La Alerta de Violencia de Género. El último recurso legal de las mujeres para acceder a la justicia.

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

Desde el año 2003 se inició la documentación, el análisis y la denuncia pública de los casos. Ante el vacío legal y la violencia institucional a la que se enfrentaban las familias de las mujeres victimizadas, se solicitó a la entonces PGJE la creación de la Unidad de Atención Especializada para Atender los Homicidios contra Mujeres, misma que se creó en 2005. Esta incidencia en los medios de comunicación y en la esfera jurídico-política, hizo que la CIDHMOR fuera tomada en cuenta para participar en la Investigación “Violencia Feminicida en 10 Entidades de la República Mexicana”, auspiciada por el H. Congreso de Unión. La investigación fue encabezada por la Antropóloga y entonces Diputada Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos. Los resultados fueron contundentes, la investigación confirmo que: En México y Morelos hay feminicidio. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia. Los homicidios de niñas y mujeres son un problema grave e inadmisible. Son parte de la violencia feminicida como culminación de la violación de sus derechos humanos y evidencian la ruptura del Estado de derecho en nuestro país.

Sin embargo, autoridades de rangos distintos demeritan los homicidios de mujeres al comparar su número menor al de hombres; los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las mujeres y no trabajan con profesionalismo en su esclarecimiento.

Ni las desapariciones, ni los asesinatos, ni la impunidad son identificados como un grave problema, tampoco se reconoce la responsabilidad del gobierno en los sucesos, y su erradicación no es un eje prioritario de la política de desarrollo social y de la gobernabilidad.

Los atentados contra la vida de las niñas y las mujeres no se dan en el vacío. Suceden en un entramado social de tolerancia y fomento a la violencia de género cotidiana, misógina y machista, contra niñas y mujeres. Los homicidios son su consecuencia y suceden tras procesos vitales marcados por la inseguridad y por escaladas de violencia, y situaciones extremas que culminan en muertes violentas. La muerte, en muchos casos, no ha sido límite para el daño. Aun después de haber sido asesinadas, sus cuerpos son objeto de agresión. La violencia feminicida se debe a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres. Se debe, asimismo, a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos.

Las mujeres victimizadas reciben un trato discriminatorio, misógino y vejatorio por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, lo que constituye violencia institucional y contribuye a la impunidad: omisión, comisión, negligencia, corrupción y colusión con el agresor. Como la violencia feminicida se conforma por procesos sociales complejos de diversas formas de violencia, se debe investiga cada muerte de una mujer, desde los homicidios dolosos o culposos, los accidentes, hasta los suicidios, en el entendido de que las condiciones que las condujeron a quitarse la vida fueron situaciones previas de privación de sus derechos, violencia o falta de oportunidades. Se incluyen en la violencia feminicida otras muertes evitables de las mujeres, un gran número de ellas resultado de la desatención, el maltrato o la desvalorización de la vida de las mujeres.Después de realizado este arduo trabajo de investigación, ya no había duda de que los feminicidios eran reales y que se tenía que generar acciones tendientes a prevenirlos y erradicarlos, así como un marco legal para la protección de todas las mujeres. Así, se continuó con la gestión legislativa para aprobar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y su similar para el Estado de Morelos (2007). En 2011 se reformó el Código Penal de Morelos, en su Artículo 213 Quintus, del Capítulo III sobre el Feminicidio, que establece hasta cinco causales del delito.

Pero pese a este gran marco legal, a las mujeres las seguían asesinando. Por lo que en 2014 se solicitó de manera oficial la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos. En el entendido de que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Y tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial (se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables); La rehabilitación (se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas); La satisfacción (son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones). Entre las medidas a adoptar se encuentran “La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad; el diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.”

Por todo ello, la Alerta de Violencia de Género en Morelos se ha vuelto el último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria y la Justicia para las mujeres.

cidhmorelos@gmail.com

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