Reprime Mando Unico a ejidatarios en Morelos. Uso excesivo de la fuerza contra Apatlaco

La policía de Mando Unico en Morelos reprimió a ejidatarios del pueblo de Apatlaco, Morelos, haciendo uso excesivo de la fuerza, golpeando brutalmente a campesinos, deteniendo a 14 de ellos, luego de criminalizar la legítima protesta que han venido realizando en contra de la construcción de un  Acueducto de 12 km con una capacidad de transporte de 580 l/s de agua, que aunado a una línea de torres de alta tensión de 20 km, y 400 kv, para el gasoducto que  se construye para alimentar a la central termoeléctrica de ciclo combinado ubicada en Huexca, Mpo. Yecapixtla, Morelos.  Exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos, alto a la represión y la criminalización de la lucha social del pueblo de Apatlaco.

En un informe presentado ante instancias de la ONU que analizan el papel de las empresas trasnacionales y la violación a los derechos humanos en México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra hizo un recuento que ubica el significado de lo que está atrás de ésta política represiva y neoliberal que lleva a cabo el gobierno del Estado de Morelos y del Gobierno Federal que ha venido imponiendo las obras  del Plan Integral Morelos.

Al conjunto de las 4 obras de infraestructura le denominaron El PIM se comenzó a instalar desde el año 2012 con el uso de la fuerza pública, estando en zona de riesgo del volcán Popocatépetl, y sin obedecer las observaciones técnicas de riesgo que le hiciera el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) e Instituto de Geofísica de la UNAM. Dicho proyecto es violatorio al Principio de Precaución, pues no se puede saber a ciencia exacta en que momento exista una erupción volcánica de magnitudes significativas, pero existe la suficiente certeza científica que existe un riesgo importante en las poblaciones que habitan las faldas del volcán, por lo que se le monitorea diariamente y existe un Plan de Contingencia que contempla diversas rutas de evacuación las cuales deben estar en buenas condiciones y libres de todo riesgo o bloqueo, sin embargo el Gasoducto Morelos atraviesa todas las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl, imponiendo un mayor riesgo a las poblaciones innecesario, pues el proyecto se sustenta en la necesidad de generación eléctrica cuando existe un superávit de producción eléctrica en el país cercano al 40%, mientras que el porcentaje recomendable por la Cepal es del 17%. Del mismo modo la central de ciclo 264 CC Centro se encuentra en una zona de peligro catalogada por el mapa de riesgos como “Alto”, pues es una región denominada de Lahares, los cuales son flujos de lodo que avanzan a grandes velocidades y tienen un alto potencial destructivo, los lahares pueden ser generados por un evento volcánico significativo o a causa de deslaves por una lluvia torrencial. Dichas características y eventos de riesgo no fueron analizados en el Estudio de Riesgo de la Manifestación de Impacto Ambiental de la termoeléctrica. Además del riesgo que implica a la vida y seguridad de las poblaciones, la instalación del PIM tiene el objetivo de cambiar el uso de suelo de las diversas comunidades que atraviesa para convertirlo en uso industrial y urbano, siendo incompatible con los Planes de Ordenamiento Territorial de la Zona de Influencia del Volcán Popocatépetl, ya que estos establecen como restricciones no construir infraestructura de riesgo en la zona y/o que promueva la industrialización y crecimiento poblacional (IS3 Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH Puntos desde Sociedad Civil 103 e IS13), debido a que ya está catalogada como zona de peligro y de valor ecológico para la región centro del país.

El PIM se ha impuesto por medio de la fuerza pública estatal y federal que es utilizada para desalojar a los pobladores de las comunidades indígenas que se oponen al proyecto y al mismo tiempo ha sido utilizado el ejército mexicano, en Puebla y Morelos, para resguardo de la maquinaria que va construyendo el ducto de gas. La forma de adquirir los derechos de vía para el proyecto ha sido mediante engaños, amenazas y cuando la gente no sede al paso del ducto, en muchos de los casos atravesaron por sus parcelas sin mediar contrato, autorización ni indemnización alguna, el problema de las irregularidades en la tenencia de la tierra en toda la zona, fue utilizada a ventaja por la CFE, empresa Bonatti, Enagas y Elecnor para instalar el ducto de manera arbitraria. Durante el proceso de construcción del PIM, han sido hostigadas judicialmente al menos 2 autoridades civiles y 3 agrarias en sus comunidades, encarcelando a una de ellas por 10 meses de nombre Enedina Rosas Vélez. Así también han sido hostigados defensores comunitarios y de derechos humanos, siendo encarcelado por el mismo periodo Juan Carlos Flores Solís. Ambos fueron encarcelados arbitrariamente por medio de delitos inventados por la CFE, empresa Bonatti y Gobierno del Estado de Puebla. Actualmente el proyecto encuentra un avance físico de obra significativo en sus 4 componentes (Termoeléctrica, gasoducto, acueducto y torres de alta tensión), sin embargo lleva un retraso de 4 años por problemas legales (dos amparos agrarios mantienen suspendida la obra del acueducto), técnicos y financieros, ya que la empresa encargada de la termoeléctrica, Abengoa S.A., se encuentra en un proceso de quiebra y renegociación de sus activos y pasivos por especular en la adquisición de concesiones y construcción de proyectos energéticos en todo el mundo.

El proyecto afecta directamente a más de 108 ejidos y comunidades, en su mayoría indígenas, las cuales no fueron consultadas, ni debidamente informadas previamente.

La CFE se encargó de coordinarse con la fuerza pública de cada estado, las empresas, el ejército mexicano y los gobiernos de los tres estados para realizar desalojos, protección de maquinaria con fuerzas castrenses, invasiones a predios, campañas de desprestigio, división en comunidades a través de generación de grupos de choque apoyados con programas sociales, etc.

Policía del Mando Único de Morelos.- quien desalojo el 23 de octubre de 2012 a la comunidad de Huexca, el 4 de diciembre de 2012 a la comunidad de Jantetelco, deteniendo arbitrariamente a 4 pobladores, el 19 de septiembre de 2013 deteniendo y torturando a Jaime Domínguez Pérez y el 13 de abril de 2014 atacando con armas de fuego y gas lacrimógeno a la comunidad de Amilcingo, deteniendo y torturando a 4 de sus pobladores.

Gobernación Federal. La actitud generalizada de las autoridades es manifestar la imposibilidad de hacer algo, dando largas al asunto y abandonando las mesas de diálogo cuando ya no hay tanta presión social y pública. En algunas ocasiones los diálogos derivaron en amenazas y formas de identificación de defensores de derechos humanos para su criminalización, como en el caso concreto de Juan Carlos Flores Solís en Morelos y Puebla, el primero Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH Puntos desde Sociedad Civil 105 acusándolo en medios masivos de comunicación como agitador social y el segundo interponiendo denuncia penal contra él por encargarse de “asesorar campesinos contra proyectos de infraestructura, extorsionando al gobierno” Con el poder legislativo: Con los diputados y congreso de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y a nivel federal en las Cámaras de Diputados y Senadores se han emitido Puntos de Acuerdo para respetar los DDHH de las comunidades ante el PIM, diálogo y revisión de los procesos judiciales de las personas defensoras de derechos humanos detenidas, sin que haya obtenido de ello una respuesta positiva de las autoridades ejecutivas.

Existen también constantes hostigamientos y amenazas contra defensores comunitarios y de derechos humanos de Ayala, Cuautla, Huexca, Jantetelco, Amilcingo, todos de Morelos y Zacatepec, Puebla.

Todos estos antecedentes muestran que la política represiva del gobierno de Morelos, Puebla y Tlaxcala responden a una estrategia del gobierno federal de imponer el PIM mediante el uso excesivo de la fuerza pública, que eleva los costos sociales y la violación sistemática de los derechos humanos ante el afán desmedido de ganancias de las empresas trasnacionales.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, integrante de la REDTDT .

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