Archivo mensual: diciembre 2017

A 29 años de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez en Morelos.

Al cumplirse 29 años de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez en Morelos no olvidamos y seguimos exigiendo verdad, justicia y castigo a los culpables, para evitar que continúen las desapariciones de manera impune que ya eleva el número de desapareciones a más de 32 mil en todo el país, y la aprobación de la oprobiosa Ley de seguridad Interior el día de ayer por el Congreso de la Unión prefigura un proceso de militarización y represión que podría disparar la cantidad de desapariciones forzadas de activistas y ciudadanos que se opongan a las políticas neoliberales y autoritarias del gobierno en medio de la crisis de dominación del régimen en la coyuntura electoral del 2018. Recordemos que fue precisamente la lucha contra el fraude electoral del salinismo lo que originó la desaparición de José Ramón en Cuautla, Morelos.

El 16 de diciembre de 1988 a José Ramón García Gómez  lo detuvieron en Cuautla unos policías. Los agentes policiacos que lo detuvieron formaban parte del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, dirigido por Antonio Nogueda y al mando del Comandante Apolo Bernabé Ríos García, creado por mandato del entonces Gobernador Antonio Riva Palacio López, y quien fuera asesor de este gobierno hasta su muerte. Los tres ya fallecidos sin que se hubiese cumplido la justicia. Para investigar el caso se emitieron recomendaciones de la CNDH que pueden ser consultadas  en línea: (http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/1991/Rec_1991_005.pdf)

Durante la investigación de la Fiscalía Especial creada para el caso José Ramón, se logró encontrar una tumba clandestina en el panteón de Amilcingo, en Temoac, donde se encontraron 17 cuerpos de desaparecidos reclamados por esposas que se identificaron como «Las Viudas de Amilcingo» y que aún siguen esperando que haya verdad y justicia. Similitudes con la situación actual por la práctica política de utilizar la desaparición forzada como una biopolítica del poder en contra de luchadores sociales, ahora extendida a miles de personas mediante la acción, omisión o aquiescencia del Estado. Aún a pesar de que haya significativos avances en el instrumental jurídico para investigar, sancionar, prevenir y erradicar la desaparición forzada, que no existía tres décadas atrás, y que ahora existe en el marco internacional con la Convención sobre Desaparición forzada, el Comité ad hoc de la ONU y con la Ley en la materia vigente en Morelos desde el 2 de septiembre de 2015 y la Ley sobre Desaparición Forzada aprobada recientemente por el Congreso de la Unión y publicada hace unas semanas en 2017 (LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN
COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504956&fecha=17/11/2017).

¿Quién tiene la certeza de lo que puede haber ocurrido a un desaparecido hace 29 años? Nadie. Interrogantes que se acumulan y muestran la sinrazón de la barbarie. Las razones de Estado por encima de la racionalidad humanitaria. A 29 años de la desaparición de José Ramón decimos que no olvidamos, porque una sociedad que olvida los crímenes de lesa humanidad está irremediablemente condenada a repetirlos una y otra vez. Y no debemos acostumbrarnos al horror cotidiano. No lo aceptamos como si fuera la única alternativa impuesta desde el poder. Se ha mantenido la lucha histórica de las doñas del Comité Eureka y las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros cientos de organizaciones, para buscar y localizar a las y los desaparecidos, en cárceles clandestinas y campos militares, no solo en tumbas clandestinas. Como asegura Rosario Ibarra: “Durante 40 años hemos buscado la verdad y hemos encontrado muchos rastros, pero mientras no tengamos la certeza, para nosotros, su familia y para todos los que luchan por encontrar a los suyos detenidos-desaparecidos en las cárceles clandestinas del mal gobierno, los seguimos reclamando “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es mucho más que una consigna, representa una esperanza de que tarde o temprano se esclarecerá el destino y paradero de todos y todas las personas desaparecidas”, miles en todo el país y en Morelos el caso de José Ramón que no olvidamos.

De José Ramón a la actualidad hay una historia de desapariciones que lacera la dignidad humana.

Cuando desaparecieron a José Ramón García Gómez en 1988 se iniciaba el terrible sexenio de Salinas de Gortari que significó más de 600 asesinatos de activistas de oposición. Fue necesario realizar una marcha por la vida a Gobernación, huelgas de hambre, mítines y foros internacionales, intervención de Amnistía Internacional y la creación de una Fiscalía Especial, para enjuiciar a los responsables directos pero no así a los que ordenaron la creación de una policía represiva y una política violatoria a los derechos humanos, mismos que siguen impunes. El PRI-Gobierno manchado de sangre. No puede haber justicia si no se establece plenamente la verdad de lo ocurrido. José Ramón no era terrorista como lo presentaron los informes policiacos. De José Ramón nunca se ha localizado, ni vivo ni muerto, sus familiares emigraron o han muerto, sin despejar una duda lacerante sobre lo ocurrido con él. Ante los miles de desaparecidos en México durante la absurda guerra de Calderón y Peña Nieto, estos ejemplos muestran que es necesario seguir exigiendo el respeto pleno a la vida y la libertad, entendiendo el binomio verdad-justicia como parte sustancial de la lucha contra la desaparición forzada en nuestro país. Una desaparición forzada ocurre cuando una autoridad (o un particular actuando con la protección de una autoridad) detiene a alguien, luego niega tal detención y no da información sobre la suerte o paradero de la persona afectada, con lo que la sustrae de la protección de la ley. La tipificación debe cumplir con todos los elementos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; incluyendo todos los elementos del delito reconocidos por los tratados internacionales y por el derecho internacional consuetudinario: la imprescriptibilidad y el carácter permanente del delito, la imposibilidad de conceder indultos o amnistías, la imposibilidad de considerar la obediencia a superiores como justificación de este crimen y una protección especial a ciertos sectores como migrantes, indígenas, niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores.

Ante la aprobación de la ley de Seguridad Interior, llamamos a la población a no permitir estigmatizar a las personas que haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta social, sale a las calles a manifestar su inconformidad. Pues no es el pueblo el que ejerce la violencia, es el Estado, quien de manera sistemática violenta todos los días nuestros derechos fundamentales,  y quien ejerce la violencia para cerrar cada vez más los espacios de manifestación y disidencia, lo que hace es criminalizar la protesta social. La protesta social es un derecho humano y el Estado es quien está obligado a garantizarlo y también es nuestra obligación ejercerlo y hacerlo respetar. Por ello, debemos continuar la lucha porque el derecho a no ser detenido desaparecido sea una realidad y los desaparecidos sean presentados con vida y los responsables sean castigados. Conforme lo establecen los tratados internacionales vinculantes suscritos y ratificados por México, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada es un delito de carácter permanente. Este delito persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de la víctima mientras se desconoce el paradero de la persona desaparecida. Además del carácter de delitos permanentes que tienen las desapariciones, otro motivo por el cual es indispensable que se investiguen y juzguen los casos ocurridos durante el gobierno anterior y el actual, es que algunas personas que fueron obligadas a confesar mediante torturas aún se encuentran encarceladas por delitos que no cometieron. El clima de violencia, miedo, falta de solidaridad que crea la militarización tiene un efecto de control social y de una suerte de “limpieza social” cuando resulta que la mayoría de las víctimas de esta guerra son pobres, jóvenes y mujeres, estigmatizados como delincuentes, sicarios o narcos. El clima de miedo estimula o busca justificar los llamados a más represión, control militar o policiaco, reformas legales que incremente penas y también la venganza en vez de la justicia. Siendo diferentes los casos derivados de la represión política contra la disidencia, como son los desaparecidos que reclamamos, de los casos actuales derivados de la llamada guerra contra la delincuencia, hay un punto de continuidad. El salvajismo, la crueldad y el cinismo que vemos en la actualidad están alimentados por la impunidad que ha prevalecido en relación a los casos del periodo anterior. Por lo anterior es que el problema es político, de responsabilidad y voluntad políticas y no simplemente de nuevas leyes.  Los crímenes de lesa humanidad lo son desde antes y los derechos violados de las víctimas son derechos sin necesidad de reagruparlos y “volver a reconocerlos”. La descomposición social y política y de instituciones del Estado que se vive actualmente hace que, aunque hay ahora una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos en la sociedad que cuando empezamos nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos, la impunidad, falta de voluntad política de la autoridad en todos sus niveles, la corrupción y complicidad frente a este delito de lesa humanidad y las demás violaciones a derechos humanos convierte avances legales, en gestos que son utilizados por el poder para ponerse una máscara y hacerse propaganda como respetuoso y preocupado por la vigencia de estos derechos, al mismo tiempo que los atropella y viola sistemáticamente. Por ello, en Morelos es fundamental que se aplique de manera eficaz la ley en contra de la desaparición forzada, se apliquen los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas y se termine con la criminal práctica de la detención-desaparición forzada por parte del gobierno y las corporaciones policiacas y militares. Será la forma de reconocer que a 29 años de la desaparición de José Ramón no haya más impunidad, que la verdad y la justicia vayan de la mano y que nunca más se vuelva a repetir esta represión política contra activistas y luchadores sociales.

Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos A.C        

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.

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Defensoras de derechos humanos exigen al gobierno federal más protección

Se triplicaron agresiones, aseguran.

Escrito por  Maciel Calvo

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH Morelos) informó que se triplicaron las agresiones contra las mujeres defensoras de derechos humanos y exigió al Estado mexicano garantías para ejercer esta actividad.

Juliana García Quintanilla, coordinadora de la organización civil e impulsora de la Alerta de Violencia de Género en Morelos, relató que en el primer año del gobierno del presidente de la república Enrique Peña Nieto, se cometieron 189 agresiones contra defensoras, pero en el 2016 el número de ataques se triplicó al registrarse 550 casos.

Al dar conocer las conclusiones del Conversatorio Nacional de Defensoras, en el que participaron representantes de 12 estados del país, señaló que la violencia contra las defensoras tiene su origen y fundamento en un sistema de dominación jerárquico patriarcal y misógino que se debe modificar estructuralmente.

Consideró necesario fortalecer la perspectiva feminista de reivindicación de derechos de las mujeres defensoras, los lazos de solidaridad y sororidad ante cualquier tipo de agresión que ponga en riesgo la vida, la libertad y la actividad de las defensoras en el ámbito público y privado.

Durante el encuentro, una de las conclusiones y principales preocupaciones es el aumento de las agresiones contra las defensoras de derechos humanos, quienes han salido a las calles en defensa de la tierra y el territorio, por la presentación de los desaparecidos, contra el feminicidio y la violencia institucional, que en los últimos años alcanzó niveles alarmantes.

“En este conversatorio concluimos que México es el país más violento para las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. De 2013 a 2016, es decir durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ocurrieron un mil 360 agresiones contra defensoras, en promedio, una cada día. Esta cifra es mayor a la registrada en Honduras, Guatemala y El Salvador para el mismo periodo: un mil nueve, 738 y 173, respectivamente”, recalcó.

A este torbellino de terror, dijo, “hay que agregar que 22 de nuestras compañeras defensoras han sido asesinadas en lo que va del actual sexenio y 22 más han padecido intentos de asesinato”. Además, en el 35% de los casos de agresiones contra defensoras registrados entre 2013 y 2016, hay claros elementos de discriminación por motivos del género.

García Quintanilla exigió al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones legales y garantizar la seguridad de las defensoras, porque lamentablemente los mecanismos de protección a mujeres reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no funcionan adecuadamente.

Por ejemplo, expresó, la declaratoria de Alerta de Violencia de Género a la fecha se ha establecido en una docena de estados, sin que se apliquen las medidas ordenadas, prevaleciendo la simulación que no permite enfrentar de manera urgente las violencias para investigarlas, para proteger, sancionar y erradicar el feminicidio y las distintas violencias que viven las mujeres.

“Las mujeres defensoras de México confiamos en nosotras, en nuestras capacidades, en nuestras propias estrategias y mecanismos de protección. Esa es nuestra gran apuesta. Al Estado mexicano le demandamos que cumpla con su deber de garantizar nuestro derecho en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad.

“Mejor dicho, le exigimos que deje de violentarnos, ya que de acuerdo con el Registro Mesoamericano de Agresiones a Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en el sexenio actual 631 agentes del Estado nos agredieron”, sostuvo.

https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/117291-defensoras-de-derechos-humanos-exigen-al-gobierno-federal-mas-proteccion.html

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Boletín de prensa Conversatorio Nacional Defensoras. 13 diciembre 2017

Hacer visible la situación que vivimos las Defensoras de Derechos Humanos en México, es una de las conclusiones del Conversatorio Nacional de Defensoras que llevamos a cabo el 6 y 7 de diciembre de 2017 en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y contó con la asistencia de defensoras de 12 estados de la república (Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Colima, Puebla).

Los trabajos se realizaron en mesas de trabajo y sesiones plenarias, creando un espacio de diálogos entre Defensoras y mujeres de todas las edades y de los diversos contextos socioculturales, donde se compartieron experiencias entre ellas y con feministas reconocidas en la República Mexicana. Se planteó el objetivo de visibilizar, promover y difundir la  labor de las Defensoras de Derechos Humanos en México, qué es lo que defienden y cómo lo hacen, así como documentar y difundir la memoria de las Defensoras y mujeres en torno a los diferentes tipos y modalidades de violencia que han sufrido, generando estrategias de defensa y denuncia ante las agresiones sufridas de las Defensoras de Derechos Humanos en México, así como de los pueblos, colectivos u organizaciones a los que ellas pertenecen.

Después de un interesante intercambio de experiencias de lucha de los derechos de las mujeres, en defensa de la tierra y el territorio, por la presentación de los desaparecidos, contra el feminicidio, contra la violencia institucional, se hizo  un llamado a la sociedad para apoyar el trabajo de las Defensoras y promover la Solidaridad entre las mujeres y diferentes organizaciones.

Una de las principales conclusiones establece que la violencia contra las defensoras tiene su origen y fundamento en un sistema de dominación jerárquico patriarcal y misógino que se debe modificar estructuralmente, por lo que es necesario fortalecer una perspectiva feminista de reivindicación de derechos de las mujeres defensoras, fortaleciendo los lazos de solidaridad y sororidad ante cualquier tipo de agresión que ponga en riesgo la vida, la libertad y la actividad de las defensoras en el ámbito público y privado. La construcción de nuevas relaciones sociales, en donde las mujeres tengan los mismos derechos que todos los seres humanos, tiene un fundamento histórico en la lucha feminista contra todo tipo de opresión, explotación y violencias.

En este sentido, la defensa de las mujeres defensoras debe ser asumida como parte de la lucha por la transformación del sistema basado en la dominación y opresión de las mujeres, a uno en donde se respeten plenamente los derechos humanos de las mujeres.

En este Conversatorio concluimos que México es el país más violento para las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. De 2013 a 2016, es decir, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ocurrieron 1 mil 360 agresiones contra defensoras, en promedio, una cada día. Esta cifra es mayor a la registrada en Honduras, Guatemala y El Salvador para el mismo periodo: 1 mil nueve, 738 y 173, respectivamente.

 

Las mujeres reunidas en el Conversatorio condenamos enérgicamente estas violencias. Más aún, al constatar que nuestros principales agresores son servidores públicos, particularmente policías, quienes, paradójicamente, tienen el deber de salvaguardar nuestra integridad y derechos. Por eso denunciamos esta violencia institucional que viola todos los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

 

Nos llena de rabia verificar que lejos de cesar, las violencias contra nosotras se incrementan. En el primer año del mandato de Peña Nieto se cometieron 189 agresiones contra defensoras, que se triplicaron en 2016, al alcanzar los 550 casos.

 

A este torbellino de terror, hay que agregar que 22 de nuestras compañeras defensoras han sido asesinadas en lo que va del actual sexenio[1] y 22 más han padecido intentos de asesinato.

 

Las defensoras de México denunciamos y repudiamos las violencias que vivimos como consecuencia de nuestra labor y por nuestra condición de género, incluidas las que provienen de nuestras organizaciones, comunidades y del movimiento social porque desafiamos las leyes del patriarcado[2]. Se trata de violencias que en el 35 por ciento de los casos registrados entre 2013 y 2016, tienen claros elementos de discriminación por motivos del género.

 

En enero pasado, en su Informe de cierre de misión, Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, se refirió a las defensoras mexicanas como las mujeres que “están a la vanguardia de las batallas por los derechos humanos, aunque su trabajo pueda permanecer invisible”. Asimismo, reconoció públicamente la importancia de nuestro trabajo en red, el cual, dijo, “ha sido crucial para ayudar a las mujeres a romper el círculo de la violencia y la estigmatización y ha ofrecido muchas oportunidades de autoprotección y fomento a la creación de capacidades”.

 

Si bien es cierto que desde hace casi dos años fue publicada la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (26 de junio de 2012) y 5 meses  después el Mecanismo de protección empezó a funcionar (12 de noviembre de 2012), desafortunadamente muy pronto afloraron las deficiencias en su trabajo al grado que para mediados de 2013 ya era evidente que se acumulaban los casos presentados al Mecanismo y no eran sometidos a evaluación de riesgo; que las medidas que se debían asegurar a las defensoras, defensores y periodistas en riesgo no se hacían efectivas por falta de recursos y, que los gobiernos locales no realizaban esfuerzos para proteger a estos grupos.

Además, persisten deficiencias en la coordinación interinstitucional así como entre gobierno federal y los gobiernos locales. Y no ha habido una adecuada capacitación y sensibilización de los funcionarios que operan el Mecanismo. Por eso hemos elaborado y propuesto un Protocolo de Protección a Defensoras que sea integral y con perspectiva de género.

Al Estado mexicano se le ha exigido en las instancias internacionales establecer una protección eficaz de las defensoras que incluya la investigación rápida y eficaz y el levantamiento de cargos por todas las amenazas y ataques dirigidos contra ellas. Garantizarles un entorno seguro, libre e independiente y garantizar que todos los casos de amenazas, violencia, ataques y asesinatos contra ellas sea investigado por organismos independientes e imparciales.

Sin embargo, como hemos visto en el Conversatorio Defensoras Somos Todas, las defensoras siguen sufriendo diversos Tipos de Violencia e incluso feminicidios. Es preocupante que la impunidad existente perpetúa una situación en la que estas ejecuciones pueden repetirse, pero lo más alarmante es que el principal agresor es el Estado mexicano.

Por otro lado, vemos que los mecanismos de protección a mujeres reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no funcionan adecuadamente. La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género a la fecha se ha establecido en una docena de estados, sin que se apliquen las medidas ordenadas, prevaleciendo la simulación que no permite enfrentar de manera urgente las violencias para investigarlas, para proteger, sancionar y erradicar el feminicidio y las distintas violencias que viven las mujeres. Las Órdenes de Protección son deficientes e inaplicables primordialmente al exigirle a la mujer víctima de violencia doméstica denuncie penalmente al agresor para obtener protección por tan sólo 72 horas, poniéndola en un mayor estado de riesgo o vulnerabilidad.

Por todo lo anterior consideramos que el Estado tiene la obligación de proteger a las Defensoras de Derechos Humanos, pero para ello se requiere de voluntad política y de efectividad operativa.

​Por todo ello, impulsamos la Campaña “Defensoras Somos Todas”, que públicamente fue presentada el 20 de Junio del 2017 en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, misma que llevamos a cabo para visibilizar, promover y difundir la labor de las Defensoras de Derechos Humanos en México; así como los riesgos, amenazas y violencias que enfrentan en el desarrollo de sus actividades, se fortalecerá mediante acciones concretas para lograr el  objetivo de difundir la labor de las Defensoras de Derechos Humanos, qué es lo que defienden y cómo lo hacen, como ejemplo de principios fundamentales (Solidaridad, Respeto, Libertad, Justicia, Equidad, Honestidad, entre otros) que se tienen que difundir en México ante la grave crisis de Derechos Humanos. Así como hacer un llamado a la sociedad para apoyar el trabajo de las Defensoras y promover la Solidaridad entre las mujeres y diferentes organizaciones. Este proyecto estará centrado en las historias de vida de las Defensoras, como las 30 iniciales que se difundirán por medio de video, cápsulas informativas, infografías, posters que se presentarán en diversas sedes para su conocimiento público.

 

Las mujeres defensoras de México confiamos en nosotras, en nuestras capacidades, en nuestras propias estrategias y mecanismos de protección. Esa es nuestra gran apuesta.

 

Al Estado mexicano le demandamos que cumpla con su deber de garantizar nuestro derecho en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad. Mejor dicho, le exigimos que deje de violentarnos, ya que, de acuerdo con el Registro Mesoamericano de Agresiones a Mujeres Defensoras de Derechos Humanos[3], en el sexenio actual, 631 agentes del Estado nos agredieron[4].

 

Finalmente, éste Conversatorio se pronunció en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, ya que para combatir las violencias se requiere una seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos y no una estrategia de guerra que sólo significa más pérdida de vidas humanas.

 

Atentamente

 

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Conversatorio Nacional Defensoras Somos Todas.


[1] Entre ellas, cuatro mujeres periodistas y cuatro mujeres trans

[2] De 2013 a 2016, agredieron a las defensoras 84 integrantes de su organización o del movimiento social y 61 miembros de su comunidad.

[3] Ante la ausencia de estadística oficial sobre las agresiones que vivimos las mujeres defensoras, la RNDDHM, en conjunto con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, elaboramos el Registro Mesoamericano de Agresiones a Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, instrumento en el que plasmamos las cifras sistematizadas de las agresiones que padecemos mujeres defensoras y periodistas

[4] 356 policías, 112 autoridades estatales, 87 autoridades federales, 56 autoridades municipales y 20 militares

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Boletín de prensa Conversatorio Defensoras

Conversatorio Nacional “Defensoras Somos Todas”.

6 y 7 de diciembre de 2017.

Sala audiovisual del sexto piso del edificio sindical del STRM.

Calle Río Neva 16, colonia Cuauhtémoc, a una cuadra y media de la PGR de Reforma, o cerca del Metro San Cosme o Metrobús Reforma.

Por este medio nos dirigimos a ustedes para enviarles saludos desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y para solicitar su apoyo para difundir las actividades que llevamos a cabo para hacer visible la situación que vivimos las Defensoras de Derechos Humanos en México.

OBJETIVO GENERAL:
Visibilizar, promover y difundir la  labor de las Defensoras de Derechos Humanos en México, qué es lo que defienden y cómo lo hacen.  Así como hacer un llamado a la sociedad para apoyar el trabajo de las Defensoras y promover la Solidaridad entre las mujeres y diferentes organizaciones.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Crear un espacio que genere diálogos entre Defensoras y mujeres de todas las edades y de los diversos contextos socioculturales, donde se compartan experiencias entre ellas y con feministas reconocidas en la República Mexicana.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Documentar y difundir la memoria de las Defensoras y mujeres en torno a los diferentes tipos y modalidades de violencia que han sufrido.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Generar estrategias de defensa y denuncia ante las agresiones sufridas por las Defensoras de Derechos Humanos en México, así como de los pueblos, colectivos u organizaciones a los que ellas pertenecen.

​La Campaña “Defensoras Somos Todas”, que públicamente fue presentada el 20 de Junio del 2017 en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, misma que llevamos a cabo para visibilizar, promover y difundir la labor de las Defensoras de Derechos Humanos en México; así como los riesgos, amenazas y violencias que enfrentan en el desarrollo de sus actividades.

El objetivo es difundir la labor de las Defensoras de Derechos Humanos, qué es lo que defienden y cómo lo hacen, como ejemplo de principios fundamentales (Solidaridad, Respeto, Libertad, Justicia, Equidad, Honestidad, entre otros) que se tienen que difundir en México ante la grave crisis de Derechos Humanos. Así como hacer un llamado a la sociedad para apoyar el trabajo de las Defensoras y promover la Solidaridad entre las mujeres y diferentes organizaciones. Este proyecto estará centrado en las historias de vida de las Defensoras.


Queremos 
Visibilizar, promover y difundir la  labor de las Defensoras de Derechos Humanos en México, qué es lo que defienden y cómo lo hacen.  Así como hacer un llamado a la sociedad para apoyar el trabajo de las Defensoras y promover la Solidaridad entre las mujeres y diferentes organizaciones.

 Crear un espacio que genere diálogos entre Defensoras y mujeres de todas las edades y de los diversos contextos socioculturales, donde se compartan experiencias del camino recorrido en la República Mexicana.

Atentamente

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Conversatorio Defensoras 6 y 7 de diciembre 2017

Compañeras.
Las saludamos y les enviamos algunas cuestiones organizativas sobre el
Conversatorio Nacional Defensoras Somos Todas, esperando que nos
veamos el 6 y 7 de diciembre y saludarlas personalmente, por lo que
desde ahora agradecemos la respuesta positiva a la convocatoria para
llevar a cabo éste encuentro que se llevará a cabo en las
instalaciones del edificio sindical del Sindicato de Telefonistas de
la República Mexicana, entrada en: Río Neva 16, colonia CUAUHTEMOC,
Delegación CUAUHTEMOC, Ciudad de México, donde iniciarán las
actividades como lo enviamos en el programa, a partir de las 10 de la mañana.

Esperando que se encuentren bien y que se fortalezca la lucha en la
defensa de los derechos humanos, les enviamos nuestros sinceros
saludos.

Atentamente.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz
por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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