Desaparición forzada y lucha colectiva

Marco Aurelio Palma Apodaca y José Martínez Cruz

Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Este lema zapatista se escucha en marchas y movilizaciones a tres años del gobierno de Peña Nieto. La violación creciente y sistemática de los derechos humanos tiene causas políticas, estructurales, donde el capitalismo neoliberal y privatizador agudiza la desigualdad económica y la injusticia social, a través de la violencia institucional que militariza, asesina, desaparece e impone autoritariamente sus decisiones violando la voluntad democrática de la mayoría del pueblo. En México, es uno de los países cuyos gobiernos usan la desaparición forzada para silenciar a sus detractores e infundir miedo, denunció Amnistía Internacional (AI). Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, presentó un reporte con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que revelan que desde 2007 casi 25 mil personas habrían desaparecido en México, esto es durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto. Casi la mitad de las desapariciones, 12 mil 500, ocurrieron durante la actual administración. Al enlistar casos emblemáticos de desaparición forzada, Amnistía Internacional mencionó el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que tuvo gran impacto a nivel mundial. Aún con la atención mundial en el caso, las autoridades mexicanas han fallado en investigar apropiadamente todas las vertientes del caso, especialmente las preocupantes críticas sobre la complicidad de las fuerzas armadas. La organización ha solicitado el Gobierno de México resolver el problema de los desaparecidos y ha organizado una campaña de cartas en español llamada #Noesnormal, instando a Peña Nieto, a que investigue adecuadamente las miles de desapariciones. México es un país de impunidades, en los agravios acumulados: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo, Ostula, Calera. Las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, son hechos oprobiosos que se sumaron las masacres de Apatzingán y Ecuandureo, en Michoacán este 2015. Luego vinieron las ejecuciones en Calera, Zacatecas, y los actos de represión en Ostula. En todas ellos han participado fuerzas federales de seguridad. Por ello es necesario traer a la memoria las palabras de Rosario Ibarra: El 28 de agosto de 1978, a las 11 de la mañana, decidimos iniciar una huelga de hambre en el corazón del país, donde desde 1968 (ya 10 años) no se había realizado ningún acto de protesta. En desigualdad de fuerzas, cuando nadie pensaba que era fundamental la lucha por los derechos humanos, cuando nadie se organizaba para su defensa, los familiares fuimos el motor de un gran movimiento: una huelga de hambre en la Catedral de México, a un lado de Palacio Nacional, símbolo del poder, sede de la Presidencia de la República y en vísperas del segundo informe de gobierno de José López Portillo. El gobierno mexicano no prestaba atención a los familiares del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, hoy ¡Eureka!; las cárceles estaban llenas de presos políticos, 57 exiliados deseaban regresar a su patria; los perseguidos escondiéndose de la furia de la Dirección Federal de Seguridad, de las fuerzas armadas y de la Brigada Blanca, pues podrían correr la misma suerte de los cientos de desaparecidos cautivos en las prisiones clandestinas, campos militares y bases navales. Pretendíamos que se aprobara una ley de amnistía, lo cual se logró gracias a la decisión y a la voluntad de lucha de los familiares y de la gran difusión y solidaridad nacional e internacional. El Estado mexicano, desde sus comandantes supremos de las fuerzas armadas, pasando por procuradores y secretarios de Gobernación, ha hecho escarnio durante 40 años del dolor de los familiares de los desaparecidos. Los abogados de la nación, es decir, los procuradores, durante décadas negaron la existencia de los desaparecidos, hasta hoy que la magnitud de sus actos criminales los ha dejado en evidencia; las desapariciones forzadas y asesinatos cometidos por las fuerzas armadas o policías y por diferentes grupos armados fueron cometidos al amparo, con el resguardo, bajo la tutela e impulsados por el propio gobierno. Este terrorismo es política de Estado, que sólo ha cambiado de métodos y tácticas, pero para ¡Eureka!, el único criminal responsable de todas las desapariciones forzadas sigue siendo el mismo: el mal gobierno de México. Por una ley que erradique la desaparición forzada y castigue a los culpables. Por ello en Morelos seguimos demandando que, en el marco de las medidas y acciones de la Alerta de Violencia de Género, se publique oficialmente la Ley contra Desaparición Forzada ya aprobada por la LIII Legislatura, y que a nivel nacional se tome en cuenta verdaderamente a las organizaciones y familiares de las y los desaparecidos. ¡Vivas y vivos los llevaron, vivos los queremos!
Las 74 organizaciones de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, haremos la presentación de la Agenda de Derechos Humanos, Ante la Adversidad y la Indignación: La construcción Colectiva. Este 2 de septiembre a las 11 a.m. en la Casa Lamm, en la Ciudad de México y próximamente en Morelos.

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