para ellos la nueva toma de testimonios.  A 9 meses de los hechos, los familiares de los normalistas desaparecidos siguen esperando respuestas y nuevos esfuerzos para la búsqueda de sus hijos. El Grupo ha avanzado en el análisis del expediente, así como en la toma de testimonios, en el contraste entre las distintas versiones, declaraciones y pruebas recogidas, así como en la elaboración de su futuro informe. Se acordó con la procuradora general realizar una reunión para que el GIEI colabore con sus criterios en la valoración y tipificación de los delitos cometidos en las 6 causas abiertas que corresponden a 15 procesos (Tamaulipas, Morelos, Guerrero), según la información proporcionada por las autoridades. Dicha acción es un paso adelante para que hechos tan graves puedan ser investigados de manera integral y juzgados de acuerdo con los estándares internacionales en este tipo de casos.

Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades para entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos. En el mes pasado se hicieron diversas diligencias en lugares relevantes vinculados con la investigación. El grupo visitó establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan y una casa de seguridad, entre otros lugares del estado de Guerrero. También hizo una nueva inspección de los sitios en donde se cometieron los ataques en la ciudad de Iguala. Dichas acciones se llevaron a cabo junto con peritos del Grupo, expertos en criminalística de campo y planimetría. Desde que comenzó su mandato, el GIEI ha hecho más de cien peticiones de información relevantes o de diligencias significativas para la evaluación y el impulso de la investigación. Dada la complejidad y la amplitud de las mismas, se ha establecido un sistema para verificar el cumplimiento de dichas solicitudes. Hasta ahora se ha cumplido un 30% de forma completa, un 24% de forma parcial y un 47% aún están pendientes, según la revisión conjunta hecha por el GIEI y la PGR. La agilización de la respuesta a estas peticiones es muy importante para cumplir con el mandato del Grupo en el tiempo establecido. En los próximos días el GIEI hará nuevas solicitudes importantes para el caso. Igualmente, el Grupo resalta la relación de colaboración con la CNDH para el intercambio de información relativa a la investigación. Estos son, brevemente, los avances y los pendientes del trabajo del Grupo a casi cuatro meses de que inició el mandato que le fue encomendado por los peticionarios y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, el Informe planteado por la CNDH da cuenta que la PGR se apresuró a construir una verdad oficial sobre los hechos sin contar con los elementos probatorios que sustenten sus afirmaciones y justo por ello solicita el desahogo de pruebas múltiples pruebas periciales, reconstrucciones de hechos, determinar la “ruta de desaparición”, recabar diversos testimonios e incluso la realización de elementos básicos para una búsqueda y localización efectiva de los estudiantes como es elaborar fichas de identificación.

Finalmente, el 19 de julio la represión militar en contra de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula Michoacán donde las autoridades y militares pretenden justificar su violenta e ilegal agresión, condenamos los hechos ocurridos en los que murió el niño Idilberto Reyes García, y exigimos que se haga justicia y se esclarezca la verdad de lo ocurrido, que no existan más agresiones, hostigamiento o detenciones en contra de integrantes de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana. Así mismo exigimos: Que se garantice la integridad de la comunidad, lo que incluye el respeto a su Policía Comunitaria. La inmediata libertad de Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria y Coordinador General de las Autodefensas). Justicia inmediata y castigo a los culpables de la muerte del niño Idilberto Reyes García, y de las agresiones a la población del domingo pasado.

cidhmorelos@gmail.com

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