Archivo mensual: mayo 2018

Exigimos reinstalación de trabajadoras despedidas de Rintex.

 

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética elevamos nuestra voz para protestar por que se han incrementado los despidos arbitrarios de trabajadoras de la confección en la empresa Rintex, por lo que exigimos su reinstalación y respeto a su derecho a la organización sindical independiente.

Después de los despidos injustificados  del lunes 21 de mayo de las 5 compañeras y un compañero se ha intensificado la represión laboral. Los despidos injustificados no paran dentro de la Planta RINTEX. El día 29 de Mayo fueron despedidas más de 35 personas. Las demás compañeras que se quedaron a laborar y las que estaban despedidas no les permitieron salir, ni entrar al área de Confección. Cerraron las puertas hasta las 6:30 porque tenían que terminar la producción.

El día lunes 21 de mayo siendo las 11:00 am las y los trabajadores fueron llamados uno por uno, con el señor Marco Tulio, encargado de recursos humanos y el Abogado Eduardo Vasabe, para decirles que estaban despedidos por falta de trabajo. Ante lo anterior, el trabajador y las trabajadoras despedidas fueron a comunicar a sus compañeras lo ocurrido, llegando rápidamente el señor Marcos Erazo jefe de seguridad de la empresa,  y personal de vigilancia y sacaron a las compañeras de la  empresa de con tono de voz agresiva.

A las más de 35 personas despedidas  las mantuvieron todo el tiempo en un lugar del Área de Fumar (como si fuese un lugar de castigo) porque en ningún momento les dejaron mover, de hecho hubo compañeras que pidieron Salir a comprar algo para comer, entre ellas  compañeras embarazadas.  El jefe de seguridad Marcos Erazo no le importó la situación de la compañeras que no habían comido, menos a las embarazadas.

Por lo anterior solicitamos:

Primero: La reinstalación inmediata de las trabajadoras despedidas:, Olga Lidia Catalán Maldonado, Claudia Minerva Fierro, María Guadalupe Leizama Enedina Cruz Sánchez  y el trabajador Rogelio Cuevas y los más de 35 despidos masivos del día 29 de Mayo, Así como también solución a los casos de Nohemí Duran García  y Ruth Rodríguez Simón.

Segundo: El cese inmediato de cualquier acto de violencia y acoso contra las y los trabajadores de Rintex.

Tercero: Garantizar los medios efectivos para que las y los trabajadores de Rintex ejerzan de manera libre y segura su derecho de libertad sindical.

Cuarto: Entablar  una mesa de dialogo con los directivos de la Empresa, la Coalición sindical y las y los asesores.

 

Centro de Apoyo al Trabajador, Frente Autentico del Trabajo, Coalición Independiente de Trabajadoras/es de Rintex. Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

31 mayo 2018

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Archivado bajo derechos laborales

Exigimos justicia por caso de tortura y crimen de Erwin

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética elevamos nuestra voz para protestar por la muerte del joven Erwin, quien fue detenido y golpeado por policías del Mando Único, y a un año de ocurrida la Fiscalía General de Justicia del Estado intenta cerrar el caso, cuando Erwin murió en manos del Mando Único, con más de 30 lesiones en el cuerpo, y la FGJ tardó un año para entregar un dictamen de muerte “natural”.

  • El lunes 4 de junio, se tendrá audiencia para inconformarse ante el dictamen oficial. El 28 de febrero de 2017, cinco policías del Mando Único detuvieron a Erwin en una calle de Cuernavaca, por el supuesto motivo de que el joven de 29 años se parecía a un “ladrón”. Menos de dos horas después, Erwin estaba muerto en un local de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenía más de 30 lesiones en todo el cuerpo. En la tarde del mismo día, el comisionado de Seguridad en Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, negó en las redes sociales que sus elementos hayan matado a Erwin a golpes. Los policías quienes arrestaron a Erwin fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP), bajo el cargo de homicidio. Sin embargo, durante una audiencia del 3 de marzo de 2017, la juez Nancy Aguilar Tovar ordenó reponer el proceso de imputación contra los policías, debido a la “nula” investigación presentada por los agentes del MP, Jonathan Valladares y Adrián Mújica. Consecuentemente, la juez ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) seguir investigando la causa de muerte de Erwin. Apenas dos semanas después, el Fiscal General del Estado, Javier Pérez Durón, declaró en conferencia de prensa que Erwin había muerto no por golpes, sino por una causa natural: “Una úlcera”, dijo. A pesar de lo anterior, el MP tardó un año para entregar un informe de necropsia, que fue avalado por la FGE. Según dicho informe, Erwin tampoco había muerto por golpes, sino por una nueva causa natural: un “infarto al miocardio”, esta vez. Frente a las inconsistencias de la investigación sobre la muerte de Erwin, se tendrá el próximo lunes 4 de junio una audiencia en el Tribunal de Juicios Orales. En esta audiencia, la familia de Erwin se inconformará ante la decisión de la FGE de no ejercitar acción penal en contra de los cinco policías que detuvieron al joven, por considerar que no hubo homicidio, sino una simple muerte “natural”.

¡Se exige justicia para Erwin!

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

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Archivado bajo Tortura

Valentina Rosendo Cantú: combate a la impunidad militar a partir de una sentencia internacional

Las organizaciones defensoras de derechos humanos de la Región Sur de la REDTDT hemos enviado una carta que transcribimos a continuación:

Causa penal: 62/2013. Ref: Caso Valentina Rosendo Cantú

Iliana Fabricia Contreras Perales

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero

Boulevard Vicente Guerrero no. 125 KM, 274 Fraccionamiento la Cortina Chilpancingo, Gro. CP. 39090. Teléfonos: (747) 4942500 ext.1036 conmutador y fax (747) 4942548

Correo electrónico: 7jdo21cto@correo.cjf.gob.mx

P R E S E N T E.-

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C., con domicilio en Privada de las Flores 16, colonia San Antón, Cuernavaca, Morelos, somos una organización que surgimos en 1989 para la defensa de los derechos humanos y en este caso de los derechos de las mujeres indígenas.

En ese sentido, nos dirigimos a usted con el debido respeto a fin de expresarle nuestro profundo interés respecto a la resolución que está próxima a emitir relativa a los hechos de violación y tortura sexual cometidas contra la Señora Valentina Rosendo Cantú, en el 2002, desahogados en la causa penal en referencia.

Desde ese año, la señora Rosendo Cantú buscó acceder a la justicia por vía de las instancias de procuración de justicia mexicana; no obstante, en aquel momento este derecho le fue obstaculizado por las instancias civiles locales, federales y militares. Además de ser revictimizantes y no garantizar su atención médica integral, las instancias nacionales consideraron que el fuero competente para conocer y juzgar los hechos era la justicia castrense, lo que impidió que la señora Rosendo Cantú pudiera acceder a la justicia en México y la llevó a dirigirse al máximo tribunal interamericano para ser escuchada.

Durante todo el proceso, la señora Rosendo Cantú y su familia fueron víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones que impactaron tanto a nivel personal como comunitario, obligándola a salir de su comunidad y desplazarse para el resguardo de ella y su hija.

En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia a favor de la señora Rosendo Cantú en agosto del 2010; en dicha resolución, quedó asentado que la señora Rosendo Cantú fue víctima de tortura sexual por parte de elementos de las fuerzas armadas en un contexto caracterizado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”[1].

Igualmente, el máximo tribunal regional determinó que se violaron sus derechos a una vida libre de violencia, a no ser torturada, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, y al debido proceso y las garantías judiciales. Asimismo, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales.

El impacto de la perseverancia de Valentina Rosendo por acceder a la justicia es invaluable. La sentencia de la Corte IDH ha sentado precedentes respecto de la calificación de la violación sexual como tortura y ha desarrollado a detalle los estándares para juzgar con perspectiva de género y etnicidad; igualmente se han logrado reformas en materia de Amparo y Justicia Militar.

Sin embargo, como es de su información, Valentina ha esperado más de dieciséis años para acceder a la justicia. Los procesos penales que hoy enfrentan los dos imputados en la causa penal en referencia han sido impulsados por ella misma. Primero buscando que las investigaciones fueran remitidas al fuero ordinario y una vez que fueron consignados ante este Juzgado, participando activamente en el proceso; incluso teniendo que enfrentar un careo procesal frente a uno de los procesados, a más de doce años de los hechos y a pesar de todos los obstáculos y amenazas previamente enfrentados.

Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica. Este es el primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército, derivado de una sentencia internacional, a punto de resolverse en el fuero ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos.

En virtud de lo anterior, respetuosamente consideramos que ante su inminente resolución, se tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar casos similares con perspectiva de género y etnicidad, así como los desarrollados por la SCJN en el expediente Varios 1396/2011 estableciendo un precedente a nivel nacional. Más importante aún, se tiene la oportunidad de garantizar la protección y el acceso a la justicia a una mujer indígena que por más de una década ha sostenido dignamente su testimonio y su denuncia a pesar de los diversos obstáculos y amenazas para acceder a la justicia.

Por otro lado, la resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú, llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, así como su regulación en un nuevo marco normativo que ha sido criticado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.

Por lo anterior, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, respetuosos de la independencia judicial, consideramos que este H. Juzgado tiene la oportunidad de emitir una sentencia acorde a los estándares delimitados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de tortura sexual infligida a la señora Rosendo Cantú y que repare el daño que se le ha causado en dieciséis  años de búsqueda de justicia.

Conscientes de que su resolución reflejará su compromiso con la impartición de justicia en México y de sus compromisos internacionales, nos despedimos, no sin antes reiterarle nuestras más distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Anexos:

[1] Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216 (de aquí en adelante Rosendo Cantú y otra Vs. México), párr. 71.  La presencia del Ejército cumpliendo labores policiales en el estado de Guerrero ha sido un tema controvertido en relación con los derechos y libertades individuales y comunitarias, y ha colocado a la población en una situación de gran vulnerabilidad, afectando a las mujeres de una manera particular. De acuerdo con la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero “[l]as mujeres indígenas siguen padeciendo las consecuencias de una estructura patriarcal ciega a la equidad de género, especialmente en instancias como fuerzas armadas o policiales, donde se les entrena para la defensa, el combate o el ataque a criminales, pero no se les sensibiliza en los derechos humanos de la comunidad y de las mujeres”. En este contexto, entre 1997 y 2004 se presentaron seis denuncias de violaciones sexuales a mujeres indígenas atribuidas a miembros del Ejército en el estado de Guerrero, las cuales fueron conocidas por la jurisdicción militar  sin que conste que en alguno de esos casos se hubiera sancionado a los responsables.

Mayo 2018

Valentina Rosendo Cantú es una mujer indígena Me’phaa, originaria de la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, en la región de la Montaña en el estado de Guerrero. Valentina es sobreviviente de tortura sexual cometida por elementos del Ejército en el 2002. En agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en la que señaló que había quedado plenamente probado que había sido víctima de graves violaciones de derechos humanos – incluida tortura sexual –  en un contexto marcado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”.[1]

No sobra mencionar, que Valentina Rosendo Cantú ha exigido justicia durante dieciséis años de la mano de Inés Fernández Ortega – mujer indígena Me’phaa sobreviviente de tortura sexual – cuyo caso ha sido igualmente resuelto por la Corte IDH y en el que, al igual que en el caso de Valentina, elementos del ejército enfrentan cargos en la jurisdicción ordinaria, la cual aún se encuentra en proceso de integración.

  1. Antecedentes

En el año 2002, Valentina residía en la Comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, Guerrero; tenía apenas 17 años y una hija de 3 meses de edad y no hablaba español. Valentina fue torturada sexualmente en febrero de 2002 por elementos del Ejército – en específico del 41 Batallón de Infantería en Guerrero – quienes llevaban detenido a una persona e interrogaron a Valentina respecto de nombres de personas de la comunidad. Tras ser agredida, Valentina inició un difícil camino, caracterizado por la negligencia, el encubrimiento y la discriminación por parte de las autoridades estatales y federales. En el ámbito de la justicia, a pesar de que denunció los hechos inmediatamente, las investigaciones fueron parciales y poco diligentes. De igual forma, se le negó atención efectiva a servicios integrales de salud, por parte de las instancias estatales en su condición de mujeres víctimas de violencia, lo que a la postre se tradujo en graves afectaciones para su salud física y emocional. Valentina tuvo que enfrentarse a la discriminación que las mujeres víctimas de violencia sexual experimentan, la cual se agravó por su identidad indígena y por ser menor de edad al momento  de denunciar: no contó con servicios de traducción y en todas las ocasiones en las que acudía para exigir justicia se enfrentaba a un proceso de revictimización en virtud de que era constantemente cuestionada por los hechos que describía. Aunado a ello, las autoridades civiles permitieron que las indagatorias abiertas fueran derivadas hacia el fuero militar, donde la falta de independencia e imparcialidad característica de las instancias que lo conforman propició que la impunidad prevaleciera, a pesar de que se impugnara infructuosamente esa decisión a través del juicio de amparo. Además, Valentina al atreverse a denunciar lo ocurrido tuvo significativas implicaciones, enfrentando estigmatización y amenazas derivada de hacer públicos los hechos y los riesgos por alzar la voz contra el Ejército.

  1. Proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y retorno de la competencia al fuero civil

Debido a la falta de avances en la investigación a nivel nacional y dado que ésta se estaba desahogando en un fuero que no era competente o independiente, Valentina decidió llevar su caso a instancias internacionales.[2]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó su sentencia en octubre de 2010 en la que determinó que se violaron los derechos en de Valentina Rosendo: a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; y al debido proceso y las garantías judiciales. Asimismo, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales.  Como consecuencia, la sentencias contiene 16 medidas de reparación del daño ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su agravio, de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario.

Desde la emisión de la sentencia la Corte IDH ha emitido 3 resoluciones dentro del proceso de supervisión de cumplimiento en el caso[3]. Los avances en el cumplimiento de algunas reparaciones ordenadas por el Tribunal, son principalmente resultado de la participación activa de Valentina Rosendo Cantú y sus representantes para impulsar el diálogo con el Estado mexicano; ejemplo de ello, son los procesos judiciales en el fuero ordinario contra dos elementos del ejército por los crímenes cometidos en contra la Señora Rosendo, hecho inédito en el país, sobre el que nos referimos a continuación.

III. El camino a la justicia en México a raíz de una sentencia internacional

En su sentencia, la Corte IDH resolvió[4] que el Estado debía conducir las investigaciones de manera eficaz para determinar dentro de un plazo razonable las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias previstas por la ley, respecto de las autoridades involucradas con las violaciones a derechos humanos sufridas por la señora Rosendo Cantú. De la misma forma, la Corte estableció que la investigación debía ser efectuada por la jurisdicción penal ordinaria competente, con la debida perspectiva de género y de diversidad cultural, así como con todas las condiciones de seguridad que posibiliten una amplia participación de las víctimas.

No obstante, el camino para acceder a la justicia en México no fue acucioso, sino que continuó recayendo en la fortaleza de Valentina. Por cerca de dos años después de la emisión de la sentencia, el caso continuó en el fuero militar, a pesar de las múltiples solicitudes formales de la Señora Cantú. Fue hasta el 12 de agosto de 2012, que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó por escrito a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por miembros del Ejército Mexicano en el año 2002, habían sido remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR). Después de esta notificación, Valentina y sus representantes colaboraron estrechamente con la PGR para que se consolidara las acusaciones en contra de los perpetradores, incluso teniendo que enfrentarse una vez más a una serie de peritajes y colaborar en inspecciones de la PGR.

Consecuentemente, en octubre de 2013, la PGR, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) consignó ante la Justicia Federal la averiguación previa PGR/FEVIMTRA-C/110/2011 iniciada por los delitos de tortura, violación y abuso de autoridad, cometidos en contra de Valentina Rosendo Cantú, solicitando las respectivas órdenes de aprehensión de dos personas  (un elemento del Ejército en activo y uno fuera del mismo). Tras la consignación y hasta la fecha la causa penal 62/2013 está radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, con sede en Chilpancingo, Guerrero.

Entre noviembre diciembre de 2013 los probables responsables fueron aprehendidos y sometidos a procesos. El primer imputado, responsable de los delitos cometidos contra Valentina Rosendo Cantú, fue detenido el 25 de noviembre de 2013 y se dictó auto de formal prisión en su contra el 28 de noviembre de 2013, dentro de la causa penal 62/2013, por lo que permanece recluido en un centro reclusión de Chilpancingo desde esas fechas, dado que ya no se encuentra en activo en el Ejército. Posteriormente, fue aprehendido un segundo imputado en dicha causa, quien por tener calidad de militar en activo fue recluido en la Prisión Militar 1-A, ubicada dentro del Campo Militar 1, ubicado en el Distrito Federal. Precisamente, por encontrarse en dicho recinto, el expediente fue enviado al Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal para que este órgano desahogara el término constitucional y determinara la situación jurídica del acusado. Fue así que el 29 de diciembre de 2013, se dictó auto de formal prisión también en contra de este segundo probable responsable.

Los imputados recurrieron el auto de formal prisión en su contra, a través de un recurso de apelación que se radicó en el toca penal 57/2014, resolviéndose el 10 de marzo de 2014, por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, en Chilpancingo, Guerrero, que confirmó el mismo. Inconformes, ambos procesados interpusieron un amparo indirecto en contra de la confirmación del auto de formal prisión el cual recayó en el Segundo Tribunal Unitario, en Acapulco, Guerrero en el expediente 17/2014.

En diciembre del 2014, el Tribunal Unitario negó el amparo solicitado, por lo que como último recurso contra el auto de formal prisión, los imputados interpusieron un recurso de revisión en contra de las sentencias de amparo el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, radicando en el expediente 223/2014, confirmando la negativa de amparo, el 9 de julio de 2015, quedando con ello agotado el último recurso legal para impugnar el auto de formal prisión en su contra.

Al igual que durante la consolidación de las acusaciones ya durante el proceso judicial, Valentina tuvo que enfrentarse a nuevos procesos revictimizantes, a pesar de que siempre se buscó que Valentina tuviera condiciones de seguridad, dignas y no revictimizantes. Por ejemplo, en abril del 2014, se sostuvo un careo procesal frente a uno de los inculpados; Valentina con fortaleza, sostuvo su testimonio en la diligencia procesal; tal y como lo hizo frente a instancias internacionales.

El valor probatorio del testimonio de Valentina continúa siendo la pieza central del proceso, tal y como lo definió la Corte Interamericana en su sentencia. Así, una vez agotados todos los recursos, el 14 de febrero de 2018 se llevó a cabo la audiencia de vista, en la que la PGR presentó sus conclusiones acusatorias en contra de los dos procesados por los hechos cometidos en contra de Valentina Rosendo Cantú.

Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica. El primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército, derivado de una sentencia internacional, está a punto de resolverse en el fuero ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos. La Juez de primera instancia tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente a nivel nacional. No sobra mencionar que para Valentina Rosendo, los procesos penales contra los perpetradores son clave para su acceso a la justicia, por lo que no será hasta que se cuente con sentencias firmes que las reparaciones en materia de justicia se considerarán como cumplidas.

La eminente resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú, llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, así como su regulación en un nuevo marco normativo que ha sido criticado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.

Por todo lo anterior, a dieciséis años de los hechos y a ocho años de la emisión de las sentencias de la Corte IDH en los casos de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, la próxima resolución tiene un significado que va más allá de la obligación estatal respecto el acceso a la justicia de Valentina, sino que marca un camino para que violaciones a derechos humanos tan graves como las que ella vivió, no vuelvan a ocurrir.

Para obtener más información, favor de escribir a:

internacional@tlachinollan.org

[1]. Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216 (de aquí en adelante Rosendo Cantú y otra Vs. México), párr. 71. La sentencia de la Corte IDH está disponible en: http://www.corteidh.or.cr

[2] La petición individual se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de noviembre de 2003. La Comisión rindió su informe de admisibilidad durante el 2006 y otorgó una audiencia de fondo en octubre de 2007. Después de emitir su informe de fondo, la Comisión decidió someter los casos al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el 2009.

[3] Las resoluciones de cumplimiento de fecha 25 de noviembre del 2010, 21 de noviembre de 2014 y 17 de abril del 2015, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden consultarse en: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm

[4] Corte IDH- Resolutivo 10.

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Justicia, reclaman familiares de Erwin

Desde la CIDHM nos sumamos a la exigencia de justicia por el asesinato producto de la tortura que sufrió Erwin a manos de policías, y llamamos a la sociedad a no permitir que haya más crímenes impunes en Morelos. El 4 de junio se llevará a cabo audiencia en el Tribunal de Primera Instancia de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado,  de acuerdo a lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de procedimientos Penales, en la cual se decidirá en definitiva sobre el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, dictado en beneficio de los policías imputados por la muerte del joven Erwin.

Compartimos a continuación una nota publicada en La Unión sobre éste caso.

Erwin y su hija.Erwin y su hija.

Publicado en SOCIEDAD Lunes, 07 Mayo 2018 05:46

Erwin: una vida rota

Escrito por

Para Delia Delgado Estrada el tiempo no es un remedio que todo lo cura. Hace más de un año mataron a Erwin y su dolor no cede.

“Exijo justicia, quiero que los responsables del asesinato de mi hijo paguen, ellos lo mataron, esto no me lo va a devolver, pero va a aliviar un poco mi dolor y mi coraje”, dice mientras pone sobre la mesa dos carpetas con el expediente de estos hechos.

De acuerdo con los documentos que Delia tiene en su poder y que obran en los autos, en el informe del Servicio Médico Forense SEMEFO 118/17-02, de fecha 28 de febrero de 2017, realizado por el perito anatomopatólogo Ramiro Calva Calva, el cadáver de Erwin Itzel Salgado Altamirano, tenía más de 20 lesiones internas y externas: “las heridas, hematomas, equimosis y excoriaciones mencionadas en el cuerpo del dictamen son huellas de lesión por contusión donde un objeto romo sin punta ni filo, de consistencia dura, con movimiento o sin movimiento entra en contacto con el cuerpo de la víctima”, se consigna en las conclusiones del dictamen.

Sin embargo, en la conclusión médico legal del examen histopatológico del 25 de abril de 2017, emitido por el doctor Celso Rodríguez Jiménez, en el Expediente Semefo 2972/17-04, carpeta de investigación: SC01/2064/2017, éste concluye: “Se determina como causa de muerte del C. ERWIN ITZEL DELGADO ALTAMIRANO, la de infarto agudo del miocardio”.

En el análisis, el médico legista expone que “el ahora occiso, sin lugar a dudas, sufrió una muerte súbita, ya que fue una muerte de aparición, repentina e inesperada en una persona aparénteme sana”.

La madre de Erwin no está de acuerdo con estas conclusiones y dice que va a continuar insistiendo en que los hechos se aclaren y se haga justicia. En el expediente están todas las pruebas que involucran a los culpables de la muerte de su hijo y en los noticiarios, periódicos y portales de noticias de diferentes fechas también constan las declaraciones del comisionado de Seguridad en Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra y del ex fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, entre otros, que encubrieron a los autores materiales del asesinato.

El último día de febrero y el de Erwin

En la carpeta de investigación consta que el martes 28 de febrero de 2017, por la tarde, Erwin transitaban por la avenida Paseo del Conquistador, de Cuernavaca, y los policías de la patrulla 1740 le marcaron el alto, pero no hizo caso y se resistió al arresto, por lo que los elementos del Mando Único lo sometieron y lo subieron a la batea de la unidad. Según el informe policiaco al muchacho se le encontró un cigarro de marihuana (tres envoltorios, refiere otra versión) y una pantalla de televisión pequeña que los policías reportan (sin comprobarlo), se había robado. De allí lo llevaron a los separos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en Buenavista, localizada al norte de la ciudad, cerca del distribuidor vial.

Algunas versiones aseguran que los policías lo golpearon y se desvaneció en la batea de la patrulla, de allí no volvió en sí.

Uno de los testigos de la detención de Erwin refiere que el día de los hechos, como a las 3:55 de la tarde se percató que tres policías estaban forcejeando con un sujeto y lo hacían en una de las jardineras del fraccionamiento residencial Las Flores ubicado en la calle Pedro de Alvarado, colonia Lomas de Cortés, percatándose que lo esposaron, pero antes de hacer esto los policías lo golpearon. Después que fue asegurada la persona, el policía encontró una bolsa al parecer de color la cual tenía una pantalla chica de las que entregó Sedesol y misma que se observó cuando lo subieron a la patrulla. También logró ver cuando la persona detenida se encontraba arriba de la batea de la patrulla y uno de los policías ponía su pie sobre la persona detenida a la cual no podía ver si se encontraba boca arriba o boca abajo, fue que escuchó que el policía le dijo a su compañero que pisaba al detenido: “Oye ya no se mueve creo que ya está muerto”.

La madre de Erwin relata que el 2 de noviembre de 2016 (poco más de tres meses antes de que mataran a Erwin), por la noche, un amigo de su hijo le platicó que policías municipales los habían detenido, golpeado y atracado, en la autopista, a la altura del puente que une Cuernavaca con Ocotepec, y los fueron a abandonar a la colonia Maravillas.

“Erwin no me dijo nada para no preocuparme, y yo no tengo la seguridad que estos mismos policías fueran los que lo mataron el 28 de febrero”.

 

Fotoperiodistas captan el cadáver de Erwin

Varios reporteros y fotoperiodistas acudieron a las oficinas de la SSC (la “Metropolitana” llaman a esas oficinas) a documentar los hechos y esta casa editorial tienen una serie de tres fotografías de una persona (Erwin) que va siendo trasladada de los separos hacia una camioneta del Servicios Médico Forense. El personal del Semefo (a cargo de Samuel Nava Vázquez. coordinador Central de Servicios Periciales) lleva trajes tipo tibek blancos, y el cadáver no va cubierto con ninguna bolsa o manta de las que se deben utilizar, por reglamento, para el caso. Esto ocurrió a las 18:00 horas.

 

Una testigo por accidente

La existencia del cuerpo (sin vida) de Erwin la corroboró de manera accidental Jessica, una joven de 25 años, detenida con un familiar suyo ese mismo día por policías en Cuernavaca, al parecer por llevar en su vehículo cervezas. La reportera Leticia Villaseñor entrevistó a la chica (y lo consignó en un portal de noticias local), quien le dijo que una vez que los policías los trasladaron a los separos y después, antes de las seis de la tarde, los condujeron con el médico para que los examinara, y allí Jessica relató que desde donde estaba podía ver a Juan Rodrigo Montelongo Guilbert (su primo) aún en la patrulla 035. “Salí del ‘consultorio’ y entonces vi a un hombre muerto, estaba tirado en el pasillo con los ojos abiertos”.

 

La autoridad al rescate

El comisionado de Seguridad Pública del estado, Jesús Alberto Capella Ibarra “subió” a las redes sociales un video, alrededor de las 18:00 horas de ese día, para deslindar de toda responsabilidad a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Aseguró que, según el informe oficial, al momento de ser aprehendido Erwin “genera cierta actitud de resistencia y de violencia en contra de los elementos aprehensores, por lo cual (éstos) solicitan apoyo a otros dos compañeros, quienes llegan de forma inmediata para apoyar en esta detención. Al momento de llegar a las instalaciones de la Secretaría esta persona empieza a convulsionarse y pierde la vida”.

Después de que el funcionario saliera a dar estas declaraciones algunos medios de circulación nacional, como Grupo Milenio, informaron, violando la presunción de inocencia: “Muere presunto ladrón durante traslado en Morelos”.

Días después el ex fiscal general del Estado, Javier Pérez Durón exoneraría a los cinco elementos acusados de dar muerte al joven, ya que de acuerdo con los resultados forenses el muchacho había muerto “por causa de una úlcera”.

 

Jueza regaña a fiscal

En Morelos nunca había ocurrido un hecho similar al que sucedió el 3 de marzo de 2017 durante la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso:

El día 3 de marzo, la juez Nancy Aguilar Tovar ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) reponer el procedimiento de investigación contra cinco policías preventivos del Mando Único que detuvieron y golpearon a Erwin Altamirano; debido a que el Agente del Ministerio Público no pudo acreditar la causa de la muerte de este joven. En esa audiencia, incluso, se dio lectura al resultado de la necropsia en el que se especificaron 20 lesiones en la víctima, por lo que la juez sugirió a la FGE solicitar el apoyo de un médico legisla de la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer las causas de la muerte de Erwin y dar vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por actos de tortura.

“Estamos ante un asunto, donde una vez más, lo digo con todas sus letras, la Procuraduría del Estado de Morelos deja de asumir su responsabilidad, y pretende que sea este tribunal a través de esta juzgadora, quienes asuman las consecuencias sociales en relación a la resolución que en este momento se va a dictar. En primer lugar para poder dictar un auto de vinculación a proceso se debe estar al hecho materia de formulación de imputación, tal y como lo establece el artículo 316 del código nacional de procedimiento penales vigente en esta entidad federativa, a esta juzgadora le esta vedado cambiar los hechos materia de formulación de imputación, ´pueda cambiar la calificación jurídica cuantas veces sea necesario, pero el ejercicio de formular imputación es una facultad d exclusiva del agente del Ministerio Público, en términos del artículo 21 constitucional. En el presente asunto ni siquiera tengo las bases para entrar al fondo del estudio, toda vez que existe una formulación incongruente, se supone que estoy frente a agentes del ministerio Público, que son peritos en derecho, que son técnicos en derecho, que están obligados a actuar en todo momento con total objetividad, con total lealtad en el proceso, no obstante la formulación de imputación y aquí lo más lastimoso sería pensar que se está frente a una formulación ya no sé si por ignorancia, porque en verdad ya no sé cómo calificarla, o si es adrede esa falta de pericia, en la formulación de imputación… No puedo ser partícipe de lo que pretende la Procuraduría: vincularlos con una formulación de imputación con notorias deficiencias. Ello daría a la postre una libertad lisa y llana”.

Un muchacho muy generoso

En la carpeta de investigación SC1/2064/2017 para el SEMEFO Erwin es o fue un “cadáver de sexo masculino, de veinte a veinticinco años de edad, estatura de ciento setenta centímetros y perímetro cefálico de cincuenta y cuatro centímetros, de complexión delgado, color de piel moreno, pelo negro, frente amplia, cejas pobladas, ojos color café, nariz recta, boca mediana, labios regulares, mentón oval, m bigote sin rasurar corto y barba sin rasurar…”

Delia Delgado Estrada asevera que su hijo no era ninguna “perita en dulce”, lo había enseñado a defenderse, pero tampoco era un delincuente como lo quieren hacer aparecer las autoridades.

El muchacho fue rebelde siempre, le gustaba cuestionar las cosas, no se conformaba, le gustaba aprender y comprender las cosas, no aceptaba las cosas por órdenes nada más, cuestionaba, hiperactivo, muchacho guapo, estudiante muy bueno, muy hábil, él era el más pequeño de sus dos hermanos, estaba estudiando mercadotecnia en una universidad particular, y dejó huérfana a su hija que va a cumplir cuatro años el 11 de mayo. Le gustaban las enmoladas con mucho queso, cebolla; le gustaban los relojes, sus gorras y su trabajo de mantenimiento, sus herramientas, asegura Delia.

“Es una historia de vida, siempre ayudando a los demás, siempre metiéndose en problema por los demás, mucha bondad, mucha generosidad. Adoraba a su abuela. Desde el 2003 a 2017 vivió con la abuela en la colonia San Cristóbal, en la calle Gobernadores”.

Insiste en que el asunto de su hijo es uno de los ejemplos más evidente de corrupción en Morelos: a pesar de las constancias que existen en el expediente no se ha procedido en contra de los autores materiales de la muerte de su hijo, ni de los funcionarios que encubrieron el asesinato:

“No voy a descansar hasta que este asunto se aclare. Estoy sola se puede decir, frente a todos ellos, los que tienen el poder, son autoridades, que quieren dar carpetazo y tratar este asunto como eso, un expediente más, una cifra más, pero se trata de mi hijo, un muchacho al que le quedaba mucho por vivir”.

 

Pinche Erwin

En el panteón San José, de la colonia Ampliación Chipitlán, a la orilla de Cuernavaca, en la última hilera que da a la barranca seca hay una cripta que se distingue de todas, es de cemento de colores azul y blanco y está al pie de un árbol frondoso. Tiene un florero, un quinqué y algunas cactáceas, varios corazones rojos pintados y un pequeño duende.

Labradas sobre la piedra, se pueden leer estas frases, que definieron la vida rota del muchacho nacido el 19 de octubre de 1987:

“Piche Erwin, tan alegre, tan generoso, tan humano. Te extrañamos. Te amamos. Descansa en paz”.

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Exponen ante CEDAW situación de feminicidio en Morelos

CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/05/2018

Por medio de un “informe sombra” la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos expuso ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que en dicha entidad se cometieron mil 7 casos de feminicidio del año 2000 al 31 de enero de 2018

De cara a la novena evaluación de México ante el Comité de CEDAW (organismo de Naciones Unidas que evalúa a los Estados miembros en materia de los derechos de las mujeres), a celebrarse en julio de 2018, la Comisión Independiente de Morelos difundió en un comunicado que entregó un informe al Comité de expertas con el objetivo de visibilizar la situación del feminicidio en este estado.

Esta organización civil que se ha dedicado a documentar los casos de feminicidio en Morelos y fue peticionaria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad (decretada el 10 de agosto de 2015 en ocho municipios) informó al Comité CEDAW que a pesar de alta cifra de asesinatos de mujeres que han documentado, únicamente conocen se han emitido 139 sentencias por este delito según datos que les brindó el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, no obstante, desconocen en qué años ya que no se les especificó.

Es una constante la falta de información y transparencia sobre la violencia de género en Morelos, describió la organización en su reporte alternativo dirigido a CEDAW y lo ejemplificó con un dato: en enero de 2017 el gobierno estatal junto al Instituto de la Mujer de Morelos instaló el “Banco estatal de datos e información sobre casos de violencia de género”.

Esta base estadística es alimentada por las instituciones estatales, la Fiscalía de Justicia, el Instituto de las Mujeres local, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Poder Ejecutivo, el Servicio de Salud y el Tribunal de Justicia, pero estas dependencias señaladas son las únicas a las que se les permite acceder a la información que ellas mismas generan, impidiendo el acceso público.

La CIDH de Morelos denunció ante la CEDAW que este obstáculo no permite realizar un monitoreo adecuado de las tendencias de la violencia contra las mujeres en Morelos y señalaron que hasta el momento no han accedido a la información del Banco Estatal por lo que no saben si ya está en funcionamiento o no.

También, la organización civil morelense expuso el trabajo que ha realizado la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos en los casos de feminicidio, de acuerdo con información de esta institución, hasta julio de 2017 solo había pagado la reparación del daño a una víctima a través del fideicomiso público llamado “Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de Morelos”; y proporcionó gastos funerarios a 5 víctimas de feminicidio y 4 mujeres víctimas de homicidio.

La Comisión Independiente refirió que estas bajas cifras en reparación del daño para las víctimas de feminicidio puede atribuirse a la burocracia dentro de la Comisión Ejecutiva para Víctimas de Morelos, ya que les requieren demasiada información y los procedimientos para evaluar si son acreedores al apoyo son tardados y pocos transparentes.

En este sentido la organización civil sentenció que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado no cumple con su función y agregó que el mayor gasto se va en pagos de salarios de quienes ahí laboran y en otros rubros distintos a los objetivos para los cuales fue creada, sin especificar cuáles.

Respecto a la Alerta de Género la agrupación manifestó al Comité de CEDAW que no es suficiente que este mecanismo de protección a la población femenina se activara únicamente en 8 de los 33 municipios de Morelos (Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec) ya que en otros han documento hechos de violencia feminicida.

A más de dos años de vigencia de la Alerta la organización recordó que han sido los únicos en realizar informes de seguimiento sobre los resultados de la AVG, mientras el gobierno estatal estado  ausente en este rubro al no contar con un protocolo de seguimiento o evaluación.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos describió a Naciones Unidas que estas fallas en la aplicación de la AVG no sólo curren en esta entidad si no en todo el país, debido a los vacíos que existen en reglamento del mecanismo, ya que si bien fija los requisitos para solicitarla y aprobarla, no así para su conclusión y seguimiento.

Cabe recordar que previó a la evaluación final de México que se tiene prevista del 2 al 20 de  julio, las expertas de este órgano internacional han requerido información al Estado sobre el instrumento de Alerta de Género y los resultados que este ha dejado, a lo cual las autoridades no pudieron responder, pues dijeron, “no cuentan con un mecanismo que mida el impacto de la AVG”.

 

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/exponen-ante-cedaw-situaci-n-de-feminicidio-en-morelos

 

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Archivado bajo derechos de las mujeres, Feminicidio, violencia contra mujeres

Contribución al Informe Sombra a la CEDAW sobre derechos de las mujeres

Jan Jařab Representante en México de la Oficina

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

 

Por medio de la presente le estamos entregando para su conocimiento las aportaciones de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., al Informe Sombra para la CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer), sobre las Recomendaciones realizadas a México y que deberá dar respuesta el Estado Mexicano en 2018.

 

  1. Recomendaciones a México 2012[1]– Estrategia de seguridad pública, debida diligencia, capacitación y datos estadísticos de violencia contra las mujeres.

Violencia de género.

  1. El Comité exhorta al Estado parte a:
  2. a) Revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada a fin de adaptarla a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y las muchachas
  3. b) Invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres y las muchachas y cumplir sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, las desapariciones forzosas, las torturas y los asesinatos, en particular el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente del contexto y de los presuntos responsables;
  4. c) Impartir capacitación sistemática en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos de la mujer, a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a las fuerzas del ejército y la armada que participan en operaciones en el contexto de la estrategia de seguridad pública y establecer y hacer cumplir un código estricto de conducta a fin de garantizar de modo efectivo el respeto de los derechos humanos;
  5. d) Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos.

 

Al respecto, la CIDHM señalamos lo siguiente:

  1. Aprobación de la Ley de Seguridad Interior violatoria a los Derechos Humanos. Se dan facultades al Ejército en tareas de seguridad pública y de investigación que viola la Constitución y fortalece la militarización de las calles y el uso de la violencia institucional para enfrentar a la población civil.
  2. De los 1007 casos de feminicidios reportados por la CIDHM (del año 2000 al 31 de Enero del 2018), el TSJ del Estado de Morelos reporta 139 sentencias condenatorias ejecutoriadas (sin especificar los años de las sentencias), en donde se ordenó la reparación del daño a favor de las víctimas a 112 mujeres y a 27 hombres. Ésta cifra de sentencias sólo equivaldría al 13.8% de la totalidad de casos señalados por la CIDHM.

La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos informó que con fecha 19 de julio de 2017, fue pagada la reparación del daño a través del Fideicomiso público denominado “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos”, a una víctima. Y en términos de los dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Victimas en el Estado de Morelos, se proporcionó el pago de gastos funerarios a las victimas indirectas por el fallecimiento de: 5 víctimas directas de feminicidio y 4 mujeres víctimas directas de Homicidio Calificado que reúne las características de un Feminicidio. Ésta cifra equivaldría al 0.99% de los feminicidios reportados por la CIDHM.

  1. El TSJ del Estado de Morelos reporta diversos cursos, talleres conferencias, foros y capacitaciones, sin embargo en ninguno de ellos reporta el método de evaluación y seguimiento. Así como tampoco refiere lo siguiente: i) el diseño de los programas; ii) la contratación del personal especializado; iii) la implementación de los programas; iv) la evaluación de resultados y v) la generación de datos que refieran al número de cursos o talleres por autoridades al año (distinguiendo por tipos de funcionarias y funcionarios).
  2. Cabe destacar que por Acuerdo del Pleno del TSJ del Estado de Morelos, se aprobó la propuesta y se ordenó al Consejo de la Judicatura que instruyera a las y los juzgadores del Tribunal para generar el registro de víctimas mediante una liga que contiene campos para la captura de datos, sin embargo, no hay información alguna que permita saber si existe avance alguno en ésta labor.

 

Obstáculos

  1. La aprobación misma de la Ley de Seguridad Interior violatoria a los Derechos Humanos.
  2. Reconocemos que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN es un gran avance, pues es una herramienta auxiliar para las y los juzgadores en la tarea de impartir justicia con perspectiva de género, adecuándose a los más altos estándares nacionales e internacionales, sin embargo, éste no es vinculante, al escudarse en la autonomía e independencia judicial, limitando exponencialmente su utilización.
  3. La burocracia dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Los requisitos para acceder a los apoyos son muchos y los procedimientos para evaluar los casos son bastante tardados y poco transparentes. Consideramos que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas no cumple su función, pues el mayor gasto se va en pagos de salarios de quienes ahí laboran y en otros rubros distintos para la cual fue creada.
  4. Las pugnas políticas internas al interior hacen que el personal éste más preocupado en quién será designado /a como Presidenta /e del TSJ del Estado de Morelos, que en atender sus tareas en relación a los derechos humanos de las mujeres.

Recomendaciones

  1. Abrogación de la Ley de Seguridad Interior.
  2. Que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN sea de observancia obligatoria en todo el Territorio Nacional Mexicano.
  3. Reducir los requisitos para acceder a los apoyos, agilizar los procedimientos para evaluar los casos, y dar máxima publicidad para que las personas conozcan los requisitos y procedimientos. Y de manera más profunda se requiere una revisión de la Ley General de Atención y Reparación de Víctimas, con el objetivo de que los recursos destinados a ella no se vayan en pagos excesivos en rentas de inmuebles y en salarios ostentosos, y que de verdad cumpla con el apoyo a las personas victimadas.
  4. Crear un método unificado y de carácter obligatorio de seguimiento y de evaluación de resultados para cada capacitación (curso, taller y/o seminario) que este directamente vinculado a las sentencias emitidas.
  5. Establecer como obligación que todas las capacitaciones (charlas, foros, cursos, talleres y seminarios) cuenten de manera obligatoria con lo siguiente: i) el diseño de los programas con perspectiva de género y derechos humanos; ii) la contratación del personal especializado avalado por la presentación del currículum vitae; iii) proporcionar lugar y fechas de la implementación de los programas; iv) la generación de datos por año que refiera cada curso que han tomado el personal (magistradas /os, juezas, jueces, secretarias /os de acuerdos, proyectistas, y operadoras /res jurídicos) en relación al total de personal que labora en el TSJ; v) la información sobre los recursos destinados a tales actividades; y vi) toda ésta información debe estar disponible en sus páginas de internet oficiales.

 

  1. Recomendaciones a México 2012[2] -Legislación
  2. El Comité insta a las autoridades federales del Estado parte a:
  3. a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar, en particular mediante una coordinación efectiva, la armonización coherente y consecuente de la legislación pertinente en todos los planos con las reformas de la Constitución en materia de derechos humanos (2011) y del sistema de justicia penal (2008); (página 4)
  4. b) Adoptar las medidas necesarias para eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias contra las mujeres, de conformidad con el artículo 2 g) de la Convención, y proporcionando definiciones y sanciones coherentes, entre otras cosas sobre la violación, el aborto, las desapariciones forzosas, la trata de personas, las lesiones y los homicidios por motivos llamados “de honor”, así como sobre el adulterio; (página 4)
  5. c) Acelerar sus esfuerzos para armonizar de manera coherente, entre otras cosas, su legislación penal, procesal y civil con la Ley General o las leyes locales sobre el acceso de la mujer a una vida libre de violencia y con la Convención; (página 5)
  6. d) Establecer mecanismos efectivos en los planos federal y estatal para supervisar la aplicación de leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relativa al acceso de las mujeres a los servicios de atención de salud y la educación (página 5)
  7. e) Poner en práctica mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del poder judicial, que discriminan a las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de la mujer. (Página 5)

De acuerdo con la información anterior las observaciones de la CIDHM son las siguientes:

Contexto:

  1. b) c) Si bien es cierto que en el Estado de Morelos se han interpuesto iniciativas legislativas en favor de los derechos de las mujeres, también es cierto que sobre diversas disposiciones existen controversias presentadas por el Legislativo en contra del Congreso Local, que están en espera de resolución en la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que se requiere mantener diversas acciones y proyectos para lograr la armonización legislativa total, porque por ejemplo se mantiene la contradicción entre  los artículo 129  y 130 del Código Penal y el artículo 19 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que permite la impunidad en casos de feminicidio.

 

  1. d) La Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de Morelos ha servido como un mecanismo de observancia general (federal, estatal y municipal) para supervisar la aplicación y cumplimiento de las leyes en favor de las Mujeres. Sin embargo, la declaratoria sólo se emitió para 8 de 33 Municipios del Estado, no obstante que se solicitó para todo el territorio morelense. Además, que ha sido la CIDHM la única dependencia que ha estado emitiendo informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de la norma, mientras que el gobierno federal denota su ausencia. Pues al no haber un protocolo de actuación para la AVG, la omisión se hace presente.

 

  1. e) En cuanto al proceso sancionador para las autoridades se menciona que actualmente se encuentran en investigación 4 servidores públicos, sin embargo todavía no existe sanción alguna puesto que no ha finalizado el proceso. Cabe destacar que no se ha señalado los plazos del proceso sancionador, por lo que desconocemos la fecha de término.

 VG/SV/411/2016-09 derivada de la carpeta de investigación UEHMYF/ZM/044/16

 VG/SV/048/2017-02 derivada de la carpeta de investigación YA/UIDD/B/202/2017

 VG/SV/022/2017-02 derivada de la carpeta de investigación CT-UIDD-C/1825/2016, CT-UIDD-A/1517/2015, YA-UIDD/B/506/2016 (DILACIÓN)

 VG/SV/024/2017-01 derivada de la carpeta de investigación JO/UEDD/866/2016 y JO/UEDF/1886/2016 (DILACIÓN) […]”

 

Obstáculos

  1. La intervención de diversas iglesias en las decisiones de las y los legisladores locales para que se opongan al avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
  2. La corrupción aunada a la violencia institucional por omisión, dilación o ignorancia es el principal obstáculo.

Recomendaciones

  1. Solicitar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado de Morelos para que se revise y analice exhaustivamente la Legislación Estatal existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos. Consecuentemente, se deberá establecer una agenda legislativa en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas disposiciones. Toda esta información deberá estar publicada en las páginas de internet oficiales de la institución.
  2. Se deberán establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación al orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. El Estado de Morelos deberá dar continuidad a los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación en casos de feminicidios. Toda esta información deberá estar publicada en las páginas de internet oficiales de la institución.

 

 

  1. Recomendaciones a México 2012[3]– Banco Nacional de datos y AVGM.
  2. El Comité exhorta al Estado parte a:
  3. a) Dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras cosas ejecutando completamente el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y activando el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, con la participación de los 32 estados federales;
  4. b) Revisar el mecanismo nacional en vigor para hacer frente a la violencia contra las mujeres con miras a simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad en los planos federal, estatal y municipal, proporcionándole suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;
  5. c) Acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo.
  6. d) Abordar urgentemente los obstáculos que limitan la activación del Mecanismo de Alerta de Género. (pág. 5)

De acuerdo con la información anterior la CIDHM realizo las siguientes aportaciones:

Contexto:

El 27 de mayo de 2014, Juliana García Quintanilla, José Martínez Cruz, Paloma Estada Muñoz y Marco Aurelio Palma Apodaca, en representación de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en Morelos, A.C. presentaron ante la Secretaría Ejecutiva una solicitud de la declaratoria de AVGM respecto del estado de Morelos. El 17 de junio de 2014 la Secretaría Ejecutiva informó al Gobernador del estado de Morelos, mediante oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/CAJ/423/2014, la admisión de la solicitud de AVGM presentada por la solicitante. En esa misma fecha, la Secretaría Ejecutiva mediante oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/CAJ/425/2014 comunicó al Sistema Nacional sobre la admisión de la solicitud de AVGM respecto del estado de Morelos. La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), emitió el 10 de Agosto del 2015 la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los siguientes ocho municipios del Estado de Morelos: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. La Secretaria de Gobernación resolvió que con fundamento en el artículo 23, fracción II, y 26, de la Ley General de Acceso, así como 38 BIS, fracción I de su Reglamento, el Gobierno del Estado de Morelos deberá adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de Seguridad, Prevención y Justicia y todas aquellas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el Derecho a Vivir una Vida Libre de Violencia. Las medidas que se establecen son complementarias, no excluyentes, a las propuestas por el grupo de trabajo en su informe, y a las que surjan a partir de la implementación de las mismas o de las necesidades que vayan presentándose.

 

  1. En el mes de enero de 2017, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos tuvo la administración del Software del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres BANAVIM-M, administrando la aplicación, generando altas de cuentas, bajas y desbloqueos. Derivado de lo anterior, fueron aperturadas las cuentas de las siguientes dependencias: 1.-Fiscalía General; 2.- Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos; 3.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 4.- Poder Ejecutivo; 5.- Servicios de Salud Morelos; 6.- TSJ- Juzgado menor Jojutla y 7.- TSJ- Juzgado VIII Familiar. Sin embargo se dijo sólo las dependencias señaladas podrán acceder a la información del Banco Estatal. Al respecto es necesario insistir en que si no hay un manejo adecuado del Banco Estatal, impidiendo el acceso público, no se podrá realizar un monitoreo adecuado de las tendencias de la violencia contra las mujeres en Morelos. Hasta el momento no hemos podido acceder a la información del Banco Estatal por lo que no sabemos si ya está en funcionamiento o no.

 

  1. La CIDHM hace un recuento de feminicidios en el Estado de Morelos de 1007 casos del año 2000 al 31 de Enero del 2018. En la solicitud de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Morelos se documentaron 530 casos en 13 años (del año 2000 al 30 de junio del 2013). El Gobierno de Morelos reporta 1455 muertes violentas de mujeres (suicidio, aborto, homicidio culposo, homicidio calificado y feminicidio) del año 2000 al 2016. Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hizo y se sigue haciendo un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables. Hoy más que nunca consideramos que la AVG es una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta Violencia Feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años. Pues no olvidemos que la Violencia Feminicida proviene de un conjunto de Conductas Misóginas que Perturban la Paz Social. Es fundamental por ello comprender que la violencia contra las mujeres es al mismo tiempo violencia estructural que divide a los grupos humanos en sexos favorecidos y desfavorecidos, basada en una estructura política-social que diferencia las actividades que realizan los hombres y las mujeres, otorgándoles valoraciones desiguales en la jerarquía de puestos poder, recursos, decisiones, entre otros. El resultado de esta desigualdad de género es la discriminación sistemática de las mujeres que trae consigo cientos de feminicidios. Una verdadera crisis humanitaria en la que el Estado es el principal responsable, configurándose así un Genocidio, Crimen De Lesa Humanidad.
  2. En cuanto a las órdenes de protección, el Estado de Morelos informó que se han brindado a 1736 mujeres y 121 niñas, se mantienen activas 533 a mujeres y 33 a niñas, lo que indica un aumento significativo en éste terreno, donde prácticamente era inexistente la aplicación de éste tipo de medidas de protección antes de la instrumentación de la AVG en Morelos, aún en casos tan graves como violencia feminicida, violencia familiar, lesiones, amenazas de muerte, violación, abuso sexual, desaparición forzada, extorsión y secuestro.

Obstáculos

  1. La falta de voluntad política para dar transparencia en la información de casos de violencia contra las mujeres y en especial, de los feminicidios.
  2. La AVG no establece el momento en que se levanta. El reglamento fija los requisitos para solicitarlo y para su aprobación, no así para su conclusión. Sin embargo, lejos de una visión política que busca legitimar al gobierno, el objetivo fundamental es garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y por ello mismo, sólo debería concluir las medidas extraordinarias de la AVG en la medida en que se atiende, investiga, previene, sanciona y erradica el feminicidio en Morelos.

 

Recomendaciones

  1. Solicitar lo siguiente: i) el diseño del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres como una base integral y única, conforme a la Ley local de Acceso; ii) la sistematización y actualización de la información por parte de las instancias responsables; iii) la interconexión de los sistemas de información de las instituciones responsables de alimentar la base de datos, iv) elaborar y publicar reportes sobre la administración de la base de datos y alimentación del BANAVIM, y v) la publicación de información estadística sobre la violencia contra las mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal. El objetivo de dicha base de datos será proveer al Estado de Morelos y a la sociedad en su conjunto, información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad, sus patrones y características, a fin de diseñar políticas públicas a nivel estatal y municipal para prevenirla, atenderla y erradicarla.

 

  1. Crear un Protocolo de Actuación de la AVG que establezca las responsabilidades de cada nivel y orden de gobierno; las tareas de cada dependencia; un Mecanismo de Seguimiento y Vigilancia del Cumplimiento de las Medidas de la AVG; la Participación de las Organizaciones Peticionarias; Establecer Tiempos de Cumplimiento para las Medidas; un Procesos Sancionador para las Autoridades que no las Apliquen de Manera Urgente y/o hagan procesos dilatorios o de simulación; un procedimiento de revisión, de quejas y denuncias; y establecer la erradicación de la violencia feminicida como criterio único de cumplimiento.

 

  1. Dictar las órdenes de protección correspondientes en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a las mujeres víctimas de violencia, de conformidad a lo dispuesto por las leyes general y local de acceso, y el Reglamento para la Aplicación en Materia de Violencia contra las Mujeres y Violencia Familiar para el Estado de Morelos. Realizar un análisis de riesgo, en todos los casos, a fin de que las medidas de protección ordenadas sean adecuadas e idóneas. Asimismo, deberá implementarse un mecanismo de seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas de forma periódica. Crear un registro administrativo de todas las órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes. El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) la creación de un registro administrativo de órdenes de protección; ii) la elaboración de un modelo de análisis de riesgo, y iii) la generación y publicación de reportes sobre el seguimiento de las medidas de protección implementadas. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; particularmente, se brindará protección inmediata y pertinente en casos de violencia familiar. Para ello, se deberá revisar y corregir el actual Protocolo de Órdenes de Protección de la Fiscalía General del Estado de Morelos (fecha de creación: 18 de noviembre del 2015).

 

Recomendaciones a México 2012[4]– Feminicidio, desaparición forzada, investigaciones, centros de justicia, refugios, NOM-046, Campo Algodonero, acceso a la justicia.         

  1. El Comité recomienda al Estado parte:
  2. a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales; acelerar su codificación en esos códigos penales pendientes; normalizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país; e informar sin demora a las familias de las víctimas;
  3. b) Desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones forzosas a fin de poder evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas; examinar los códigos penales locales para tipificar como delito las desapariciones forzosas; simplificar los procedimientos existentes para activar el Protocolo Alba y la Alerta AMBER, a fin de poner en marcha sin demora la búsqueda de las mujeres y muchachas desaparecidas; y normalizar los protocolos de búsqueda policial;
  4. c) Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer, como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer;
  5. d) Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, entre otras cosas mejorando la capacidad de los centros de justicia para las mujeres y poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia;
  6. e) Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizando su acceso a centros de atención y refugios establecidos, y también garantizando que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 para la prevención de la violencia contra las mujeres y el trato a las víctimas, que estén sensibilizados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y sean plenamente capaces de ayudar y apoyar a las víctimas de la violencia;
  7. f) Continuar aplicando las recomendaciones y decisiones sobre la violencia contra la mujer formulada por diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero;
  8. g) Acelerar la detención de los presuntos autores de delitos de violencia contra la mujer y proporcionar información sobre el enjuiciamiento y las sanciones impuestas a los autores en su próximo informe periódico, incluidos las relacionadas con el caso Atenco. (pág. 7)

De acuerdo con la información anterior las observaciones de la CIDHM son las siguientes:

Contexto:

  1. La LI Legislatura aprobó el 23 de junio de 2011 la iniciativa, que dio lugar a la emisión del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Morelos, mismo por la que se incorporó al catálogo de delitos el de Feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 213 quintus, cuya publicación se efectuó el 1 de septiembre de 2011. En cumplimiento al artículo Tercero Transitorio del señalado Decreto 4916 emitido por la Legislatura, así como al contenido del numeral 57 fracción XVII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, se procedió a la expedición del Protocolo Especializado para la investigación del delito de Feminicidio para el Estado de Morelos, de conformidad con los parámetros establecidos en los protocolos especializados con perspectiva de género.
  2. A partir del 2 de septiembre de 2015, entró en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales y aprobada por la recién extinta LII legislatura.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, padres, madres y hermanos.

En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito.

También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada;  establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General Región Oriente, Metropolitana y Sur Poniente, a través del IMIPE29, las mujeres reportadas como desaparecidas en el Estado son 1742 y 1425 hombres. Asimismo, se reporta que se han localizado 1535 mujeres y 1092 hombres. Lo alarmante es que aún están en calidad de desaparecidas 207 mujeres y 333 hombres. Es decir, un total de 540 personas. Cabe destacar que aunque la información solicitada fue a partir del año 2000, la Fiscalía Región Oriente reporta datos desde el 2009, la Fiscalía Región Metropolitana desde el 2011 y la Fiscalía Región Sur Poniente desde el 2008.

 

Obstáculos

  1. Si bien se tipificó el feminicidio en el Código, no se armonizó con otras disposiciones, lo que es utilizado por los feminicidas para mantener la impunidad. El protocolo de investigación sobre el feminicidio no está actualizado con el sistema de justicia adversarial, por lo que tiene deficiencias en los juicios orales.
  2. Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal debió emitir la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Pasaron 3 años y nunca se ha cumplido esta disposición.

Al no existir el Mecanismo y su consejo consultivo, no hay seguimiento de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, ya que su función sería dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso.

Recomendaciones

  1. Se requiere armonizar el delito de feminicidio con la entrada en vigor del Código Nacional Penal para evitar contradicciones, y actualizar el Protocolo de Investigación del Feminicidio de la Fiscalía.
  2. Como la ley local de desaparición prevé, se recomienda implementar la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos.

El estado a través de la Fiscalía General del Estado, deberá crear una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema. Esta información generada a partir de la Base de Datos servirá para compararlos con los registros morfológicos y dentales de la o las personas desaparecidas, así como las muestras genéticas de sus familiares.

 

Cuernavaca, Morelos, a 3 de mayo de 2018

 

Atentamente

 

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.

[1] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[2] Observaciones finales del Comité para la Eliminación sobre todas las formas de Discriminación contra la mujer.http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[3] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[4] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

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