Archivo mensual: febrero 2016

Violencia Feminicida y doña Petra

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca
La Violencia Feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres (Art. 21, Cap. V. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007; Art. 19. Cap. V. Ley AMVLV en Morelos, 2007). Los crímenes contra las niñas y mujeres se cometen en sociedades o en círculos sociales cuyas características patriarcales y la violación de los derechos humanos se concentran y se agudizan de manera crítica. En su mayoría se articulan con otras condiciones sociales y económicas de extrema marginación y exclusión social, jurídica y política. Son el producto de una organización social basada en la dominación de hombres sobre mujeres, caracterizada por formas agudas de opresión de las mujeres con sus constantes mecanismos de desvalorización, exclusión, discriminación y explotación a las que son sometidas las mujeres por el solo hecho de serlo.
El Ministerio Público no aplica el Protocolo vigente para Investigar el Feminicidio. Eso visibiliza una omisión institucional y garantiza la impunidad de los Feminicidas. La inmensa mayoría de los casos no son investigados ni sancionados como feminicidio. Y aun cuando se incrementó la penalidad para fijarla entre 40 y 70 años, existen casos que han sido sancionados con la penalidad de 7 años, como los cometidos en Cuernavaca. En Morelos hay avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en el sistema judicial adversarial: Reforma del Sistema de Justicia Penal y los Derechos de las Mujeres. Como resultado de la reforma constitucional de justicia penal del 2008, México y Morelos en particular, está experimentando una transición a un nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial con juicios orales. Si bien se manifiesta las bondades de dicho sistema en términos de protección de los derechos humanos y las ventajas que ofrece para las sobrevivientes de violencia, también se revela que los problemas de discriminación estructural no desaparecen, sino que incluso se refuerzan con el falso cobijo de la presunción de inocencia. Existe un uso mínimo de las posibilidades del sistema acusatorio, y en la mayor parte de las situaciones parece convivir un doble sistema, el inquisitivo en la práctica y uno acusatorio en la norma. Por ejemplo, en la figura de coadyuvancia, contemplada en Morelos en transición al nuevo sistema acusatorio, se reconoce el derecho de las víctimas a constituirse como acusador coadyuvante, lo que implica que el ministerio público conserva el monopolio del ejercicio de la acción penal pero que la víctima u ofendido pueden participar directamente en el proceso para defender sus intereses. Al constituirse las víctimas como coadyuvantes pueden recurrir todas las decisiones previstas por el código procesal. Como puede observarse, esta figura permitiría a las mujeres sobrevivientes de violencia incidir en el desarrollo y contenido del proceso a fin de salvaguardar por sí misma sus intereses. Una de las problemáticas subyacente a esta figura son los obstáculos económicos y geográficos. Por ejemplo, en Morelos contempla la asistencia jurídica gratuita de un abogado/a en caso que las mujeres victimizadas así lo requirieran, sin embargo, hay pocas abogadas/os para cubrir una demanda tan numerosa que en definitiva no asegura la calidad del servicio prestado y podría, incluso, abonar a las problemáticas que de por sí ya viven las mujeres al acercarse al sistema de justicia. Otro tema de preocupación es que pocas mujeres logran llegar a la audiencia de juicio oral: la mayoría de los asuntos concluyeron en la firma de un convenio ante el juez de control de garantías. Los modos de terminación simplificada del proceso y de suspensión del proceso pueden constituir posibilidades para que las mujeres sobrevivientes de violencia no transiten por las distintas etapas del proceso penal y que obtengan una respuesta judicial adecuada al tiempo que los daños son reparados. Sin embargo, al mismo tiempo, pueden constituirse en vías para la impunidad de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres. ¿Hasta dónde este sistema de juicios orales protege realmente a las mujeres que han sufrido violencia feminicida? Son historias de mujeres que mueren violentamente por el hecho de ser mujeres. El caso emblemático de Doña Petra Benítez Barrios, cuya investigación es realizada por la Fiscalía de Homicidios, es un claro ejemplo de que los delitos de Feminicidios no se tipifican como tales y que los Protocolos para Investigar los Feminicidio existentes en la Fiscalía, antes PGJE, no se aplican. Esta situación hace que no haya avances en la investigación sobre su feminicidio. Además demuestra como la violencia institucional se ejerce contra ella aún después de muerta, pues aun cuando ella murió asesinada en su domicilio luego de haber sufrido durante años ataques a su integridad personal, como haber sido detenida arbitrariamente, torturada, violada sexualmente, arrojada desnuda a un lugar público, perseguida y amenazada sistemáticamente, agredida por arma de fuego por un elemento policiaco, finalmente es asesinada y es estigmatizada por el mismo gobierno ante los medios de comunicación, acusándola de secuestradora. Su caso ni siquiera ha sido presentado ante el sistema penal acusatorio por falta de elementos en la investigación para indicar quienes son los perpetradores del crimen. Está claro que los operadores del sistema penal acusatorio no consideran que los Tratados Internacionales y las leyes de protección de los Derechos Humanos de las mujeres, los obligan a llevar a cabo acciones concretas de protección a favor de las mujeres victimizadas. Doña Petra nunca recibió medidas de protección que hubiese permitido proteger su vida ya amenazada sistemáticamente. Esto es inaceptable y deja evidenciado la Violencia Institucional y el sistema misógino, que abarca a jueces, magistrados, ministerios públicos y fiscales investigadores.

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Hacia un 8 de marzo por los derechos de las mujeres.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

La lucha contra la opresión, la explotación, la violencia y la discriminación contra las mujeres tiene una referencia histórica el 8 de marzo. La emancipación de las mujeres parte del principio de la lucha por la igualdad de derechos y en contra de todo tipo de sociedad clasista, patriarcal y machista. No hay plenos derechos sin los derechos de las mujeres. Estos derechos se han construido históricamente, no han sido producto de concesiones gratuitas desde el poder, son logros desde el movimiento, donde el feminismo y los derechos humanos forman parte del proceso de lucha anticapitalista y antipatriarcal. El 8 de marzo se trata de una fecha emblemática en la lucha por los derechos de las mujeres. En Nueva York, marzo de 1908, más de 15.000 personas exigieron en las calles de la Gran Manzana mejoras salariales, derecho al voto, reducción de jornada y condiciones laborales dignas. Eran las herederas de las obreras del textil neoyorquino que ya en 1857, también en marzo, comenzaron a movilizarse por sus derechos laborales hasta crear sus propios sindicatos dos años más tarde. El origen de las protestas de marzo se dio por el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwais de Nueva York, en el que el 25 de ese mes murieron 146 trabajadores, la mayoría mujeres, debido a la falta de medidas de seguridad. Este suceso fue el germen del Sindicato de Trabajadoras de la Confección, uno de los más influyentes en EE.UU. Estos antecedentes fueron retomados en el Congreso de la Internacional Socialista que, a propuesta de Clara Zetkin en 1910, aprobaron que el 8 de marzo se conmemorara el día internacional de las mujeres trabajadoras. Será hasta 1975 cuando la ONU adopte esta fecha para generalizarla. No olvidar la historia es fundamental para evitar su utilización institucional que trata de invisibilizar los aportes del movimiento feminista a ésta lucha. Actualmente existen temas de preocupación que no han sido atendidos con políticas públicas y que se han agudizado, afectando los derechos de las mujeres, tales como la concentración de la riqueza en unos cuantos capitalistas, el incremento de la explotación de la mano de obra femenil, la feminización de la pobreza, la militarización y el crecimiento del narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual y comercial, la impunidad y el feminicidio. Los programas de combate a la pobreza no han generado cambios positivos, y al contrario los índices de marginación y las brechas de desigualdad se han profundizado. En México existen 53.3 millones de personas en situación de pobreza extrema y las mujeres son mayoría entre las personas desempleadas, o tienen trabajos sin contrato laboral y prestaciones. El trabajo no remunerado y de cuidados en el hogar se realiza en un 95% por mujeres. Las condiciones de salud de las mujeres se han deteriorado y crecen enfermedades que podrían atenderse con campañas de prevención y políticas adecuadas para evitar muertes maternas o enfermedades crónicas degenerativas. La violencia machista y misógina crece al amparo de la violencia institucional llegando a su expresión extrema en las víctimas de feminicidio. Cuestionamos la incapacidad institucional de dar las respuestas adecuadas a través del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y la implementación de la Alerta de Violencia de Género. Es por ello importante destacar la resistencia de trabajadoras despedidas de Confitalia desde el año 2001, quienes aún no reciben su liquidación económica ya ganada y las trabajadoras del SME que desde 2009 han padecido las consecuencias de la ilegal desaparición de la CLyFC, así como denunciar que la CFE viola derechos de mujeres usuarias de luz integrantes de la ANUEE. Ante las crecientes agresiones de la CFE en contra de personas usuarias de energía eléctrica, se violan sus derechos humanos y tratándose de mujeres, se violan disposiciones establecidas en la  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que, en sus artículos 5 y 6 establece que la Violencia contra las Mujeres es cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público; y que la víctima es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia, física o cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Por lo anterior es que estas luchas de las mujeres trabajadoras no están desligadas de la exigencia de que se apliquen todas las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género a 7 meses de su aprobación en Morelos, ya que todas las mujeres tenemos derecho a la vida, la libertad y la seguridad para no sufrir las consecuencias de la violencia feminicida. Por ello, el 4 de marzo se realizará un foro con testimonios de mujeres en lucha a partir de las 5 de la tarde en la asamblea de la ANUEE, en el auditorio del SME, ubicado en la avenida Cuauhtemoc 9, colonia Amatitlán, Cuernavaca.

Recuperar la herencia histórica feminista del 8 de marzo es fundamental para no bajar la guardia en la lucha por el respeto pleno a los derechos de las mujeres, mismos que no han sido ni serán obtenidos como una concesión del poder, sino producto de la lucha organizada de las propias mujeres, con el apoyo de todas las personas que tengan la sensibilidad y conciencia de que este mundo requiere también ser visto con ojos de mujer.

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El feminicidio ocurrido en Cuautla el 16 de febrero eleva la cifra en 2016 a 6 meses de Alerta de Violencia de Género.

En el Informe sobre 6 meses de AVG en Morelos la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos documentamos del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. Para el año 2000 en los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años.

Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. En lo que vamos hasta enero del 2016 se han registrado 10. Dando un total de 686 feminicidios en 16 años.  Con este feminicidio ocurrido el 16 de febrero son ya 11 ocurridos en 2016 y 38 durante la AVG.

De acuerdo con el seguimiento de prensa realizado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., el rango de edad de las mujeres asesinadas durante la Alerta de Violencia de Género en Morelos, fluctúa entre los 4 y los 85 años. Se hizo un análisis más fino y se observo que el mayor porcentaje (excluyendo la categoría de sin especificar) se encuentra entre los 21 y 30 años, con un 18.91%, seguida de un 13.51% entre 31 y 40 años. Cabe destacar que la tendencia que se muestra en la gráfica, representa que se han incrementado los feminicidios en mujeres de 41 a 50 años y de 81 a 90.

El pasado 18 de noviembre de 2015, se inauguró la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Delito, aunque no se mencionó el monto destinado para ello. Sin embargo no se han creado módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá contemplar asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes.

Se mencionó que se instalaron los Comités Técnicos de Análisis y Evaluación del Protocolo de Feminicidio, para atender la violencia en contra de las Mujeres y el de Calidad con Perspectiva de Género. Los cuales, tienen como función primordial, supervisar y revisar de manera minuciosa, los avances y compromisos de las 271 Averiguaciones Previas y carpetas de investigación, que se encuentran relacionadas con la AVGM, declarada en los 8 Municipios del Estado.

Sin embargo, ninguna de las demás disposiciones se ha cumplimentado, de acuerdo a los indicadores de cumplimiento.

Aunque el Protocolo de Órdenes de Protección, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5342, de fecha 18 de noviembre del 2015, vemos que se puso énfasis particularmente en casos de violencia familiar, sin embargo, no está diseñado para ver de manera integral los tipos y modalidades de la violencia sufrida por las mujeres, contempladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, ejemplo de ello es que se jerarquizan unas violencias sobre otras, sin que le anteceda un análisis de riesgo, dejando ver la No comprensión de los diferentes tipos de violencia plasmados en la Legislación Nacional y en los Convenios y Tratados Internacionales.

En relación al seguimiento de las órdenes de protección, sólo se contemplan los aspectos policiales, dejando fuera los demás aspectos multidisciplinarios e integrales de protección para las mujeres.

Por otro lado, no se contemplan mecanismos de evaluación del protocolo y/o de las medidas implementadas. Así como tampoco de mecanismos de revisión y/o impugnación de las medidas. Ni tampoco se menciona el cómo se evaluara el fin de alguna medida y quién lo determinará.

No se presentaron los presupuestos con perspectiva de género; No se mencionó si aumentaron el presupuesto encaminado a suprimir las desigualdades de género o si aumentaron el presupuesto destinado a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad.

“El Banco Nacional de Datos, no existe en el Estado de Morelos, ya que no fue autorizado el recurso financiero para su constitución”

Tampoco vemos que exista una elaboración de un plan que detalle la forma en la que se implementará el fortalecimiento de las instituciones, ni la evaluación de resultados de las acciones implementadas para el fortalecimiento institucional.

Se mencionó que “Derivado del trabajo de los Comités Técnicos de Análisis y Evaluación del Protocolo de Feminicidio, para atender la violencia en contra de las Mujeres y el de Calidad con Perspectiva de Género, se han iniciado procedimientos y actas administrativas respecto del cumplimiento a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”. Sin embargo no se dio ningún reporte detallado que contenga nombres, falta cometida, sanción y estado que guarda dicho proceso sancionador.

Hubo un gran avance en la Iniciativa de Decreto por el que se Reforman diversas Disposiciones de distintos Códigos y Leyes Estatales en materia de Violencia contra las Mujeres y Perspectiva de Género, que presentó el Gobernador Constitucional del Estado, con carácter de preferente, ante el Congreso Local, el 1 de septiembre de 2015. Sin embargo no se tomó en cuenta la contradicción existente entre el Código Penal en su artículo 129 que establece que no se debe sancionar a quien culposamente pudiese haber ocasionado homicidio culposo a su esposa, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en su artículo 19, que señala que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de derechos humanos, en los ámbitos público y privado conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas violentas de mujeres, así como el Artículo *213 Quintus, del Capítulo III sobre el Feminicidio, que establece: “Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acredite cualquiera de las siguientes hipótesis: Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho;”. Ya que es con base en esta contradicción que muchos casos de homicidios de mujeres (al no ser tipificados como feminicidios) logran reducir las penas y con ello, dejan precedentes de impunidad.

Tan sólo se ha hecho, de manera puntual y aislada: patrullajes preventivos, difusión de información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia, y sobre qué es la AVGM de manera muy general.

El Ministerio Público no aplica el Protocolo vigente para Investigar el Feminicidio. Eso visibiliza una omisión institucional y garantiza la impunidad de los Feminicidas. La inmensa mayoría de los casos no son investigados ni sancionados como feminicidio. Y aún cuando se incrementó la penalidad para fijarla entre 40 y 70 años, existen casos que han sido sancionados con la penalidad de 7 años, como los cometidos en Cuernavaca.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos  A. C.

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Informe A 6 meses de la Alerta de Violencia de Género en Morelos

Un Estado que no garantiza la vida y la libertad de las mujeres.

Sin medidas emergentes no se detiene el feminicidio.

La AVG es una herramienta jurídica que requiere voluntad política, no simulación.

 Al cumplirse 6 meses de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos que entró en vigor el 10 de agosto de 2014, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., organización peticionaria de la AVG, presentamos un balance de las acciones y medidas establecidas en el decreto emitido por la CONAVIM al gobierno del Estado de Morelos encabezado por Graco Ramírez Garrido Abreu.

En medio de una grave situación de violación reiterada y sistemática de los derechos humanos en la entidad morelense, donde la violencia feminicida forma parte de la creciente inseguridad en la que se vive cotidianamente, es importante analizar en profundidad las consecuencias negativas para la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres, que tiene la falta de aplicación de todas y cada una de las medidas establecidas en la AVG.

El recuento de feminicidios en el Estado de Morelos es de 686 casos en 16 años. En nuestra solicitud de aplicación de la Alerta de Violencia de Género, documentamos 530 casos en 13 años. Hoy constatamos que el nivel de Violencia Feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del Gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato, que autoridades y algunos medios de comunicación, que dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hace un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de las mujeres, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.

Del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. Para el año 2000 en los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años.

Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. En lo que vamos del 2016 se han registrado 10. Dando un total de 686 feminicidios en 16 años.

FEMINICIDIOS OCURRIDOS DURANTE LA AVG DECRETADA EN MORELOS

A partir de que se decretó la AVG en Morelos (10 de agosto del 2015), se han registrado 37 feminicidios. El mes en el que ocurrieron más casos fue Enero (2016) con 10, seguido de Diciembre con 7, Septiembre con 6 y Octubre también con 6. Esto deja ver que en lugar de disminuir, los feminicidios aumentaron.

La violencia Feminicida y en particular los Feminicidios en el Estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ha ido acrecentando a lo largo de los años. Son ya 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec.

Del 10 de agosto del 2015 al 10 de febrero del 2016, los feminicidios sucedieron en por lo menos 17 Municipios diferentes, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

En Temixco existe alta violencia feminicida que priva de la vida violentamente a muchas mujeres, lo que muestra la grave situación que se vive en Morelos. El feminicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, Presidenta Municipal de Temixco (uno de los 8 municipios donde se decretó el 10 de agosto del 2015 la Alerta de Violencia de Género), Morelos, muestra la violencia que afecta gravemente la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres en la entidad, ya que forma parte de los cientos de crímenes que se han registrado a lo largo de 16 años y que la inmensa mayoría de los mismos se mantienen en la impunidad.

En Morelos hay Feminicidio y existe una violencia sistemática contra las mujeres. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los homicidios de niñas y mujeres son un problema grave e inadmisible. Son parte de la Violencia Feminicida como culminación de la violación de sus Derechos Humanos y evidencian la ruptura del Estado de Derecho en Morelos y en todo el País.

Cada vez con mayor frecuencia se conocen crímenes atroces contra niñas y mujeres de todas las edades en diversos Municipios de nuestro Estado y, a pesar de ello, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal no ha diseñado una política integral para enfrentarlos y para abatir la impunidad que los caracteriza.

Autoridades de rangos distintos han demeritado los Homicidios de Mujeres, los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las víctimas y no trabajan con profesionalismo en su esclarecimiento.

Ni las Desapariciones ni los Asesinatos ni la Impunidad son identificados como un grave problema, tampoco se reconoce la responsabilidad del Gobierno en los sucesos y su erradicación no es un eje prioritario de la Política de Desarrollo Social y de la Gobernabilidad.

Así como incontables mujeres victimizadas habían denunciado violencia en su contra ante autoridades que no la consideraron un riesgo para la vida y no asumieron su responsabilidad para evitarla, un número alarmante de casos no son esclarecidos, no se llega a la verdad, los agresores no son sancionados y no hay justicia. Por el contrario, la falta de profesionalismo de los funcionarios, el trato discriminatorio, incluso el encubrimiento a los agresores o la complicidad con ellos, prevalecen en la procuración de justicia. La corrupción hace inconfiables a las Instituciones en general para la ciudadanía.

Eliminar la Violencia Feminicida y todas las Formas de Violencia contra las Mujeres morelenses obliga a reorientar el trabajo del Estado.

Cabe señalar que el Gobierno Federal no ha dado Seguimiento ni Vigilancia al Cumplimiento de las Medidas, y al No establecer tiempos de cumplimiento, abre la posibilidad para la Dilación por parte del Estado de Morelos.

En síntesis podemos decir que la Violencia Feminicida proviene de un conjunto de Conductas Misóginas que Perturban la Paz Social, por lo que exigimos se cumplan todas las Medidas Establecidas por el Grupo de Trabajo en su informe, así como las Acciones Mandatadas por la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

No hay más tiempo para salvaguardar la Vida y la Libertad de las Mujeres, deuda histórica del Estado Mexicano.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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