Archivo mensual: septiembre 2016

Foro con mujeres sindicalistas

Foro sobre derechos de las mujeres, feminicidio y Alerta de Violencia de Género en Morelos.

28 de septiembre de 2016.

5 de la tarde

Auditorio del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sección 10, Cuernavaca, Morelos.

Calle Bernal Díaz del Castillo No. 102, colonia Lomas de Cortez.

Ponentes:

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de Investigación de 13 años de feminicidio en Morelos.

Modera: Ernesto López Torres, Secretario de Equidad y Género de la Sección 10 del STRM.

La lucha por la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia forma parte de la construcción de una sociedad donde se respeten los derechos humanos de todas y todos. En ésta acción estamos convocados todos los hombres y mujeres que entendemos que el respeto a nuestros compañeros y compañeras en el espacio de trabajo o dentro de las filas sindicales y del movimiento social es necesario para  evitar que se presenten situaciones de violencia producto de una sociedad capitalista profundamente dividida en clases sociales, razas, sexos. El compromiso del STRM en la defensa de los derechos de las mujeres coincide con la actividad que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos viene realizando desde su fundación en 1989 sobre éstos temas de interés social. Ambas organizaciones coincidimos en el esfuerzo unitario en el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, por lo que éste foro busca generar información, análisis y toma de consciencia del feminicidio y las violencias que cotidianamente nos golpean en Morelos y las herramientas jurídicas, sociales, sindicales y políticas que tenemos para enfrentarlas y prevenir, sancionar y erradicar tanta muerte impune.

Invitan:

Comité Ejecutivo de la Sección 10 del STRM en Cuernavaca,  Morelos

Secretario de Equidad y Género de la Sección 10 del STRM.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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A dos años de los 43 de Ayotzinapa

Red TDT: A dos años, Ayotzinapa persiste como emblema de la lucha por la justicia en México
 La falta de resolución de este caso resulta emblemática de la ineficacia y corrupción imperantes en el sistema de justicia, así como de la creciente vinculación del crimen organizado con actores estatales en perjuicio de la sociedad.
La tragedia de Iguala es ilustrativa del fenómeno de la desaparición forzada y de la criminalización de la protesta social.
Necesario un cambio de actitud del Estado mexicano hacia los aportes de la justicia internacional, así como hacía las víctimas y las personas defensoras de derechos humanos.
A dos años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en  Iguala durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) exige el pleno esclarecimiento de los hechos. Ello implica tanto la resolución jurídica del caso, como la satisfacción de las demandas de las familias que se mantienen en su exigencia de la presentación con vida de los jóvenes normalistas.
 
Este lamentable caso es un emblema de la ineficacia y corrupción imperantes en el sistema de justicia, así como de la falta de voluntad política de las más altas autoridades de nuestro país para dar certidumbre a la sociedad. Cabe destacar que garantizar el acceso a la justicia para las familias de estos jóvenes, trasciende su legítimo interés y se ha convertido en una muestra clara del nivel compromiso del Estado mexicano con el acceso a la justicia de la población en general.
 
Resulta especialmente grave, la comprobada vinculación del crimen organizado con actores estatales en estos hechos. Con ello se corrobora que se trata de un crimen de Estado, pues su probada vinculación con los hechos no se omite por la participación de actores del crimen organizado. Aún más, la connivencia entre actores estatales y criminales se configura como un patrón de acción a nivel municipal, estatal e incluso probablemente a nivel federal, según las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La sola inacción de los distintos niveles de gobierno, ante hechos tan graves y contundentes implica una responsabilidad ineludible en términos de la legislación nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.
 
En este sentido Ayotzinapa resulta ser un caso emblemático de la grave crisis de derechos humanos que se vive en  México, pues resulta ilustrativo no sólo del fenómeno de la desaparición forzada, sino de la vinculación que este ominoso tema tiene con la criminalización de la protesta social. Ello, en el contexto de la poderosa movilización social que se ha generado en torno al tema, ha favorecido una mayor comprensión entre las víctimas de la llamada guerra sucia, cuando el Estado criminalizó a personas que luchaban por la justicia social y las víctimas recientes, cuando la tragedia de la desaparición de personas se generalizó de manera brutal adquiriendo visos de tragedia humanitaria.
 
Especialmente grave resulta el desprecio del Estado mexicano por los aportes de la justicia internacional al mismo. La confrontación del gobierno con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son una muestra clara de la intencionalidad encubridora de las acciones e investigaciones del Estado mexicano al respecto de este caso y que son terriblemente parecidos a lo que refieren víctimas de otros casos menos visibles, pero no menos importantes.
 
Y si esa fue la reacción contra actores de prestigio internacional, mucho más intensa y grave ha resultado la campaña de desprestigio y criminalización contra las personas defensoras involucradas en este caso. Esto se suma a un patrón que la Red TDT ha detectado y denunciado en los años recientes. Resulta fundamental que esta campaña sea detenida de inmediato y que se reconozca el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, así como la importancia de la aportación de las organizaciones y personas para garantizar el acceso a la justicia de sus defendidos, así como el derecho a la verdad de la sociedad toda.
 
En este sentido, y en el contexto de este segundo aniversario, es cada vez más clara la necesidad de que los hechos de Iguala sean esclarecidos como un primer paso para recuperar la confianza en las instituciones del Estado.
 
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Impunidad, corrupción y falta de recursos económicos impiden combatir la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual: Red TDT

22 septiembre, 2016

  • El delito aumenta anualmente, ante la inacción gubernamental
  • Exigimos acciones urgentes del gobierno en todos sus niveles, ante la gravedad del delito

El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que se conmemora cada 23 de septiembre, fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que se realizó en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

De acuerdo al Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2014 –de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-,  el delito de trata afecta  prácticamente a todos los países de todas las regiones del mundo. Entre 2010 y 2012 se identificaron víctimas de 152 nacionalidades diferentes en 124 países de todo el mundo.

En México el problema se agrava debido a la inacción de las autoridades, de acuerdo al documento denominado“Estadística sobre la procuración de justicia en el combate a la trata de personas en México 2010-2013”, (una actualización al primer diagnóstico), que el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentó ante medios de comunicación el 30 de enero de 2014, se revela que de acuerdo a la CNDH de 2009 a 2013 –en una presentación a cargo de dicho organismo en el Colegio de México el 16/07/2014-, se iniciaron en todo el país mil 513 averiguaciones previas por el delito de trata -434 correspondieron a  la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra)  y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo); y mil 79 a las procuradurías estatales-.

En este sentido, el Informe de UNODC sobre la trata en México señala que el mayor nivel de averiguaciones previas a nivel federal sobresalen los estados de Chiapas, Veracruz y Tlaxcala.

En lo que respecta a sentencias condenatorias, el ONC refiere que la CNDH en julio de 2014, informó que de 2009 a 2013 existían sólo  125 sentencias (2 de PGR y 123 de autoridades locales).

Los datos obtenidos por el ONC arrojan un preocupante contraste entre número de víctimas en relación con el de personas condenadas en proceso judicial, pues de las 1 629 víctimas reportadas por las procuradurías locales, se da cuenta de 643 detenidos, 371 procesos judiciales y tan sólo 84 personas condenadas por este delito, por lo que las medidas implementadas en México para combatir la trata de personas resultan dispersas e insuficientes, ya que existe una marcada ineficiencia en la procuración e impartición de justicia”.

Así mismo Trafficking in Persons Report 2014,  evidencia la carencia de servicios especializados para atender a las víctimas, “La actuación del gobierno parece ser aislada, asistemática, sin diagnósticos serios sobre la situación y, por lo tanto, sin objetivos ni planes específicos para la erradicación de este problema”.

De igual manera, en la actualización del informe del ONC concluye que Chiapas es la entidad que reportó el mayor número de víctimas con 332; en tanto Tlaxcala informó  contar con siete personas condenadas, sin embargo no fue posible medir la efectividad en materia de administración de justicia, pues la entidad no informó sobre número de víctimas ni sus características, alegando el carácter reservado de esa información en su respuesta.

Al respecto el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local AC, de acuerdo a solicitudes de acceso a la información dirigidas a la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), se obtuvo  que de enero de 2011 a mayo de 2016,  de 200 denuncias sobre trata de personas, sólo 13 llegaron a sentencia condenatoria, lo que evidencia una ineficacia en la administración de justicia.

Tan grave es el problema, que en agosto del presente año la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ha aceptado la primera solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres –en el país-,  por trata con fines de explotación sexual de mujeres en el estado de Tlaxcala.

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC) estimó que más de mil niñas y adolescentes son explotadas sexualmente en Morelos, ante la proliferación de antros y botaneras principalmente en la zona metropolitana, y el arribo de organizaciones criminales que han sido desplazadas de sus principales centros de operación por operativos policiacos y rescate de víctimas en otras entidades. Los tratantes de Tenancingo (en Tlaxcala), como se cerró la posibilidad en el Distrito Federal (actual Ciudad de México) y se cerró la posibilidad en Puebla, pues el estado que queda más próximo para sus negocios ilícitos es Morelos, que además tiene la característica de que los fines de semana lo visitan los chavos que vienen al reventón y hay muchas botaneras, donde las meseras son niñas y que no sabemos si son víctimas de trata”, dijo Teresa Ulloa Ziaúrriz, de la CATWLAC.

Informó que la organización comenzó con la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado contra establecimientos que operan como burdeles y donde se ha detectado la explotación sexual de niñas en los municipios de Yautepec, Temixco y Jiutepec. Dijo que está a la espera de que las autoridades atiendan las denuncias y realicen las acciones necesarias para combatir la trata de personas, pues calculó que en Morelos al menos mil 500 niñas y adolescentes son explotadas sexualmente en establecimientos que, en muchos casos, operan con el patrocinio de las autoridades locales.

Por lo anterior, la Red Nacional de Organismos Civiles de los Derechos Humanos Todos los Derechos  para Todos y Todas (Red TDTT), exigimos a las autoridades de los distintos niveles de gobierno:

  • Conocer  y aplicar  el  Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños,  ratificado por el Estado Mexicano desde el 25 de diciembre de 2003, para garantizar a mujeres y niñas del país, a vivir libres de violencia y explotación sexual.
  • Combatir frontalmente la corrupción e impunidad, pues no obstante a la promulgación de  leyes nuevas o a la actualización de las existentes desde la entrada en vigor en 2003 del Protocolo contra la Trata de Personas de las Naciones Unidas, hay muy pocos fallos condenatorios por trata de personas.
  • Etiquetar recursos económicos específicos para el combate del delito; y la obligación de capacitar y sensibilizar a personal del servicio público responsable de prevenir, atender, sancionar y procurar justicia para las víctimas y finalmente;
  • Actuar urgentemente en las entidades con alta gravedad frente al delito, como son Chiapas y Tlaxcala, pues a partir del trabajo que hemos hecho organizaciones integrantes de la Red TDTT en estos estados,  en el primero las mujeres en condición de migración son las principales víctimas y en el segundo, por el alto número de redes que explotan a mujeres con fines sexuales.

ATENTAMENTE

 RED DE ORGANISMOS CIVILES “TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS Y TODAS”

COMISIÓN INDEPENDIENTE DE DERECHOS HUMANOS DE MORELOS,

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Entregará informe a Segob a un año AVG Morelos

Se entregará mañana informe  AVG Morelos a Subsecretario de Gobernación.

A un año de la AVG en Morelos

Necesario vigilar cumplimiento de medidas

Fortalecer mecanismo de verificación

El día de mañana 15 de septiembre de 2016, a las 12 del día, será recibida la Comisión independiente de Derechos Humanos de Morelos por el Sub Secretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrian, para hacer entrega el informe elaborado por la organización peticionaria, con motivo del año de emisión de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos.

Ante el feminicidio creciente que prevalece en la entidad morelense, es necesario que la institución emisora de la AVG, la Secretaría de Gobernación, vigile de manera eficaz el cumplimiento de todas y cada una de las medidas emitidas para atender, prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio en Morelos.

Se requiere que todas y cada una de las autoridades, en sus tres niveles de gobierno, asuman plenamente su responsabilidad jurídica y social, en la aplicación de una política pública que garantice los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, mediante el fortalecimiento del mecanismo de verificación del mandato constitucional derivado del decreto aprobado luego de una amplia investigación de las causas de la violencia feminicida desde el año 2000 a 2016.

El informe tiene el objetivo de analizar las medidas emitidas, el informe del gobierno de Morelos, las medidas de verificación y cumplimiento, así como las observaciones críticas formuladas por nuestra organización, así como las recomendaciones que se desprenden del mismo para poner un alto al feminicidio que durante éste año que ha durado la AVG ha cobrado la vida de 86 mujeres en Morelos, de tal manera que la herramienta de la AVG sea verdaderamente útil para los objetivos de garantizar los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia.

El objetivo de la AVG no ha sido cumplido en Morelos, por lo que mantenemos la demanda del cumplimiento de todas las medidas para que el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial (Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables); la rehabilitación (Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas); la satisfacción (Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran “La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad; el diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.”).

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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