Estado represivo y ley contra desaparición forzada.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.

Defender los derechos humanos frente a un Estado represivo es un compromiso de vida. Decir Fuera Peña, fue el Estado, es elevar la voz de indignación ante un gobierno represivo, antidemocrático, autoritario y violador de derechos humanos, que está únicamente al servicio del gran capital de la oligarquía y las trasnacionales. Estos tres años han significado mayor miseria, hambre, desempleo, bajos salarios, violencia, muerte, desapariciones, feminicidio, militarización e injusticia social. Ningún avance para la vida digna de las personas ha significado el paquete de reformas aprobado por el gobierno con todos los partidos que integraron el mal llamado pacto por México, que mostró claramente que por encima de la voluntad ciudadana se encuentran los privilegios de la burocracia de todos los partidos que avalaron estas criminales reformas. Ante la creciente inconformidad popular, expresada en miles de movilizaciones en todo el país, el Estado refuerza su poder militar y policíaco, reprimiendo, persiguiendo, encarcelando a personas que protestan y luchan, desapareciendo a activistas y generalizando la práctica de la desaparición forzada a decenas de miles de personas en todo el país, incrementando la inseguridad y los ataques contra la vida y la libertad de mujeres y niños, el feminicidio, la explotación infantil, la trata de personas y la persecución a migrantes y criminalización de los jóvenes. En todas estas políticas el gobierno de Morelos ha seguido el mismo derrotero que el gobierno federal. No hay diferencia cualitativa entre las políticas que aplica Peña Nieto y Graco Ramírez. Los une los mismos objetivos de fortalecer el capital y sus privilegios. Por ello, es que este primero de septiembre denunciamos a los malos gobiernos que no representan los intereses de la mayoría de la población. No aceptamos sus políticas privatizadoras y represivas.

En este contexto, destacamos avances importantes del movimiento el hecho que a partir de este jueves 2 de septiembre de 2015, entró en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales y aprobada por la recién extinta LII legislatura. Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, hijas, padres, madres y hermanos. (El texto íntegro se puede consultar en: http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2015/5326.pdf) En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito. También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada;  establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada. Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal deberá emitir a la brevedad la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Al respecto consideramos importante no esperar todo este tiempo y  que ésta convocatoria se emita a la brevedad posible para sentar precedente nacional, ahora que se está discutiendo la Ley General. El Mecanismo y su consejo consultivo conocerá de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, y estará integrado por cinco representantes de instituciones y dos representantes de organizaciones civiles. Su función será dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso. Además, prevé la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos. El estado a través de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creará una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema. Lo que sigue es exigir la aplicación de esta Ley y sobre todo eliminar las causas políticas de la desaparición, por lo que es un compromiso de lucha y un llamado a la consciencia social para decir: Nunca más!

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