Movilizaciones en Morelos contra violencia e inseguridad

Al cumplirse 16 meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, se llevará a cabo una marcha del Calvario al Zócalo de Cuernavaca a partir de las 4:30 de la tarde, convocada por sindicatos y organizaciones de derechos humanos.

La población en el Estado de Morelos está viviendo en medio de una grave crisis de inseguridad y violencia que pone al desnudo la vinculación entre las instituciones del Estado y la industria criminal que lleva a su extremo la descomposición capitalista en el aspecto fenoménico de la barbarie, con la agudización de la desigualdad social y la privación de derechos humanos de la mayoría, mientras crece el fortalecimiento del aparato represivo del Estado para impedir que las protestas sociales se transformen en luchas anticapitalistas, antineoliberales y por derechos humanos plenos para todas y todos.

Los niveles de violencia criminal e institucional se han mantenido en una espiral creciente. Las causas son estructurales y propias del sistema capitalista en crisis que, sin embargo, tratan de ocultar para utilizar políticamente pero no para resolver realmente. La violencia institucional diseñada para impedir que la protesta social crezca, se extiende como un cáncer que va infestando todo el cuerpo social y termina afectando gravemente la vida y la libertad de la mayoría de la sociedad.

No es mera coincidencia que los niveles de criminalidad hayan crecido a la par de las políticas neoliberales. El Estado se transforma acorde con las necesidades económicas y políticas de los grupos de poder capitalistas hegemónicos o dominantes a escala planetaria. Abandona las políticas de bienestar social y fortalece el aparato represivo policiaco y militar. La militarización de la seguridad pública es consecuencia de los afanes de elevar los niveles de ganancia de las industrias criminales. Los circuitos financieros donde se lava el dinero proveniente de toda clase de negocios ilícitos, se aceitan con la sangre del pueblo que padece los estragos de una guerra, oculta primero, y luego abierta. La producción, trasiego y consumo de drogas y toda clase de estupefacientes, crece al amparo de ésta supuesta guerra, donde en lugar de disminuir el narcotráfico se instala en prácticamente todo el cuerpo social. El involucramiento de policías y militares con la delincuencia no es meramente circunstancial. Es producto de los altos intereses económicos en juego. No hay delincuencia organizada sin complicidad y anuencia del Estado. La impunidad es generalizada porque las estructuras de poder están imbricadas con la corrupción y sus efectos corrosivos.

Actualmente el gobierno perredista de Morelos está embarcado en justificar su estrategia policiaca y militarista de fortalecimiento del Mando Único, sin modificar un ápice las políticas dominantes que criminalizan a los jóvenes y a los consumidores de estupefacientes, lanzando todo el poder de fuego contra supuestos o reales integrantes de bandas de crimen organizado que hoy son identificados de una manera y mañana crecen y se multiplican porque se mantiene la impunidad y el motivo principal de su surgimiento, que es la obtención de la mayor ganancia en el menor tiempo posible, divisa del capital neoliberal y mafioso. Todas estas denominaciones no alcanzan a identificar plenamente la enorme descomposición institucional en aras de mantener el poder en unas cuantas manos.

Vivimos en un estado de guerra donde el pueblo sufre las consecuencias. Es una expresión de la barbarie. Descomposición del tejido social que implica romper las relaciones de solidaridad por el sálvese quien pueda del individualismo egoísta.

La lucha por los derechos humanos forma parte sustancial de la lucha por una sociedad socialista, con justicia social, sin clases que opriman y exploten unas a otras y sin discriminación ni violencia. Derechos y libertades democráticas que han sido producto de las luchas históricas de los pueblos y no concesión gratuita de las clases dominantes. Derechos que son violados sistemáticamente bajo el capitalismo. Derechos que son irrenunciables desde ahora y que son imprescindibles para la vida, la libertad, la dignidad. La lucha por hacer vigentes los derechos humanos forma parte de la lucha de la izquierda socialista en nuestro país. Desde los años 70s la formación de los comités contra la represión, por la libertad de las y los presos políticos, por la presentación de los desaparecidos, ha sido impulsada por familiares como las doñas del Comité Eureka y apoyadas por el PRT y múltiples organizaciones políticas de izquierda, sociales y sindicales. Un amplio movimiento independiente, no gubernamental, de organizaciones de derechos humanos, se fortaleció sobre todo durante los años 80s a la fecha. Una cultura de respeto a los derechos humanos ha permeado en amplias capas sociales que resienten las consecuencias de la ofensiva privatizadora, represiva y neoliberal del capitalismo dominante.

El gobierno de Graco Ramírez en Morelos se asume como el promotor principal de la estrategia de centralización de la policía con un Mando Único, bajo una perspectiva militarista y autoritaria, represiva, que no garantiza seguridad humana y ciudadana. La impunidad generalizada no puede ser eliminada mediante el uso de la fuerza letal, sino con la aplicación de la justicia que éstos gobiernos son incapaces de garantizar por la corrupción generalizada en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Desnudar las violencias y los beneficiarios del sistema es luchar por el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos. Recuperar la capacidad humana de indignarse frente a cualquier dolor que sufren las víctimas a manos de criminales y perpetradores. Exigir justicia y verdad frente al Estado no significa confiar en las instituciones, sino en la capacidad de organización autónoma para conseguirlo.

Por eso es necesario sacar las lecciones de enormes movimientos que han impactado socialmente en nuestro país, para no olvidar que si es el Estado el responsable, por acción u omisión, de éstos crímenes, se requiere una estrategia de lucha unitaria que coloque en el centro una perspectiva de derechos humanos sin concesión alguna a quienes usan y abusan del poder. Nuestro compromiso en esta lucha lo debemos asumir cotidianamente en donde quiera que nos encontremos. Fortalezcamos las movilizaciones nacionales e internacionales por los 43 de Ayotzinapa y por la Alerta de Violencia de Género en todo el país. Esta será una forma de respaldo a la lucha en Morelos por lograr que haya seguridad humana y ciudadana sin militarización ni mando único, con pleno respeto a los derechos humanos.

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Archivado bajo Derechos Humanos, jovenes, represión

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