Archivo mensual: junio 2016

Eliminar el uso de la tortura obligación pendiente

  • Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura
  • Imprescindible que la Ley General anti-tortura cumpla obligaciones del Estado para que funcione nuevo sistema penal y se atienda a víctimas

 

26 de junio de 2016.- Hoy, en el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, las organizaciones e instituciones académicas firmantes, quienes durante los últimos diez meses hemos aportado insumos técnicos para la Ley General anti-tortura, hacemos un llamado por que el Estado garantice los derechos de las víctimas y el funcionamiento del nuevo sistema penal eliminando el uso de la tortura como método para la fabricación de pruebas. Al mismo tiempo, reprobamos la desinformación que todavía existe sobre la tortura y las víctimas de este grave delito.

El Estado mexicano anunció su compromiso de erradicar la tortura cuando se reformó la Constitución para contemplar una Ley General contra esta práctica. No obstante, ese compromiso con las víctimas de tortura y con la sociedad se materializará en la medida en que el Congreso apruebe una Ley acorde a la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado.

En ese contexto, diversos expertos y expertas, incluyendo en días pasados al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han resaltado la centralidad de la obligación de eliminar el uso en procesos penales de pruebas producidas mediante tortura. Sólo así el Estado brindará justicia mediante investigaciones reales, evitando la fabricación de culpables.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha reiterado que “la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos… ostenta un carácter absoluto e inderogable”[1].

De la misma manera, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó al Estado sus obligaciones bajo diversos tratados de Naciones Unidas ratificados por México, al señalar que se debe excluir “cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales”[2].

En efecto, nuestra Constitución establece que “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”[3], estándar también adoptado en jurisprudencia de la SCJN[4].

En este sentido, cualquier propuesta de permitir la admisibilidad de pruebas obtenidas mediante tales violaciones, o de limitar la regla de exclusión solamente a cierto tipo de prueba, demuestra un desconocimiento del derecho nacional e internacional aplicable. Más grave, es que tales propuestas fomentarían la repetición en el nuevo sistema penal de los mismos vicios que siempre han generado arbitrariedad, errores e injusticias en el sistema tradicional.

A la luz de la larga serie de casos documentados en años recientes de tortura a personas inocentes, vale la pena recordar que en los casos de liberación de sobrevivientes de tortura -mismos que suelen ser ampliamente mediatizados aunque no representen la mayoría de casos- esta procede porque al excluir las pruebas ilícitas y no confiables, resulta que no hay pruebas para acusar o condenar a una persona. Es decir que procede liberar, por la ausencia de pruebas sólidas y confiables ofrecidas por el Ministerio Público.

Las víctimas de tortura, como toda víctima del delito y de violaciones a derechos humanos, tienen derecho a la justicia y a la reparación del daño. No menos urgente es garantizar la no repetición de este crimen en el contexto de la justicia penal, de privación de la libertad, de represión de la protesta social y en cualquier otro. La Ley General pendiente en la Cámara de Diputados debe reflejar esta obligación en cada uno de sus artículos, en congruencia con su objeto de combatir y erradicar la tortura.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., 

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos (REDTDT)

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Libertad de expresión: Amenazas a periodistas y medidas de protección.

 

En Morelos la libertad de expresión está bajo ataque. Periódicos cerrados, periodistas sin empleo, amenazas e intimidaciones policiacas y de grupos criminales contra reporteras y reporteros, utilización de recursos públicos de manera discrecional, son algunos de los elementos que permiten concluir que no está garantizado el derecho a informar y a recibir información, como un aspecto fundamental del respeto a los derechos humanos a la libertad de expresión.

Los casos recientes de ataques de policías del mando único en contra de periodistas que se han comprometido en la búsqueda de mecanismos para la protección de la labor del gremio, Estrella Pedroza, Oswald Alonso y Tonatiuh Olea indica el grado de vulnerabilidad al que se ha llegado, ya que se suma a otros ataques que han sufrido David Monroy, Hugo Barberi, Pedro Tonantzin y Angelina Albarrán y cuando menos unas 30 periodistas que se han documentado sus casos por el propio Mecanismo de Protección a Periodistas. Ninguno de estos casos puede ser minimizado pues el grado de riesgo es creciente cuando se permite impunidad en los casos que afortunadamente no han puesto en peligro sus vidas.

En un importante pronunciamiento, más de cien periodistas del estado de Morelos, se sumaron a la exigencia de que cesen las agresiones contra reporteras y reporteros, especialmente por parte de elementos policiacos. Esta misiva entregada al Secretario de Gobierno, Matias Quiróz, señala: “Nuestra compañera Estrella Pedroza sufrió una agresión física el pasado ocho de junio de 2016 por parte de elementos de la Policía del Mando Único de Cuernavaca, Morelos, cuando documentaba un abuso policiaco en la avenida Universidad, al norte de Cuernavaca”. Dicha acción fue ilegal y coartó sus derechos a la libertad de prensa, expresión e información. La respuesta de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) mediante un comunicado, un día después, tergiversa totalmente los hechos ocurridos esa mañana. El Foro de Periodistas del Estado de Morelos condenó los hechos y exigió atención inmediata de las autoridades municipales, estatales y del comisionado estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, como jefe de las corporaciones policiales en el estado. Es una constante en este sexenio que la CESP revictimice y desacredite las agresiones contra ciudadanos cometidas por policías, de manera especial al gremio periodístico.

Robustecemos este caso con los abusos a otros periodistas, como el de Oswald Alonso Navarro, a quien el pasado 23 de mayo elementos de la CESP le robaron su teléfono celular cuando documentaba una discusión verbal que sostenían los servidores públicos con un taxista, en pleno centro de Cuernavaca, vestidos de civil y armados. De los hechos, se presentó una queja ante Asuntos Internos, sin que se haya investigado a la fecha.

Existen también los abusos policiacos contra los compañeros periodistas Pedro Tonantzin Sánchez, David Monroy y Marco Barberi cuando realizaban coberturas en temas de seguridad, ocurridos durante esta administración.

A estas agresiones policiacas se suma la artera golpiza propinada por elementos de seguridad privada de una empresa propiedad del Alcalde de Yautepec, Agustín Alonso, en contra del reportero Tonatiuh Olea, quien sólo pidió su apoyo tras ser asaltado por un taxista de Jiutepec, en hechos ocurridos el día 12 de junio, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

En todos los casos, las autoridades han minimizado las agresiones y exonerado a los funcionarios responsables.”

Por todo ello, desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos nos sumamos a la exigencia de la agrupación Artículo 19, para que la Fiscalía del estado  investigue a las autoridades por abuso de autoridad y lo que resulte de los hechos sucedidos el ocho de junio en Cuernavaca. Además, demanda a las autoridades policiales del estado que sancionen a los elementos que agredieron a la periodista y a quienes obstaculizaron la presentación de su queja.

En el caso se presentan  situaciones preocupantes que deben ser investigadas y revertidas de inmediato: Se bloqueó con violencia física el ejercicio de libertad de expresión, específicamente el derecho a recabar información de interés público (actuación de funcionarios) en el espacio público. Se obstaculizó el acceso a la justicia a una persona agredida por elementos de seguridad pública en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y públicamente se pretendió estigmatizarla y criminalizarla.

La ciudadanía en general –y los periodistas en particular– tienen derecho a documentar hechos de interés público. En efecto, los hechos de interés público se consideran discurso especialmente protegido por el derecho a la libertad de expresión. En este caso, el interés público de la información radica en la recopilación de información sobre actividades que despliegan servidores públicos, máxime cuando presuntamente están actuando de manera arbitraria.

Por otro lado, es vital para una democracia que las autoridades del Estado, cualquiera que sea su nivel, se abstengan de estigmatizar y criminalizar públicamente a ciudadanos y periodistas debido a su ejercicio crítico de la libertad de expresión. En este sentido, las autoridades son garantes de este derecho, por lo que deben tener mayor cautela al momento de emitir pronunciamientos que pongan en riesgo y mayor grado de vulnerabilidad a quienes se expresan libremente. Esta situación se agrava ante el contexto actual de agresiones sistemáticas a la prensa en el país.
Resulta cuestionable que las autoridades pretendan detener y procesar personas que supuestamente profieren insultos a los servidores públicos. Como ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades tienen el deber de soportar con mayor grado críticas y comentarios que puedan ser mordaces, incómodos, e incluso considerarse ofensivos.
Por ello exigimos a la Fiscalía del estado que investigue a las autoridades por abuso de autoridad y lo que resulte de los hechos sucedidos el 23 de mayo, el 8 de junio en Cuernavaca y el 12 de junio en Yautepec. Además, demandamos a las autoridades policiales del estado que sancione a los elementos públicos y privados que agredieron a la periodista Estrella Pedroza y los periodistas Oswald Alonso y Tonatihu Olea.

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, no dudamos que será mediante la organización y lucha del propio gremio de trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación como se logrará el respeto a su actividad y, en su caso, la sanción correspondiente a quienes atacan éstos derechos, para que no continúe la impunidad y se repitan esta clase de hechos ominosos que laceran la libertad de expresión, la dignidad y el derecho a la información, la seguridad y la tranquilidad que debe prevalecer en éste que no debe seguir siendo uno de los oficios más peligrosos del mundo.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Redoblar esfuerzos para aplicar AVG

El día 25 de Mayo del 2016, integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos en su carácter de peticionaria de la Alerta de Violencia de Género (AVG), acudimos a una reunión con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, y personal de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaria de Gobernación, con el objetivo de conocer y analizar las respectivas Medidas de Seguridad que mandata el Decreto de AVG, de fecha 10 Agosto del 2015.

Estas medidas tienen que ver con: a) la obligación de publicar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de la AVG en Morelos, con información accesible para la población; b) proceder a la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia mediante la implementación de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres; c) reforzar los patrullajes preventivos; d) efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de las mujeres; e) instalar alumbrado público y mejorar el existente; f) implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como la instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos; g) incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público; h) crear una aplicación para teléfonos inteligentes que permita a las mujeres víctimas de violencia el acceso inmediato a los servicios de atención y seguridad.

En la reunión se nos informó, por parte del Comisionado, los avances que hay en algunas de las medidas señaladas. Como algunas acciones preventivas: a) marchas exploratorias en colonias de los municipios con declaratoria de AVG; b) la creación de la aplicación para celulares 066; c) creación de la Unidad Especializada de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, con 19 personas capacitadas; d) creación de un protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, publicado el 27 de enero del 2016; e) implementación del semáforo de violencia y patrones de incidencia del delito en los municipios con declaratoria.

Asimismo, nosotras/os vemos que las marchas exploratorias no son sistemáticas, son escasas, y no hay un contenido temático exclusivo para la AVG. En cuanto a la Unidad Especializada de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, consideramos que es poco el personal capacitado y no conocemos las temáticas, los tiempos, las evaluaciones ni quiénes imparten su capacitación en el tema de la AVG. En relación al protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, desconocemos cuantos/as elementos  han sido capacitados para aplicarlos, cuántas veces se ha aplicado, cuáles ha sido los resultados concretos y la valoración interna del mismo protocolo. Respecto al Semáforo de Violencia, vemos preocupante la falta de información de los feminicidios, pues los homicidios no están desagregados por sexo, lo que impide conocer el nivel de violencia feminicida, así mismo, tampoco muestra los diferentes tipos de violencia, ni las modalidades de la misma. En dicho contexto, es de señalar que la aplicación para celulares 066 para reportar diferentes tipos de violencia contra las mujeres, es una acción positiva pero no se le ha dado la máxima publicad y lamentablemente poca población la conoce.

Finalmente el Comisionado Alberto Capella Ibarra reconoció que “No han hecho todo, pues el trabajo no se ha podido concretar de manera inmediata”. Por lo que consideramos se deben redoblar esfuerzos para que la AVG en Morelos se cumpla de manera efectiva en todos sus términos.

 

 

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Archivado bajo derechos de las mujeres, Feminicidio