Archivo mensual: febrero 2016

Violencia Feminicida y doña Petra

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca
La Violencia Feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres (Art. 21, Cap. V. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007; Art. 19. Cap. V. Ley AMVLV en Morelos, 2007). Los crímenes contra las niñas y mujeres se cometen en sociedades o en círculos sociales cuyas características patriarcales y la violación de los derechos humanos se concentran y se agudizan de manera crítica. En su mayoría se articulan con otras condiciones sociales y económicas de extrema marginación y exclusión social, jurídica y política. Son el producto de una organización social basada en la dominación de hombres sobre mujeres, caracterizada por formas agudas de opresión de las mujeres con sus constantes mecanismos de desvalorización, exclusión, discriminación y explotación a las que son sometidas las mujeres por el solo hecho de serlo.
El Ministerio Público no aplica el Protocolo vigente para Investigar el Feminicidio. Eso visibiliza una omisión institucional y garantiza la impunidad de los Feminicidas. La inmensa mayoría de los casos no son investigados ni sancionados como feminicidio. Y aun cuando se incrementó la penalidad para fijarla entre 40 y 70 años, existen casos que han sido sancionados con la penalidad de 7 años, como los cometidos en Cuernavaca. En Morelos hay avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en el sistema judicial adversarial: Reforma del Sistema de Justicia Penal y los Derechos de las Mujeres. Como resultado de la reforma constitucional de justicia penal del 2008, México y Morelos en particular, está experimentando una transición a un nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial con juicios orales. Si bien se manifiesta las bondades de dicho sistema en términos de protección de los derechos humanos y las ventajas que ofrece para las sobrevivientes de violencia, también se revela que los problemas de discriminación estructural no desaparecen, sino que incluso se refuerzan con el falso cobijo de la presunción de inocencia. Existe un uso mínimo de las posibilidades del sistema acusatorio, y en la mayor parte de las situaciones parece convivir un doble sistema, el inquisitivo en la práctica y uno acusatorio en la norma. Por ejemplo, en la figura de coadyuvancia, contemplada en Morelos en transición al nuevo sistema acusatorio, se reconoce el derecho de las víctimas a constituirse como acusador coadyuvante, lo que implica que el ministerio público conserva el monopolio del ejercicio de la acción penal pero que la víctima u ofendido pueden participar directamente en el proceso para defender sus intereses. Al constituirse las víctimas como coadyuvantes pueden recurrir todas las decisiones previstas por el código procesal. Como puede observarse, esta figura permitiría a las mujeres sobrevivientes de violencia incidir en el desarrollo y contenido del proceso a fin de salvaguardar por sí misma sus intereses. Una de las problemáticas subyacente a esta figura son los obstáculos económicos y geográficos. Por ejemplo, en Morelos contempla la asistencia jurídica gratuita de un abogado/a en caso que las mujeres victimizadas así lo requirieran, sin embargo, hay pocas abogadas/os para cubrir una demanda tan numerosa que en definitiva no asegura la calidad del servicio prestado y podría, incluso, abonar a las problemáticas que de por sí ya viven las mujeres al acercarse al sistema de justicia. Otro tema de preocupación es que pocas mujeres logran llegar a la audiencia de juicio oral: la mayoría de los asuntos concluyeron en la firma de un convenio ante el juez de control de garantías. Los modos de terminación simplificada del proceso y de suspensión del proceso pueden constituir posibilidades para que las mujeres sobrevivientes de violencia no transiten por las distintas etapas del proceso penal y que obtengan una respuesta judicial adecuada al tiempo que los daños son reparados. Sin embargo, al mismo tiempo, pueden constituirse en vías para la impunidad de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres. ¿Hasta dónde este sistema de juicios orales protege realmente a las mujeres que han sufrido violencia feminicida? Son historias de mujeres que mueren violentamente por el hecho de ser mujeres. El caso emblemático de Doña Petra Benítez Barrios, cuya investigación es realizada por la Fiscalía de Homicidios, es un claro ejemplo de que los delitos de Feminicidios no se tipifican como tales y que los Protocolos para Investigar los Feminicidio existentes en la Fiscalía, antes PGJE, no se aplican. Esta situación hace que no haya avances en la investigación sobre su feminicidio. Además demuestra como la violencia institucional se ejerce contra ella aún después de muerta, pues aun cuando ella murió asesinada en su domicilio luego de haber sufrido durante años ataques a su integridad personal, como haber sido detenida arbitrariamente, torturada, violada sexualmente, arrojada desnuda a un lugar público, perseguida y amenazada sistemáticamente, agredida por arma de fuego por un elemento policiaco, finalmente es asesinada y es estigmatizada por el mismo gobierno ante los medios de comunicación, acusándola de secuestradora. Su caso ni siquiera ha sido presentado ante el sistema penal acusatorio por falta de elementos en la investigación para indicar quienes son los perpetradores del crimen. Está claro que los operadores del sistema penal acusatorio no consideran que los Tratados Internacionales y las leyes de protección de los Derechos Humanos de las mujeres, los obligan a llevar a cabo acciones concretas de protección a favor de las mujeres victimizadas. Doña Petra nunca recibió medidas de protección que hubiese permitido proteger su vida ya amenazada sistemáticamente. Esto es inaceptable y deja evidenciado la Violencia Institucional y el sistema misógino, que abarca a jueces, magistrados, ministerios públicos y fiscales investigadores.

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Hacia un 8 de marzo por los derechos de las mujeres.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

La lucha contra la opresión, la explotación, la violencia y la discriminación contra las mujeres tiene una referencia histórica el 8 de marzo. La emancipación de las mujeres parte del principio de la lucha por la igualdad de derechos y en contra de todo tipo de sociedad clasista, patriarcal y machista. No hay plenos derechos sin los derechos de las mujeres. Estos derechos se han construido históricamente, no han sido producto de concesiones gratuitas desde el poder, son logros desde el movimiento, donde el feminismo y los derechos humanos forman parte del proceso de lucha anticapitalista y antipatriarcal. El 8 de marzo se trata de una fecha emblemática en la lucha por los derechos de las mujeres. En Nueva York, marzo de 1908, más de 15.000 personas exigieron en las calles de la Gran Manzana mejoras salariales, derecho al voto, reducción de jornada y condiciones laborales dignas. Eran las herederas de las obreras del textil neoyorquino que ya en 1857, también en marzo, comenzaron a movilizarse por sus derechos laborales hasta crear sus propios sindicatos dos años más tarde. El origen de las protestas de marzo se dio por el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwais de Nueva York, en el que el 25 de ese mes murieron 146 trabajadores, la mayoría mujeres, debido a la falta de medidas de seguridad. Este suceso fue el germen del Sindicato de Trabajadoras de la Confección, uno de los más influyentes en EE.UU. Estos antecedentes fueron retomados en el Congreso de la Internacional Socialista que, a propuesta de Clara Zetkin en 1910, aprobaron que el 8 de marzo se conmemorara el día internacional de las mujeres trabajadoras. Será hasta 1975 cuando la ONU adopte esta fecha para generalizarla. No olvidar la historia es fundamental para evitar su utilización institucional que trata de invisibilizar los aportes del movimiento feminista a ésta lucha. Actualmente existen temas de preocupación que no han sido atendidos con políticas públicas y que se han agudizado, afectando los derechos de las mujeres, tales como la concentración de la riqueza en unos cuantos capitalistas, el incremento de la explotación de la mano de obra femenil, la feminización de la pobreza, la militarización y el crecimiento del narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual y comercial, la impunidad y el feminicidio. Los programas de combate a la pobreza no han generado cambios positivos, y al contrario los índices de marginación y las brechas de desigualdad se han profundizado. En México existen 53.3 millones de personas en situación de pobreza extrema y las mujeres son mayoría entre las personas desempleadas, o tienen trabajos sin contrato laboral y prestaciones. El trabajo no remunerado y de cuidados en el hogar se realiza en un 95% por mujeres. Las condiciones de salud de las mujeres se han deteriorado y crecen enfermedades que podrían atenderse con campañas de prevención y políticas adecuadas para evitar muertes maternas o enfermedades crónicas degenerativas. La violencia machista y misógina crece al amparo de la violencia institucional llegando a su expresión extrema en las víctimas de feminicidio. Cuestionamos la incapacidad institucional de dar las respuestas adecuadas a través del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y la implementación de la Alerta de Violencia de Género. Es por ello importante destacar la resistencia de trabajadoras despedidas de Confitalia desde el año 2001, quienes aún no reciben su liquidación económica ya ganada y las trabajadoras del SME que desde 2009 han padecido las consecuencias de la ilegal desaparición de la CLyFC, así como denunciar que la CFE viola derechos de mujeres usuarias de luz integrantes de la ANUEE. Ante las crecientes agresiones de la CFE en contra de personas usuarias de energía eléctrica, se violan sus derechos humanos y tratándose de mujeres, se violan disposiciones establecidas en la  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que, en sus artículos 5 y 6 establece que la Violencia contra las Mujeres es cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público; y que la víctima es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia, física o cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Por lo anterior es que estas luchas de las mujeres trabajadoras no están desligadas de la exigencia de que se apliquen todas las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género a 7 meses de su aprobación en Morelos, ya que todas las mujeres tenemos derecho a la vida, la libertad y la seguridad para no sufrir las consecuencias de la violencia feminicida. Por ello, el 4 de marzo se realizará un foro con testimonios de mujeres en lucha a partir de las 5 de la tarde en la asamblea de la ANUEE, en el auditorio del SME, ubicado en la avenida Cuauhtemoc 9, colonia Amatitlán, Cuernavaca.

Recuperar la herencia histórica feminista del 8 de marzo es fundamental para no bajar la guardia en la lucha por el respeto pleno a los derechos de las mujeres, mismos que no han sido ni serán obtenidos como una concesión del poder, sino producto de la lucha organizada de las propias mujeres, con el apoyo de todas las personas que tengan la sensibilidad y conciencia de que este mundo requiere también ser visto con ojos de mujer.

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El feminicidio ocurrido en Cuautla el 16 de febrero eleva la cifra en 2016 a 6 meses de Alerta de Violencia de Género.

En el Informe sobre 6 meses de AVG en Morelos la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos documentamos del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. Para el año 2000 en los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años.

Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. En lo que vamos hasta enero del 2016 se han registrado 10. Dando un total de 686 feminicidios en 16 años.  Con este feminicidio ocurrido el 16 de febrero son ya 11 ocurridos en 2016 y 38 durante la AVG.

De acuerdo con el seguimiento de prensa realizado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., el rango de edad de las mujeres asesinadas durante la Alerta de Violencia de Género en Morelos, fluctúa entre los 4 y los 85 años. Se hizo un análisis más fino y se observo que el mayor porcentaje (excluyendo la categoría de sin especificar) se encuentra entre los 21 y 30 años, con un 18.91%, seguida de un 13.51% entre 31 y 40 años. Cabe destacar que la tendencia que se muestra en la gráfica, representa que se han incrementado los feminicidios en mujeres de 41 a 50 años y de 81 a 90.

El pasado 18 de noviembre de 2015, se inauguró la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Delito, aunque no se mencionó el monto destinado para ello. Sin embargo no se han creado módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá contemplar asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes.

Se mencionó que se instalaron los Comités Técnicos de Análisis y Evaluación del Protocolo de Feminicidio, para atender la violencia en contra de las Mujeres y el de Calidad con Perspectiva de Género. Los cuales, tienen como función primordial, supervisar y revisar de manera minuciosa, los avances y compromisos de las 271 Averiguaciones Previas y carpetas de investigación, que se encuentran relacionadas con la AVGM, declarada en los 8 Municipios del Estado.

Sin embargo, ninguna de las demás disposiciones se ha cumplimentado, de acuerdo a los indicadores de cumplimiento.

Aunque el Protocolo de Órdenes de Protección, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5342, de fecha 18 de noviembre del 2015, vemos que se puso énfasis particularmente en casos de violencia familiar, sin embargo, no está diseñado para ver de manera integral los tipos y modalidades de la violencia sufrida por las mujeres, contempladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, ejemplo de ello es que se jerarquizan unas violencias sobre otras, sin que le anteceda un análisis de riesgo, dejando ver la No comprensión de los diferentes tipos de violencia plasmados en la Legislación Nacional y en los Convenios y Tratados Internacionales.

En relación al seguimiento de las órdenes de protección, sólo se contemplan los aspectos policiales, dejando fuera los demás aspectos multidisciplinarios e integrales de protección para las mujeres.

Por otro lado, no se contemplan mecanismos de evaluación del protocolo y/o de las medidas implementadas. Así como tampoco de mecanismos de revisión y/o impugnación de las medidas. Ni tampoco se menciona el cómo se evaluara el fin de alguna medida y quién lo determinará.

No se presentaron los presupuestos con perspectiva de género; No se mencionó si aumentaron el presupuesto encaminado a suprimir las desigualdades de género o si aumentaron el presupuesto destinado a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad.

“El Banco Nacional de Datos, no existe en el Estado de Morelos, ya que no fue autorizado el recurso financiero para su constitución”

Tampoco vemos que exista una elaboración de un plan que detalle la forma en la que se implementará el fortalecimiento de las instituciones, ni la evaluación de resultados de las acciones implementadas para el fortalecimiento institucional.

Se mencionó que “Derivado del trabajo de los Comités Técnicos de Análisis y Evaluación del Protocolo de Feminicidio, para atender la violencia en contra de las Mujeres y el de Calidad con Perspectiva de Género, se han iniciado procedimientos y actas administrativas respecto del cumplimiento a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”. Sin embargo no se dio ningún reporte detallado que contenga nombres, falta cometida, sanción y estado que guarda dicho proceso sancionador.

Hubo un gran avance en la Iniciativa de Decreto por el que se Reforman diversas Disposiciones de distintos Códigos y Leyes Estatales en materia de Violencia contra las Mujeres y Perspectiva de Género, que presentó el Gobernador Constitucional del Estado, con carácter de preferente, ante el Congreso Local, el 1 de septiembre de 2015. Sin embargo no se tomó en cuenta la contradicción existente entre el Código Penal en su artículo 129 que establece que no se debe sancionar a quien culposamente pudiese haber ocasionado homicidio culposo a su esposa, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en su artículo 19, que señala que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de derechos humanos, en los ámbitos público y privado conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas violentas de mujeres, así como el Artículo *213 Quintus, del Capítulo III sobre el Feminicidio, que establece: “Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acredite cualquiera de las siguientes hipótesis: Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho;”. Ya que es con base en esta contradicción que muchos casos de homicidios de mujeres (al no ser tipificados como feminicidios) logran reducir las penas y con ello, dejan precedentes de impunidad.

Tan sólo se ha hecho, de manera puntual y aislada: patrullajes preventivos, difusión de información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia, y sobre qué es la AVGM de manera muy general.

El Ministerio Público no aplica el Protocolo vigente para Investigar el Feminicidio. Eso visibiliza una omisión institucional y garantiza la impunidad de los Feminicidas. La inmensa mayoría de los casos no son investigados ni sancionados como feminicidio. Y aún cuando se incrementó la penalidad para fijarla entre 40 y 70 años, existen casos que han sido sancionados con la penalidad de 7 años, como los cometidos en Cuernavaca.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos  A. C.

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Informe A 6 meses de la Alerta de Violencia de Género en Morelos

Un Estado que no garantiza la vida y la libertad de las mujeres.

Sin medidas emergentes no se detiene el feminicidio.

La AVG es una herramienta jurídica que requiere voluntad política, no simulación.

 Al cumplirse 6 meses de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos que entró en vigor el 10 de agosto de 2014, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., organización peticionaria de la AVG, presentamos un balance de las acciones y medidas establecidas en el decreto emitido por la CONAVIM al gobierno del Estado de Morelos encabezado por Graco Ramírez Garrido Abreu.

En medio de una grave situación de violación reiterada y sistemática de los derechos humanos en la entidad morelense, donde la violencia feminicida forma parte de la creciente inseguridad en la que se vive cotidianamente, es importante analizar en profundidad las consecuencias negativas para la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres, que tiene la falta de aplicación de todas y cada una de las medidas establecidas en la AVG.

El recuento de feminicidios en el Estado de Morelos es de 686 casos en 16 años. En nuestra solicitud de aplicación de la Alerta de Violencia de Género, documentamos 530 casos en 13 años. Hoy constatamos que el nivel de Violencia Feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del Gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato, que autoridades y algunos medios de comunicación, que dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hace un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de las mujeres, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.

Del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. Para el año 2000 en los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años.

Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. En lo que vamos del 2016 se han registrado 10. Dando un total de 686 feminicidios en 16 años.

FEMINICIDIOS OCURRIDOS DURANTE LA AVG DECRETADA EN MORELOS

A partir de que se decretó la AVG en Morelos (10 de agosto del 2015), se han registrado 37 feminicidios. El mes en el que ocurrieron más casos fue Enero (2016) con 10, seguido de Diciembre con 7, Septiembre con 6 y Octubre también con 6. Esto deja ver que en lugar de disminuir, los feminicidios aumentaron.

La violencia Feminicida y en particular los Feminicidios en el Estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ha ido acrecentando a lo largo de los años. Son ya 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec.

Del 10 de agosto del 2015 al 10 de febrero del 2016, los feminicidios sucedieron en por lo menos 17 Municipios diferentes, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

En Temixco existe alta violencia feminicida que priva de la vida violentamente a muchas mujeres, lo que muestra la grave situación que se vive en Morelos. El feminicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, Presidenta Municipal de Temixco (uno de los 8 municipios donde se decretó el 10 de agosto del 2015 la Alerta de Violencia de Género), Morelos, muestra la violencia que afecta gravemente la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres en la entidad, ya que forma parte de los cientos de crímenes que se han registrado a lo largo de 16 años y que la inmensa mayoría de los mismos se mantienen en la impunidad.

En Morelos hay Feminicidio y existe una violencia sistemática contra las mujeres. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los homicidios de niñas y mujeres son un problema grave e inadmisible. Son parte de la Violencia Feminicida como culminación de la violación de sus Derechos Humanos y evidencian la ruptura del Estado de Derecho en Morelos y en todo el País.

Cada vez con mayor frecuencia se conocen crímenes atroces contra niñas y mujeres de todas las edades en diversos Municipios de nuestro Estado y, a pesar de ello, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal no ha diseñado una política integral para enfrentarlos y para abatir la impunidad que los caracteriza.

Autoridades de rangos distintos han demeritado los Homicidios de Mujeres, los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las víctimas y no trabajan con profesionalismo en su esclarecimiento.

Ni las Desapariciones ni los Asesinatos ni la Impunidad son identificados como un grave problema, tampoco se reconoce la responsabilidad del Gobierno en los sucesos y su erradicación no es un eje prioritario de la Política de Desarrollo Social y de la Gobernabilidad.

Así como incontables mujeres victimizadas habían denunciado violencia en su contra ante autoridades que no la consideraron un riesgo para la vida y no asumieron su responsabilidad para evitarla, un número alarmante de casos no son esclarecidos, no se llega a la verdad, los agresores no son sancionados y no hay justicia. Por el contrario, la falta de profesionalismo de los funcionarios, el trato discriminatorio, incluso el encubrimiento a los agresores o la complicidad con ellos, prevalecen en la procuración de justicia. La corrupción hace inconfiables a las Instituciones en general para la ciudadanía.

Eliminar la Violencia Feminicida y todas las Formas de Violencia contra las Mujeres morelenses obliga a reorientar el trabajo del Estado.

Cabe señalar que el Gobierno Federal no ha dado Seguimiento ni Vigilancia al Cumplimiento de las Medidas, y al No establecer tiempos de cumplimiento, abre la posibilidad para la Dilación por parte del Estado de Morelos.

En síntesis podemos decir que la Violencia Feminicida proviene de un conjunto de Conductas Misóginas que Perturban la Paz Social, por lo que exigimos se cumplan todas las Medidas Establecidas por el Grupo de Trabajo en su informe, así como las Acciones Mandatadas por la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

No hay más tiempo para salvaguardar la Vida y la Libertad de las Mujeres, deuda histórica del Estado Mexicano.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Ante la violencia feminicida el Estado debe resarcir el daño.

Los resultados de la investigación realizada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos sobre 6 meses de Alerta de Violencia de Género en Morelos,  permiten comprobar que la violencia es compleja y multifactorial; se debe a la articulación sinérgica de un conjunto de procesos que es preciso tomar en cuenta para diseñar la política capaz de eliminar la violencia.

En todos los casos investigados se corroboró que la Violencia Feminicida es el extremo, la culminación de múltiples formas de violencia de género vividas por las víctimas e imperantes en su comunidad. La mayor parte de las niñas y mujeres victimadas habían vivido previamente múltiples atentados contra sus derechos humanos. En sus comunidades hubo tolerancia e impunidad de la que son responsables las instituciones de los tres niveles de gobierno. Todos los procesos ligados a la búsqueda de justicia han sido vividos con impotencia por la ciudadanía que no encuentra cauce para la exigibilidad de sus derechos, como lo demuestran las acciones de organizaciones civiles y de familiares de las víctimas, así como de redes de defensa de los derechos humanos, quienes no han recibido la respuesta obligada a sus exigencias. La Violencia Feminicida se produce porque prevalece en ellas una organización social genérica jerárquica de supremacía e inferioridad que crea desigualdad de género entre hombres y mujeres; por la exclusión o exposición de niñas y mujeres a poderes opresivos personales, sociales e institucionales; y por la tolerancia y aceptación de hombres machistas y misóginos, incluso de quienes delinquen y no son sancionados.

La impunidad derivada de la inacción del Estado constituye violencia institucional producto de omisión, negligencia o complicidad de las autoridades con los agresores. También existe la impunidad que se debe a la permanencia de estructuras estatales que perpetúan la desigualdad entre los géneros y no reconocen ni garantizan los derechos de las mujeres. La Violencia Feminicida se debe a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres. Se debe, asimismo, a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos. Se concreta en la debilidad de las parciales, incipientes y débiles acciones inconexas de atención a las mujeres sin metas concretas y sin sentido de erradicación de las causas que generan la violencia.

La Violencia Feminicida se reproduce al no dar tratamiento de delito a la violencia contra las mujeres incluso por quienes deben perseguir y juzgar. En ese sentido, por la ausencia del Estado de derecho ya que, aun cuando varias formas de violencia contra las mujeres son delitos, no se considera delito violentar a las mujeres. Los hombres violentos gozan de la complicidad no necesariamente concertada, pero ideológica y políticamente activa, entre autoridades y delincuentes.

Las mujeres víctimas de delitos reciben un trato discriminatorio, misógino y vejatorio por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, lo que constituye violencia institucional y contribuye a la impunidad. Hay diversas formas de maltrato y de injusticia enmarcadas como abuso de autoridad: por omisión, comisión, negligencia, corrupción y colusión con el agresor. Aun después de haber sido asesinadas, sus cuerpos son objeto de agresión. La violencia no termina ahí, las sobrevivientes y las familias de las víctimas son objeto de violencia institucional en el ámbito de la justicia.

Las mujeres no son sujetas de derecho ni consideradas como ciudadanas, por ello, las autoridades que deben procurar justicia proceden en muchos casos como cómplices de los agresores, al actuar contra la seguridad, la dignidad y los intereses de las mujeres. La hegemonía de una cultura patriarcal legitima el despotismo y el trato cruel, sexista –machista, misógino, homófobo y lesbófobo–, alimentado por el clasismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación.

En situaciones de polarización o de jerarquización social, se propician la exclusión y la subordinación, tanto como la supremacía y la violencia contra las mujeres. La violencia irrumpe con fuerza como mecanismo reproductor de esta situación y de las otras formas de supremacía masculina basadas en la edad, la clase, el grupo socioeconómico, étnico, cultural, educativo, deportivo o político.

En la investigación se comprobó que hay Feminicidio cuando se priva de la vida a una mujer por su condición de género mediante actos de misoginia; los homicidios dolosos constituyen feminicidio. Y queda la interrogante de saber cuáles y cuántos de los homicidios culposos también constituye delitos de Feminicidio.

Como la Violencia Feminicida se conforma por procesos sociales complejos de diversas formas de violencia, se investiga cada feminicidio, desde los homicidios dolosos o culposos, y los accidentes, hasta los suicidios de las mujeres, en el entendido de que las condiciones que las condujeron a quitarse la vida fueron situaciones previas de privación humana, violencia o falta de oportunidades. Se incluyen en la Violencia Feminicida otras muertes evitables de las mujeres, un gran número de ellas resultado de la desatención, el maltrato o la desvalorización de la vida de las mujeres. La investigación comprobó el aumento de la violencia de género contra las mujeres y, en ese marco, el de la Violencia Feminicida.

La Violencia Feminicida se debe a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres.

Ante la Violencia Feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación:

  1. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables;
  2. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas;

III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran:

  1. a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo;
  2. b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad;
  3. c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres; y
  4. d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.

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La visita del Papa y los Derechos Humanos.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Un centenar de organizaciones civiles hemos dirigido una carta al Papa Francisco, para que durante su visita, se refiera a la alarmante situación por la que atraviesa México en materia de derechos humanos. El año pasado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizaron visitas in loco al país. Ambos organismos internacionales constataron la grave crisis de derechos humanos que vive México y coincidieron en que la situación extrema de inseguridad, violencia e impunidad, y las alarmantes cifras de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas y torturadas, para un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado reconocido, resulta impactante. Tan solo de diciembre de 2006 a diciembre de 2014, se registraron 4,055 denuncias por tortura ante la Procuraduría General de la República, de las cuales, 1,273 corresponden a denuncias contra militares. De igual forma, se tienen oficialmente contabilizados 27,638 casos de desaparición de personas, muchos de los cuales han sido cometidos por funcionarios públicos en el contexto de la actual política de seguridad. A estos casos recientes se deben sumar los 797 casos documentados de desaparición forzada durante la llamada Guerra Sucia que no han sido esclarecidos ni sancionados. Así mismo, en lo que va de la presente administración, sólo por nombrar algunos ejemplos, 22 personas fueron ejecutadas arbitrariamente por elementos militares en el Estado de México; 43 jóvenes estudiantes en el estado de Guerrero fueron desaparecidos forzadamente sin que a la fecha se cuente con investigaciones concluyentes ni satisfactorias sobre la suerte y paradero de las víctimas, ni mucho menos sobre la responsabilidad penal de los responsables; y el año pasado México ocupó el segundo lugar en América Latina por crímenes de odio por homofobia al registrar1,218 asesinatos homofóbicos entre 1995 y 2014, habiéndose registrado 247 homicidios contra personas LGBTTT en lo que va del sexenio. De manera preocupante, 5 municipios del país se encuentran dentro de las 50 ciudades más violentas por homicidios a nivel internacional. En Michoacán, tan solo el año pasado fueron asesinados al menos 50 civiles a manos de la Policía Federal en los municipios de Apatzingán y Tanhuato, y un niño de 12 años fue arbitrariamente privado de su vida por elementos militares en la localidad de Ostula en un enfrentamiento armado. En el Estado de México, se han registrado niveles alarmantes de violencia contra las mujeres, en 2014 se registraron 27 feminicidios en once municipios del estado y en 2015, hasta el mes de agosto, se registraron 19. En Ecatepec, uno de los municipios con los índices de violencia más preocupantes, en 2014 se encontraron 7,000 restos óseos en un canal de aproximadamente 19 kilómetros; 16 cadáveres correspondieron a mujeres. De manera similar, en Chihuahua, 2,361 mujeres han sido víctimas de feminicidio en los últimos 20 años. Hasta el momento, no existen sentencias significativas que envíen un mensaje a la sociedad que esos delitos no son aceptables en México. En Ciudad Juárez y sus alrededores, se estima que 254,426 personas dejaron sus hogares a causa de la violencia en el periodo de 2007 a 2011; el 41% de ellas cruzaron hacia Estados Unidos. El desplazamiento interno forzado a causa de la violencia es un problema que afecta de manera preocupante a todo el país, con una estimación de 287,358 personas desplazadas al interior de la República, sin que exista política o institución alguna que dé respuesta a las víctimas para garantizar de manera integral sus derechos humanos. En Chiapas, desde el conflicto armado interno en el estado en 1994, se estima que al día de hoy, más de 30 mil personas se encuentran en condición de desplazamiento interno forzado prolongado. Aunado a esto, los altos índices de extrema pobreza y marginación en la entidad, han sido utilizados como un instrumento de represión y manipulación por parte del Gobierno del estado, el cual, sin una política pública integral, ha implementado medidas paliativas para lucrar con la pobreza de la población e incentivar estructuras clientelares y serviles a favor de su partido político. Los megaproyectos basados en la minería, agroindustria, represas, entre otros, sumados a la corrupción endémica en la que se priorizan los negocios de los gobernantes y sus aliados empresariales, han impulsado estrategias de despojo, así como de intimidación y criminalización contra las comunidades y las personas que las defienden.  De igual manera, se le pide en la misiva al Papa Francisco, debe tener presente que el Estado mexicano se niega a aceptar la responsabilidad que han tenido el ejército y la marina en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Por el contrario, se ha fortalecido la presencia de las fuerzas armadas del país en tareas de seguridad pública, funciones propias de la policía civil tal como lo ordena la Constitución Mexicana. Para nosotras es muy importante, dado el altísimo número de víctimas de violaciones a derechos humanos, que la agenda de su visita considere a esas víctimas, muchas de las cuales requieren del reconocimiento y respaldo internacional ante la absoluta indolencia del Estado mexicano. Esta carta incluye la firma de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, entidad que no será visitada, pero que no escapa a esta grave situación que debe ser de su conocimiento, como se demuestra con el incumplimiento de la aplicación de acciones de emergencia que señala la alerta de violencia de género, a seis meses de su aprobación.

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DERECHO A LA EDUCACION, DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS, DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

 

Cuernavaca, Morelos, a 25 de febrero de 2016.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., hemos recibido testimonios y documentales del Comité de la Sociedad de Padres de Familia 2015-2016, de la Escuela Primaria “XXX Legislatura” ubicada en la comunidad indígena de Coajomulco, Municipio de Huitzilac, Estado de Morelos, denunciando una serie de fallas estructurales y vicios ocultos en ésta escuela, que ponen en riesgo la integridad física de los niños y niñas, maestros y padres de familia, mismos que de no solucionarse laceran los derechos  humanos a la educación, al interés superior del niño y la niña y los derechos que tienen como pueblo indígena, por lo que consideramos necesaria y urgente la respuesta de las autoridades del Estado de Morelos a las justas demandas que han expresado a través de sendos oficios signados por cientos de personas de la comunidad.

A pesar de que la mencionada escuela primaria fue inaugurada con la presencia del entonces Secretario de Educación, Emilio Chuayfet Chemor y del Gobernador Graco Ramírez, desde el mes de abril de 2014, desde ese momento a la fecha no ha sido posible el uso de las instalaciones de la misma debido a la serie de fallas que han demostrado como son las siguientes:

–          La barda perimetral presenta cuarteaduras además de no contar con la adecuada cimentación y no tiene la medida necesaria, misma que se tendrá que aumentar de acuerdo al terreno.

–          El techado presenta múltiples goteras.

–          Los salones no presentan cimientos.

–          Los tanques cisternas no tienen la capacidad suficiente para solventar las necesidades de agua que no deben ser menores a los 200 mil litros.

–          No se construyó la cancha deportiva programada.

–          Aún falta construir tres salones y una bodega.

–          Falta protección sobre las bardas en un tramo de 80 metros.

–          La empresa constructora no retiró los escombros.

–          Las tapas de cisternas y registros de luz no están seguras.

–          Los materiales utilizados en la construcción son de mala calidad.

–          Se ha presionado al Comité de Padres y Madres de Familia para que acepte la escuela a pesar de las deficiencias, amenazando con no hacer válido el seguro de construcción.

A pesar de que se han entrevistado con diversas autoridades del gobierno municipal de Huitzilac y del Gobierno del Estado a través del Instituto de Educación Básica (IEBEM), han incumplido sus promesas y los plazos establecidos para realizar las obras correspondientes, negándoles información sustancial como el dictamen oficial de la situación de la escuela, la ficha técnica y la garantía de vicios ocultos que es el seguro que ofrece la compañía constructora.

Esta escuela incumple el aspecto fundamental de ampliar sus instalaciones ante el crecimiento de la población estudiantil de la localidad, por lo que el fundado temor de que puedan ocurrir accidentes y no se puedan llevar a cabo las actividades académicas, culturales y deportivas de la comunidad, se considera necesario llevar a cabo dichas obras que señala la comunidad en sus escritos presentados ante las autoridades, sin que hasta la fecha se haya cumplido con las mismas, por lo que consideramos se violan preceptos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 1 y 27), la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 26), de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Artículos 1, 6, 57 fracciones IV y V) y el Convenio 16 de la OIT  sobre pueblos indígenas que garantiza el derecho a la consulta informada.

Por todo lo anterior y para garantizar los derechos  humanos a la educación, al interés superior del niño y la niña y los derechos que tienen como pueblo indígena la comunidad de Coajomulco, municipio de Huitzilac, Morelos, exigimos tanto al gobierno estatal de Graco Ramírez, como al gobierno federal de Peña Nieto, den respuesta puntual a todas y cada una de las demandas planteadas por el Comité de la Sociedad de Padres de Familia 2015-2016, de la Escuela Primaria “XXX Legislatura” y cientos de habitantes de la comunidad con fecha de 12 de enero de 2016.

Atentamente.

Porque Amamos Luchamos.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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