Archivo mensual: enero 2016

Movilizaciones en Morelos contra violencia e inseguridad

Al cumplirse 16 meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, se llevará a cabo una marcha del Calvario al Zócalo de Cuernavaca a partir de las 4:30 de la tarde, convocada por sindicatos y organizaciones de derechos humanos.

La población en el Estado de Morelos está viviendo en medio de una grave crisis de inseguridad y violencia que pone al desnudo la vinculación entre las instituciones del Estado y la industria criminal que lleva a su extremo la descomposición capitalista en el aspecto fenoménico de la barbarie, con la agudización de la desigualdad social y la privación de derechos humanos de la mayoría, mientras crece el fortalecimiento del aparato represivo del Estado para impedir que las protestas sociales se transformen en luchas anticapitalistas, antineoliberales y por derechos humanos plenos para todas y todos.

Los niveles de violencia criminal e institucional se han mantenido en una espiral creciente. Las causas son estructurales y propias del sistema capitalista en crisis que, sin embargo, tratan de ocultar para utilizar políticamente pero no para resolver realmente. La violencia institucional diseñada para impedir que la protesta social crezca, se extiende como un cáncer que va infestando todo el cuerpo social y termina afectando gravemente la vida y la libertad de la mayoría de la sociedad.

No es mera coincidencia que los niveles de criminalidad hayan crecido a la par de las políticas neoliberales. El Estado se transforma acorde con las necesidades económicas y políticas de los grupos de poder capitalistas hegemónicos o dominantes a escala planetaria. Abandona las políticas de bienestar social y fortalece el aparato represivo policiaco y militar. La militarización de la seguridad pública es consecuencia de los afanes de elevar los niveles de ganancia de las industrias criminales. Los circuitos financieros donde se lava el dinero proveniente de toda clase de negocios ilícitos, se aceitan con la sangre del pueblo que padece los estragos de una guerra, oculta primero, y luego abierta. La producción, trasiego y consumo de drogas y toda clase de estupefacientes, crece al amparo de ésta supuesta guerra, donde en lugar de disminuir el narcotráfico se instala en prácticamente todo el cuerpo social. El involucramiento de policías y militares con la delincuencia no es meramente circunstancial. Es producto de los altos intereses económicos en juego. No hay delincuencia organizada sin complicidad y anuencia del Estado. La impunidad es generalizada porque las estructuras de poder están imbricadas con la corrupción y sus efectos corrosivos.

Actualmente el gobierno perredista de Morelos está embarcado en justificar su estrategia policiaca y militarista de fortalecimiento del Mando Único, sin modificar un ápice las políticas dominantes que criminalizan a los jóvenes y a los consumidores de estupefacientes, lanzando todo el poder de fuego contra supuestos o reales integrantes de bandas de crimen organizado que hoy son identificados de una manera y mañana crecen y se multiplican porque se mantiene la impunidad y el motivo principal de su surgimiento, que es la obtención de la mayor ganancia en el menor tiempo posible, divisa del capital neoliberal y mafioso. Todas estas denominaciones no alcanzan a identificar plenamente la enorme descomposición institucional en aras de mantener el poder en unas cuantas manos.

Vivimos en un estado de guerra donde el pueblo sufre las consecuencias. Es una expresión de la barbarie. Descomposición del tejido social que implica romper las relaciones de solidaridad por el sálvese quien pueda del individualismo egoísta.

La lucha por los derechos humanos forma parte sustancial de la lucha por una sociedad socialista, con justicia social, sin clases que opriman y exploten unas a otras y sin discriminación ni violencia. Derechos y libertades democráticas que han sido producto de las luchas históricas de los pueblos y no concesión gratuita de las clases dominantes. Derechos que son violados sistemáticamente bajo el capitalismo. Derechos que son irrenunciables desde ahora y que son imprescindibles para la vida, la libertad, la dignidad. La lucha por hacer vigentes los derechos humanos forma parte de la lucha de la izquierda socialista en nuestro país. Desde los años 70s la formación de los comités contra la represión, por la libertad de las y los presos políticos, por la presentación de los desaparecidos, ha sido impulsada por familiares como las doñas del Comité Eureka y apoyadas por el PRT y múltiples organizaciones políticas de izquierda, sociales y sindicales. Un amplio movimiento independiente, no gubernamental, de organizaciones de derechos humanos, se fortaleció sobre todo durante los años 80s a la fecha. Una cultura de respeto a los derechos humanos ha permeado en amplias capas sociales que resienten las consecuencias de la ofensiva privatizadora, represiva y neoliberal del capitalismo dominante.

El gobierno de Graco Ramírez en Morelos se asume como el promotor principal de la estrategia de centralización de la policía con un Mando Único, bajo una perspectiva militarista y autoritaria, represiva, que no garantiza seguridad humana y ciudadana. La impunidad generalizada no puede ser eliminada mediante el uso de la fuerza letal, sino con la aplicación de la justicia que éstos gobiernos son incapaces de garantizar por la corrupción generalizada en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Desnudar las violencias y los beneficiarios del sistema es luchar por el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos. Recuperar la capacidad humana de indignarse frente a cualquier dolor que sufren las víctimas a manos de criminales y perpetradores. Exigir justicia y verdad frente al Estado no significa confiar en las instituciones, sino en la capacidad de organización autónoma para conseguirlo.

Por eso es necesario sacar las lecciones de enormes movimientos que han impactado socialmente en nuestro país, para no olvidar que si es el Estado el responsable, por acción u omisión, de éstos crímenes, se requiere una estrategia de lucha unitaria que coloque en el centro una perspectiva de derechos humanos sin concesión alguna a quienes usan y abusan del poder. Nuestro compromiso en esta lucha lo debemos asumir cotidianamente en donde quiera que nos encontremos. Fortalezcamos las movilizaciones nacionales e internacionales por los 43 de Ayotzinapa y por la Alerta de Violencia de Género en todo el país. Esta será una forma de respaldo a la lucha en Morelos por lograr que haya seguridad humana y ciudadana sin militarización ni mando único, con pleno respeto a los derechos humanos.

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Encuentro de Mujeres en Mérida

​*​ Conmemorar el centenario del Primer Congreso de Mujeres Feministas de México exigiendo respeto a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia.

​*Asisten cientos de mujeres de todo el país.​

​*Emma Watson y Malala Yousef, Susan Sarandon participarán en este evento.​

*Juliana G. Quintanilla asiste invitada como coordinadora de la CIDHM.

No hay derechos humanos sin incluir los derechos de las mujeres. Reivindicar las aportaciones históricas de quienes nos precedieron en la lucha es necesario para construir un futuro sin opresión, explotación, discriminación y violencia. Realizar un encuentro internacional para la construcción y promoción de una nueva agenda de género que, en el marco del centenario del Primer Congreso de Mujeres Feministas de México, celebrado en Yucatán en enero de 2016, contribuya a la deliberación y formulación de propuestas en torno a los nuevos desafíos y oportunidades para el pleno desarrollo de las mujeres en el contexto global, regional y nacional de la economía del conocimiento, desde la perspectiva de la creación, la innovación y la competitividad, y como un reconocimiento a la visión y el compromiso de ese esfuerzo pionero a favor de la equidad de género, y como un motivo para subrayar la exigencia de asumir los retos y las oportunidades de cada momento histórico, cuando se realizó el Primer Congreso Feminista de enero de 1916, inaugurándose el 13 de enero de 1916 en el Teatro Peón Contreras de la Ciudad de Mérida, con la asistencia de 650 congresistas de todo Yucatán. Primer Congreso feminista en México y segundo en América Latina. La recomendación de las mujeres asistentes a que se reformara el Código Civil, fue la propuesta más importante del Congreso.

Ante los planteamientos de innovación y competitividad para  mejorar las condiciones y fomentar las capacidades innovadoras de las mujeres en la formación de nuevos proyectos en diversos ámbitos de la actividad económica, así como promover la creación de redes de apoyo y colaboración  y la creación y diversidad, mediante el diseño e implementación de políticas públicas, programas, proyectos y acciones que permitan el mayor despliegue de las vocaciones y los talentos creativos de las mujeres, así como el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, racial, social y sexual de las mujeres en todo el mundo, con especial énfasis en la protección de sus derechos y libertades, tanto individuales como colectivos, hacemos propias las propuestas feministas adoptadas en este mismo espacio:

El feminismo es una apuesta ética y política, que sigue siendo necesaria para la construcción de un mundo más justo e igualitario, se reconoce en la Declaración del Comité Conmemorativo del Primer Congreso Feminista de Yucatán. A cien años refrendamos nuestro compromiso para continuar trabajando de manera colectiva en la lucha por una sociedad justa, sin discriminación y con igualdad de trato, oportunidades y derechos para mujeres y hombres.

Es necesario hacer un reconocimiento a la diversidad de feminismos y a las luchas de las mujeres, además de señalar que el enemigo no está en nosotras y reivindicamos la sororidad. Reconocemos que entre las feministas hay encuentros y desencuentros, pero aun así nos hemos mantenido en la lucha, también recordaron el camino andado que ha abierto puertas para que existan acuerdos y leyes por las cuales hemos avanzado, a pesar de que siguen existiendo vacíos, lagunas y retrocesos. En este caminar no todas las mujeres están, por lo cual las feministas tenemos una deuda con las mujeres indígenas y rurales, campesinas, obreras, trabajadoras sexuales y transexuales.

Es inaceptable que se reduzcan los presupuestos en materia de género, que han tenido los institutos de las mujeres, las universidades, la SEMARNAT, CDI y la Secretaria de Salud, entre otros. Denunciamos la falta de voluntad política para detener, prevenir, sancionar y erradicar los feminicidios, ignorando los protocolos y la implementación sin simulación de las Alertas de Violencia de Género, como lo hemos documentado en Morelos con más de 633 feminicidios. Las mujeres que mueren violentamente en el país son víctimas de quien les priva directamente de la vida y de un sistema omiso, cómplice, que justifica y garantiza impunidad a quienes los cometen. Existe un entramado jurídico-legal que no se utiliza, que no se pone en práctica para garantizar la vida y la libertad de las mujeres. Un Estado que es incapaz de cumplir y hacer cumplir los derechos de las mujeres, termina siendo un Estado feminicida. Las mujeres que son asesinadas físicamente, también reciben una muerte simbólica, moral, política, cuando se les desfigura el rostro, se les elimina el nombre, se ocultan las causas, no se investiga ni mucho menos se sanciona. Carta de impunidad para machistas, misóginos, violentos. Denunciamos a un estado negligente que no garantiza espacios seguros para las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado. Denunciamos las reformas estructurales que obedecen a un sistema capitalista neoliberal que fomenta la pobreza, la discriminación, la violencia, la destrucción de los ecosistemas y donde las mujeres somos las más afectadas. Por otra parte, está la prestación de servicios profesionales de calidad que permitan a las mujeres acceso a la justicia, y la inoperancia de las instituciones responsables de procuración de justicia. Exigimos una estrategia nacional y local para la articulación y armonización de las leyes, para que dejen de ser letra muerta y que tanto hombres como mujeres que ocupan puestos públicos, no reproduzcan esquemas machistas y patriarcales en el desempeño de sus funciones. También exigimos la real transversalización de la perspectiva de género en la función pública y a personas competentes conocedoras de estos temas para los cargos de la administración pública, y presupuestos que incluyan la perspectiva de género. El reconocimiento de la problemática de la trata de personas y la generación de  políticas públicas para su prevención y erradicación. Reivindicamos el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y leyes que lo garanticen, así como la necesaria participación de la sociedad civil y de la academia en la construcción de la agenda pública. Es urgente y necesario el rescate y la visibilización de la memoria histórica de las mujeres y de la lucha feminista en la educación pública de Yucatán y en México. Por ello es que se requiere el monitoreo y evaluación de las políticas públicas sobre salud reproductivas vigentes; la utilización de los medios y plataformas digitales como canales y herramientas para difundir y acceder a información sobre salud sexual y reproductiva. Que por cada mujer que se involucre en el ámbito público se involucre un hombre en el ámbito privado; abrir espacios de inclusión para niñas y niños que fomenten nuevos paradigmas de convivencia entre hombres y mujeres y desmitifiquen los estereotipos de género; utilizar el lenguaje incluyente en el ámbito público y ámbito privado, y apropiarnos del derecho al placer desde el marco de los derechos humanos. Estaremos dando puntual seguimiento a cada acción y recurriremos a todas las instancias hasta cumplir con el objetivo superior de la vida y la libertad de las mujeres. Llamamos a reforzar todas las acciones tendientes a lograr una mayor conciencia y participación social en la defensa de los derechos de las mujeres.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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El derecho a defender los derechos humanos en riesgo.

 

76 casos de violaciones de derechos humanos (VDH) y agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos en 20 estados de la república. 

Defender los derechos humanos es una actividad de alto riesgo en México. En la investigación “Defensoras somos Todas” (1), la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, documentó diversas violencias que se padecen, desde la feminicida hasta la institucional. El año 2015 ha sido un año marcado por la impunidad en los grandes casos emblemáticos de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, pero también por la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Ambas situaciones resultan muy graves y son atribuibles al Estado mexicano que ha sido incapaz de resolver casos tan delicados como los mencionados un poco más abajo, pero que también ha participado en cerca de 58% de las violaciones de derechos humanos (VDH) y agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos, según registró de manera preliminar la Red TDT hasta el 1 de diciembre del 2015. Quienes defienden la tierra y el territorio, los derechos de las mujeres y migrantes o los derechos económicos y sociales, han sufrido toda clase de ataques. Otra vía de vulneración fueron las reformas legales que violentan de manera estructural la capacidad de ejercicio y defensa de derechos, así como la de protestar, como en el caso de la Reforma educativa y más recientemente la nueva Ley de Hidrocarburos (para más detalles de esto último ver (2). Sin duda , las reivindicaciones por hechos ocurridos en el año 2014 como la ejecución extrajudicial de 6 personas y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, o como los ocurridos en el municipio mexiquense de Tlatlaya, dinamizaron la indignación nacional. Las masacres en Apatzingan y Tanhuato y el multihomicidio en la Narvarte, son algunos ejemplos graves. Estos hechos forman parte de un patrón que hemos detectado, en el cual la mayor parte de las violaciones de Derechos Humanos y Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos se dan contra líderes comunitarios que suelen favorecer la defensa de los derechos humanos de sus comunidades. En un registro preliminar, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) identificó del 1 de enero al 1 de diciembre de 2015, 76 casos de violaciones de derechos humanos (VDH) y agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos en 20 estados de la república. En consistencia con el informe anterior de la Red TDT, los estados con mayor número de VDH y agresiones a defensores y defensoras son Chiapas, Oaxaca, el Distrito Federal, Guerrero y Veracruz. De estas situaciones, alrededor del 85% fueron cometidas hacia personas defensoras de derechos humanos, y el 15% hacia colectivos. Cabe resaltar que la mayor parte de los y las defensoras agredidas pertenecen a procesos colectivos, mismos que se ven directamente afectados por dichas agresiones, lo que incrementa el contexto de riesgo en el que llevan a cabo su labor de defensa. Esto nos indica una estrategia clara para desarticular dichas colectividades a favor de los intereses económicos y políticos afectas por sus luchas. La mayoría de los casos registrados pertenecen al campo de lucha de Tierra y Territorio, seguidos por Violencia e Inseguridad y DESCA (Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales) y Políticas Públicas. Esta división nos ayuda a comprender los principales intereses afectados, pero al mismo tiempo es necesario recordar que los derechos humanos son interdependientes e inseparables, y que el contexto nacional de violencia e inseguridad afecta transversalmente a todas las luchas. El principal derecho afectado es el derecho a la integridad personal, el cual es sistemáticamente violado a través de agresiones físicas, amenazas, hostigamiento, intimidación y amenazas de muerte, lo que nos indica que existe un riesgo a la vida de las personas y a la permanencia de los colectivos y procesos de defensa de los derechos humanos. Alrededor del 58% de las VDH y agresiones fueron cometidas por actores estatales, mientras que cerca del 42% por actores no estatales (Grupos empresariales, organizaciones charras, Corporaciones transnacionales y otras) lo que nos muestra la existencia de una cultura de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Frente a esto, el Estado está obligado a generar estrategias integrales para la protección de la labor de defensa de los derechos humanos, al igual que visibilizar su importancia para la construcción de un país democrático.  De ahí la importancia de mantener la movilización social como las Caravanas Nacionales por justicia y verdad para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que estará en Morelos el 24 de enero y la marcha del 26 de enero que partirá del Calvario al zócalo a 16 meses de su desaparición.

​Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.​

 

Notas:

1.-www.frayba.org.mx/archivo/articulos/informedefensoras.

2.-http://redtdt.org.mx/?p=4996

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Por seguridad humana y ciudadana no a un Estado policíaco.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

En Morelos la violencia impune se mantiene en los más altos niveles. Y corre de la mano de la crisis política y social ante la descomposición de las instituciones. Es indignante que en lugar de justicia y verdad se utilice la lógica del miedo para imponer un estado policiaco. El debate sobre la estrategia de seguridad no puede ser obviado. ¿El Mando Único policíaco en Morelos acaso puede combatir ilegalidad con ilegalidad? La seguridad no surge de más armas en las calles, sino de prevención y medidas integrales, de combate a la impunidad y a la complicidad. Superar la crisis institucional es fundamental para una verdadera seguridad ciudadana. Cuando se prefiere perder libertades a cambio de seguridad se avanza peligrosamente en el terreno del autoritarismo y la antidemocracia. Si no se identifican las causas del crecimiento de la criminalidad y la violencia, se imponen medidas que terminan incrementándolas. Cuando se pretende ocultar la raíz del problema, termina aflorando con mayor fuerza.  En Morelos nos enfrentamos a un grave problema de inseguridad, de violencia criminal e institucional, de impunidad, de silencios cómplices y omisiones gubernamentales que ocultan el hecho de que son los poderosos grupos económicos  quienes son beneficiarios del poder aunque no lo ejerzan directamente sino por medio de sus representantes en los partidos que se reparten el poder. La clase trabajadora y el pueblo pobre sufre la peor violencia desde hace décadas y los patrones no se inmutan: la violencia económica, social y política, las causas de la violencia criminal hay que buscarlas en la injusticia social y económica que beneficia a los dueños del poder y del dinero. ¿Qué violencia mayor que la que nos priva cotidianamente de una vida digna? Es el sistema capitalista violento y destructor de las mejores relaciones humanas, ya que prioriza la ganancia y la competencia antes que la solidaridad y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. La fotografía de los homicidios de jóvenes y adolescentes en México muestra que el mayor número de los asesinatos violentos ocurren entre la población de 20 a 24 años, la mitad mueren por arma de fuego, y el número de feminicidios respecto a los hombres es mayor que en otros países de Latinoamérica. México es el País que tiene un mayor índice de feminicidios, del total de los homicidios de jóvenes el 12.3 por ciento corresponden al sexo femenino, por encima del 8.9 por ciento de Argentina, 8.7 por ciento de Guatemala, 7.6 por ciento de Colombia y 6.8 por ciento de Brasil.  Factores de riesgos individuales, familiares, escolares y comunitarios son la falta de proyecto de vida, desempleo, exclusión social y discriminación, violencia institucional del Estado, entre otros problemas estructurales del capitalismo actual. El número de policías crece exponencialmente casi a la par de la inseguridad y la violencia. El uso desmedido de la fuerza es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que ven cuestionada su legitimidad ante los pueblos. Lejos de garantizar derechos, el uso sistemático de las fuerzas represivas los va eliminando progresivamente. El clima de temor se generaliza, no solo ante la violencia delincuencial, sino ante la presencia de quien usa las armas para imponer su autoridad por encima de cualquier derecho. Las armas de las policías se usan más contra el pueblo que contra los delincuentes. El poder económico de la delincuencia sigue intacto porque así conviene al capital. Las políticas autoritarias y represivas que toman los gobiernos de Peña Nieto, Graco Ramírez y  Cuauhtemoc Blanco, es la misma política con actores distintos y una sola lógica represiva, violatoria de los derechos humanos. Salir a las calles a exigir seguridad es un derecho que nadie debe coartar. Llamamos al pueblo a levantar las banderas de la lucha por las libertades ciudadanas y los derechos a una vida libre de violencia para todas y todos mediante la participación organizada y consciente, organizándonos de manera autónoma e independiente. La ciudadanía requiere de una verdadera seguridad ciudadana, sin militarización de la seguridad pública.

Por otra parte, los gobiernos no promueven ni construyen ciudadanía democrática y participativa, que tiene su base en el ámbito comunitario-municipal. Las garantías y la dignidad de las personas se someten al interés central del Estado. En lugar de ello, debería promover la democratización de las policías, proceso que necesariamente tendrá que pasar por la desmilitarización de la Seguridad Pública; comenzar por el Servicio Civil de Carrera en las policías preventivas e investigadoras, para que las plazas de base, mandos y jefes policiales, sean sometidas a Concurso en base a Convocatoria Pública, calificando y certificando por un órgano autónomo y ciudadano.  Existen comités ciudadanos y rondas comunitarias, procesos de autoorganización en pueblos y colonias que pueden ser fundamentales para una verdadera seguridad ciudadana. Para terminar con las historias del horror que vive el pueblo ante el terrorismo de Estado y la violencia criminal, es fundamental fortalecer la organización popular independiente, la movilización y la lucha por una seguridad humana y ciudadana con respeto a los derechos humanos de todas y todos.

cidhmorelos@gmail.com

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