Archivo mensual: agosto 2015

Seguimiento y vigilancia de medidas de Alerta de Violencia de Género en Morelos

El día de hoy se llevó a cabo una reunión con el Ejecutivo del Estado de Morelos, representantes de los tres poderes y organismos civiles de derechos humanos, donde estuvimos presentes como organización solicitante de la Alerta de Violencia de Género.
En esta sesión se presentaron las líneas de acción a desarrollar para cumplir con las medidas de la AVG por parte del Gobierno de Morelos, a través del establecimiento de la Comisión Estatal para la prevención de la Violencia de Género, la coordinación con los 8 municipios y la presentación del Presupuesto inicial para darles cumplimiento, así como las medidas emergentes primarias y el Programa estatal Integra-Mujer-Morelos, que implica llevar a cabo medidas puntuales en los polígonos de riesgo, las investigaciones de los casos por la Fiscalía, las acciones en los municipios y las acciones transversales.
Ahí se planteó la necesidad de que las respuestas inmediatas de la AVG contemplen todos los avances en el derecho humanitario internacional que mandata al Estado mexicano a partir de la condena por los feminicidios en Campo Algodonero, las acciones preventivas, los focos rojos, las medidas preventivas, el abatimiento de la impunidad, la implementación de campañas, juzgar con perspectiva de género, establecimiento de la Unidad de Género y Derechos humanos en el TSJ y en la Fiscalía, la creación de un semáforo de cumplimiento de las medidas, entre diversas acciones que presentaron y de las cuales solicitamos fueran del conocimiento público, con máxima difusión y transparencia, lo que implica una rendición de cuentas de todas las acciones de lo que debe ser una política pública para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.
En esta sesión planteamos que es totalmente inaceptable que se revictimice a quienes han sufrido violencia feminicida, como ocurrió recientemente en los dos casos de feminicidio en Temixco por parte del Comisionado Estatal de Seguridad Pública y su publicación en un medio que denigra a las victimas y no respeta la dignidad de las personas ni el dolor de los familiares, por lo que se deben tomar medidas para garantizar una comunicación respetuosa de los derechos de las mujeres y emitir un mensaje claro y contundente de que no se permitirá ningún tipo de impunidad y de violencia institucional, así como que se debe combatir todo tipo de violencias visibles y ocultas en contra de las mujeres, poniendo énfasis en la investigación de los casos de feminicidio y en los casos de desaparición de mujeres jóvenes, por lo que demandamos la publicación inmediata de la Ley sobre Desaparición Forzada en el Periódico Tierra y Libertad.
Desde nuestra posición como organización independiente solicitamos que se lleve a cabo una amplia campaña a través de los medios de comunicación, públicos y privados, y que en el caso de los medios públicos se abran espacios para que se de el mensaje claro que el feminicidio debe ser rechazado por el conjunto de la sociedad, de tal manera que exigimos responsabilidad y no omisión ni simulación a las autoridades y la creación de consciencia entre toda la sociedad para combatir, prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio en Morelos.
Estaremos vigilantes de todas y cada una de las acciones de seguimiento de las medidas de la Alerta de Violencia de Género en Morelos.
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Necesaria una Ley para periodistas y defensoras.

José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y los derechos humanos, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen las medidas necesarias para frenar la violencia contra periodistas y defensoras. Defender los derechos humanos y ejercer un periodismo libre y crítico forman parte de un mismo derecho establecido en la búsqueda de una sociedad democrática e informada para determinar el rumbo y los destinos de la mayoría de la población. Temas trascendentales en Morelos como el feminicidio, desaparición forzada y derechos laborales y de los pueblos, por citar algunos, sería menos visibles sin una prensa crítica y personas defensoras de estos derechos. La Alerta de Violencia de Género y la Ley sobre Desaparición Forzada, por ejemplo, son logros de una sociedad que exige derechos y se organiza, contando con periodistas y defensoras conscientes. Por eso es que los temas están vinculados y ameritan ser abordados de manera amplia y con participación de la ciudadanía, como es la necesaria Ley para la Protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Morelos que debe abrirse al análisis y participación de estos sectores y de toda la población para que cumpla realmente el objetivo de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su actividad, mediante un mecanismo de protección verdaderamente efectivo, que vaya a las causas que las producen, reducir los factores de riesgo y dar garantías de no repetición. Es necesario realizar una evaluación integral, desde una perspectiva feminista y con participación de las Defensoras de Derechos Humanos, de las deficiencias en la aplicación del Mecanismos Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Así como implementar una campaña amplia de impacto a la población en general para dar a conocer los alcances del mecanismo. Y brindar rendición de cuentas del presupuesto empleado, detallando los rubros en los cuales se ejerció ese recurso. Abrir esta discusión es necesaria para no repetir las deficiencias, contradicciones e ineficiencias que se han tenido a nivel del mecanismo y la ley nacional, denunciado por periodistas y defensoras que en lugar de recibir protección han enfrentado situaciones de mayor vulnerabilidad ante situaciones de riesgo. Es importante por lo tanto partir de definiciones. Considerando que son periodistas todas las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, como establece el proyecto de iniciativa, así como Persona Defensora de Derechos Humanos, las personas físicas integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos. El contexto de violencia es sumamente grave en el país, como lo documenta la revista Horizontal.mx: 88 periodistas han sido asesinados de 2000 a la fecha (de los cuales 82 eran hombres y seis mujeres); 18 han desaparecido (15 hombres y tres mujeres) y 55 instalaciones de medios han sido blanco de ataques violentos. Mientras que los ataques a medios tuvieron un auge de 2010 a 2013, las desapariciones se han mantenido más o menos constantes desde 2003. En cuanto a los asesinatos, los peores años han sido 2006 y 2008, seguidos de cerca por 2009, 2010 y 2011. Sin embargo, no ha habido una disminución significativa desde 2003. En el caso de 2015, a pesar de que el número de asesinatos y ataques a medios ha repuntado, sigue habiendo posibilidad de que las cifras crezcan en los meses que restan del año. Los ataques contra periodistas tienen como principal propósito el control de la información que los reporteros han investigado y pretenden divulgar, es decir, el silencio y la censura. Cuando se mata, amedrenta o desaparece a un periodista, el efecto que se produce es cerrar una ventana de información a la que de otra forma hubiera tenido acceso la población.

Otra consecuencia de ese silencio es que los ciudadanos tienen menos elementos para tomar decisiones. En la medida en que la ciudadanía carece de la información necesaria para exigir la rendición de cuentas de un gobierno o para decidir cambiar de gobernante, el ejercicio democrático se va debilitando. El efecto último de la violencia contra periodistas y defensoras es la indefensión de la población ante un gobierno aparentemente democrático. Ante la debilidad de la democracia lo que prolifera son los gobiernos abusivos, autocráticos o simplemente ineficaces. La importancia de los crímenes contra periodistas trasciende la injusticia, el dolor y la tragedia del crimen per se. Con la muerte o la desaparición de un periodista mueren las herramientas que permiten el fortalecimiento ciudadano y el actuar democrático. Mueren las posibilidades de ejercer la ciudadanía. En un país como México, cuya democracia es precaria, se necesita una población activa e involucrada. El derecho a la libertad de expresión es multidimensional y colectivo. Es multidimensional porque no solo se trata del derecho a decir o pensar cualquier cosa sino también de acceder a la información que deseamos. La prensa sigue siendo la herramienta a través de la cual millones de personas obtienen información; de allí su función social clave en la configuración de una comunidad democrática. Es colectivo porque lo que decimos y escribimos no se limita a la esfera individual sino que genera consecuencias concretas en el resto de la sociedad y permite establecer redes, asociaciones, y da pie a la acción política. El ejercicio libre y seguro del periodismo es un derecho colectivo y compartido, mediante el cual podemos acceder a una serie de derechos que, de no ser por la prensa, seguirían siendo inaccesibles. En última instancia, entender este tipo de violencia, prevenirla, y permitir que la prensa siga aportando la información necesaria para construir una democracia sólida, una ciudadanía más involucrada en la defensa de los derechos humanos y, como consecuencia, un mejoramiento de nuestras condiciones de vida.

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Necesario socializar y discutir públicamente una Ley para periodistas y defensoras de derechos humanos en Morelos.

Hemos tenido conocimiento del Proyecto de Iniciativa de Ley para la protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Morelos que tiene la LII Legislatura en estudio en comisiones. Consideramos necesario socializar y discutir públicamente esta iniciativa, con la participación de todo el gremio periodista y organizaciones defensoras de derechos humanos en la entidad para que responda verdaderamente a las necesidades de garantizar la libertad de expresión y combatir los riesgos y amenazas en el desempeño de las actividades. Morelos forma parte de la situación general en México, considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y los derechos humanos, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen las medidas necesarias para frenar la violencia contra periodistas y defensoras. Defender los derechos humanos y ejercer un periodismo libre y crítico forman parte de un mismo derecho establecido en la búsqueda de una sociedad democrática e informada para determinar el rumbo y los destinos de la mayoría de la población. Temas trascendentales en Morelos como el feminicidio, desaparición forzada y derechos laborales y de los pueblos, por citar algunos, sería menos visibles sin una prensa crítica y personas defensoras de estos derechos. La Alerta de Violencia de Género y la Ley sobre Desaparición Forzada, por ejemplo, son logros de una sociedad que exige derechos y se organiza, contando con periodistas y defensoras conscientes. Por eso es que los temas están vinculados y ameritan ser abordados de manera amplia y con participación de la ciudadanía, como es la necesaria Ley para la Protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Morelos que debe abrirse al análisis y participación de estos sectores y de toda la población para que cumpla realmente el objetivo de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su actividad, mediante un mecanismo de protección verdaderamente efectivo, que vaya a las causas que las producen, reducir los factores de riesgo y dar garantías de no repetición. Es necesario realizar una evaluación integral, desde una perspectiva feminista y con participación de las Defensoras de Derechos Humanos, de las deficiencias en la aplicación del Mecanismos Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Así como implementar una campaña amplia de impacto a la población en general para dar a conocer los alcances del mecanismo. Y brindar rendición de cuentas del presupuesto empleado, detallando los rubros en los cuales se ejerció ese recurso. Abrir esta discusión es necesaria para no repetir las deficiencias, contradicciones e ineficiencias que se han tenido a nivel del mecanismo y la ley nacional, denunciado por periodistas y defensoras que en lugar de recibir protección han enfrentado situaciones de mayor vulnerabilidad ante situaciones de riesgo. Es importante por lo tanto partir de definiciones. Considerando que son periodistas todas las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, como establece el proyecto de iniciativa, así como Persona Defensora de Derechos Humanos, las personas físicas integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos. El contexto de violencia es sumamente grave en el país, como lo documenta la revista Horizontal.mx: 88 periodistas han sido asesinados de 2000 a la fecha (de los cuales 82 eran hombres y seis mujeres); 18 han desaparecido (15 hombres y tres mujeres) y 55 instalaciones de medios han sido blanco de ataques violentos. Mientras que los ataques a medios tuvieron un auge de 2010 a 2013, las desapariciones se han mantenido más o menos constantes desde 2003. En cuanto a los asesinatos, los peores años han sido 2006 y 2008, seguidos de cerca por 2009, 2010 y 2011. Sin embargo, no ha habido una disminución significativa desde 2003. En el caso de 2015, a pesar de que el número de asesinatos y ataques a medios ha repuntado, sigue habiendo posibilidad de que las cifras crezcan en los meses que restan del año. Los ataques contra periodistas tienen como principal propósito el control de la información que los reporteros han investigado y pretenden divulgar, es decir, el silencio y la censura. Cuando se mata, amedrenta o desaparece a un periodista, el efecto que se produce es cerrar una ventana de información a la que de otra forma hubiera tenido acceso la población.

Otra consecuencia de ese silencio es que los ciudadanos tienen menos elementos para tomar decisiones. En la medida en que la ciudadanía carece de la información necesaria para exigir la rendición de cuentas de un gobierno o para decidir cambiar de gobernante, el ejercicio democrático se va debilitando. El efecto último de la violencia contra periodistas y defensoras es la indefensión de la población ante un gobierno aparentemente democrático. Ante la debilidad de la democracia lo que prolifera son los gobiernos abusivos, autocráticos o simplemente ineficaces. La importancia de los crímenes contra periodistas trasciende la injusticia, el dolor y la tragedia del crimen per se. Con la muerte o la desaparición de un periodista mueren las herramientas que permiten el fortalecimiento ciudadano y el actuar democrático. Mueren las posibilidades de ejercer la ciudadanía. En un país como México, cuya democracia es precaria, se necesita una población activa e involucrada. El derecho a la libertad de expresión es multidimensional y colectivo. Es multidimensional porque no solo se trata del derecho a decir o pensar cualquier cosa sino también de acceder a la información que deseamos. La prensa sigue siendo la herramienta a través de la cual millones de personas obtienen información; de allí su función social clave en la configuración de una comunidad democrática. Es colectivo porque lo que decimos y escribimos no se limita a la esfera individual sino que genera consecuencias concretas en el resto de la sociedad y permite establecer redes, asociaciones, y da pie a la acción política. El ejercicio libre y seguro del periodismo es un derecho colectivo y compartido, mediante el cual podemos acceder a una serie de derechos que, de no ser por la prensa, seguirían siendo inaccesibles. En última instancia, entender este tipo de violencia, prevenirla, y permitir que la prensa siga aportando la información necesaria para construir una democracia sólida, una ciudadanía más involucrada en la defensa de los derechos humanos y, como consecuencia, un mejoramiento de nuestras condiciones de vida.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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LAS MEDIDAS DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS

Paloma Estrada Muñoz  y Marco Aurelio Palma Apodaca

Una vez que se aprobó la Alerta de Violencia de Género en Morelos, de acuerdo con el Decreto de la Secretaría de Gobernación, el gobierno del estado de Morelos deberá adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia que se enuncian a continuación y todas aquéllas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Las medias que aquí se establecen son complementarias, no excluyentes, a las propuestas por el grupo de trabajo en su informe y a las que surjan a partir de la implementación de las mismas.  Medidas de Seguridad: Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de la Alerta de Violencia de Género con información accesible para la población. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres. Entre otras acciones, se solicita:  Reforzar los patrullajes preventivos; Efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de la mujer; Instalar alumbrado público y mejorar el existente; Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada prioritariamente por mujeres; Incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo por georreferenciación; Difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia, y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento. Crear módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, que contemple asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas implementar objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia. Para ello, se deberán generar los correspondientes protocolos de valoración del riesgo, de actuación, de reacción policial y de evaluación. Medidas de PrevenciónIntegrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Esta medida deberá permitir en un plazo razonable monitorear las tendencias de la violencia contra las mujeres, realizar estadísticas, diagnósticos y análisis periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de la violencia y, en consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas. La información vertida en este banco deberá ser reportada también al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).  Establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos del gobierno de Morelos, que prevea un adecuado mecanismo de evaluación de resultados. La estrategia deberá ser permanente, obligatoria y focalizada a las personas vinculadas a los servicios de salud y atención a víctimas, así como a la de procuración y administración de justicia, con el apoyo de instituciones y personas especializadas en la materia. Que la capacitación prevea una evaluación de las condiciones de vida de las y los servidores públicos para eliminar la violencia de género desde su entorno primario. Esta medida deberá contemplar el fortalecimiento de las herramientas teórico-prácticas de jueces y juezas en materia de perspectiva de género y derechos humanos. Establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo público y privado. Para ello, se deberá diseñar una estrategia de educación en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género que busque la transformación de patrones culturales y la prevención de violencia mediante la identificación, atención y denuncia.  También, se deberá capacitar con herramientas teóricas y prácticas al personal de los centros educativos públicos y privados, para detectar oportunamente casos de niñas o adolescentes que se encuentren en una situación de violencia y denunciarlos ante las respectivas instancias. Generar campañas permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales, encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitario, con el fin de dar a conocer a la sociedad en general los derechos de las niñas y mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia. Entre las medidas a adoptar están: Replicar los modelos de redes comunitarias para la prevención y atención de la violencia de género con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil; Fomentar la creación de comités de vigilancia vecinal, laboral y escolar, que repliquen las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres; Poner en marcha el Centro de Justicia para las Mujeres en Cuernavaca para brindar atención multidisciplinaria a mujeres y niñas víctimas de violencia. Crear una campaña de comunicación para generar conciencia social, inhibir la violencia contra la mujer y promover la cultura de respeto e igualdad. Medidas de Justicia y Reparación: Adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio.  La efectividad en el cumplimiento de esta medida se encuentra plenamente relacionada al fortalecimiento de la Fiscalía General, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos. Para ello, se deberá crear una unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación y proceso de los delitos de género que se denuncien. Asimismo, se sugiere crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios que, mediante la elaboración de análisis antropológicos y sociológicos, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad. Asignar recursos para conformar una Unidad Especializada encargada exclusivamente de dar trámite a las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres a que se refiere la solicitud de AVGM.  Esta medida deberá contemplar la celebración de mesas de trabajo entre víctimas, sus representantes y autoridades de alto nivel para el análisis de los casos. Entre las funciones que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos. Establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. Las correspondientes autoridades locales deberán dar continuidad a los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación. Solicitar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal que revise y analice exhaustivamente la legislación estatal existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos. Consecuentemente, se deberá establecer una agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas disposiciones. Realizar un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o feminicidios, de conformidad a lo establecido en la llamada Ley Estatal de Victimas. Para esos efectos, el gobierno estatal deberá asignar los recursos económicos correspondientes. Determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en Morelos. Para la definición de la reparación simbólica se tomará en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las víctimas. Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia: El gobierno de Morelos deberá enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres.

cidhmorelos@gmail.com

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