Se aprobó la Ley contra la tortura

La tortura es una práctica generalizada entre las corporaciones policíacas y militares en México. Los informes de organizaciones internacionales y nacionales defensoras de derechos humanos así lo demuestran. Prevenir, investigar y sancionar para erradicar la práctica de la tortura es una necesidad apremiante para salvaguardar los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. La probación por el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y sancionar la Tortura y otros Tratos y o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, significa un paso significativo en ésta dirección, sin embargo, será precisamente la aplicación práctica de éste instrumento legal lo que permita evitar que la tortura se siga utilizando para fabricar culpables y mantener la impunidad.

Sobre éste tema, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  Este organismo internacional destacó que la adopción de esta ley atiende una de las recomendaciones formulada al Estado Mexicano por varios mecanismos internacionales de derechos humanos, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, con ocasión de su visita al país en octubre de 2015.

La ley general de tortura es un instrumento fundamental para combatir uno de los retos más críticos que enfrenta el Estado mexicano en materia de derechos humanos. La ley establece la prohibición absoluta de la tortura, sanciona la conducta en todo el país bajo una misma definición acorde con los tratados internacionales, excluye las pruebas obtenidas mediante tortura y otras violaciones a los derechos humanos y determina reglas claras de combate a la impunidad. Asimismo, esta nueva normativa distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, crea un registro nacional de casos de tortura e incluye medidas para la asistencia, atención y reparación de las víctimas. Igualmente, la ley aprobada establece la adopción de un programa nacional para erradicar el delito, refuerza las medidas de prevención y robustece al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entre otras medidas transformativas importantes.

“Las potencialidades de la ley adquirirán pleno significado cuando se traduzcan en una práctica observable y evaluable, esto es, cuando se prevenga la tortura, se sancione a los culpables, se excluyan las pruebas obtenidas mediante tortura y se repare de manera integral a las víctimas. Por ello, la ONU-DH hace un llamado para que la ley se promulgue a la brevedad y, sobre todo, se garantice su aplicación efectiva”, sostuvo Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México. “De manera especial, la implementación de la ley debe asegurar que la tortura deje de emplearse como un método de investigación criminal y que sean los torturadores y no las víctimas de tortura quienes enfrenten cargos ante la justicia. Por ello, mi Oficina seguirá de cerca la implementación de esta importante pieza legislativa y aportará su asistencia y cooperación para favorecer su aplicación práctica”, agregó el Sr. Jarab.

Asimismo, la ONU-DH reconoce la apertura y disposición de los diversos actores involucrados en la aprobación de la ley. De manera especial, es destacable el trabajo realizado por el Senado de la República, mismo que fue profundizado por la Cámara de Diputados. De igual forma, merece ser subrayado el impulso desplegado desde la Procuraduría General de la República, así como las importantes contribuciones de la CNDH, de las organizaciones de la sociedad civil y algunas universidades. Pero ante todo, ha sido la valentía de las víctimas la que ha inspirado a múltiples actores a impulsar una ley cuyo objetivo central es erradicar el sufrimiento que implica la inadmisible práctica de la tortura. A las víctimas de tortura, reiteradamente estigmatizadas, así como a quienes defienden sus derechos humanos, la ONU-DH les reitera su solidaridad, respaldo y empatía.

Finalmente, la ONU-DH refrenda su plena disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado y la sociedad civil mexicanos en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos nos sumamos a la exigencia de que se aplique integralmente éste nuevo ordenamiento general contra la terrible práctica de la tortura hasta lograr su erradicación.

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