Libertad de expresión: Amenazas a periodistas y medidas de protección.

 

En Morelos la libertad de expresión está bajo ataque. Periódicos cerrados, periodistas sin empleo, amenazas e intimidaciones policiacas y de grupos criminales contra reporteras y reporteros, utilización de recursos públicos de manera discrecional, son algunos de los elementos que permiten concluir que no está garantizado el derecho a informar y a recibir información, como un aspecto fundamental del respeto a los derechos humanos a la libertad de expresión.

Los casos recientes de ataques de policías del mando único en contra de periodistas que se han comprometido en la búsqueda de mecanismos para la protección de la labor del gremio, Estrella Pedroza, Oswald Alonso y Tonatiuh Olea indica el grado de vulnerabilidad al que se ha llegado, ya que se suma a otros ataques que han sufrido David Monroy, Hugo Barberi, Pedro Tonantzin y Angelina Albarrán y cuando menos unas 30 periodistas que se han documentado sus casos por el propio Mecanismo de Protección a Periodistas. Ninguno de estos casos puede ser minimizado pues el grado de riesgo es creciente cuando se permite impunidad en los casos que afortunadamente no han puesto en peligro sus vidas.

En un importante pronunciamiento, más de cien periodistas del estado de Morelos, se sumaron a la exigencia de que cesen las agresiones contra reporteras y reporteros, especialmente por parte de elementos policiacos. Esta misiva entregada al Secretario de Gobierno, Matias Quiróz, señala: “Nuestra compañera Estrella Pedroza sufrió una agresión física el pasado ocho de junio de 2016 por parte de elementos de la Policía del Mando Único de Cuernavaca, Morelos, cuando documentaba un abuso policiaco en la avenida Universidad, al norte de Cuernavaca”. Dicha acción fue ilegal y coartó sus derechos a la libertad de prensa, expresión e información. La respuesta de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) mediante un comunicado, un día después, tergiversa totalmente los hechos ocurridos esa mañana. El Foro de Periodistas del Estado de Morelos condenó los hechos y exigió atención inmediata de las autoridades municipales, estatales y del comisionado estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, como jefe de las corporaciones policiales en el estado. Es una constante en este sexenio que la CESP revictimice y desacredite las agresiones contra ciudadanos cometidas por policías, de manera especial al gremio periodístico.

Robustecemos este caso con los abusos a otros periodistas, como el de Oswald Alonso Navarro, a quien el pasado 23 de mayo elementos de la CESP le robaron su teléfono celular cuando documentaba una discusión verbal que sostenían los servidores públicos con un taxista, en pleno centro de Cuernavaca, vestidos de civil y armados. De los hechos, se presentó una queja ante Asuntos Internos, sin que se haya investigado a la fecha.

Existen también los abusos policiacos contra los compañeros periodistas Pedro Tonantzin Sánchez, David Monroy y Marco Barberi cuando realizaban coberturas en temas de seguridad, ocurridos durante esta administración.

A estas agresiones policiacas se suma la artera golpiza propinada por elementos de seguridad privada de una empresa propiedad del Alcalde de Yautepec, Agustín Alonso, en contra del reportero Tonatiuh Olea, quien sólo pidió su apoyo tras ser asaltado por un taxista de Jiutepec, en hechos ocurridos el día 12 de junio, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

En todos los casos, las autoridades han minimizado las agresiones y exonerado a los funcionarios responsables.”

Por todo ello, desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos nos sumamos a la exigencia de la agrupación Artículo 19, para que la Fiscalía del estado  investigue a las autoridades por abuso de autoridad y lo que resulte de los hechos sucedidos el ocho de junio en Cuernavaca. Además, demanda a las autoridades policiales del estado que sancionen a los elementos que agredieron a la periodista y a quienes obstaculizaron la presentación de su queja.

En el caso se presentan  situaciones preocupantes que deben ser investigadas y revertidas de inmediato: Se bloqueó con violencia física el ejercicio de libertad de expresión, específicamente el derecho a recabar información de interés público (actuación de funcionarios) en el espacio público. Se obstaculizó el acceso a la justicia a una persona agredida por elementos de seguridad pública en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y públicamente se pretendió estigmatizarla y criminalizarla.

La ciudadanía en general –y los periodistas en particular– tienen derecho a documentar hechos de interés público. En efecto, los hechos de interés público se consideran discurso especialmente protegido por el derecho a la libertad de expresión. En este caso, el interés público de la información radica en la recopilación de información sobre actividades que despliegan servidores públicos, máxime cuando presuntamente están actuando de manera arbitraria.

Por otro lado, es vital para una democracia que las autoridades del Estado, cualquiera que sea su nivel, se abstengan de estigmatizar y criminalizar públicamente a ciudadanos y periodistas debido a su ejercicio crítico de la libertad de expresión. En este sentido, las autoridades son garantes de este derecho, por lo que deben tener mayor cautela al momento de emitir pronunciamientos que pongan en riesgo y mayor grado de vulnerabilidad a quienes se expresan libremente. Esta situación se agrava ante el contexto actual de agresiones sistemáticas a la prensa en el país.
Resulta cuestionable que las autoridades pretendan detener y procesar personas que supuestamente profieren insultos a los servidores públicos. Como ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades tienen el deber de soportar con mayor grado críticas y comentarios que puedan ser mordaces, incómodos, e incluso considerarse ofensivos.
Por ello exigimos a la Fiscalía del estado que investigue a las autoridades por abuso de autoridad y lo que resulte de los hechos sucedidos el 23 de mayo, el 8 de junio en Cuernavaca y el 12 de junio en Yautepec. Además, demandamos a las autoridades policiales del estado que sancione a los elementos públicos y privados que agredieron a la periodista Estrella Pedroza y los periodistas Oswald Alonso y Tonatihu Olea.

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, no dudamos que será mediante la organización y lucha del propio gremio de trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación como se logrará el respeto a su actividad y, en su caso, la sanción correspondiente a quienes atacan éstos derechos, para que no continúe la impunidad y se repitan esta clase de hechos ominosos que laceran la libertad de expresión, la dignidad y el derecho a la información, la seguridad y la tranquilidad que debe prevalecer en éste que no debe seguir siendo uno de los oficios más peligrosos del mundo.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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