A un año de Ayotzinapa no olvidamos.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

En el aniversario de los 43 de Ayotzinapa, éste 26 de septiembre en Morelos marcharemos a las 5 de la tarde del Calvario al zócalo de Cuernavaca.

El mayor enemigo de la justicia es el silencio y la indiferencia. Ante la barbarie cotidiana que estamos padeciendo es necesario elevar la voz de protesta en las calles y plazas. A un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no callamos ni aceptamos lo inaceptable: vivos se los llevaron, vivos los queremos. El gobierno de Peña Nieto está en el banquillo de los acusados por este delito de lesa humanidad, y ante los ojos del mundo se ha demostrado la responsabilidad del Estado al aplicar una estrategia de terrorismo militarista contra los movimientos sociales para imponer sus reformas neoliberales y terminar con las protestas que se expresan en todo el país. En México existe un patrón de impunidad generalizada en los más de 27 mil desaparecidos y en los más de 4 mil feminicidios, así como en los cerca de 150 mil asesinatos entre los que se incluyen ejecuciones extrajudiciales y masacres cometidas por militares y policías. Y una vez que se ha demostrado que el gobierno miente abiertamente desde la presidencia y de la PGR, la crisis política abierta por Ayotzinapa es de dimensiones históricas. Así lo expresarán miles de personas marchando por las calles este fatídico 26 de septiembre que se cumple un año. Además de las voces del pueblo y las organizaciones, instancias internacionales y expertos han denunciado esta mentira histórica y jurídica. Amnistía Internacional dijo que son infundadas las afirmaciones del gobierno de México sobre la identificación de los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz por lo que pidió dejar de jugar con las vidas y esperanzas de los familiares de los estudiantes desaparecidos y buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa a como dé lugar. La coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del joven Jhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el Equipo Argentino de Antropología Forense como un resultado identificatorio definitivo. Es fundamental señalar que los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y en particular las dos familias sobre las que PGR presentó resultados en conferencia de prensa, tuvieron sólo unos minutos para enterarse de lo que se iba a anunciar públicamente. El EAAF, junto con los abogados del Centro Prodh y Tlachinollan, quiénes representan legalmente a los familiares de los 43 estudiantes, se reunieron con las familias afectadas para poder explicarles los nuevos resultados del laboratorio de Innsbruck. El riesgo de filtraciones señalado como razón de la urgencia en la comunicación pública de resultados, corre así el riesgo de acabar con el derecho de las víctimas a conocer los hechos sobre sus familiares desaparecidos, con el debido tiempo y asistencia necesaria. El EAAF solicita a PGR que respete los compromisos asumidos en cuanto al trato a los familiares de los normalistas; ninguna familia debería enterarse de este modo de noticias tan delicadas sobre el posible destino de su familiar desaparecido.  Sobre la contundencia de las “resoluciones” de la PGR, el EAAF concluyó que “no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero con aquellos recuperados, según la PGR, en el río San Juan”.

La exigencia de los expertos de la ONU al gobierno para que garantice el derecho a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria de las víctimas de desaparición forzada de la guerra sucia demuestra el terror que ha ejercido el Estado contra la población civil, y que sólo aparenta cumplir con los tratados y convenios internacionales que ha firmado. “El ejemplo más claro es el de los estudiantes desaparecidos en Iguala. El mundo entero sabía de ellos y el Gobierno tardó meses en incluirlos en su base de datos”, subrayó. El experto de la ONU recordó que una de las principales conclusiones del último informe del Grupo sobre México incidía en “la impunidad generalizada”. La militarización no es la solución. El Relator Especial observa además que es bien sabido que, en cualquier país, a los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar. Por lo general, la forma en que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público. El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación policial, se centra en la prevención, la detención, la investigación y el enjuiciamiento, y solo contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el recurso a la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de vidas humanas. El Relator Especial advierte que la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos. Además, no hay suficiente rendición de cuentas por esos actos en el sistema de justicia militar, el cual carece de independencia y transparencia y ha sido sistemáticamente incapaz de enjuiciar de manera efectiva a los soldados señalados de participar en la desaparición de los estudiantes. Estos problemas son particularmente acuciantes en México y deben ser objeto de medidas inmediatas. En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 con el fin de analizar la crisis de derechos humanos que enfrenta el país. La Comisión convocará reuniones con la sociedad civil mexicana tanto en el D.F. como en los otros estados que visitarán.  Los ojos del mundo están puestos en México y el pueblo puede mostrar la capacidad de indignación y organización mediante la lucha y la esperanza de que a un año Ayotzinapa no quede en el olvido.

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