Ante la violencia feminicida el Estado debe resarcir el daño.

Los resultados de la investigación realizada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos sobre 6 meses de Alerta de Violencia de Género en Morelos,  permiten comprobar que la violencia es compleja y multifactorial; se debe a la articulación sinérgica de un conjunto de procesos que es preciso tomar en cuenta para diseñar la política capaz de eliminar la violencia.

En todos los casos investigados se corroboró que la Violencia Feminicida es el extremo, la culminación de múltiples formas de violencia de género vividas por las víctimas e imperantes en su comunidad. La mayor parte de las niñas y mujeres victimadas habían vivido previamente múltiples atentados contra sus derechos humanos. En sus comunidades hubo tolerancia e impunidad de la que son responsables las instituciones de los tres niveles de gobierno. Todos los procesos ligados a la búsqueda de justicia han sido vividos con impotencia por la ciudadanía que no encuentra cauce para la exigibilidad de sus derechos, como lo demuestran las acciones de organizaciones civiles y de familiares de las víctimas, así como de redes de defensa de los derechos humanos, quienes no han recibido la respuesta obligada a sus exigencias. La Violencia Feminicida se produce porque prevalece en ellas una organización social genérica jerárquica de supremacía e inferioridad que crea desigualdad de género entre hombres y mujeres; por la exclusión o exposición de niñas y mujeres a poderes opresivos personales, sociales e institucionales; y por la tolerancia y aceptación de hombres machistas y misóginos, incluso de quienes delinquen y no son sancionados.

La impunidad derivada de la inacción del Estado constituye violencia institucional producto de omisión, negligencia o complicidad de las autoridades con los agresores. También existe la impunidad que se debe a la permanencia de estructuras estatales que perpetúan la desigualdad entre los géneros y no reconocen ni garantizan los derechos de las mujeres. La Violencia Feminicida se debe a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres. Se debe, asimismo, a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos. Se concreta en la debilidad de las parciales, incipientes y débiles acciones inconexas de atención a las mujeres sin metas concretas y sin sentido de erradicación de las causas que generan la violencia.

La Violencia Feminicida se reproduce al no dar tratamiento de delito a la violencia contra las mujeres incluso por quienes deben perseguir y juzgar. En ese sentido, por la ausencia del Estado de derecho ya que, aun cuando varias formas de violencia contra las mujeres son delitos, no se considera delito violentar a las mujeres. Los hombres violentos gozan de la complicidad no necesariamente concertada, pero ideológica y políticamente activa, entre autoridades y delincuentes.

Las mujeres víctimas de delitos reciben un trato discriminatorio, misógino y vejatorio por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, lo que constituye violencia institucional y contribuye a la impunidad. Hay diversas formas de maltrato y de injusticia enmarcadas como abuso de autoridad: por omisión, comisión, negligencia, corrupción y colusión con el agresor. Aun después de haber sido asesinadas, sus cuerpos son objeto de agresión. La violencia no termina ahí, las sobrevivientes y las familias de las víctimas son objeto de violencia institucional en el ámbito de la justicia.

Las mujeres no son sujetas de derecho ni consideradas como ciudadanas, por ello, las autoridades que deben procurar justicia proceden en muchos casos como cómplices de los agresores, al actuar contra la seguridad, la dignidad y los intereses de las mujeres. La hegemonía de una cultura patriarcal legitima el despotismo y el trato cruel, sexista –machista, misógino, homófobo y lesbófobo–, alimentado por el clasismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación.

En situaciones de polarización o de jerarquización social, se propician la exclusión y la subordinación, tanto como la supremacía y la violencia contra las mujeres. La violencia irrumpe con fuerza como mecanismo reproductor de esta situación y de las otras formas de supremacía masculina basadas en la edad, la clase, el grupo socioeconómico, étnico, cultural, educativo, deportivo o político.

En la investigación se comprobó que hay Feminicidio cuando se priva de la vida a una mujer por su condición de género mediante actos de misoginia; los homicidios dolosos constituyen feminicidio. Y queda la interrogante de saber cuáles y cuántos de los homicidios culposos también constituye delitos de Feminicidio.

Como la Violencia Feminicida se conforma por procesos sociales complejos de diversas formas de violencia, se investiga cada feminicidio, desde los homicidios dolosos o culposos, y los accidentes, hasta los suicidios de las mujeres, en el entendido de que las condiciones que las condujeron a quitarse la vida fueron situaciones previas de privación humana, violencia o falta de oportunidades. Se incluyen en la Violencia Feminicida otras muertes evitables de las mujeres, un gran número de ellas resultado de la desatención, el maltrato o la desvalorización de la vida de las mujeres. La investigación comprobó el aumento de la violencia de género contra las mujeres y, en ese marco, el de la Violencia Feminicida.

La Violencia Feminicida se debe a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres.

Ante la Violencia Feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación:

  1. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables;
  2. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas;

III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran:

  1. a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo;
  2. b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad;
  3. c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres; y
  4. d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.
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Archivado bajo CIDH, derechos de las mujeres, Feminicidio, violencia contra mujeres

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