La visita del Papa y los Derechos Humanos.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Un centenar de organizaciones civiles hemos dirigido una carta al Papa Francisco, para que durante su visita, se refiera a la alarmante situación por la que atraviesa México en materia de derechos humanos. El año pasado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizaron visitas in loco al país. Ambos organismos internacionales constataron la grave crisis de derechos humanos que vive México y coincidieron en que la situación extrema de inseguridad, violencia e impunidad, y las alarmantes cifras de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas y torturadas, para un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado reconocido, resulta impactante. Tan solo de diciembre de 2006 a diciembre de 2014, se registraron 4,055 denuncias por tortura ante la Procuraduría General de la República, de las cuales, 1,273 corresponden a denuncias contra militares. De igual forma, se tienen oficialmente contabilizados 27,638 casos de desaparición de personas, muchos de los cuales han sido cometidos por funcionarios públicos en el contexto de la actual política de seguridad. A estos casos recientes se deben sumar los 797 casos documentados de desaparición forzada durante la llamada Guerra Sucia que no han sido esclarecidos ni sancionados. Así mismo, en lo que va de la presente administración, sólo por nombrar algunos ejemplos, 22 personas fueron ejecutadas arbitrariamente por elementos militares en el Estado de México; 43 jóvenes estudiantes en el estado de Guerrero fueron desaparecidos forzadamente sin que a la fecha se cuente con investigaciones concluyentes ni satisfactorias sobre la suerte y paradero de las víctimas, ni mucho menos sobre la responsabilidad penal de los responsables; y el año pasado México ocupó el segundo lugar en América Latina por crímenes de odio por homofobia al registrar1,218 asesinatos homofóbicos entre 1995 y 2014, habiéndose registrado 247 homicidios contra personas LGBTTT en lo que va del sexenio. De manera preocupante, 5 municipios del país se encuentran dentro de las 50 ciudades más violentas por homicidios a nivel internacional. En Michoacán, tan solo el año pasado fueron asesinados al menos 50 civiles a manos de la Policía Federal en los municipios de Apatzingán y Tanhuato, y un niño de 12 años fue arbitrariamente privado de su vida por elementos militares en la localidad de Ostula en un enfrentamiento armado. En el Estado de México, se han registrado niveles alarmantes de violencia contra las mujeres, en 2014 se registraron 27 feminicidios en once municipios del estado y en 2015, hasta el mes de agosto, se registraron 19. En Ecatepec, uno de los municipios con los índices de violencia más preocupantes, en 2014 se encontraron 7,000 restos óseos en un canal de aproximadamente 19 kilómetros; 16 cadáveres correspondieron a mujeres. De manera similar, en Chihuahua, 2,361 mujeres han sido víctimas de feminicidio en los últimos 20 años. Hasta el momento, no existen sentencias significativas que envíen un mensaje a la sociedad que esos delitos no son aceptables en México. En Ciudad Juárez y sus alrededores, se estima que 254,426 personas dejaron sus hogares a causa de la violencia en el periodo de 2007 a 2011; el 41% de ellas cruzaron hacia Estados Unidos. El desplazamiento interno forzado a causa de la violencia es un problema que afecta de manera preocupante a todo el país, con una estimación de 287,358 personas desplazadas al interior de la República, sin que exista política o institución alguna que dé respuesta a las víctimas para garantizar de manera integral sus derechos humanos. En Chiapas, desde el conflicto armado interno en el estado en 1994, se estima que al día de hoy, más de 30 mil personas se encuentran en condición de desplazamiento interno forzado prolongado. Aunado a esto, los altos índices de extrema pobreza y marginación en la entidad, han sido utilizados como un instrumento de represión y manipulación por parte del Gobierno del estado, el cual, sin una política pública integral, ha implementado medidas paliativas para lucrar con la pobreza de la población e incentivar estructuras clientelares y serviles a favor de su partido político. Los megaproyectos basados en la minería, agroindustria, represas, entre otros, sumados a la corrupción endémica en la que se priorizan los negocios de los gobernantes y sus aliados empresariales, han impulsado estrategias de despojo, así como de intimidación y criminalización contra las comunidades y las personas que las defienden.  De igual manera, se le pide en la misiva al Papa Francisco, debe tener presente que el Estado mexicano se niega a aceptar la responsabilidad que han tenido el ejército y la marina en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Por el contrario, se ha fortalecido la presencia de las fuerzas armadas del país en tareas de seguridad pública, funciones propias de la policía civil tal como lo ordena la Constitución Mexicana. Para nosotras es muy importante, dado el altísimo número de víctimas de violaciones a derechos humanos, que la agenda de su visita considere a esas víctimas, muchas de las cuales requieren del reconocimiento y respaldo internacional ante la absoluta indolencia del Estado mexicano. Esta carta incluye la firma de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, entidad que no será visitada, pero que no escapa a esta grave situación que debe ser de su conocimiento, como se demuestra con el incumplimiento de la aplicación de acciones de emergencia que señala la alerta de violencia de género, a seis meses de su aprobación.

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