Archivo mensual: octubre 2015

51 años de vida y resistencia del mercado ALM

Marco Aurelio Palma Apodaca.

Nuestro mercado popular ALM edificado en 1964 mañana cumplirá más de medio siglo de vida y a lo largo de todo ese tiempo ha logrado consolidar una gran comunidad de personas (mestizas e indígenas) que día a día interactuamos dentro de un complejo tejido social lleno de prácticas, formas y costumbres propias. En el Mercado ALM se resiste y se lucha cotidianamente contra las grandes cadenas de supermercados nacionales e incluso también contra transnacionales, en condiciones diametralmente desiguales. Se lucha contra la globalización económica, y sobre todo contra los continuos deseos gubernamentales por privatizar dicho espacio público a partir de los nombrados “Proyectos de Remodelación y/o Modernización” (y como ejemplo de ello podemos citar el ya derrotado “Proyecto Garrigos- 2011” y posteriormente el conocido “Proyecto Mitre- 2013”), en donde ha quedado de manifiesto que los funcionarios en turno, solo han buscado generar acuerdos y grandes negocios con la Iniciativa Privada que nunca han dejado de insistir en tales objetivos y tal es el caso que en estos días ya surgió un nuevo “Proyecto Integral de Rescate del ALM 2015” que se elaborara con la participación del Colegio de Ingenieros y Arquitectos con el apoyo de los nefastos representantes de las Agrupaciones Unidas de dicho centro comercial y la intervención además de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que en los próximos meses supuestamente ya se tendrá listo para darlo a conocer a un grupo de Diputados Federales. En caso de que se logre tener un “Plan de Inversión Global” así como un “Anteproyecto Arquitectónico del ALM” el Movimiento 17 de mayo señalamos que se debe de socializar y consultar previamente y de manera informada con toda “base general de los comerciantes” (es decir con los más de 5, 500 comerciantes) tal como lo establece nuestra Constitución Federal. Consideramos además y en forma unánime de que es necesario levantar ya a nuestro mercado de la crisis y el abandono oficial- pero sin dejar de escuchar primero las múltiples voces, propuestas y “Diagnósticos” técnicos (tal como los concretados en pasados meses por los/as comerciantes agrupados en el “Movimiento 17 de Mayo”) que ya se encuentran incluso sistematizados y que surgen de la base y necesidades reales de los verdaderos comerciantes (comprometidos y pensantes) y no por cualquier grupo de tecnócratas de escritorio. El Mercado ALM ya cuenta con más de medio siglo de vida y sin embargo sigue en pie y resistiendo a las acciones e intenciones del gobierno por privatizarlo. Las autoridades en turno nos toman poco en cuenta, pero LES RECORDAMOS QUE TENEMOS EL DERECHO CONSTITUCIONAL A QUE SE NOS CONSULTE PREVIAMENTE si es que se pretendiera en un momento dado realizar una megaobra en el ALM y sus remodelaciones y mejoras al igual, deberán ser siempre socializadas y consensadas de manera colectiva, pues las experiencia anteriores no han sido muy positivas con los llamados “Proyecto Garrigos” o “Proyecto Mitre” que en esencia no les importaba dejar sin espacio ó establecimiento de trabajo a cualquier grupo de pocos ó muchos comerciantes del ALM. A la iniciativa privada y a la mayoría de los funcionarios y políticos no les interesa la identidad social ni las formas de vida tradicional de los más de cinco mil comerciantes y demás personas que sobreviven actualmente dentro y fuera de dicho centro de abasto que fuera considerado en su momento uno de los más grande del país, de diversas maneras imponen proyectos para beneficios políticos sin importar que eso provoque división de las y los comerciantes. Actualmente nuestro mercado ALM sufre una crisis en todo los sentidos, ya que por ejemplo los pisos, drenaje, redes eléctricas e hidráulicas presentan malas condiciones tanto físicas como materiales al grado de que la nave monumental construida por el Arquitecto Pani se encuentra en el abandono gubernamental (es decir en “obra negra”) y la misma ya muestra una serie de cuarteaduras en el techo y  hasta la fecha no ha sido reparada tras el gran incendio de agosto de 2010. Por lo mismo hoy más que nunca, es necesaria la organización de todas y todos los comerciantes, hoy estamos generando un plan de acción como M17 de mayo que cambie las cosas en aras de un beneficio colectivo. estamos trabajando con las y los jóvenes la propuesta de hacer “promotores” que defiendan a nuestro mercado popular con toda su energía e ideas nuevas, a la luz de las experiencias más positivas de nuestros viejos fundadores, es decir de las y los adultos mayores que han venido forjado durante décadas la identidad de nuestro Mercado ALM, urge transformarlo pues se encuentra lleno de carencias; el abandono oficial y social se refleja en cada una de sus áreas y pasillo; es necesario su rescate sin imposiciones de ningún tipo, estamos luchando para que se tomen en cuenta todas nuestras voces de manera democrática. ¡Ya no podemos permitir que el ALM continúe en esta grave crisis! ¡Ya no podemos mantenernos indiferentes! ¡Hoy ya es tiempo que dignifiquemos nuestro Mercado con mayor organización colectiva, y con mayor conciencia social!

Así que también asistiremos a “Marcha-Mitin por los 43” el lunes 26 de octubre a partir de las 5 pm de la tarde, saliendo del conocido chapitel de la iglesia del Calvario al “Zapatita” del Zócalo de Cuernavaca, Iluminar la esperanza por los 43 y por los miles de desaparecidos/as en el país.

Deja un comentario

Archivado bajo CIDH, Derechos Humanos

Feministas, derechos humanos y Alerta.

Juliana García Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

En el Encuentro Feminista realizado en Toluca presentamos un exhorto al Gobierno de Morelos, para que se apliquen todas las medidas de Alerta de Violencia de Género. Las dos jóvenes mujeres cruelmente privadas de la vida en la zona sur de Morelos, sumadas a decenas de casos en 2015, luego de los 633 documentados desde 2000 al 2013, muestran la urgente necesidad de luchar a fondo contra el feminicidio impune sin simulaciones. Feministas y defensoras de derechos humanos hemos elevado nuestra voz en diferentes foros y espacios, a nivel nacional e internacional, ante la gravedad de las violencias que terminan dañando gravemente las relaciones sociales y poniendo en cuestión los derechos humanos de todas y todos. Colocar en la Agenda de Derechos Humanos éste tema con 75 organizaciones de la REd Tdt y cientos de mujeres en el Encuentro Nacional Feminista, muestra que socialmente avanza la toma de conciencia. Desafortunadamente, no ocurre lo mismo en las esferas gubernamentales, donde la simulación y omisión sigue siendo la tónica, en lugar de transparentar todas las medidas para garantizar la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres, ​las estadísticas muestran que van a la alza, es urgente que el Gobierno del Estado de Morelos actúe, ya que ha declarado mucho y ha realizado muy poco, tiene un plan de trabajo y no lo aplica no les vemos interés, disposición. La Alerta de Violencia de Género establece medidas urgentes de prevención, de atención, que permita erradicar la violencia feminicida e impune en la entidad. Es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto.

El problema de la violencia que vive la entidad, se ha incrementado y los casos de violencia tanto a mujeres periodistas, como a mujeres defensoras de los derechos humanos siguen en aumento a pesar de que estamos en un proceso de que se apliquen las acciones urgentes para erradicar la violencia.

En el caso de desaparición forzada, la modificación al artículo 73 constitucional obliga al Gobierno federal a emitir una ley general contra la desaparición forzada, teniendo como plazo máximo enero del 2016. En ese terreno, en Morelos, se logró que la anterior legislatura, en su última sesión ordinaria, lograra aprobar la ley para atender la desaparición forzada en Morelos, lo cual será un instrumento para la ley general que se debe llevar a cabo y que está en discusión.

En Morelos la tortura ha sido utilizada de manera creciente por policías del Mando Único y elementos del Ejército. Por eso consideramos que la Ley General  debe tipificar la tortura en toda la República con arreglo al estándar más amplio de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y velar por que las legislaciones federales y estatales contemplen todas las obligaciones y garantías derivadas de la prohibición absoluta de la tortura, como la de investigar, juzgar y sancionar en forma pronta, independiente, imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del delito, y la reparación de las víctimas.

Hay un problema de Estado por la impunidad en la base de la defensa de los derechos humanos, pese al avance en términos jurídicos y legales, hay un evidente deterioro en la práctica, hay políticas que no hacen posible que esas leyes aprobadas tengan una aplicación como lo han denunciado organismos internacionales.

La creciente criminalización y represión contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo víctimas de la violencia del Estado, defensoras y defensores comunitarios, colaboradores de organizaciones de la sociedad civil, así como personas comunicadoras que buscan visibilizar las situaciones de violencia en el país, son temas de la agenda de las 75 organizaciones de la red “Todos los Derechos para todas y Todos” los aspectos generales de los derechos humanos en México. La tierra y el territorio, violencia e inseguridad, mujeres y agenda LGBTTTI, derechos humanos y políticas públicas, Movilidad humana, y derecho a defender los derechos, que son campos de lucha, esta agenda plantea el problema y cuáles son los principales derechos que están en disputa actualmente en el país, lo que arroja la grave crisis que prevalece porque en lugar de que las políticas que el gobierno lleva a cabo pudieran representar la plena vigencia de los derechos humanos, puesto que hay modificaciones constitucionales, el artículo 1ro. ha modificado diversos instrumentos nacionales como internacionales, incluso, se ha adecuado a los tratados y convenios internacionales para que sean vigentes en nuestro país.

Las violaciones a los derechos humanos van constituyendo cadenas de agresiones, construyendo un contexto cada vez más complejo para la defensa de los derechos humanos. Esto es parte del reto histórico que ha significado abordar los derechos humanos desde una perspectiva integral no sólo transversal, sino incluyente.

Esta Agenda es un posicionamiento político compartido entre las organizaciones que integran la Red TDT, y también una reafirmación de su compromiso para buscar la vigencia plena de los derechos humanos para todas y todos; una oportunidad de construir diálogos, alianzas y convergencias con otros actores sociopolíticos redes, organizaciones, colectivos, movimientos sociales, ciudadanas y ciudadanos interesados en el pleno respeto de los derechos humanos; y una exigencia al Estado para que escuche y atienda a la sociedad en su conjunto.

Convocamos a toda la sociedad a atenta mostrar la capacidad de indignación y organización.

Deja un comentario

Archivado bajo articulos, derechos de las mujeres, Feminicidio, violencia contra mujeres

Tortura en Morelos y propuestas para la Ley General contra la Tortura.

En Morelos la tortura ha sido utilizada de manera creciente por policías del Mando Único y elementos del Ejército. Por eso consideramos que la Ley General  debe tipificar la tortura en toda la República con arreglo al estándar más amplio de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y velar por que las legislaciones federales y estatales contemplen todas las obligaciones y garantías derivadas de la prohibición absoluta de la tortura, como la de investigar, juzgar y sancionar en forma pronta, independiente, imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del delito, y la reparación de las víctimas; considerando a la tortura como todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica

Durante los años recientes la presencia del Mando Único y del Ejército en las calles ha significado el crecimiento de las violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que no han cometido delito alguno. Actualmente se ha creado una Coordinación Estatal de Seguridad Pública que ha establecido operativos de detención de jóvenes que transitan en motocicletas, y se han multiplicado las denuncias por abusos, malos tratos y golpes, torturas y detenciones arbitrarias. Esta lógica de militarización y estado policiaco implican no solo tortura individual, sino un terrorismo de estado que termina sembrando el miedo y tratando de paralizar la protesta social. En este sentido, impedir la labor de documentar hechos de tortura en personas privadas de su libertad atenta contra su derecho a la investigación de estos hechos y el acceso a la justicia.

Alejandro Avila Ortega fue torturado por policías federales para que se confesara culpable de secuestro en Morelos. Su caso fue documentado por el Relator Especial sobre Tortura de la ONU. La tortura y los malos tratos son generalizados en México. El Relator Especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas. La mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada. Es difícil conocer un número real de casos de torturas. No existe actualmente un registro nacional de casos y cada entidad tiene datos propios. Asimismo, muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad. Igualmente el número de denuncias y quejas es muy alto. La tortura se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos. La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. En Morelos hemos recibido diversas denuncias de esta clase de atropellos y torturas,  cuyas quejas han sido presentadas ante diversas instancias, sin que hasta la fecha haya habido una acción de la justicia para reparar el daño y para hacer justicia. Uno de estos casos es el de Alejandro Ávila Arteaga, que nos permite abordar algunas de las principales propuestas elaboradas por decenas de organizaciones de la sociedad civil, entre las que participan varias que forman parte de la Red Todos los derechos para todas y Todos, mismas que compartimos, como son las siguientes:

Para enmarcar el análisis de la regla de exclusión de la prueba ilícita o indirectamente mediante la tortura u otras violaciones a derechos humanos, es necesario incluir los criterios de la Corte Interamericana mismos que son directamente vinculantes en sus términos para toda autoridad judicial del país.

Para garantizar la plena implementación de la regla de exclusión en el contexto mexicano, la Ley General debe asentar de manera textual que en el proceso penal carecerá de todo valor probatorio la declaración rendida ante una autoridad distinta a la judicial, así como la que se rinda sin abogado defensor o, en su caso, sin intérprete o traductora.

De igual modo, debe establecerse la invalidez del valor preferente que pudieran tener las primeras declaraciones de una persona detenida, disponiendo la inaplicabilidad del criterio de la llamada “inmediatez procesal”, para eliminar la posibilidad de que la intimidación, coacción o presión en el momento de la detención influyan en la valoración de pruebas en el proceso.

Adicionalmente, las autoridades investigadoras y judiciales tienen la obligación de excluir del cuerpo probatorio de los procesos de los cuales conozcan toda prueba en cuya obtención hubieran mediado hechos constitutivos de tortura. Ello toma especial relevancia en las fases preliminares de la actuación de las autoridades de procuración de justicia o de las autoridades judiciales, ya que no debe permitirse que pruebas obtenidas directa- o indirectamente mediante la comisión de tortura sigan siendo utilizadas en las investigaciones y procesos.

Además de actos de tortura la Ley debe establecer explícitamente que las siguientes violaciones a derechos humanos en el marco de las detenciones generen la inadmisibilidad de cualquier prueba obtenida a partir de la violación: detención ilegal o arbitraria, allanamiento ilegal de morada, incomunicación, retención prolongada de manera injustificada, interrogatorio sin presencia de defensor/a, retención en instalaciones militares, o la obtención de una declaración rendida bajo arraigo.

Finalmente, es importante recordar que las actuaciones violatorias de derechos humanos, como lo es la tortura, pueden tener por efecto la invalidez de todo el proceso cuando las únicas pruebas de cargo resultan ser pruebas ilícitas o cuando las violaciones a derechos humanos contaminan la totalidad de las pruebas de manera tal que no es posible afirmar que existan pruebas independientes, por lo que la consecuencia de dichos actos no se puede limitar a la reposición del procedimiento, sino que tendrá que implicar el fin del proceso penal y, en su caso, la inmediata puesta en libertad de la persona procesada. Retener y/o seguir procesando a la persona en ausencia de pruebas en su contra, constituiría una detención arbitraria.

 Dada la relevancia de la documentación médica y psicológica de la tortura, la Ley debe establecer que las personas imputadas penalmente quienes denuncien el uso de la tortura para coaccionar o generar pruebas, tendrán derecho a un peritaje médico y psicológico independiente, profesional e inmediato practicados por expertos(as) seleccionados(as) por la defensa. En caso de no poder realizarse tales exámenes, cualquier prueba impugnada por tortura debe ser excluida.

Recordamos que además de la obligación general de garantizar la independencia e imparcialidad en la investigación de cualquier violación a derechos humanos, las directrices específicas aplicables a la documentación de las secuelas médicas y psicológicas de la tortura son las contenidas en el Protocolo de Estambul. Según sus principios, los Estados tienen la obligación no solamente de tomar en cuenta peritajes independientes, sino que en casos de falta de independencia e imparcialidad de las autoridades se deben buscar peritajes externos e independientes. El Protocolo también dispone que: “el detenido tendrá derecho a obtener una segunda o distinta evaluación médica a cargo de un médico calificado”.

Lo anterior cobra relevancia a la luz del actual uso parsimonioso de los dictámenes médico-psicológicos especializados de las diversas procuradurías del país como herramientas para invisibilizar y encubrir la tortura en vez de documentarla. En 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) aplicó su dictamen en menos de 1 de cada 5 averiguaciones previas abiertas por tortura, y de los 206 dictámenes aplicados, en sólo 6 casos reconoció secuelas de tortura. A nivel estatal, sólo hay 3 dictámenes que reconocen secuelas de tortura en el país en los últimos 5 años. Es decir, si los únicos peritajes practicados o valorados son los ministeriales, las mismas instituciones que sostienen acusaciones penales en contra de las personas denunciantes de tortura sistemáticamente afirman que no existen huellas de tortura, un efecto previsible de su falta de independencia y su interés primordial en no reconocer que sus acusaciones se sostienen en parte o totalmente en pruebas ilícitas. Lo anterior hace necesario tomar en cuenta peritajes independientes.

La Ley General debe establecer la obligación de toda autoridad de denunciar aquellos posibles actos de tortura de los que tenga conocimiento de manera inmediata, de las autoridades de procuración de justicia de iniciar ex oficio y de inmediato una investigación penal ante cualquier denuncia o indicio de la comisión de actos de tortura, así como la obligación de los organismos públicos de documentar la tortura inmediatamente después de recibida la queja y de remitir sus eventuales peritajes y recomendaciones a los órganos de procuración de justicia y judiciales competentes, en su caso. Es importante establecer expresamente que cuando la autoridad judicial de vista sobre posibles hechos constitutivos de tortura, se entienda como denuncia penal ante la autoridad correspondiente.

Actualmente, la práctica de las instituciones de procuración de justicia es no abrir investigaciones en todos los casos de denuncias o indicios de tortura, y/o de condicionar la realización de diligencias a la acreditación de huellas físicas o psicológicas de tortura mediante los dictámenes médico-psicológicos especializados aplicados por las procuradurías muchas veces meses o años después de los hechos denunciados. Lo anterior contradice el Protocolo de Estambul y no es congruente con las técnicas de investigación aplicadas en otros delitos de violencia.

Finalmente, la Ley debe contemplar que las instituciones de procuración de justicia asegurarán que las víctimas cuenten con todas las condiciones necesarias para poder interponer su denuncia, incluyendo entre otros: disponer de personal del sexo femenino para recibir a víctimas mujeres y de personal capacitado para la atención a niños y niñas; contar con mecanismos y protocolos para facilitar la denuncia por personas no ciudadanas y/o que se encuentren en el extranjero; disponer de acceso a intérpretes para facilitar la denuncia por parte de personas cuya lengua materna no sea el español; y tomar las declaraciones de personas con discapacidad en un formato adecuado.

En particular, la Ley que apruebe el Congreso de la Unión deberá prever que cuando las autoridades de los estados de la República no hayan tenido la capacidad o la voluntad de llevar a juicio a las personas responsables de haber cometido tortura, las autoridades federales estarán facultadas para conocer de los casos correspondientes.

Además, las autoridades federales deberán ser competentes de delitos constitutivos de tortura, que en principio serían de competencia local, cuando:

  1. El hecho constitutivo del delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas;
  2. La vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real;
  3. La víctima u ofendido hubiere señalado como probable autor o partícipe a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;
  4. Se pueda ver comprometida la responsabilidad internacional del Estado;
  5. Por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación;
  6. La autoridad local se exceda del plazo razonable para la investigación del delito de tortura.

La Ley debe establecer que la investigación de la tortura se guiará por los principios del Protocolo de Estambul y que las diligencias se realizarán de inmediato en el caso de aquellas relacionadas con la documentación de secuelas físicas de la tortura, y de manera pronta en el caso de otras diligencias necesarias.

La investigación de la tortura debe comprender la búsqueda de cualquier elemento probatorio relevante para esclarecer los hechos, incluyendo mediante la prueba circunstancial, e identificar no sólo a los autores materiales sino también a los autores intelectuales, con el fin de sancionar a los mismos.

Como mínimo, la autoridad competente debe incorporar como medios probatorios dentro de la investigación: cualquier constancia, examen o peritaje médico o psicológico disponible, incluyendo los realizados por personas independientes o adscritas a los organismos públicos de derechos humanos, sin restarles peso o valor probatorio por el mero hecho de no ser documentos oficiales o ministeriales. Asimismo, no se podrá exigir que todo elemento de prueba médico o psicológico cumpla con la totalidad de los requisitos del Protocolo de Estambul, sino que en la medida en que la persona que expida la constancia o documento cuente con la experiencia y pericia necesarias para documentar el o los hechos que consten en el mismo, debe ser considerado un elemento de prueba que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

Además de investigar los actos físicos o psicológicos de tortura, es fundamental que la autoridad se avoque a la documentación de los delitos auxiliares de la tortura, tales como: la detención arbitraria; la retención irregular o por autoridades no competentes; y la incomunicación y/o demora injustificada en la puesta a disposición. El esclarecimiento de tales actos sistemáticamente vinculados a la tortura es importante para aportar elementos de prueba que puedan ayudar a acreditar el testimonio de la presunta víctima y el contexto de ilegalidad en el que actuaron las autoridades implicadas.

Independientemente de la obligación de allegarse de todas las pruebas relevantes, la autoridad tendrá la obligación inmediata, en caso de no existir peritajes médicos o psicológicos que acrediten los actos de tortura denunciados, de ofrecer a la víctima la realización de tales peritajes, previo el consentimiento informado y libre de esta. De preferencia, los peritajes se deben realizar por expertos y expertas independientes, nombrados por la autoridad ministerial para este propósito.

Es de suma importancia que la Ley General recupere los diversos aspectos de esta recomendación del Relator sobre Tortura, ordenando, entre otras cosas:

  • Que los exámenes médicos y psicológicos realizados en el marco de esa normatividad se practiquen conforme al Protocolo de Estambul y con el objetivo enunciado en dicho instrumento de documentar y correlacionar cualquier secuela de actos de tortura o TPCID con la narración de la víctima;
  • Que las personas a quienes se aplican los exámenes, y a su defensa, se le entregue una copia del dictamen médico y/o psicológico que se desprenda de la práctica del examen;
  • Que en todo momento se solicite a la persona examinada el consentimiento informado para la práctica del examen,[1] y que los exámenes se practiquen sin la presencia de agentes de seguridad, custodios u otros funcionarios;[2]
  • Que los exámenes médicos y psicológicos se practiquen con plenas garantías de seguridad para la persona examinada, en lugares seguros, higiénicos, así como con sensibilidad, profesionalismo y perspectiva de género por parte de las personas examinadoras;
  • Que la ausencia de secuelas físicas visibles de tortura en el momento del examen no sea utilizada como justificación para acreditar la ausencia de tortura, cerrar la investigación, limitar la práctica de otras diligencias relevantes o determinar automáticamente el no ejercicio de la acción penal, tomando en cuenta que el Protocolo de Estambul reconoce que muchos actos de tortura no dejan huellas visibles y que “en ningún caso se considerará que la ausencia de señales físicas indica que no se ha producido tortura, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes” (párr. 161). En este sentido, hace falta valorar debidamente las pruebas disponibles, incluyendo el testimonio de la víctima, acerca de aquellos síntomas agudos que ya no estén presentes: “Con frecuencia, la relación detallada de las observaciones del paciente sobre lesiones agudas y su ulterior proceso de curación son una importante fuente de información que puede corroborar denuncias concretas de tortura o malos tratos.” (párr. 172). Por otro lado, es preciso “Obtener información sobre dolencias físicas que a juicio de la persona estén asociadas a la tortura o a los malos tratos” (párr. 171).
  • Que la persona examinada tiene derecho a impugnar judicialmente el resultado del dictamen médico o psicológico, así como el de oponer un peritaje particular en discordia con el que realice el Estado.

Finalmente, mención particular merece la práctica de la tortura sexual a mujeres. Es fundamental que se reconozca dentro de la exposición de motivos, que de acuerdo con los estándares internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra  México, de observancia obligatoria para las autoridades, la violencia sexual constituye “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. Es decir, es una forma paradigmática de violencia y discriminación contra las mujeres. La violencia sexual se configura, tal como lo estableció el Tribunal Interamericano “con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno”. Por lo que en virtud de su intencionalidad, severidad y propósito, pueden constituir actos de tortura. En ese sentido, todas las autoridades están obligadas a aplicar las directrices establecidas por la Corte Interamericana al momento de resolver asuntos que involucren violencia sexual contra la mujer, incluyendo cuando constituyan actos de tortura.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

[1] Cfr. Protocolo de Estambul, párr. 83: “Los expertos médicos que participen en la investigación de torturas o malos tratos se conducirán en todo momento conforme a las normas éticas más estrictas y, en particular, obtendrán el libre consentimiento de la persona antes de examinarla. Los exámenes deberán respetar las normas establecidas de la práctica médica.”

[2] El Protocolo de Estambul dispone en su numeral 83 que los exámenes “se llevarán a cabo en privado bajo control del experto médico y nunca en presencia de agentes de seguridad u otros funcionarios del gobierno.”

Deja un comentario

Archivado bajo articulos, Tortura

Globalizar la lucha, internacionalizar la esperanza

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apocaca.

En calles y plazas del mundo resuenan las voces de protesta. De Tlatelolco a Ayotzinapa: fue el Estado. Ni olvido ni perdón. Marchamos por calles y plazas de Cuernavaca. Y no callamos. Elevamos nuestra voz: castigo a los asesinos y justicia para los caídos del 2 de octubre y los desaparecidos del 26 de septiembre. A 47 años del trágico dos de octubre en Tlaltelolco y a un año de la desaparición de normalistas en Ayotzinapa, las organizaciones sindicales y sociales que integran el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, salimos a las calles este dos de octubre, para exigir justicia y verdad, en los crímenes de lesa humanidad que existen en México. Uno de los temas más delicados y pendientes en Morelos es la aplicación de la alerta de violencia de género, por ello entregamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un reporte pormenorizado sobre las violencias contra defensoras, el feminicidio y las desapariciones en Morelos, para que a nivel internacional se vigile el cumplimiento de todas las recomendaciones sobre la implementación de la Alerta de Violencia de Género girada sobre la entidad. Eso mismo haremos del conocimiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) durante su visita este 5 de octubre. La declaratoria de alerta por violencia de género en Morelos ha resultado ineficaz, de ahí la importancia de ir a otras instancias internacionales a solicitar apoyo para que las disposiciones dictaminadas en la alerta de género, realmente se cumplan. El acercamiento que el gobierno estatal ha mantenido con la sociedad civil organizada ha sido mínimo y los casos de violencia en contra de las mujeres se siguen repitiendo ya que las acciones no han resultado efectivas. Por ello se recurrirá formalmente a instancias internacionales como la CIDH y la OACNUDH. También hemos planteado temas relevantes como nuestra oposición al Mando Único de Graco y Peña Nieto, pero de ahí a estar de acuerdo en que sea el Ejército, como quieren Blanco, el Obispo, los panistas y los dirigentes de la Coordinadora, por supuesto que no. Exigimos Seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos. No es con militares ni más policías,  lo fundamental para enfrentar la violencia estructural en Morelos. Esta realidad de situación extrema de violencia, inseguridad, pobreza, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada e impunidad, fue expuesta por la CIDH, quien sostuvo que la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos, por lo que México vive una grave crisis de derechos humanos. El efecto de esta violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros. La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y contra periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos. Sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos, Guerrero, la CIDH respaldó el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido por el organismo a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos, muertos y heridos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Los problemas descriptos, sostuvo el organismo, son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación. En sus observaciones, la CIDH destacó que la militarización de la seguridad ciudadana, atribuyendo a las fuerzas armadas roles que corresponden a las fuerzas policiales civiles, aunado a la política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país que, dijo, ha resultado en un incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como en mayores niveles de impunidad. La CIDH, a partir de los testimonios que recabó, pudo observar que la situación de hostigamiento y amenaza contra defensores y defensoras de derechos humanos, los cuales indican que continúan los asesinatos, agresiones, desapariciones forzadas, amenazas contra ellos y sus familiares, seguimientos, así como los señalamientos por parte de autoridades que les desprestigian y estigmatizan por su labor de defensa de los derechos humanos. El Estado Mexicano cometió (en la figura presidencial de Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez) y sigue cometiendo los llamados crímenes de “Lesa Humanidad” por lo que los perpetradores deben ser juzgados y condenados por dichos delitos. La violencia institucional no para, por el contrario se agudiza y se sigue presentando en sus múltiples matices y nuevas formas de represión. Se sigue con la política sistemática de criminalización de los movimientos sociales que sin embargo siguen naciendo por todo el territorio nacional, por lo que quiere decir que el pueblo en su resistencia no se vence, en cambio se sigue organizando de formas creativas y renovadas, porque ayer como hoy, mantiene firme su dignidad. El régimen y su modelo económico-político neoliberal solo ha generado mayores índices de pobreza, marginación, represión y violencia institucional ¡No es justo vivir en un Estado Policíaco! ¡Tenemos derecho a vivir en un estado de derecho y de respeto a los derechos humanos! y si la barbarie no para, entonces organicemos la conciencia, organicemos ya la esperanza y vivamos juntos con dignidad, con mayor igualdad, equidad y justicia social. No permitamos que se sigan perpetrando mayores matanzas, feminicidios y más desapariciones forzadas, ¡Un mundo mejor es posible!

Deja un comentario

Archivado bajo articulos, CIDH, Derechos Humanos, desaparecidos, militarizacion, represión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió informes de la CIDH Morelos sobre feminicidio y desapariciones.

Hemos entregado amplios informes sobre feminicidio y desaparición forzada en Morelos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la visita in loco que inició en México entre el 28 de septiembre y 2 de octubre de 2015. Nuestra organización recibió la invitación a participar en la sesión de trabajo que se llevó a cabo el 28 de septiembre en la Ciudad de México a través de la REDTDT, por lo que solicitamos se incluyera nuestra participación en los temas de mujeres, protocolos, periodistas, defensoras y Mecanismo de protección, que fueron abordados en la Sala B, donde asistió nuestra compañera PALOMA ESTRADA MUÑOZ, Coordinadora de Investigación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., haciendo entrega de los libros “13 años de feminicidio impune en Morelos” que fundamentó la solicitud de Alerta de Violencia de Género en la entidad y el “Informe Sombra sobre la AVG”, así como el Informe “Defensoras somos Todas”, para que sus conclusiones sean tomadas en cuenta en la elaboración del informe y recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formule al Estado Mexicano al concluir su visita a nuestro país. El objetivo de esta reunión es recibir información sobre los temas prioritarios en materia de derechos humanos. Este espacio es para recibir información sobre la situación de derechos humanos, con particular énfasis en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Adicionalmente, la CIDH dará atención a la situación de inseguridad ciudadana, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la situación defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en México. La Comisión Interamericana se entrevistó con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y se reunió ayer mismo con representantes de la sociedad civil. Asimismo, recabará testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares en los distintos lugares que recorra. Durante la visita la CIDH se reunirá con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para dar atención al Informe sobre los hechos acontecidos en Ayotzinapa.

La CIDH presentará sus observaciones preliminares al término de su visita, en una conferencia de prensa que tendrá lugar el viernes 2 de octubre. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. Debe tenerse en cuenta que la última vez que se realizó una visita de esta naturaleza, ocurrió en el año 1996, teniendo como resultado de la misión de la CIDH el Informe de situación general de derechos humanos publicado en el año 1998, y que todavía es un insumo importante en la evaluación de la situación actual.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Deja un comentario

Archivado bajo CIDH, derechos de las mujeres, Derechos Humanos, violencia contra mujeres

Indignación para no olvidar.

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Y fuimos miles de voces exigiendo justicia y verdad para los 43 de Ayotzinapa en el primer aniversario de este crimen de Estado. En Morelos, en el país y en otras partes del mundo tomamos las plazas y las calles para mostrar la indignación y la decisión de no olvidar. Un pueblo que tiene memoria histórica es capaz de organizarse para impedir que continúe este sistema de injusticia, de violencia represiva y de militarización que viola sistemáticamente los derechos humanos, por lo que debe investigarse al Ejército por éstas desapariciones forzadas y miles más en el país. Por eso nos sumamos a las 8 exigencias a Peña Nieto presentadas por madres y padres:  Que se comprometa a estar de lado de la verdad y no de la mentira, y que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) continúe su labor hasta que haya justicia, verdad y castigo a los culpables de las desapariciones. Una de las exigencias esenciales sostenidas por los familiares fue el replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están los estudiantes y otra que investigue el montaje con el que se pretendió engañar a las familias. Exigieron el reconocimiento de la legitimidad de su búsqueda de justicia y la ratificación pública de que el caso se encuentra abierto; la permanencia del GIEI, la aceptación plena (no sólo el análisis) del informe de este grupo y sus recomendaciones, y que el mandato del GIEI se prorrogue un año, el tiempo suficiente para que los expertos verifiquen la implementación de sus recomendaciones.  Estas demandas expresadas frente a EPN y gritadas en las calles, serán expuestas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la visita in loco que realizará a México entre el 28 de septiembre y 2 de octubre de 2015. El objetivo de esta reunión es recibir información sobre los temas prioritarios en materia de derechos humanos. Este espacio es para recibir información sobre la situación de derechos humanos, con particular énfasis en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Adicionalmente, la CIDH dará atención a la situación de inseguridad ciudadana, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la situación defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en México. La Comisión Interamericana se entrevistará con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y se reunirá con representantes de la sociedad civil. Asimismo, recabará testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares en los distintos lugares que recorra. Durante la visita la CIDH se reunirá con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para dar atención al Informe sobre los hechos acontecidos en Ayotzinapa.

La CIDH presentará sus observaciones preliminares al término de su visita, en una conferencia de prensa que tendrá lugar el viernes 2 de octubre. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. Debe tenerse en cuenta que la última vez que se realizó una visita de esta naturaleza, ocurrió en el año 1996, teniendo como resultado de la misión de la CIDH el Informe de situación general de derechos humanos publicado en el año 1998, y que todavía es un insumo importante en la evaluación de la situación actual. Por ello, es importante recuperar el mensaje de los familiares de los 43 desaparecidos: A lo largo de este año, hemos aprendido que nuestros 43 hijos no son los únicos desaparecidos, nuestro dolor es tan generalizado como las desapariciones. Decenas de miles de familias buscan a sus seres queridos mientras nuestro país se convierte en una inmensa fosa clandestina. Usted debe hacer algo por los desaparecidos o, de lo contrario, el clamor de las familias que buscamos a quienes nos faltan lo seguirá a donde vaya y en donde esté, incluso después de que termine su mandato. Para responder a esta grave crisis que vive el país, el primer paso es escucharnos, escuchar a quienes sabemos lo que es buscar a nuestros desaparecidos, escuchar a quienes enfrentamos la indiferencia de las instituciones día a día. Las políticas y leyes para enfrentar esta situación deben ajustarse a las exigencias de quienes enfrentamos esta vivencia atroz; como lo han dicho las familias que comparten nuestra rabia y nuestro dolor en el marco de la discusión de la Ley General de Desaparición Forzada: ¡Sin las familias NO! No confiamos en sus instituciones y en su gobierno, que dolosamente buscaron engañarnos, pero el anhelo de abrazar nuevamente a nuestros hijos hoy nos hace estar aquí para exigirle una vez más que los encuentre ya. Mientras que no conozcamos con pruebas irrefutables el paradero de nuestros hijos; mientras las víctimas no seamos tratadas con dignidad; mientras los asesinos no sean detenidos y castigados; mientras los narcopolíticos sigan gobernando; mientras no haya verdad, nuestra legítima búsqueda de justicia marcará su administración y a su nombre se asociará el de Ayotzinapa como símbolo de la impunidad y la corrupción que reina en el país. Mientras no sepamos dónde están nuestros hijos, nuestro grito seguirá resonando en todo el país: ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Deja un comentario

Archivado bajo articulos, Derechos Humanos, desaparecidos, represión

Desaparecidos en Morelos: crimen de Estado, impunidad y desmemoria.

Por Roberto González Villarreal.
(Investigador, académico, escritor y colaborador de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos)

En Morelos, la información disponible indica que a pesar de su cercanía con Guerrero, las primeras desapariciones se dan una vez que el fenómeno pasa a las ciudades y a otros sujetos de la desaparición. No los guerrilleros solamente, sino a todos aquellos que pudieran ser considerados individuos peligrosos: por sus relaciones, ideología, aspecto, entre otros. También por vínculos familiares. Es lo que sucedió con los que quizá sean los primeros desaparecidos en el estado: los hermanos Romero Flores, aprehendidos y desaparecidos por el teniente coronel Arturo Acosta Chaparro, el 9 de septiembre de 1976, poco antes de las 8 de la mañana.
Pastor Romero Flores tenía sólo 13 años, su hermano Justino había cumplido ya los 14. Eran hijos de Braulio Romero Vinalay, un militante del Partido de los Pobres, quien había huido de las persecuciones en Guerrero y se había refugiado en Cuernavaca. Pastor y Justino iban a su trabajo, en compañía de un amigo suyo de nombre Erasmo, cuando fueron interceptados por un grupo de agentes de la DFS vestidos de civil. Les dijeron que buscaban a su papá, pero que como no estaba, se los llevaban a ellos. A Erasmo lo soltaron más tarde, a los hermanos no.
Carlos Alberto Benavides Alcocer tenía 22 años, era estudiante, cuando fue desaparecido un 20 noviembre de 1976, también en Cuernavaca. La información de este caso es muy endeble, y muestra todas las perversiones del registro de un desaparecido, porque según otras fuentes fue desaparecido en el metro de la ciudad de México.
Víctor Miguel Álvarez García, era empleado, tenía 29 años, cuando fue detenido un 20 de julio de 1983, en Cuautla, por elementos de la Policía Judicial del estado de Morelos.
Adalberto Boyas Pacheco fue detenido y luego desaparecido un 31 mayo de 1988, en Jiutepec, por agentes de la Policía Judicial.
José Ramón García Gómez ya tiene demasiados años deaaparecido. Militante del PRT, fue detenido el 16 de diciembre de 1988, en Cuautla, por la Policía Judicial del estado cuando se trasladaba de casa de su madre a la casa de Alberto Tapia en donde tendría lugar una reunión del Frente Democrático Nacional. Todos estos casos son conocidos. Y siguen impunes. Es necesario recordarlos, porque en la impunidad se encuentra una de las razones del incremento acelerado de las desapariciones en tiempos recientes.
Para muchos, se ha banalizado la práctica; esto quiere decir que no es incidental, como antes, que no está circunscrita a cuetiones represivas únicamente, sino que desaparecen comerciantes, campesinos, albañiles, estudiantes, amas de casa, jubilados, niños, jóvenes, normalistas, militantes. Cierto: los segmentos sociales donde mayor desaparecen son los jóvenes. Y, en Morelos, ha diferencia de la media nacional, donde casi el 70% de los desaparecidos son hombres, aquí de cada 9 cuatro son mujeres. Jóvenes la gran mayoría.
Hasta junio de este año, refiere 3 desaparecidas del fuero federal, 2 en Cuernavaca, de 20 y 16 años años, la primera el 22 de agosto de 2010 y la segunda el 22 de octubre de 2014. En Jiutepec, desapareció una menor de edad, de 16 años, el 21 de abril de 2014.
En el fuero común, los casos son más. 92 registrados. 40 mujeres y 52 hombres. De estos, la mayoría en la zona conurbada de Cuernavaca. 16 en la ciudad, 9 en Temixco, 3 en Jiutepec, 3 en Zapata, 6 en Xochitepec, 3 en Puente de Ixtla, y 2 en Cuautla, Jojutla y en Tlaquiltenango, y 1 en Tepoztlán, Miacatlán, Ayala, Amacuzac, Zacatepec.
La desaparición de mujeres sigue un patrón similar. 10 en la ciudad de Cuernavaca, 7 en Jiutepec, 2 Xochitepec, 1 en Zapata, 2 en Jojutla, 1 en Puente de Ixtla 1, Cuautla 1, Temixco, 2, Tepoztlán 2, 3 en Yautepec , 1 en Tlaquiltenango, Tlaltizapan y Altavista.
Sin embargo, estas cifras deben tomarse con mucho cuidado. Por dos cuestiones: la primera es la enorme tasa de subregistro en todas las estadísticas criminales. En México más del 90%. Algunas asociaciones de familiares en lucha por la presentación de sus desaparecidos, hablan de que por cada 10 casos reales, se denuncia menos de 1. Y se atienden y resuelven mucho menos. Los cálculos más arriesgados dicen que menos del 2% de los denunciads se resuelven. Pero esto no debe verse como un dato firme, o bien establecido.
La segunda razón es porque estos datos sólo dan cuenta de las denuncias registradas durante 2014 y 2015, aunque se puedan referir a desapariciones ocurridas años antes. Por lo que el subregistro aumenta considerablemente. Tan es así que hace apenas dos años, mas o menos por estas fechas del 2013, se reconocían en el estado más de mil desapariciones ocurridas entre 2011 y 2012, así que todas estas cuestiones siguen esperando una clarificación y un estudio especial por parte de las autoridades responsables.
La cuestión es esto que hemos llamado la banalización de la práctica. Ahora cualquiera puede desaparecer. Las decenas de miles de desaparecidos en el país así l demuestran. Y aunque más de la mitad de los casos siguen concentrados en los estados del norte del país, principalmente en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sonora, lo cierto es que cada vez más se disemina más.
En conclusión: si la desaparición forzada se conformó como una tecnología política en la guerra irregular, a principios de los años setenta, 40 años más tarde se puso a disposición de cualquier grupo, en cualquier lugar, por prácticamente cualquier cosa. Y cada vez de manera más flagrante. Mas evidente. Más cínica. Es cuando se acompaña del terror, de un sentimiento perceptible, real, que corta el aire, que enrarece los ambientes. Cuando se vuelve un secreto a voces, cuando los campos se llenan de fosas clandestinas, las ciudades se rodean de casas que no se pueden nombrar porque todos y todas saben lo que les o nos puede ocurrir, cuando las ligas entre fuerzas de seguridad, militares, policías federales y municipales con unas u otras fuerzas de las industrias criminales en competencia son tan evidentes que no las ven los sólo los que no quieren verlas y deberían atenderlas. Cuando todos y todas callamos sabiendo lo que ocurre.
Hoy, a nosotros, nos toca recoger la lucha iniciada por los familiares de los desaparecidos políticos desde mediados de los años setenta, y recordar que las decenas de miles desaparecidos de hoy día -en esa lucha que no es contra las industrias criminales, sino con las industriales criminales y contra la población, para expoliar, para inhibir conductas, para generar miedo- han sido posibles porque la práctica de la desaparición es un crimen de Estado, que se alimenta de la impunidad y la desmemoria.

Deja un comentario

Archivado bajo Derechos Humanos, desaparecidos, represión