Por seguridad humana y ciudadana no a un Estado policíaco.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

En Morelos la violencia impune se mantiene en los más altos niveles. Y corre de la mano de la crisis política y social ante la descomposición de las instituciones. Es indignante que en lugar de justicia y verdad se utilice la lógica del miedo para imponer un estado policiaco. El debate sobre la estrategia de seguridad no puede ser obviado. ¿El Mando Único policíaco en Morelos acaso puede combatir ilegalidad con ilegalidad? La seguridad no surge de más armas en las calles, sino de prevención y medidas integrales, de combate a la impunidad y a la complicidad. Superar la crisis institucional es fundamental para una verdadera seguridad ciudadana. Cuando se prefiere perder libertades a cambio de seguridad se avanza peligrosamente en el terreno del autoritarismo y la antidemocracia. Si no se identifican las causas del crecimiento de la criminalidad y la violencia, se imponen medidas que terminan incrementándolas. Cuando se pretende ocultar la raíz del problema, termina aflorando con mayor fuerza.  En Morelos nos enfrentamos a un grave problema de inseguridad, de violencia criminal e institucional, de impunidad, de silencios cómplices y omisiones gubernamentales que ocultan el hecho de que son los poderosos grupos económicos  quienes son beneficiarios del poder aunque no lo ejerzan directamente sino por medio de sus representantes en los partidos que se reparten el poder. La clase trabajadora y el pueblo pobre sufre la peor violencia desde hace décadas y los patrones no se inmutan: la violencia económica, social y política, las causas de la violencia criminal hay que buscarlas en la injusticia social y económica que beneficia a los dueños del poder y del dinero. ¿Qué violencia mayor que la que nos priva cotidianamente de una vida digna? Es el sistema capitalista violento y destructor de las mejores relaciones humanas, ya que prioriza la ganancia y la competencia antes que la solidaridad y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. La fotografía de los homicidios de jóvenes y adolescentes en México muestra que el mayor número de los asesinatos violentos ocurren entre la población de 20 a 24 años, la mitad mueren por arma de fuego, y el número de feminicidios respecto a los hombres es mayor que en otros países de Latinoamérica. México es el País que tiene un mayor índice de feminicidios, del total de los homicidios de jóvenes el 12.3 por ciento corresponden al sexo femenino, por encima del 8.9 por ciento de Argentina, 8.7 por ciento de Guatemala, 7.6 por ciento de Colombia y 6.8 por ciento de Brasil.  Factores de riesgos individuales, familiares, escolares y comunitarios son la falta de proyecto de vida, desempleo, exclusión social y discriminación, violencia institucional del Estado, entre otros problemas estructurales del capitalismo actual. El número de policías crece exponencialmente casi a la par de la inseguridad y la violencia. El uso desmedido de la fuerza es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que ven cuestionada su legitimidad ante los pueblos. Lejos de garantizar derechos, el uso sistemático de las fuerzas represivas los va eliminando progresivamente. El clima de temor se generaliza, no solo ante la violencia delincuencial, sino ante la presencia de quien usa las armas para imponer su autoridad por encima de cualquier derecho. Las armas de las policías se usan más contra el pueblo que contra los delincuentes. El poder económico de la delincuencia sigue intacto porque así conviene al capital. Las políticas autoritarias y represivas que toman los gobiernos de Peña Nieto, Graco Ramírez y  Cuauhtemoc Blanco, es la misma política con actores distintos y una sola lógica represiva, violatoria de los derechos humanos. Salir a las calles a exigir seguridad es un derecho que nadie debe coartar. Llamamos al pueblo a levantar las banderas de la lucha por las libertades ciudadanas y los derechos a una vida libre de violencia para todas y todos mediante la participación organizada y consciente, organizándonos de manera autónoma e independiente. La ciudadanía requiere de una verdadera seguridad ciudadana, sin militarización de la seguridad pública.

Por otra parte, los gobiernos no promueven ni construyen ciudadanía democrática y participativa, que tiene su base en el ámbito comunitario-municipal. Las garantías y la dignidad de las personas se someten al interés central del Estado. En lugar de ello, debería promover la democratización de las policías, proceso que necesariamente tendrá que pasar por la desmilitarización de la Seguridad Pública; comenzar por el Servicio Civil de Carrera en las policías preventivas e investigadoras, para que las plazas de base, mandos y jefes policiales, sean sometidas a Concurso en base a Convocatoria Pública, calificando y certificando por un órgano autónomo y ciudadano.  Existen comités ciudadanos y rondas comunitarias, procesos de autoorganización en pueblos y colonias que pueden ser fundamentales para una verdadera seguridad ciudadana. Para terminar con las historias del horror que vive el pueblo ante el terrorismo de Estado y la violencia criminal, es fundamental fortalecer la organización popular independiente, la movilización y la lucha por una seguridad humana y ciudadana con respeto a los derechos humanos de todas y todos.

cidhmorelos@gmail.com

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Archivado bajo articulos, militarizacion, Seguridad ciudadana

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