Fortalecer la lucha independiente.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Enero de 2016 mostró semanas de intensa lucha social y política, movilizaciones, asambleas, en Cuernavaca, Morelos, donde telefonistas, electricistas, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, la OPT, la Asamblea de Usuarios y Usuarias de Energía eléctrica, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, y otras organizaciones, salimos a la calle por los 43 jóvenes y miles de desaparecidos, por libertad a presas y presos políticos como Nestora Salgado, por derechos laborales, salarios y empleos dignos, seguridad social, contra los feminicidios, y en contra de los gobiernos represivos y neoliberales.

Fortalecer la memoria, la verdad y la justicia. Por la unidad de las luchas, desde abajo, en las calles.

La memoria histórica es fundamental para no repetir los mismos errores. Si la desaparición forzada de nuestro camarada José Ramón nos permitió identificar con claridad a sus autores materiales y lograr que fueran llevados a la cárcel, demostrando que fue el propio Estado a través de un grupo de policías creado para perseguir militantes revolucionarios y luchadores sociales, no se logró esclarecer definitivamente su paradero y establecer la verdad histórica que el gobierno se empeña en ocultar. Un dato no menor es que José Ramón fue candidato a la Presidencia Municipal de Cuautla en 1988, por lo que los atentados de índole política tienen antecedentes que no hay que olvidar para analizar la situación actual. El caso de Jehtro Ramsés a su vez mostró que la biopolitica de la desaparición forzada se había extendido a cualquier persona sin que necesariamente llevara a cabo acciones de lucha o de protesta social. Hoy existen 93 casos de desaparición en dos años en Morelos y sobre todo mujeres jóvenes.

El feminicidio de Doña Petra ocurrió igualmente contra una abuela que se transformó en activista en la defensa de los derechos del pueblo luego de la masacre de Aguas Blancas y de la persecución que sufrió su familia campesina a manos del Estado y policías privados hasta arrancarle la vida. Este ejemplo paradigmático forma parte de la larga lista de impunidad en que permanecen la mayoría de los feminicidios en Morelos durante más de 15 años.

La desaparición y asesinato de Gustavo Salgado Delgado hace un año, ha sido la muestra de la violencia contra un activista social que se extiende cada vez más bajo un gobierno perredista que no se distingue de sus antecesores de otros partidos, sin que se esclarezca la verdad ni se logre la justicia que son elementos fundamentales para que esta clase de hechos no se repitan. Si no se esclarece un caso de esa gravedad, se configura un patrón de simulación que está repercutiendo en que tampoco se esclarezcan casos como el de Gisela Mota, donde las graves acusaciones muestra la profunda descomposición de quienes ejercen el poder.

Pésimos antecedentes de una justicia al mejor postor que tienen un sesgado carácter de clase, donde únicamente se detiene a quienes atentan contra la vida de los poderosos económica y políticamente, sin que se haga justicia a la mayoría de víctimas pobres, desamparados, desconocidos, sin nombre y sin rostro, que se llegan a excluir inclusive de las estadísticas oficiales.

En Morelos los gobiernos de distintos partidos, han aplicado las mismas estrategias autoritarias y represivas, encubriendo el objetivo real de la lucha entre diversos grupos por el control monopólico de las ganancias del negocio del narcotráfico. La militarización de la seguridad pública es consecuencia de los afanes de elevar los niveles de ganancia de las industrias criminales. Los circuitos financieros donde se lava el dinero proveniente de toda clase de negocios ilícitos, se aceitan con la sangre del pueblo que padece los estragos de una guerra, oculta primero, y luego abierta. La producción, trasiego y consumo de drogas y toda clase de estupefacientes, crece al amparo de ésta supuesta guerra, donde en lugar de disminuir el narcotráfico se instala en prácticamente todo el cuerpo social. El involucramiento de policías y militares con la delincuencia no es meramente circunstancial. Es producto de los altos intereses económicos en juego. No hay delincuencia organizada sin complicidad y anuencia del Estado. La impunidad es generalizada porque las estructuras de poder están imbricadas con la corrupción y sus efectos corrosivos. El Mando Unico no escapa a ello, sino que lo eleva potencialmente a las altas esferas del poder.

En esta historia son los pueblos pobres los que siguen siendo explotados por el poder del capital. En las cárceles en México crece la población juvenil y de acusados de estar ligados a delitos por trasiego de estupefacientes. El negocio de las drogas no se detiene en remendar las heridas humanas.

La crisis del sistema de dominación, expresada con mayor claridad desde las multitudinarias protestas contra el gobierno de Peña Nieto, a raíz sobre todo, de la tragedia de Iguala con los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, ha crecido con ondas expansivas en todo el país. Morelos no es la excepción.

Por eso se requiere fortalecer la denuncia nacional e internacional de éstos crímenes, y exigir justicia en los casos de Doña Petra Benitez Barrios y los cientos de feminicidios, exigir que todas las medidas de la Alerta de Violencia de Género sean aplicadas sin simulaciones para detener y erradicar el feminicidio, por conseguir que se desmilitarice la seguridad pública y los militares regresen a sus cuarteles, que haya esclarecimiento de todos los casos de miles de desaparecidos, desde José Ramón hasta la fecha y que los 43 regresen a casa. Justicia y verdad para las decenas de jóvenes que han sido asesinados, como los 34 casos que se han acumulado en menos de un mes en enero de 2016, en medio del mayor operativo policiaco y militar sin que se detenga esta ola de violencia en Morelos.

Diversos sectores de la sociedad en Morelos salen a las calles a protestar, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. A menos de una semana de cumplirse 6 meses de la Alerta de Violencia de Género se presentará un informe por parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. A 16 meses de la desaparición de los 43 se llevará a cabo un Encuentro Nacional por la Indignación el 5 y 6 de febrero en el Sindicato de Telefonistas. También la ANUEE Morelos llevará a cabo una marcha el 4 de febrero de las instalaciones del SME a la Profeco a las 9:30 de la mañana para exigir respeto a los acuerdos firmados contra abusos de la CFE. Estas y otras movilizaciones muestran la necesidad de fortalecer las acciones unitarias, sin dejar de lado el debate abierto y el pensamiento crítico, ante quienes quieren imponerse por las amenazas y por la fuerza. Hoy más que nunca es necesario fortalecer la lucha independiente en Morelos y en el país por un cambio de fondo, donde los derechos humanos sean una guía para la acción.

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Archivado bajo articulos, derechos de las mujeres, Derechos Humanos, derechos laborales, desaparecidos

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