Archivo mensual: septiembre 2015

AGENDA DE DERECHOS HUMANOS 2015-2020. 

Paloma Estrada Muñoz y José Martínez Cruz

Presentación: lunes 14 de septiembre en Cuernavaca, Morelos, en el Museo de la Ciudad, Avenida Morelos 265, colonia centro, a las 11 de la mañana. Invita: Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. En el evento se tendrán agendas para las personas participantes y medios de comunicación.
Históricamente han sido los pueblos quienes mediante su irrupción organizada han cambiado el rumbo de sus destinos de explotación, miseria, hambre, opresión, injusticia y desigualdad al que los mantienen sometidos los dueños del poder y del dinero. No siempre lo legal es legítimo, no siempre lo legal es justo. La esclavitud en México era legal bajo la dominación española durante siglos, igual que en el siglo XVIII, Inglaterra era un país democrático, y a partir de 1776 también los Estados Unidos. En ambos era legal la esclavitud. También lo era en España hasta 1886, tras varios períodos de gobiernos democráticos desde 1812. Gobiernos democráticos que, con amplio consenso, dieron cobertura legal a esa inhumana institución. La esclavitud era también considerada como un “derecho”: el derecho de una clase social (los propietarios de esclavos, en este caso) para disponer de la vida y el cuerpo de otros seres humanos (los esclavos). La esclavitud era considerada como parte del “derecho a decidir” de los amos sobre su “propiedad”.  Hoy en el mundo entero es legal la esclavitud asalariada que mantiene la desigualdad y la injusticia y sólo se cuestionan algunas formas extremas. Lograr una cultura de respeto a los derechos humanos implica luchar contra este sistema capitalista neoliberal que impide que la inmensa mayoría de la población tenga garantizados todos los derechos para todas y todos. Desde las organizaciones de derechos humanos trabajamos con los pueblos, sindicatos, movimientos y coordinaciones sociales para lograr cristalizar una sociedad diferente, donde los derechos sean para todas y todos. Nuestras propuestas las hemos sistematizado en la Agenda “Ante la adversidad y la indignación: la construcción colectiva”.

La agenda política es fruto de un intenso proceso de diálogo y construcción crítica en el que las organizaciones partieron de sus realidades para trazar una ruta común con seis campos de lucha. Así, la Red TDT conmemora su 25 aniversario con un posicionamiento ante las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que enfrenta nuestro país: constituyéndose en una herramienta para la construcción colectiva de un futuro en donde los Derechos Humanos tengan plena vigencia. Los ejes de La Agenda de la Red TDT: a) tierra y territorio; b) violencia e inseguridad; c) mujeres, género y poblaciones lesbiana, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual (LGBTTTI); d) derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y políticas públicas; e) movilidad humana como migración, refugio y desplazamiento; y f) derecho a defender los derechos humanos y la criminalización de la protesta social. En esta Agenda, la Red TDT denuncia que, de manera general, aun frente a los avances en derechos humanos, como la reforma al Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las acciones para operativizarlos han sido escasas y poco efectivas; asimismo que la violencia e inseguridad que se vive en todo el país agrava más la situación de violaciones a los derechos humanos de las y los ciudadanos, al igual que las reformas estructurales y para el fortalecimiento del modelo económico que se han venido instrumentando en los últimos años y que van dejando en la indefensión a mujeres y hombres frente a las grandes empresas e intereses políticos. En realidad, se percibe que el uso del lenguaje de derechos humanos desde el Estado tiene más la finalidad de generar una imagen de democracia hacia los países con los que México quiere establecer relaciones comerciales, que como una promesa de cumplimiento en progresividad. Y esto se comprueba con la creciente criminalización y represión contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo víctimas de la violencia del Estado, defensoras y defensores comunitarios, colaboradores de organizaciones de la sociedad civil, así como personas comunicadoras que buscan visibilizar las situaciones de violencia en el país.

La Agenda reconoce que cada eje está relacionado con los demás. Los grupos mencionados por su situación de vulnerabilidad ven afectada su situación de múltiples formas habiendo elementos que, al sumarse, la agravan; como la desaparición forzada, que recién se aprobó y público una ley en Morelos y continúa la lucha nacional por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa a casi un año; el feminicidio que continúa y hace un mes que en Morelos se decretó la alerta de violencia de género para ocho municipios; lo que nos permite recordar que las violaciones a los derechos humanos van constituyendo cadenas de agresiones, construyendo un contexto cada vez más complejo para la defensa de los derechos humanos. Esto es parte del reto histórico que ha significado abordar los derechos humanos desde una perspectiva integral no sólo transversal, sino incluyente. Esta Agenda es un posicionamiento político compartido entre las organizaciones que integran la Red TDT, y también una reafirmación de su compromiso para buscar la vigencia plena de los derechos humanos para todas y todos; una oportunidad de construir diálogos, alianzas y convergencias con otros actores sociopolíticos (redes, organizaciones, colectivos, movimientos sociales ciudadanas y ciudadanos) interesados en el pleno respeto de los derechos humanos; y una exigencia al Estado para que escuche y atienda a la sociedad en su conjunto.
El contenido completo de la Agenda se puede leer descargándola desde la página web de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos:

http://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/Agenda_Red_TDT_%202015-2020_Final.pdf

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A un año de Ayotzinapa no olvidamos.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

En el aniversario de los 43 de Ayotzinapa, éste 26 de septiembre en Morelos marcharemos a las 5 de la tarde del Calvario al zócalo de Cuernavaca.

El mayor enemigo de la justicia es el silencio y la indiferencia. Ante la barbarie cotidiana que estamos padeciendo es necesario elevar la voz de protesta en las calles y plazas. A un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no callamos ni aceptamos lo inaceptable: vivos se los llevaron, vivos los queremos. El gobierno de Peña Nieto está en el banquillo de los acusados por este delito de lesa humanidad, y ante los ojos del mundo se ha demostrado la responsabilidad del Estado al aplicar una estrategia de terrorismo militarista contra los movimientos sociales para imponer sus reformas neoliberales y terminar con las protestas que se expresan en todo el país. En México existe un patrón de impunidad generalizada en los más de 27 mil desaparecidos y en los más de 4 mil feminicidios, así como en los cerca de 150 mil asesinatos entre los que se incluyen ejecuciones extrajudiciales y masacres cometidas por militares y policías. Y una vez que se ha demostrado que el gobierno miente abiertamente desde la presidencia y de la PGR, la crisis política abierta por Ayotzinapa es de dimensiones históricas. Así lo expresarán miles de personas marchando por las calles este fatídico 26 de septiembre que se cumple un año. Además de las voces del pueblo y las organizaciones, instancias internacionales y expertos han denunciado esta mentira histórica y jurídica. Amnistía Internacional dijo que son infundadas las afirmaciones del gobierno de México sobre la identificación de los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz por lo que pidió dejar de jugar con las vidas y esperanzas de los familiares de los estudiantes desaparecidos y buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa a como dé lugar. La coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del joven Jhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el Equipo Argentino de Antropología Forense como un resultado identificatorio definitivo. Es fundamental señalar que los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y en particular las dos familias sobre las que PGR presentó resultados en conferencia de prensa, tuvieron sólo unos minutos para enterarse de lo que se iba a anunciar públicamente. El EAAF, junto con los abogados del Centro Prodh y Tlachinollan, quiénes representan legalmente a los familiares de los 43 estudiantes, se reunieron con las familias afectadas para poder explicarles los nuevos resultados del laboratorio de Innsbruck. El riesgo de filtraciones señalado como razón de la urgencia en la comunicación pública de resultados, corre así el riesgo de acabar con el derecho de las víctimas a conocer los hechos sobre sus familiares desaparecidos, con el debido tiempo y asistencia necesaria. El EAAF solicita a PGR que respete los compromisos asumidos en cuanto al trato a los familiares de los normalistas; ninguna familia debería enterarse de este modo de noticias tan delicadas sobre el posible destino de su familiar desaparecido.  Sobre la contundencia de las “resoluciones” de la PGR, el EAAF concluyó que “no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero con aquellos recuperados, según la PGR, en el río San Juan”.

La exigencia de los expertos de la ONU al gobierno para que garantice el derecho a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria de las víctimas de desaparición forzada de la guerra sucia demuestra el terror que ha ejercido el Estado contra la población civil, y que sólo aparenta cumplir con los tratados y convenios internacionales que ha firmado. “El ejemplo más claro es el de los estudiantes desaparecidos en Iguala. El mundo entero sabía de ellos y el Gobierno tardó meses en incluirlos en su base de datos”, subrayó. El experto de la ONU recordó que una de las principales conclusiones del último informe del Grupo sobre México incidía en “la impunidad generalizada”. La militarización no es la solución. El Relator Especial observa además que es bien sabido que, en cualquier país, a los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar. Por lo general, la forma en que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público. El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación policial, se centra en la prevención, la detención, la investigación y el enjuiciamiento, y solo contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el recurso a la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de vidas humanas. El Relator Especial advierte que la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos. Además, no hay suficiente rendición de cuentas por esos actos en el sistema de justicia militar, el cual carece de independencia y transparencia y ha sido sistemáticamente incapaz de enjuiciar de manera efectiva a los soldados señalados de participar en la desaparición de los estudiantes. Estos problemas son particularmente acuciantes en México y deben ser objeto de medidas inmediatas. En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 con el fin de analizar la crisis de derechos humanos que enfrenta el país. La Comisión convocará reuniones con la sociedad civil mexicana tanto en el D.F. como en los otros estados que visitarán.  Los ojos del mundo están puestos en México y el pueblo puede mostrar la capacidad de indignación y organización mediante la lucha y la esperanza de que a un año Ayotzinapa no quede en el olvido.

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Agradecimiento a organizaciones y personas por apoyo a la AVG en Morelos

Alerta de Violencia de Género en  Morelos

Finalmente, después de casi dos años de haber solicitado la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos por parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., y miles de ciudadanas, ciudadanos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil estatales, nacional e internacional, finalmente, el 10 de agosto fue DECRETADA LA ALERTA.

Consideramos que es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad toda ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años, sabiendo que la AVG es un instrumento jurídico legal que obliga a aplicar políticas públicas reales, sin simulaciones. Es el último recurso legal establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para garantizar la vida, la libertad, la dignidad, la justicia y la atención integral para las mujeres en Morelos. 

Por todo ello, a la vez que celebramos la emisión de esta AVG y damos las GRACIAS a todas las organizaciones, sindicatos y a las personas que a título personal se sumaron a esta exigencia, también expresamos públicamente que estaremos dando puntual seguimiento a todas y cada una de las acciones y medidas que se plantean para hacer válidos todos los derechos de las mujeres que permitan alcanzar claramente los objetivos de la AVG.

Asimismo, convocamos a toda la sociedad a estar vigilantes y participantes de la Declaratoria de AVG, pues entendemos que éste es sólo un paso más, pero un paso que sin duda alguna es muy importante, gracias a la sociedad misma que se organiza y defiende sus derechos.

Atentamente,

 

       Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos A. C.

 

                        Juliana G. Quintanilla                          Paloma Estrada Muñoz

                       Coordinadora General                     Coordinadora de Investigación

                     

                       José Martínez Cruz                           Marco Aurelio Palma Apodaca

                     Coordinador de Comunicación                  Coordinador Jurídico

 

Cuernavaca, Morelos, 10 de agosto de 2015

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Estado represivo y ley contra desaparición forzada.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.

Defender los derechos humanos frente a un Estado represivo es un compromiso de vida. Decir Fuera Peña, fue el Estado, es elevar la voz de indignación ante un gobierno represivo, antidemocrático, autoritario y violador de derechos humanos, que está únicamente al servicio del gran capital de la oligarquía y las trasnacionales. Estos tres años han significado mayor miseria, hambre, desempleo, bajos salarios, violencia, muerte, desapariciones, feminicidio, militarización e injusticia social. Ningún avance para la vida digna de las personas ha significado el paquete de reformas aprobado por el gobierno con todos los partidos que integraron el mal llamado pacto por México, que mostró claramente que por encima de la voluntad ciudadana se encuentran los privilegios de la burocracia de todos los partidos que avalaron estas criminales reformas. Ante la creciente inconformidad popular, expresada en miles de movilizaciones en todo el país, el Estado refuerza su poder militar y policíaco, reprimiendo, persiguiendo, encarcelando a personas que protestan y luchan, desapareciendo a activistas y generalizando la práctica de la desaparición forzada a decenas de miles de personas en todo el país, incrementando la inseguridad y los ataques contra la vida y la libertad de mujeres y niños, el feminicidio, la explotación infantil, la trata de personas y la persecución a migrantes y criminalización de los jóvenes. En todas estas políticas el gobierno de Morelos ha seguido el mismo derrotero que el gobierno federal. No hay diferencia cualitativa entre las políticas que aplica Peña Nieto y Graco Ramírez. Los une los mismos objetivos de fortalecer el capital y sus privilegios. Por ello, es que este primero de septiembre denunciamos a los malos gobiernos que no representan los intereses de la mayoría de la población. No aceptamos sus políticas privatizadoras y represivas.

En este contexto, destacamos avances importantes del movimiento el hecho que a partir de este jueves 2 de septiembre de 2015, entró en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales y aprobada por la recién extinta LII legislatura. Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, hijas, padres, madres y hermanos. (El texto íntegro se puede consultar en: http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2015/5326.pdf) En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito. También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada;  establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada. Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal deberá emitir a la brevedad la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Al respecto consideramos importante no esperar todo este tiempo y  que ésta convocatoria se emita a la brevedad posible para sentar precedente nacional, ahora que se está discutiendo la Ley General. El Mecanismo y su consejo consultivo conocerá de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, y estará integrado por cinco representantes de instituciones y dos representantes de organizaciones civiles. Su función será dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso. Además, prevé la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos. El estado a través de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creará una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema. Lo que sigue es exigir la aplicación de esta Ley y sobre todo eliminar las causas políticas de la desaparición, por lo que es un compromiso de lucha y un llamado a la consciencia social para decir: Nunca más!

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En vigor la ley para prevenir, atender y erradicar la desaparición forzada en Morelos.

A partir de este jueves 2 de septiembre de 2015, entra en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales y aprobada por la recién extinta LII legislatura.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, padres, madres y hermanos.

En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito.

También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada;  establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada.

De acuerdo con los artículos transitorios, en tanto no se expida la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, permanecerá vigente la legislación estatal  en su respectivo ámbito de aplicación.

Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal deberá emitir a la brevedad la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Al respecto consideramos importante no esperar todo este tiempo y  que ésta convocatoria se emita a la brevedad posible para sentar precedente nacional, ahora que se está discutiendo la Ley General.

El Mecanismo y su consejo consultivo conocerá de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, y estará integrado por cinco representantes de instituciones y dos representantes de organizaciones civiles.

Su función será dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso.

Además, prevé la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos.

El estado a través de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creará una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema.

Esta información generada a partir de la Base de Datos servirá para compararlos con los registros morfológicos y dentales de la o las personas desaparecidas, así como las muestras genéticas de sus familiares.

El texto íntegro se puede consultar en:

http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2015/5326.pdf

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Desaparición forzada y lucha colectiva

Marco Aurelio Palma Apodaca y José Martínez Cruz

Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Este lema zapatista se escucha en marchas y movilizaciones a tres años del gobierno de Peña Nieto. La violación creciente y sistemática de los derechos humanos tiene causas políticas, estructurales, donde el capitalismo neoliberal y privatizador agudiza la desigualdad económica y la injusticia social, a través de la violencia institucional que militariza, asesina, desaparece e impone autoritariamente sus decisiones violando la voluntad democrática de la mayoría del pueblo. En México, es uno de los países cuyos gobiernos usan la desaparición forzada para silenciar a sus detractores e infundir miedo, denunció Amnistía Internacional (AI). Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, presentó un reporte con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que revelan que desde 2007 casi 25 mil personas habrían desaparecido en México, esto es durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto. Casi la mitad de las desapariciones, 12 mil 500, ocurrieron durante la actual administración. Al enlistar casos emblemáticos de desaparición forzada, Amnistía Internacional mencionó el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que tuvo gran impacto a nivel mundial. Aún con la atención mundial en el caso, las autoridades mexicanas han fallado en investigar apropiadamente todas las vertientes del caso, especialmente las preocupantes críticas sobre la complicidad de las fuerzas armadas. La organización ha solicitado el Gobierno de México resolver el problema de los desaparecidos y ha organizado una campaña de cartas en español llamada #Noesnormal, instando a Peña Nieto, a que investigue adecuadamente las miles de desapariciones. México es un país de impunidades, en los agravios acumulados: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo, Ostula, Calera. Las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, son hechos oprobiosos que se sumaron las masacres de Apatzingán y Ecuandureo, en Michoacán este 2015. Luego vinieron las ejecuciones en Calera, Zacatecas, y los actos de represión en Ostula. En todas ellos han participado fuerzas federales de seguridad. Por ello es necesario traer a la memoria las palabras de Rosario Ibarra: El 28 de agosto de 1978, a las 11 de la mañana, decidimos iniciar una huelga de hambre en el corazón del país, donde desde 1968 (ya 10 años) no se había realizado ningún acto de protesta. En desigualdad de fuerzas, cuando nadie pensaba que era fundamental la lucha por los derechos humanos, cuando nadie se organizaba para su defensa, los familiares fuimos el motor de un gran movimiento: una huelga de hambre en la Catedral de México, a un lado de Palacio Nacional, símbolo del poder, sede de la Presidencia de la República y en vísperas del segundo informe de gobierno de José López Portillo. El gobierno mexicano no prestaba atención a los familiares del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, hoy ¡Eureka!; las cárceles estaban llenas de presos políticos, 57 exiliados deseaban regresar a su patria; los perseguidos escondiéndose de la furia de la Dirección Federal de Seguridad, de las fuerzas armadas y de la Brigada Blanca, pues podrían correr la misma suerte de los cientos de desaparecidos cautivos en las prisiones clandestinas, campos militares y bases navales. Pretendíamos que se aprobara una ley de amnistía, lo cual se logró gracias a la decisión y a la voluntad de lucha de los familiares y de la gran difusión y solidaridad nacional e internacional. El Estado mexicano, desde sus comandantes supremos de las fuerzas armadas, pasando por procuradores y secretarios de Gobernación, ha hecho escarnio durante 40 años del dolor de los familiares de los desaparecidos. Los abogados de la nación, es decir, los procuradores, durante décadas negaron la existencia de los desaparecidos, hasta hoy que la magnitud de sus actos criminales los ha dejado en evidencia; las desapariciones forzadas y asesinatos cometidos por las fuerzas armadas o policías y por diferentes grupos armados fueron cometidos al amparo, con el resguardo, bajo la tutela e impulsados por el propio gobierno. Este terrorismo es política de Estado, que sólo ha cambiado de métodos y tácticas, pero para ¡Eureka!, el único criminal responsable de todas las desapariciones forzadas sigue siendo el mismo: el mal gobierno de México. Por una ley que erradique la desaparición forzada y castigue a los culpables. Por ello en Morelos seguimos demandando que, en el marco de las medidas y acciones de la Alerta de Violencia de Género, se publique oficialmente la Ley contra Desaparición Forzada ya aprobada por la LIII Legislatura, y que a nivel nacional se tome en cuenta verdaderamente a las organizaciones y familiares de las y los desaparecidos. ¡Vivas y vivos los llevaron, vivos los queremos!
Las 74 organizaciones de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, haremos la presentación de la Agenda de Derechos Humanos, Ante la Adversidad y la Indignación: La construcción Colectiva. Este 2 de septiembre a las 11 a.m. en la Casa Lamm, en la Ciudad de México y próximamente en Morelos.

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