Archivo mensual: noviembre 2015

Solicitud al Congreso exhorto al Ejecutivo por AVG

Cuernavaca, Morelos, 26 de noviembre de 2015.

Diputada Norma Alicia Popoca

Presidenta de la Comisión de Equidad de Género  de la LIII Legislatura del

Congreso del Estado de Morelos

Nos dirigimos a usted en el marco de la lucha por los derechos de las mujeres a una vida libre de todo tipo de violencias, en estos 16 días de activismo del 25 de noviembre al 10 de diciembre, para que el Congreso del Estado de Morelos exprese su más enérgico rechazo y adopte las medidas legislativas acordes con los más altos estándares internacionales para proteger estos derechos humanos.

El feminicidio en Morelos es grave como lo demuestra el hecho de que 633 mujeres han sido privadas de la vida de manera violenta desde el año 2000 a febrero de 2015 y se siguen presentando casos casi cotidianamente. Por la vida y la libertad, por la seguridad y los derechos de todas las mujeres, sumamos nuestra voz a la demanda de aplicación inmediata de todas las medidas de la Alerta de Violencia de Género en todo el país.

La situación de mujeres desaparecidas en México, hay 7 mil 185 mujeres desaparecidas en el país, de las cuales el 96 % se han suscitado en los dos últimos sexenios. El 44 % son mujeres menores de edad. Del total, el 52 % de las desapariciones corresponden al sexenio  actual.

Desafortunadamente, en diversas esferas gubernamentales la simulación y omisión sigue siendo la tónica, en lugar de transparentar todas las medidas para garantizar la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres, ​las estadísticas muestran que van a la alza, es urgente que los gobiernos nacionales y estatales actúen, ya que se ha declarado mucho y se ha realizado muy poco.

En Morelos se ha decretado la alerta en 8 municipios, Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Xochitepec, Jiutepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Temixco

La Alerta de Violencia de Género establece medidas urgentes de prevención, de atención, que permita erradicar la violencia feminicida e impune en la entidad. Es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto.

El problema de la violencia que vive la entidad, se ha incrementado y los casos de violencia tanto a mujeres periodistas, como a mujeres defensoras de los derechos humanos siguen en aumento a pesar de que estamos en un proceso de que se apliquen las acciones urgentes para erradicar la violencia.

Rechazamos absolutamente todo tipo de violencia misógina que lacera gravemente los derechos humanos de las mujeres y termina privándolas de la vida. El feminicidio está tipificado penalmente, así mismo contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que establece el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género como un recurso jurídico para el establecimiento de políticas públicas de emergencia, mismas que únicamente se han aprobado para 8 municipios del Estado de Morelos, sin que se cumplan cabalmente, en esta lógica perversa de simulación, omisión y complicidad. Han surgido múltiples acciones de organización y protesta en varios estados del país denunciando y exigiendo justicia y verdad en donde han desempeñado un importante papel los familiares de las víctimas de feminicidio y las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos.

Es por ello que, solicitamos desde este espacio, que se busquen acuerdos en el pleno del Congreso para que se haga un extrañamiento al gobernador del Estado, por su falta de atención puntual a las acciones de emergencia en materia de violencia feminicida en el marco de la Alerta de Violencia de Género decretada para 8 municipios de la entidad.

Llamamos a las diputadas y diputados a tomar conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo, actuar desde sus espacios y asumir de manera responsable su tarea como legisladores y legisladoras.

¡Ni una más, ni un feminicidio más, Alerta de Violencia de Género Nacional!

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Resolutivo del Encuentro Nacional Feminista sobre AVG en Morelos

 

 Reunidas del 16,17 y 18 de octubre en Toluca, Edo. De México

 Como parte de los resolutivos de este Encuentro se hace un EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, para que sin más dilación, APLIQUE LAS MEDIDAS URGENTES PARA ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (AVG) EN MORELOS, DECRETADA EL 10 DE AGOSTO DEL 2015 PARA 8 DE LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO.

En el entendido de que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Y tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

Por lo cual, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial (Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables); La rehabilitación (Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas); La satisfacción (Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran “La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad; El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.”).

Asimismo recomendamos al Estado Mexicano y en particular al de Morelos a:

  1. Restitución Integral.Tomar acciones por parte del Estado para hacer valer el artículo 11 de la Convención Americana, sobre el derecho a la honra y a la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres victimizadas, como una medida de restitución integral del daño y garantía de no repetición. Así como asegurar que, en casos necesarios, se deben aplicar medidas cautelares y/o provisionales a favor de sus familiares, así como la atención psico-social que permita enfrentar los duelos por muertes violentas o por desaparición/desaparición forzada.
  2. Acceso Pleno a la Justicia.LaCorte Interamericana ha señalado que los Estados tienen la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. Conforme a lo señalado por la Convención Americana, una de las medidas positivas que los Estados Partes deben suministrar para salvaguardar la obligación de garantía es proporcionar recursos judiciales efectivos de acuerdo con las reglas del debido proceso legal, así como procurar el restablecimiento del derecho conculcado, si es posible, y la reparación de los daños producidos.
  3. Garantías Efectivas de no Repetición.Las Garantías de no Repetición son acciones, medidas y procesos encaminados a evitar repetición de violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres; generar cambios en el funcionamiento de las instituciones; transformar factores estructurales de la violencia y lograr una incidencia positiva en la cultura política de la población y de las autoridades; con el fin de fortalecer la política de prevención general en contra de la violencia feminicida.
  4. Plan de Atención y Prevención.Se observó que, en un número importante de casos de feminicidios, el agresor es la pareja o ex pareja sentimental de la víctima, ello sugiere la necesidad de un plan de reforzamiento de Atención a la Violencia contra las mujeres que permita una prevención de esta problemática desde sus primeras manifestaciones y evitar un escalamiento de la violencia.

 

EN CASO DE MUJERES DESAPARECIDAS

Primero: Atender de inmediato las demandas de las y los familiares de personas desaparecidas.

Segundo: Llevar a cabo todas las medidas de investigación tendientes a localizar y presentar con vida a las personas desaparecidas.

Tercero: Que la Fiscalía General del estado de Morelos aplique los Protocolos de Investigación adecuados al amparo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y la aprobada para el Estado de Morelos.

Cuarto: Que se implemente la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos (2015), así como subsanar las deficiencias de la Ley.

Finalmente, consideramos que la AVG es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años. De igual modo, a la vez que celebramos la emisión de esta AVG y le damos las GRACIAS a todas las personas y organizaciones por sumarse a esta exigencia, también expresamos que estaremos dando puntual seguimiento a todas y cada una de las acciones y medidas que se plantean para hacer válidos todos los derechos de las mujeres que permitan alcanzar claramente los objetivos de la AVG, asimismo, convocamos a toda la sociedad a estar atenta de la implementación de ésta Declaratoria en Morelos, pues entendemos que es el último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria, la Justicia y la atención integral para las mujeres.

Encuentro Nacional Feminista,  reunidas del 16,17 y 18 de octubre de 2015 en Toluca, Edo. De México

 

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Defender derechos de las niñas

Se lanza campaña “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin unión  temprana y matrimonio de las niñas en la ley y en la práctica”  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, aprobados recientemente en laONU establecen en su meta 5.3 la erradicación de las prácticas nocivas para niñas y  adolescentes como el matrimonio infantil y la unión temprana.  La  iniciativa  de  doce  agencias  de  Naciones  Unidas  hace  un  llamado  a  la  armonización  legislativa  en  México  acorde  a  los  estándares  internacionales  para  que  todos  los  Códigos  mandaten  los  18  años  como  edad  mínima  para  contraer  matrimonio, sin excepción.  En México, al menos 1 de cada 5 mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir  los 18 años de edad.  México, D.F. 19 de noviembre, 2015.‐ “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México  sin unión temprana  y matrimonio de las niñas en la ley  y en la práctica”, se lanza en el  marco de la campaña ÚNETE de Naciones Unidas y de los 16 días de activismo para poner  fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que este 2015 están dedicados en México a  la eliminación del matrimonio y la unión temprana de las niñas en la ley y en la práctica. El  matrimonio  y  las  uniones  tempranas  de  las  niñas  constituyen  una  violación  a  los  derechos humanos de éstas  y son  consideradas por  la ONU  como prácticas nocivas que  afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas, impacta su  desarrollo  futuro  y  el  de  sus  familias,  e  incrementan  la  discriminación  y  el  riesgo  de  violencia contra ellas.  Las  raíces  del  matrimonio  y  de  las  uniones  tempranas  de  las  niñas  están  en  la  discriminación de género y tienen múltiples consecuencias como la deserción escolar, el  embarazo  prematuro,  la  mortalidad  materna,  la  transmisión  intergeneracional  de  la  pobreza y en general la limitación a las oportunidades de vida de las niñas y adolescentes.  De  acuerdo  a  la  Encuesta Nacional  de  la  Dinámica  Demográfica  (ENADID)  del  2014  del  INEGI, en México al menos 1 de cada 5 mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir  los 18 años de edad. Hoy en día hay 6.8 millones de mujeres entre los 15 y 54 años que se  unieron conyugalmente antes de los 18 años. La tendencia de las uniones tempranas ha  2 variado  poco  en  las  nuevas  generaciones:  en  las mujeres  de  50  a  54  años,  el  25.3% se  unieron  antes de  los 18  años, mientras que  en el  grupo de edad de 20  a 24  años,  este  porcentaje es de 21.4%, es decir, una pequeña diferencia en 30 años.  La  campaña  que  es  presentada  hoy  por  doce  agencias  de  Naciones  Unidas  hace  un  exhorto al Estado mexicano para lograr la armonización legal completa de acuerdo con los  más altos estándares internacionales y el marco jurídico nacional, para establecer la edad  del matrimonio a los 18 años sin excepción en la legislación estatal y federal.  Adicionalmente,  el  llamado  a  la  acción  enumera  varias  acciones  concretas  que  pueden  realizar los gobiernos y congresos de los estados, así como organizaciones de la sociedad  civil,  para  poner  fin  a  las  uniones  tempranas  y  matrimonios  de  las  niñas  como  son:  empoderar a las niñas y adolescentes para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y  hombres;  garantizar  la  protección  social  integral  a  niñas  y  adolescentes,  a  través  de  políticas y programas que promuevan oportunidades de inclusión y desarrollo; garantizar  la permanencia de las niñas en la escuela hasta al menos el término de la preparatoria;  mejorar  la  información a  través  de  la  generación  y  uso  de  datos  cuantitativos  y  cualitativos;  campañas  de  difusión a  nivel  estatal  y  municipal sobre  las  consecuencias  negativas de la unión temprana y el matrimonio de las niñas con la finalidad de desalentar  y erradicar esta práctica nociva. El llamado hace referencia a un marco internacional y nacional adecuado para lograr un  México sin matrimonios y uniones tempranas de las niñas. El Comité de los Derechos del  Niño  hizo  en  2015  la  siguiente  recomendación  al  Estado  Mexicano:  “A  la  luz  de  la  observación  general  N°18  (2014)  adoptada  de  manera  conjunta  con  el  Comité  para  la  Eliminación de  la Discriminación Contra  la Mujer, el Comité recomienda  al estado parte  que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA, asegurando que la  edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18  años  en  las  leyes  de  todos  los  estados.  El  Estado  parte  debe  también  implementar  programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio  infantil  en  niñas, teniendo  como  población  objetivo  a  los familiares, maestros  y  líderes  indígenas.” En el ámbito legislativo, México aprobó recientemente la Ley General de los Derechos de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  en  vigor  desde  enero  de  2015,  que  establece  los  18  años  como edad mínima para contraer matrimonio por parte de las niñas y niños.  3 En  la  actualidad,  permanece  el  desafío  en  la  armonización  de  los  Códigos  Civiles  y  Familiares.  En  este sentido  el  Código  Civil  Federal  establece  que  la  edad mínima  de  las  niñas  para  contraer  matrimonio  es  14  años  y  los  niños  16  años.  En  lo  referente  a  los  Códigos  Civiles  y  Familiares  de  las  entidades federativas,  únicamente seis  estados (Baja  California  Sur,  Jalisco,  Quintana  Roo,  San  Luis  Potosí,  Veracruz  y  Yucatán)  establecen,  tanto para mujeres como para hombres la edad de 18 años sin excepción para contraer  matrimonio.  Todos los demás estados establecen los 18 años de edad para contraer matrimonio, pero  con excepciones y dispensas a la edad, o establecen edades mínimas de 14 ó 16 años para  mujeres y 16 ó 18 para hombres. El  Sistema  de  las  Naciones  Unidas  en  México  reitera  su  disponibilidad  de  seguir  acompañando a las instituciones mexicanas y brindar la asesoría y cooperación técnica en  aras  de  terminar  con  el  matrimonio  y  la  unión  temprana  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes.  Para consultar el llamado a la acción: http://mexico.unwomen

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No es normal la violencia contra las mujeres.

No podemos permanecer en silencio ante la violencia cotidiana que existe en la sociedad. Queremos y luchamos por una vida libre de violencia. Lo mismo en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle y la plaza pública que en centros de diversión, o cualquier lugar. Nadie tiene derecho a hostigar, agredir, intimidar, violentar a ninguna mujer en espacios públicos o privados.

Este 25 de noviembre demandamos que México se declare como un Estado en alerta de violencia de género, en el que las mujeres enfrentan la violencia sistematizada por parte de una sociedad misógina, machista y patriarcal, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres. Es una fecha también en memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas por el dictador Trujillo en República Dominicana.

Diversas marchas, movilizaciones y actividades se realizarán en el país por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. En Morelos llevaremos a cabo un Foro por la Alerta de Violencia de Género en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UAEM, contaremos con la presentación del libro “Tres Océanos”, de Tita Gutiérrez Cabello, la voz de una madre por las madres sin voz, Dolores Soto de Amnistía Internacional quien abordará el tema de la desaparición de mujeres, Sylvia Marcos reconocida feminista sobre el feminismo y la violencia feminicida, Alfonso Leija del Colectivo Diversa sobre violencia homofóbica, Daniela Cerva Cerna de la Facultad de Derecho, Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla de la CIDHM sobre Alerta de Violencia de Género en Morelos con su importancia, limitaciones y contradicciones en su puesta en práctica.

Esta convocatoria conjunta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), la  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así como la Facultad de Farmacia, se realizará el 25 de noviembre a las 10 de la mañana. La invitación es pública y gratuita. Esperamos su asistencia para fortalecer la lucha.

En 2014  fueron brutalmente asesinadas 1042 mujeres, tan sólo en 13 estados del  país, sólo el 33% de  los casos  fueron investigados como feminicidios. De enero del 2014 a septiembre del 2015 se registraron 35,285 denuncias de violación en todo el país y se ha registrado y documentado 252 casos de violencia contra mujeres periodistas en México, entre los que hay 13 casos de feminicidio. Estos actos son un claro ejemplo de la violación a los derechos de las mujeres a informar, estos actos silencian las voces de las periodistas.

En cuanto a la situación de mujeres desaparecidas en México, hay 7 mil 185 mujeres desaparecidas en el país, de las cuales el 96 % se han suscitado en los dos últimos sexenios. El 44 % son mujeres menores de edad. Del total, el 52 % de las desapariciones corresponden al sexenio  actual.

El feminicidio en Morelos es grave como lo demuestra el hecho de que 633 mujeres han sido privadas de la vida de manera violenta desde el año 2000 a febrero de 2015 y se siguen presentando casos casi cotidianamente. Por la vida y la libertad, por la seguridad y los derechos de todas las mujeres, sumamos nuestra voz a la demanda de aplicación de todas las medidas de la Alerta de Violencia de Género en todo el país.

Rechazamos absolutamente todo tipo de violencia misógina que lacera gravemente los derechos humanos de las mujeres y termina privándolas de la vida. El feminicidio está tipificado penalmente solo en algunos estados a pesar de que existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que establece el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género como un recurso jurídico para el establecimiento de políticas públicas de emergencia, mismas que únicamente se han aprobado para 11 municipios del Estado de México y para 8 municipios del Estado de Morelos, sin que los gobiernos las cumplan cabalmente, en esta lógica perversa de simulación, omisión y complicidad. Han surgido múltiples acciones de organización y protesta en varios estados del país denunciando y exigiendo justicia y verdad en donde han desempeñado un importante papel los familiares de las víctimas de feminicidio y las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos.

Por ello, llamamos a toda la sociedad a ver el mundo con ojos de mujer, a tomar conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo, a participar activamente en la lucha por los derechos de las mujeres y no callar ni aceptar tanta muerte diaria.

¡Ni una más, ni un feminicidio más, Alerta de Violencia de Género Nacional!

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Desaparición forzada y alerta de violencia de género en Morelos

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos solicitó y obtuvo un importante pronunciamiento de la LIII Legislatura dirigido al Congreso de la Unión, mediante un punto de acuerdo para incorporar los avances locales en la ley general sobre desaparición forzada que actualmente se analiza a nivel nacional. El Congreso morelense solicitó al Congreso de la Unión que considere incluir los principios y las normas que rigen la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada  para el Estado de Morelos. Al aprobar el punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al Congreso de la Unión para que considere los principios rectores y la normatividad con la cual cuenta esta ley local, y que pudieran quedar plasmados dentro de la ley que estaría por expedir el Congreso de la Unión. La Ley morelense atiende a la falta de legislación que se tenía en la materia y que durante mucho tiempo, fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, quienes habían venido alertando sobre el creciente fenómeno delictivo. Esta Ley  tiene como principios fundamentales atender a las personas que sufran o hayan sufrido la desaparición de algún familiar, además de reforzar las sanciones contra los servidores públicos que dentro de su actuar por acción u omisión, sean partícipes en el delito de desaparición forzada de personas. Tanto la Ley General como la del estado de Morelos, deben atender la tragedia por la cual atraviesan decenas de familias que hasta hoy no saben el paradero de hijos, hijas,  padres, madres,  hermanas y hermanos. En su Exposición de motivos el Punto de Acuerdo establece que no es permisible la desaparición forzada de personas, pues constituye una afrenta a la dignidad humana y al Estado de Derecho. Como señala “La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas” que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992, precisa que esta se da cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley. Su profundización y sofisticación se debe, entre otras cosas, a la impunidad que prevalece en todos los casos y al contexto de violencia que vive hoy el país que ha permitido encubrir esta práctica, con lo cual el Estado Mexicano se deslinda de su responsabilidad de investigar y sancionar a las y los responsables. En virtud de que  el Estado de Morelos cuenta con una Ley  para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, consideramos de suma importancia que en estos momentos en que en el Congreso de la unión, tanto en la Cámara de origen como en la revisora de acuerdo al proceso legislativo, se está discutiendo el proyecto de Ley General para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, exhorta tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, a que consideren en el dictamen correspondiente de dicha Ley general, los principios rectores y normatividad de la Ley local en la materia, aprobados por el Congreso del estado de Morelos, a efecto de que queden plasmados en la Ley que expida el Congreso de la Unión. Por todo lo anterior, saludamos este punto de acuerdo de la LIII Legislatura, ya que es una respuesta a las demandas de la sociedad morelense para combatir esta terrible práctica de la desaparición forzada.
Consideramos así mismo importante destacar la lucha por los derechos humanos de las mujeres, en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por lo que convocamos al Foro sobre la Alerta de Violencia de Género en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UAEM, donde contaremos con la presencia de Tita Gutiérrez con su libro “Tres Océanos”, Dolores Soto de Amnistía Internacional que abordará el tema de la desaparición de mujeres, Sylvia Marcos abordada el feminismo y la violencia feminicida, Alfonso Leija comentará la violencia lesbofóbica y homofóbica, Daniela Cerva Cerna sobre Seguridad Ciudadana, integrantes de la CIDHM sobre Alerta de Violencia de Género en Morelos con su importancia, limitaciones y contradicciones en su puesta en práctica. Esta convocatoria conjunta entre la CIDHM y  la  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así como la Facultad de Farmacia, se realizará en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UAEM el 25 de noviembre a las 10 de la mañana. Esperamos su asistencia para fortalecer la lucha: ¡Ni una más!

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De tumbas clandestinas y desaparecidos.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

Desaparecidos. Ni vivos ni muertos. Físicamente ausentes, más presentes que nunca. En Morelos 83 casos se han documentado por el propio gobierno federal en sólo dos años. 153 mil en todo el país de acuerdo a cifras proporcionadas a la ONU por el gobierno en informes oficiales. Familias enteras los buscan por todas partes. En el campo y la ciudad. En las barrancas y a la orilla de la carretera. En solares y en campo abierto. No así en cárceles clandestinas ni campos militares, que se cierran ante los reclamos ya no solo de los familiares sino de instancias internacionales como el Grupo Interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vivos los queremos y por eso los seguiremos buscando en donde los puede mantener el gobierno durante días, meses y años. Así lo hemos demostrado en diversas investigaciones desde los años 70s con el Comité Eureka hasta la actualidad con Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos y decenas de organizaciones que han surgido ante la omisión, inactividad, negligencia o franca complicidad del Estado. Entendemos el dolor y sufrimiento de quienes tienen a un ser querido desaparecido, sin saber qué es lo que le sucede, en qué condiciones se encontrará, si es sometido a torturas o mantenido bajo sedantes médicos o bajo amenaza permanente, como lo han denunciado en testimonios rendidos por sobrevivientes de desaparición forzada. Por ello, cuando es el propio gobierno quien trata de desaparecer a los cadáveres de personas no identificadas, como son los 150 cuerpos de personas enterradas en el panteón de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos, la indignación y la angustia de familiares no tiene límite y muestra el grado de deterioro en la procuración de justicia prevaleciente en la entidad y en el país. El caso es sumamente grave, porque el hecho ocurrió varios meses atrás y las autoridades lo mantuvieron oculto ante la opinión pública y sobre todo ante los familiares que buscan a desaparecidos, sin que se hayan tomado medidas elementales para preservar la identidad y el reconocimiento de cada uno de ellos. Una amplia investigación de periodistas independientes lo hizo público y la familia de uno de los desaparecidos, Oliver, fue la que directamente se enteró de los pormenores del hecho debido a que esperaban la entrega de un cadáver que nunca recibieron, sufriendo por lo tanto doble victimización a manos de quienes se lo llevaron y privaron de la vida y de quienes tienen la responsabilidad legal de dar certeza jurídica a todos sus actos para que se garantice justicia y verdad y no haya impunidad en ningún delito. Ante este cúmulo de violaciones a los derechos humanos la responsabilidad oficial es del Estado. ¿De qué manera se puede llevar a cabo investigaciones judiciales si los restos humanos no se preservan en condiciones adecuadas para todo tipo de peritajes legales? Es verdaderamente absurdo que la autoridad estatal intente ocultar la gravedad del hecho. Sobre todo cuando los familiares han recurrido una y otra vez a solicitar acción ante la Fiscalía y no han quitado el dedo del renglón sobre la necesidad de que se apliquen los protocolos de búsqueda y localización de acuerdo a la normatividad establecida por la propia Fiscalía y ordenada por instancias como la PGR, máxime que no sólo hay desaparecidos en Morelos sino de otras partes del país, y se tiene conocimiento de que han aparecido cuerpos en estados de la república diferentes al que ocurrió la desaparición. Un intercambio y colaboración de las autoridades de las distintas entidades se antoja elemental pero no para quienes están muy lejos de la sensibilidad humana que se requiere para atenderlos. Las responsabilidades no pueden quedar en simples llamados administrativos sino que se deben fincar los cargos penales por este acto que viola diversas leyes y procedimientos. Surge inmediatamente la duda sobre si esto ocurrirá, ya que la independencia y autonomía de la Fiscalía no se observa por ninguna parte, con el nombramiento de un familiar del propio Gobernador y el aval de absolutamente todo el Congreso del Estado en unanimidad que debería tener mejores causas.  La propia Ley para Atender Prevenir y Erradicar la Desaparición Forzada, vigente en Morelos, establece mecanismos que no se han instrumentado a pesar de que ya han pasado los plazos establecidos, por lo que demandamos investigar a fondo estos hechos y castigar a los responsables, porque es evidente que el caso de Oliver Wenceslao representa una violación a la dignidad humana y una revictimización de una persona que fue secuestrada y luego asesinada. Ante los 83 casos de desaparición de personas, sólo en lo que va del sexenio de Graco Ramírez, hasta el momento la Fiscalía carece de protocolos y bases de datos que permitan a las familias de estos desaparecidos averiguar o comprobar que sus ausentes se encuentran en los anfiteatros, o en este caso, en las fosas clandestinas de la Fiscalía. Hay que tener memoria histórica y recordar que los caso ocurridos a finales de los años 80s, cuando a partir de dos recomendaciones de la entonces recién creada CNDH, se buscaron y encontraron dos fosas clandestinas en la comunidad de Amilcingo, en Temoac, en los límites con Puebla, en las que hallaron 19 cuerpos como parte de las investigaciones del caso de José Ramón García Gómez, uno de los primeros desaparecidos políticos del sexenio de Carlos Salinas y Antonio Riva Palacio, desaparecido el 16 de diciembre de 1988 en Cuautla. Hoy el Estado no puede eludir la responsabilidad ante la gravedad de estos hechos, por lo que además de sancionar a los responsables, debe dar certeza a las familias para identificar todos los cuerpos y sobre todo localizar a los desaparecidos y evitar que continúen ocurriendo en Morelos.

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Alerta de Violencia de Género Nacional

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., asistió a reuniones con diversas organizaciones Feministas y Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres de los Estados de México, Puebla, Michoacán y Jalisco. El 22 de octubre estuvimos en Puebla con las encargadas del Programa de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ., del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana, periodistas de LadoB y del  Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C. Los ejes temáticos fueron: el proceso de la solicitud de Alerta de Violencia de Género en Morelos, el contexto local y nacional de la violencia feminicida, y las estrategias a seguir para el acceso a la justicia para las mujeres. Ante el contexto que se enfrenta en Puebla sobre violencia de género y violencia feminicida, es importante recordar que han sido diversas organizaciones y defensoras/es de derechos humanos quienes la han documentado y acompañado desde sus miradas y posibilidades. Además, han sido ellas quienes han aportado conocimiento a la comprensión de la violencia de género y feminicida en el Estado. Ello conlleva reconocer que, históricamente, ha sido la sociedad civil quien ha levantado la voz por la atención de la violencia contra las mujeres, la exigibilidad del acceso a la justicia y el fortalecimiento de un Estado de derecho que nos permita vivir con dignidad a todas las mujeres. Asimismo, las circunstancias sobre el feminicidio en Puebla demandan respuestas eficaces y articulación en todos los niveles de la sociedad e instituciones. Lamentamos, por ello, las declaraciones emitidas por el Lic. Adolfo López Badillo, ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), en las que expresa que las organizaciones de la sociedad civil polarizan la  petición de la alerta de género, como si la violencia feminicida fuese un asunto de filiaciones políticas antes que de derechos humanos. Por lo tanto, queremos hacer hincapié en la urgente necesidad de que esta comisión entienda la complejidad de las acciones que está emprendiendo y su corresponsabilidad en materia de los Derechos Humanos de las mujeres.

El 26 de octubre en Michoacán se celebró una reunión con las organizaciones peticionarias de las Solicitudes de las Alertas de Violencia de Género en Michoacán (Humanas sin Violencia), Guanajuato (Las Libres), Mexicali, Baja California,Veracruz Distrito Federal y Morelos (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.). Como resultado del encuentro, acordamos tener una reunión Nacional para fortalecer el trabajo y la exigencia de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) en todos los Estados, puesconsideramos que la AVG es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años. De igual modo, expresamos que estaremos dando puntual seguimiento a todas y cada una de las acciones y medidas que se plantean para hacer válidos todos los derechos de las mujeres que permitan alcanzar claramente los objetivos de la AVG, asimismo, convocamos a toda la sociedad a estar atenta de la implementación de ésta Declaratoria, pues entendemos que es el último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria, la Justicia y la Atención Integral para las Mujeres.
Finalmente, el 29 de octubre acudimos a Jalisco para participar en el Taller Alerta de Género, donde participaron Mujeres de Distintos Partidos Políticos, Mujeres de Izquierda, Mujeres Líderes en Progreso, el colectivo Uni-Diversidades, entre otras. Aunque hasta el momento Jalisco no ha iniciado su solicitud de Alerta de Violencia de Género de manera formal, hay un panorama complicado para las mujeres en Jalisco, hay feminicidios, desapariciones de mujeres, trata de personas y violencia familiar, razones fundamentales y suficientes para pedir la AVG. Como acuerdo del taller, se aprobó emitir un exhorto al Gobierno del Estado de Morelos para que sin más dilación, aplique las medidas urgentes para atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos, decretada el 10 de agosto del 2015 para 8 de los 33 Municipios del Estado. En el entendido de que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Y tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Por lo cual, el Estado de Morelos deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el marco internacional de los Derechos Humanos y considerar como Restitución Integral: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial. Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables; la rehabilitación. Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las mujeres víctimizadas y de sus familias; y la satisfacción. Son las medidas que buscan una restitución orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran;  la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad. Garantías Efectivas de no Repetición y un Plan de Atención y Prevención de la violencia familiar y en el ámbito comunitario.

 Feministas y Defensoras de Derechos Humanos hemos elevado nuestra voz en diferentes foros y espacios ante la gravedad de la violencia feminicida y los crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTI, por lo que en Morelos, Puebla, Michoacán y Jalisco hicimos un llamado para que juntas exijamos la Alerta de Violencia de Género Nacional. Porque nos queremos vivas ¡Ni una Menos!

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