Documentos sobre fideicomisos y fondos para reconstrucción en Morelos

Por este medio enviamos los siguientes materiales para su conocimiento y análisis.

El primero es un libro: Rendición de Cuentas y Fideicomisos (2007), donde se expone claramente lo siguiente:

El fiduciario, en los términos de las disposiciones aplicables, guardará el secreto de las operaciones que realice, salvo en los casos en que cuente con la autorización del fideicomitente, o esté así estipulado en el contrato respectivo, cuidando que no se contravengan los fines previstos en el contrato ni se causen daños y perjuicios a las partes que en ellos intervienen. Acuerdo que establece los Lineamientos que deberán observar las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el Control, la Rendición de Cuentas e Informes y la Comprobación del manejo transparente de los Recursos Públicos Federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos, Apartado Noveno) De esta forma, en el manejo y destino de los recursos públicos, el secreto bancario prevalece por sobre el espíritu de control, fiscalización y rendición de cuentas, ya que este Acuerdo por un lado se somete por completo a los términos que se establezcan en los contratos de fideicomisos con los bancos o las instituciones financieras, y por otro, su cumplimiento depende exclusivamente de la “buena voluntad” del fideicomitente o funcionario público responsable, pues él es el único que puede dar “autorización” o “instrucción expresa” a la institución fiduciaria a que “coadyuve” con las autoridades correspondientes en la entrega de la información. En otras palabras, este Acuerdo queda sometido a la total discrecionalidad de los funcionarios públicos que controlan los fideicomisos. Aunado a estas dos grandes debilidades (discrecionalidad en la aplicación del Acuerdo y sometimiento del mismo a los contratos privados), tenemos que no existe ninguna obligación por cumplir sus cláusulas. No hay ningún tipo de sanción expresa, ni para el fiduciario ni para el fideicomitente en caso de incumplimiento. Todo ello nos demuestra que para combatir la discrecionalidad imperante en la gestión y manejo de los recursos públicos federales depositados en fondos y fideicomisos no basta con acuerdos sin sanciones, o con modificaciones a contratos entre particulares. Habría que contar con una Ley General de Fideicomisos que estipule con toda precisión las obligaciones que deban observar los servidores públicos que establezcan este tipo de instrumentos jurídicos. (Pág. 72 y 73)

A falta de una Ley General en esta materia, los fideicomisos hoy operan, para su ejercicio presupuestario y financiero, en base a instrumentos normativos de menor jerarquía y relevancia, como lo es el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. Este manual, además, presenta grandes lagunas que abren paso a la opacidad y discrecionalidad. Como bien lo advierte la ASF, ahí no se establece como requisito para los fondos y fideicomisos que sus estados financieros se encuentren dictaminados por auditores externos lo que, a juicio de la ASF no otorga confiabilidad a los mismos. De hecho, hoy resulta imposible precisar, a ciencia cierta, el monto de los recursos financieros administrados por los fideicomisos y figuras jurídicas análogas. (Pág. 73)

Señala la falta de control, supervisión y fiscalización de los recursos públicos federales involucrados en los fideicomisos que hacen que éstos se conviertan en una suerte de dinero público invisible: En opinión de la entidad de fiscalización superior de la Federación, (…) la SHCP no cumplió con el control y supervisión de los procesos de inscripción, renovación o actualización de la clave de registro presupuestario y de extinción de los fideicomisos que involucran recursos públicos federales. Tampoco mostró evidencias de efectuar el análisis sobre el cumplimiento de los objetivos y meta, así como de la situación financiera de esos instrumentos jurídicos, que son la base para sustentar la opinión sobre su vigencia, y no lleva a cabo el control y seguimiento de los recursos públicos aportados a los fideicomisos. Lo anterior implica que no existe certeza sobre el número de fideicomisos vigentes. (Pág. 81).

El segundo documento es una nota periodística sobre la cantidad que señala el Gobierno del Estado que ya destinos para atender los daños sufridos por el sismo del 19 de septiembre.

Graco Ramírez anuncia fondo de 300 mdp para reconstruir Morelos tras sismo
Justo a alcaldes, el gobernador alcanzó diez acuerdos a favor de la población y empresas afectadas por el sismo

Por Notimex
Lunes 02 de octubre del 2017, a las 19:08

El gobernador Graco Ramírez y los presidentes municipales acordaron la creación del Organismo para la Reconstrucción “Unidos por Morelos”, que contará con una bolsa inicial de 300 millones de pesos, recursos estatales, destinados a atender a las familias que no sean incluidas en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
En el documento tambien se acordó redireccionar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) al Organismo para la Reconstrucción “Unidos por Morelos”, con el objetivo de dar prioridad a la rehabilitación y construcción de viviendas de las familias afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, y que puedan regresar pronto a sus hogares.
En un comunciado, el gobernador Graco Ramírez y los alcaldes alcanzaron 10 acuerdos a favor de la población y empresas afectadas por el sismo.
Entre ellos se encuentran estar atentos a los resultados el Censo de Evaluación de Daños que publique el Fonden de viviendas afectadas por el sismo.
Que las viviendas afectadas que no reconozca el Fonden serán atendidas por el gobierno del estado y los municipios, a través del Organismo para la Reconstrucción “Unidos por Morelos”.
La instalación de una mesa de trabajo con el Infonavit y el Fovissste, para atender las afectaciones en vivienda en las unidades habitacionales, así como otra mesa con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para dar seguimiento a la reconstrucción del patrimonio histórico y cultural, entre otros.
El gobernador Graco Ramírez informó que ha hecho un ajuste al Presupuesto de Egresos para disponer de 300 millones de pesos; sin embargo, dejó en claro que ni estos recursos ni los del Fonden son suficientes para atender la emergencia.
Agregó que ha solicitado al Congreso del Estado redireccionar los recursos del Fondo de Apoyo a Municipios para pagar Pasivos Laborales; y confió en que en 2018 habrá más recursos que ayuden a avanzar en la reconstrucción.
Convocó a los 33 presidentes municipales a “trabajar muy unidos para sacar adelante a Morelos” en estos momentos de crisis, porque la gente quiere soluciones a sus problemas y participar en ellas.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/10/02/graco-ramirez-anuncia-fondo-300-mdp-reconstruir-morelos-tras-sismo.html

Y el tercero es la página oficial mexicana donde se encuentran los documentos relacionados con el FONDEN, destacando lo siguiente:

Anexo IV
Atención de la vivienda
1. De los alcances Una vez superada la fase de emergencia, las acciones de atención a la vivienda se realizarán en dos etapas:

1.1 Primera etapa.- “De la atención inmediata”.- Tiene por objeto instrumentar acciones de limpieza de las viviendas en condiciones de ser habitadas para facilitar su pronta ocupación, así como el acceso a las mismas, con apoyo del Programa de Empleo, salvo los casos de afectación por aguas residuales que pongan en riesgo la salud de la población, se podrán solicitar recursos con cargo a los Apoyos Parciales Inmediatos. Comprende la instrumentación de acciones destinadas a facilitar la ocupación inmediata de las viviendas, tales como remoción de escombros y desagüe; desazolve de redes e instalaciones hidrosanitarias y apertura de accesos, entre otras, las cuales no deberán duplicarse con las acciones de apoyo que realicen las otras Dependencias Federales competentes. Corresponsabilidad social.- Las actividades de rehabilitación de servicios y limpieza se realizarán con la participación de la población objeto de apoyo que se encuentre afectada. A la población participante se le otorgará un estímulo económico del Programa de Empleo, conforme a la magnitud del daño. Cuando se requiera la acción inmediata y se contraten empresas privadas para la limpieza, desazolve y retiro de escombros, se deberá cumplir con los siguientes requisitos. • Memoria fotográfica (fotos de antes y después de la limpieza) • Volumetría de los escombros • Bitácoras de acarreo (viajes, etc.) • Comprobante de tiro • Documento validado por el habitante de la vivienda que acredite el retiro de escombro y limpieza de la vivienda.

1.2 Segunda etapa.- “De reconstrucción”: a) La rehabilitación y reparación de daños menores y parciales; b) La reconstrucción de la vivienda en el mismo sitio en caso de pérdida total, y c) La reubicación y construcción, en aquellos casos en que las viviendas presenten daños parciales o totales y que, se encuentren ubicadas en zonas de riesgo. Las viviendas dañadas por un desastre natural, propiedad de familias clasificadas en pobreza patrimonial, que cumplan con los criterios de selección señalados en el presente Anexo y que se encuentren asentadas, en opinión del área competente de las Entidades Federativas, en zonas consideradas de riesgo, se deberá recomendar su reubicación a zonas seleccionadas como adecuadas para uso habitacional, en cuyos casos deberán emitirse los dictámenes correspondientes por parte de protección civil estatal para determinar los riesgos; así como el dictamen de aptitud de suelo correspondiente procurando que la reubicación se realice en áreas aptas para asentamientos humanos, de conformidad con los planes, programas de desarrollo urbano o en la normatividad local vigentes. En caso de que los dictámenes mencionados los emita protección civil municipal, deberán ser validados por protección civil estatal. Será responsabilidad de las Entidades Federativas o de las autoridades municipales en los términos que fijen las leyes, la donación de los terrenos para atender la reubicación de la población damnificada, en el caso de que cuenten con reserva territorial. Dichas superficies, así como las que se adquieran con recursos federales, serán dictaminadas por el área competente de las Entidades Federativas o municipios, en relación con su aptitud habitacional y la inexistencia de riesgos para su aprovechamiento. Los proyectos de urbanización se formularán por el área competente de las Entidades Federativas o municipios, quienes serán las responsables de dar cumplimiento a los ordenamientos de construcción y planes o programas de desarrollo urbano.

http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Normatividad1

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