Tortura en Morelos y propuestas para la Ley General contra la Tortura.

En Morelos la tortura ha sido utilizada de manera creciente por policías del Mando Único y elementos del Ejército. Por eso consideramos que la Ley General  debe tipificar la tortura en toda la República con arreglo al estándar más amplio de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y velar por que las legislaciones federales y estatales contemplen todas las obligaciones y garantías derivadas de la prohibición absoluta de la tortura, como la de investigar, juzgar y sancionar en forma pronta, independiente, imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del delito, y la reparación de las víctimas; considerando a la tortura como todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica

Durante los años recientes la presencia del Mando Único y del Ejército en las calles ha significado el crecimiento de las violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que no han cometido delito alguno. Actualmente se ha creado una Coordinación Estatal de Seguridad Pública que ha establecido operativos de detención de jóvenes que transitan en motocicletas, y se han multiplicado las denuncias por abusos, malos tratos y golpes, torturas y detenciones arbitrarias. Esta lógica de militarización y estado policiaco implican no solo tortura individual, sino un terrorismo de estado que termina sembrando el miedo y tratando de paralizar la protesta social. En este sentido, impedir la labor de documentar hechos de tortura en personas privadas de su libertad atenta contra su derecho a la investigación de estos hechos y el acceso a la justicia.

Alejandro Avila Ortega fue torturado por policías federales para que se confesara culpable de secuestro en Morelos. Su caso fue documentado por el Relator Especial sobre Tortura de la ONU. La tortura y los malos tratos son generalizados en México. El Relator Especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas. La mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada. Es difícil conocer un número real de casos de torturas. No existe actualmente un registro nacional de casos y cada entidad tiene datos propios. Asimismo, muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad. Igualmente el número de denuncias y quejas es muy alto. La tortura se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos. La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. En Morelos hemos recibido diversas denuncias de esta clase de atropellos y torturas,  cuyas quejas han sido presentadas ante diversas instancias, sin que hasta la fecha haya habido una acción de la justicia para reparar el daño y para hacer justicia. Uno de estos casos es el de Alejandro Ávila Arteaga, que nos permite abordar algunas de las principales propuestas elaboradas por decenas de organizaciones de la sociedad civil, entre las que participan varias que forman parte de la Red Todos los derechos para todas y Todos, mismas que compartimos, como son las siguientes:

Para enmarcar el análisis de la regla de exclusión de la prueba ilícita o indirectamente mediante la tortura u otras violaciones a derechos humanos, es necesario incluir los criterios de la Corte Interamericana mismos que son directamente vinculantes en sus términos para toda autoridad judicial del país.

Para garantizar la plena implementación de la regla de exclusión en el contexto mexicano, la Ley General debe asentar de manera textual que en el proceso penal carecerá de todo valor probatorio la declaración rendida ante una autoridad distinta a la judicial, así como la que se rinda sin abogado defensor o, en su caso, sin intérprete o traductora.

De igual modo, debe establecerse la invalidez del valor preferente que pudieran tener las primeras declaraciones de una persona detenida, disponiendo la inaplicabilidad del criterio de la llamada “inmediatez procesal”, para eliminar la posibilidad de que la intimidación, coacción o presión en el momento de la detención influyan en la valoración de pruebas en el proceso.

Adicionalmente, las autoridades investigadoras y judiciales tienen la obligación de excluir del cuerpo probatorio de los procesos de los cuales conozcan toda prueba en cuya obtención hubieran mediado hechos constitutivos de tortura. Ello toma especial relevancia en las fases preliminares de la actuación de las autoridades de procuración de justicia o de las autoridades judiciales, ya que no debe permitirse que pruebas obtenidas directa- o indirectamente mediante la comisión de tortura sigan siendo utilizadas en las investigaciones y procesos.

Además de actos de tortura la Ley debe establecer explícitamente que las siguientes violaciones a derechos humanos en el marco de las detenciones generen la inadmisibilidad de cualquier prueba obtenida a partir de la violación: detención ilegal o arbitraria, allanamiento ilegal de morada, incomunicación, retención prolongada de manera injustificada, interrogatorio sin presencia de defensor/a, retención en instalaciones militares, o la obtención de una declaración rendida bajo arraigo.

Finalmente, es importante recordar que las actuaciones violatorias de derechos humanos, como lo es la tortura, pueden tener por efecto la invalidez de todo el proceso cuando las únicas pruebas de cargo resultan ser pruebas ilícitas o cuando las violaciones a derechos humanos contaminan la totalidad de las pruebas de manera tal que no es posible afirmar que existan pruebas independientes, por lo que la consecuencia de dichos actos no se puede limitar a la reposición del procedimiento, sino que tendrá que implicar el fin del proceso penal y, en su caso, la inmediata puesta en libertad de la persona procesada. Retener y/o seguir procesando a la persona en ausencia de pruebas en su contra, constituiría una detención arbitraria.

 Dada la relevancia de la documentación médica y psicológica de la tortura, la Ley debe establecer que las personas imputadas penalmente quienes denuncien el uso de la tortura para coaccionar o generar pruebas, tendrán derecho a un peritaje médico y psicológico independiente, profesional e inmediato practicados por expertos(as) seleccionados(as) por la defensa. En caso de no poder realizarse tales exámenes, cualquier prueba impugnada por tortura debe ser excluida.

Recordamos que además de la obligación general de garantizar la independencia e imparcialidad en la investigación de cualquier violación a derechos humanos, las directrices específicas aplicables a la documentación de las secuelas médicas y psicológicas de la tortura son las contenidas en el Protocolo de Estambul. Según sus principios, los Estados tienen la obligación no solamente de tomar en cuenta peritajes independientes, sino que en casos de falta de independencia e imparcialidad de las autoridades se deben buscar peritajes externos e independientes. El Protocolo también dispone que: “el detenido tendrá derecho a obtener una segunda o distinta evaluación médica a cargo de un médico calificado”.

Lo anterior cobra relevancia a la luz del actual uso parsimonioso de los dictámenes médico-psicológicos especializados de las diversas procuradurías del país como herramientas para invisibilizar y encubrir la tortura en vez de documentarla. En 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) aplicó su dictamen en menos de 1 de cada 5 averiguaciones previas abiertas por tortura, y de los 206 dictámenes aplicados, en sólo 6 casos reconoció secuelas de tortura. A nivel estatal, sólo hay 3 dictámenes que reconocen secuelas de tortura en el país en los últimos 5 años. Es decir, si los únicos peritajes practicados o valorados son los ministeriales, las mismas instituciones que sostienen acusaciones penales en contra de las personas denunciantes de tortura sistemáticamente afirman que no existen huellas de tortura, un efecto previsible de su falta de independencia y su interés primordial en no reconocer que sus acusaciones se sostienen en parte o totalmente en pruebas ilícitas. Lo anterior hace necesario tomar en cuenta peritajes independientes.

La Ley General debe establecer la obligación de toda autoridad de denunciar aquellos posibles actos de tortura de los que tenga conocimiento de manera inmediata, de las autoridades de procuración de justicia de iniciar ex oficio y de inmediato una investigación penal ante cualquier denuncia o indicio de la comisión de actos de tortura, así como la obligación de los organismos públicos de documentar la tortura inmediatamente después de recibida la queja y de remitir sus eventuales peritajes y recomendaciones a los órganos de procuración de justicia y judiciales competentes, en su caso. Es importante establecer expresamente que cuando la autoridad judicial de vista sobre posibles hechos constitutivos de tortura, se entienda como denuncia penal ante la autoridad correspondiente.

Actualmente, la práctica de las instituciones de procuración de justicia es no abrir investigaciones en todos los casos de denuncias o indicios de tortura, y/o de condicionar la realización de diligencias a la acreditación de huellas físicas o psicológicas de tortura mediante los dictámenes médico-psicológicos especializados aplicados por las procuradurías muchas veces meses o años después de los hechos denunciados. Lo anterior contradice el Protocolo de Estambul y no es congruente con las técnicas de investigación aplicadas en otros delitos de violencia.

Finalmente, la Ley debe contemplar que las instituciones de procuración de justicia asegurarán que las víctimas cuenten con todas las condiciones necesarias para poder interponer su denuncia, incluyendo entre otros: disponer de personal del sexo femenino para recibir a víctimas mujeres y de personal capacitado para la atención a niños y niñas; contar con mecanismos y protocolos para facilitar la denuncia por personas no ciudadanas y/o que se encuentren en el extranjero; disponer de acceso a intérpretes para facilitar la denuncia por parte de personas cuya lengua materna no sea el español; y tomar las declaraciones de personas con discapacidad en un formato adecuado.

En particular, la Ley que apruebe el Congreso de la Unión deberá prever que cuando las autoridades de los estados de la República no hayan tenido la capacidad o la voluntad de llevar a juicio a las personas responsables de haber cometido tortura, las autoridades federales estarán facultadas para conocer de los casos correspondientes.

Además, las autoridades federales deberán ser competentes de delitos constitutivos de tortura, que en principio serían de competencia local, cuando:

  1. El hecho constitutivo del delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas;
  2. La vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real;
  3. La víctima u ofendido hubiere señalado como probable autor o partícipe a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;
  4. Se pueda ver comprometida la responsabilidad internacional del Estado;
  5. Por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación;
  6. La autoridad local se exceda del plazo razonable para la investigación del delito de tortura.

La Ley debe establecer que la investigación de la tortura se guiará por los principios del Protocolo de Estambul y que las diligencias se realizarán de inmediato en el caso de aquellas relacionadas con la documentación de secuelas físicas de la tortura, y de manera pronta en el caso de otras diligencias necesarias.

La investigación de la tortura debe comprender la búsqueda de cualquier elemento probatorio relevante para esclarecer los hechos, incluyendo mediante la prueba circunstancial, e identificar no sólo a los autores materiales sino también a los autores intelectuales, con el fin de sancionar a los mismos.

Como mínimo, la autoridad competente debe incorporar como medios probatorios dentro de la investigación: cualquier constancia, examen o peritaje médico o psicológico disponible, incluyendo los realizados por personas independientes o adscritas a los organismos públicos de derechos humanos, sin restarles peso o valor probatorio por el mero hecho de no ser documentos oficiales o ministeriales. Asimismo, no se podrá exigir que todo elemento de prueba médico o psicológico cumpla con la totalidad de los requisitos del Protocolo de Estambul, sino que en la medida en que la persona que expida la constancia o documento cuente con la experiencia y pericia necesarias para documentar el o los hechos que consten en el mismo, debe ser considerado un elemento de prueba que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

Además de investigar los actos físicos o psicológicos de tortura, es fundamental que la autoridad se avoque a la documentación de los delitos auxiliares de la tortura, tales como: la detención arbitraria; la retención irregular o por autoridades no competentes; y la incomunicación y/o demora injustificada en la puesta a disposición. El esclarecimiento de tales actos sistemáticamente vinculados a la tortura es importante para aportar elementos de prueba que puedan ayudar a acreditar el testimonio de la presunta víctima y el contexto de ilegalidad en el que actuaron las autoridades implicadas.

Independientemente de la obligación de allegarse de todas las pruebas relevantes, la autoridad tendrá la obligación inmediata, en caso de no existir peritajes médicos o psicológicos que acrediten los actos de tortura denunciados, de ofrecer a la víctima la realización de tales peritajes, previo el consentimiento informado y libre de esta. De preferencia, los peritajes se deben realizar por expertos y expertas independientes, nombrados por la autoridad ministerial para este propósito.

Es de suma importancia que la Ley General recupere los diversos aspectos de esta recomendación del Relator sobre Tortura, ordenando, entre otras cosas:

  • Que los exámenes médicos y psicológicos realizados en el marco de esa normatividad se practiquen conforme al Protocolo de Estambul y con el objetivo enunciado en dicho instrumento de documentar y correlacionar cualquier secuela de actos de tortura o TPCID con la narración de la víctima;
  • Que las personas a quienes se aplican los exámenes, y a su defensa, se le entregue una copia del dictamen médico y/o psicológico que se desprenda de la práctica del examen;
  • Que en todo momento se solicite a la persona examinada el consentimiento informado para la práctica del examen,[1] y que los exámenes se practiquen sin la presencia de agentes de seguridad, custodios u otros funcionarios;[2]
  • Que los exámenes médicos y psicológicos se practiquen con plenas garantías de seguridad para la persona examinada, en lugares seguros, higiénicos, así como con sensibilidad, profesionalismo y perspectiva de género por parte de las personas examinadoras;
  • Que la ausencia de secuelas físicas visibles de tortura en el momento del examen no sea utilizada como justificación para acreditar la ausencia de tortura, cerrar la investigación, limitar la práctica de otras diligencias relevantes o determinar automáticamente el no ejercicio de la acción penal, tomando en cuenta que el Protocolo de Estambul reconoce que muchos actos de tortura no dejan huellas visibles y que “en ningún caso se considerará que la ausencia de señales físicas indica que no se ha producido tortura, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes” (párr. 161). En este sentido, hace falta valorar debidamente las pruebas disponibles, incluyendo el testimonio de la víctima, acerca de aquellos síntomas agudos que ya no estén presentes: “Con frecuencia, la relación detallada de las observaciones del paciente sobre lesiones agudas y su ulterior proceso de curación son una importante fuente de información que puede corroborar denuncias concretas de tortura o malos tratos.” (párr. 172). Por otro lado, es preciso “Obtener información sobre dolencias físicas que a juicio de la persona estén asociadas a la tortura o a los malos tratos” (párr. 171).
  • Que la persona examinada tiene derecho a impugnar judicialmente el resultado del dictamen médico o psicológico, así como el de oponer un peritaje particular en discordia con el que realice el Estado.

Finalmente, mención particular merece la práctica de la tortura sexual a mujeres. Es fundamental que se reconozca dentro de la exposición de motivos, que de acuerdo con los estándares internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra  México, de observancia obligatoria para las autoridades, la violencia sexual constituye “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. Es decir, es una forma paradigmática de violencia y discriminación contra las mujeres. La violencia sexual se configura, tal como lo estableció el Tribunal Interamericano “con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno”. Por lo que en virtud de su intencionalidad, severidad y propósito, pueden constituir actos de tortura. En ese sentido, todas las autoridades están obligadas a aplicar las directrices establecidas por la Corte Interamericana al momento de resolver asuntos que involucren violencia sexual contra la mujer, incluyendo cuando constituyan actos de tortura.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

[1] Cfr. Protocolo de Estambul, párr. 83: “Los expertos médicos que participen en la investigación de torturas o malos tratos se conducirán en todo momento conforme a las normas éticas más estrictas y, en particular, obtendrán el libre consentimiento de la persona antes de examinarla. Los exámenes deberán respetar las normas establecidas de la práctica médica.”

[2] El Protocolo de Estambul dispone en su numeral 83 que los exámenes “se llevarán a cabo en privado bajo control del experto médico y nunca en presencia de agentes de seguridad u otros funcionarios del gobierno.”

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