Archivo mensual: junio 2018

Exigimos reinstalación despedidas de Rintex

 

Ya hemos cumplido un mes y una semana desde los primeros despidos del 21 de mayo y hasta el día 29 de mayo cuando se suscitaron  los despidos masivos de los  más de 40 trabajadoras/es

Hemos estado en un campamento frente a las instalaciones resistiendo a pesar de todas las adversidades del clima. Durante este tiempo hemos tenido vistas de todos los sindicatos y organizaciones del Pacto Morelos, en donde nos han mostrado su solidaridad con apoyo en especie y algunos fondos para resistir nuestra lucha.

Actualmente somos 25 trabajadoras/es  que estamos resistiendo, pero en estos días hemos sido sujetas de acoso, por parte de la empresa, en esta semana hemos tenido más de tres  visitas del señor Marcos  Erazo( jefe de seguridad) actuando de forma prepotente en el campamento, nos ha ido provocar, se burla de nosotras, nos dice que quiere tener evidencias, nos saca fotos y nos filma sin nuestro consentimiento, ha irrumpido   nuestro campamento, a pesar de que le hemos dicho que no puede estar allí, mucho menos a hostigarnos, por lo tanto queremos hacer  responsables al señor Marcos Erazo y a los directivos de la empresa y otros que resulten responsables de la empresa Rintex, por lo que nos pueda pasar estando en el campamento y en el trayecto  a nuestras casas.

Denunciamos también toda una campaña de desprestigio para nuestros asesores y los que estamos en el plantón, la gerencia de rintex ha  obligado a las y los compañeros activos a firmar una carta obscura, diciéndoles que si no firman no aseguran trabajo y que pensaran en sus familias, que no se acerquen a los del campamento, que no participen, que no nos escuchen, pero lo más grave es que la carta sita, según las y los Trabajadores activos,” dice  que no es la voluntad de los trabajadores cambiar el sindicato de protección Mártires de San Ángel, sindicato impuesto por los directivos de la empresa de Rintex”

También queremos aprovechar  este espacio para decir que la investigación que hizo la marca de Gap a través de la empresa de verite sea una investigación completamente imparcial, así como también la marca de gap tome acciones justas y claras a favor de las y los Tragadores despedidos y las y los compañeros activos.

 

Por lo anterior solicitamos:

Que  cese el acoso en el campamento y en el interior de la empresa

Que nos dejen ejercer el pleno derecho a la libertad de Asociación Sindical

 

Que no aceptamos, ni aceptaremos el Sindicato de Protección de la empresa Mártires de San Ángel.

Entablar una mesa de dialogo con los directivos de la empresa y la colación de las y los trabajadores de Rintex, con el fin de resolver el conflicto actual a través de la resolución de la situación de las trabajadoras despedidas, y acordar condiciones mínimas para el reconocimiento y respeto al derecho a la libertad de asociación de todas las trabajadoras de Rintex

 

Que intervenga el Gobernador Graco Ramírez para que conozca de primera mano la situación de violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras de Rintex y que contribuya a una solución verdadera y duradera para las y los  trabajadores  de Rintex,  mejorando  la calidad de empleo para las y los   ciudadanos de Jiutepec

 

Centro de Apoyo al Trabajador, Frente Autentico del Trabajo, Coalición Independiente de Trabajadoras/es de Rintex, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética  

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A 45 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de 43 estudiantes normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, marcó el gobierno de Peña Nieto. Los 43 se convirtieron en un símbolo de las decenas de miles de inocentes que también han desaparecido en la supuesta guerra cínica e ineficaz contra los cárteles del narcotráfico que ha diseminado la complicidad penal y la corrupción por todos los niveles del gobierno. El gobierno decía de dientes para afuera que aceptaba las recomendaciones de los expertos y de otras organizaciones internacionales, pero estaba determinado a cerrar el caso en sus propios términos. En el transcurso del año pasado, básicamente abandonó la investigación. Los estudiantes siguen desaparecidos. El tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad integrada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Ministerio Público de la Federación también formará parte de la comisión, pero su participación será subordinada. Las organizaciones internacionales que han seguido el caso, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, también participarán. El gobierno no tardó en manifestar su desacuerdo con la resolución. México necesita justicia para los 43 estudiantes. Establece las graves irregularidades en que incurrió PGR y ordena crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas, así como la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala. Saludamos la resolución del Tribunal como un importante aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso. Frente a los múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Gobierno federal respondió siempre que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial. Las impugnaciones que derivaron en esta sentencia fueron presentadas por algunos de los acusados, que refirieron haber sido objeto de tortura. No se trata de juicios promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. La sentencia pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y, en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes. En ese sentido, confirma que la investigación puso especial énfasis en la obtención de declaraciones mediante coacción y que estas alegaciones de tortura y malos tratos no han sido investigadas adecuadamente. Así los magistrados, en el párrafo 764 de la sentencia, señalan: “En el caso, no sólo son las alegaciones sobre tortura, las que involucran al personal de la SEIDO, sino además se cuenta con múltiples casos en los que las personas aseguradas sufrieron lesiones o incremento de las mismas, hasta en tanto estuvieron a disposición de dicha Unidad”. La sentencia también insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía; por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma. Un ejemplo claro de la ausencia de independencia e imparcialidad es lo referido por los magistrados en el párrafo 1033 de la sentencia, pues establecen:  “…no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”. Otro ejemplo es lo señalado por los Magistrados en los párrafos 1148 y 1149 de la sentencia, pues en los mismos establecen: “1148…la investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el Río San Juan”. La sentencia ordena crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párr. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR. Para su conformación, la resolución pone especial énfasis en la necesidad de que participen las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales. En este sentido, destaca que el Tribunal refrende la relevancia que ha tenido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el presente caso e inste a que en la nueva etapa de investigación éste sea escuchado mediante sus integrantes, afirmando que “no sólo sería factible sino además recomendable que se vislumbrara un nuevo período de participación” del Grupo (párr. 1134). La resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación. Por virtud de la sentencia, esta valoración ya no proviene solo de instancias internacionales, sino que ha sido establecida por un tribunal nacional. Como señala el Tribunal, “es necesario que el asunto sea conducido bajo una nueva óptica y etapa” (parr. 1151). Dada la reiterada resistencia del gobierno de Peña Nieto a descartar definitivamente la hipótesis oficial, exigimos un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo. Toda vez que la sentencia hoy emitida es insistente en que los derechos de las víctimas deben ser el centro de la investigación, desde este momento se hace un llamado a los tres Poderes de la Unión, para que cualquier acción relacionada con la implementación de este fallo sea previamente consultada y acordada con las víctimas y sus representantes.

Para las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la detención y presentación de una persona como participante fundamental de la desaparición de sus hijos a sabiendas de que las autoridades federales conocían que se trataba de una persona ajena a los hechos “viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto” y constituye un nuevo y preocupante agravio. Erick Uriel Sandoval Rodríguez, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como un presunto participante en el caso Ayotzinapa apodado “La Rana” o “El Güereque”, es una persona ajena a los hechos y distinta de quien algunos testigos e indiciados señalan con ese apodo. También señaló que advirtió a la Procuraduría de esta irregularidad, pero ésta decidió seguir adelante con las acusaciones contra el profesor de Educación Física. Señalaron que “es indignante que a estas alturas, pese a que subsiste la atención de la opinión pública sobre el caso e incluso un monitoreo estrecho por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la PGR intente sorprender a las víctimas y a la sociedad. Por ello, las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía exigimos el acatamiento de la sentencia en sus términos.

¡Ayotzinapa vive, nos faltan 43 y miles más!

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

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¿Quién es quién en los derechos humanos en Morelos? Desaparición Forzada.

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General Región Oriente, Metropolitana y Sur Poniente, a través del IMIPE, las mujeres reportadas como desaparecidas en el Estado son 1742 y 1425 hombres. Aún están en calidad de desaparecidas 207 mujeres y 333 hombres. Es decir, un total de 540 personas.

La Fiscalía Región Oriente reporta datos desde el 2009, la Fiscalía Región Metropolitana desde el 2011 y la Fiscalía Región Sur Poniente desde el 2008. Es así que constatamos que no hay una Base de Datos única para registrar la Desaparición Forzada en el Estado, asimismo, tampoco se cuenta con un registro de todos los casos ocurridos en el Estado, pues aunque solicitamos la información desde el año 2000, sólo nos proporcionaron ésta información.

Así pues, durante los tres últimos sexenios, de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006), Marco Adame Castillo (2006-2012) y Graco Ramírez (2012-2018), no se reconoció la problemática de la Desaparición Forzada en la entidad, ni realizó acciones para investigar, prevenir, atender, sancionar y erradicarla. Hasta que el 15 de julio de 2015 se aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos (http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LDESFORZADAMO.pdf).

En cuanto a las y los titulares de la Fiscalía General Estado, antes Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),  podemos decir que:

Uriel Carmona Gándara, Fiscal actual (2018). Se comprometió en una reunión con el Sub-Secretario de Derechos Humanos de Gobernación atender el tema. Sin embargo no se han visto resultados todavía. No se ha creado la Comisión de Búsqueda ni se ha nombrado a su Titular que debió iniciar su función el 16 de abril del 2018, como lo establece la Ley General En Materia De Desaparición Forzada De Personas, Desaparición Cometida Por Particulares Y Del Sistema Nacional De Búsqueda De Personas(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf)

Javier Pérez Durón (2015-2018). Eximió al Gobernador Graco Ramírez de cualquier responsabilidad en las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla. Dejó la Fiscalía sin un solo consignado por ésos hechos.

Rodrigo Dorantes (2013-2015). En su periodo se descubrió la fosa clandestina en Tetelcingo, Cuautla, donde fueron inhumados 150 cadáveres que habían sido depositados de manera irregular por la propia Fiscalía.

Pedro Luis Benítez Vélez (2009-2012) y Mario Vázquez Rojas (2012). Se suscitó el caso de Jethro Ramsses Sánchez Santana, desaparecido, torturado y asesinado en 2011. Fue detenido por Policías Municipales de Cuernavaca  y entregado a la Policía Federal, quienes lo entregaron a elementos del Ejército Mexicano de la 24 Zona Militar. Su caso estuvo en manos de ambos procuradores.

Francisco Coronato Rodríguez (2006-2009). Durante su período, el 25 de abril de 2009, detienen y desaparecen a 4 jóvenes. Se responsabilizó a la Policía Ministerial del Estado.

Los anteriores titulares de la PGJ fueron José Luis Uriostegui Salgado (2000), Guillermo Tenorio (2000-2004), Hugo Bello (2004-2005) y Claudia Aponte Maysse (2005-2006). En sus periodos no hubo ninguna acción encaminada a investigar y erradicar la Desaparición Forzada.

Finalmente podemos decir que los gobernantes están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes  en beneficio de la población y que asumen un cargo público para garantizar los Derechos Humanos, así como rendir cuentas de su actuación al frente de las instituciones.

¡Ni una persona desaparecida más, ya basta de impunidad!

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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A un año de la aprobación de la Ley General contra la Tortura, instituciones del más alto nivel incumplen y violan la norma

Este 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, se cumple un año de la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General). A pesar de los avances en la materia, instituciones de alto nivel como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia han tomado acciones regresivas o abiertamente violatorias de la nueva norma que obstaculizan la erradicación de la tortura en el país.

En ese sentido, resulta sumamente preocupante la adopción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una tesis de jurisprudencia que contradice la regla absoluta de considerar inadmisible cualquier prueba obtenida bajo tortura, la cual es una obligación reconocida en la Ley General, pero también un deber preexistente del Estado mexicano de acuerdo al Derecho Internacional. La tesis, que representa una regresión frente a la jurisprudencia previa del Máximo Tribunal, dispone que no es necesario reponer un proceso penal donde la persona sentenciada afirma que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura, salvo que exista autoincriminación (normalmente una confesión)[1]. Este lenguaje deja abierta la posibilidad de utilizar declaraciones obtenidas bajo tortura distintas a una confesión, por ejemplo, cuando se detiene y tortura a un grupo de personas para que se inculpen mutuamente, como ha ocurrido en un sinnúmero de casos conocidos por las organizaciones firmantes.

Por otra parte, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia anunció en febrero de 2018 que había adoptado – mediante un proceso opaco – un nuevo Protocolo Homologado para la investigación de la tortura. Mientras la Ley establece que la denuncia de tortura llevará a una investigación realizada por la Fiscalía Especializada competente, el Protocolo dispone que el o la agente del Ministerio Público que reciba la noticia de tortura realizará una suerte de pre-investigación sin fundamento en norma alguna, y sólo en caso de considerar que existe una presunción de tortura, enviará el caso a la Fiscalía Especializada para que esta lo investigue y lo registre con fines estadísticos[2]. Así, el Protocolo crea una nueva categoría discriminatoria aplicable solamente a víctimas de tortura, al inventar nuevos procedimientos a agotarse antes de abrir una investigación. El Protocolo es actualmente objeto de un juicio de amparo que señala su incompatibilidad con la Ley General, con el nuevo sistema de justicia penal y con el derecho internacional.

En relación a otras acciones requeridas por la nueva Ley General, recordamos que este año se instaló el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuyos resultados dependerán del apoyo que reciba del presidente del Comité, que a la vez es presidente de la CNDH, y de la articulación de su aparato ejecutivo con otros actores, incluyendo a las defensorías públicas, que deben coadyuvar en la prevención de la tortura, y las fiscalías, que deben actuar para proteger la integridad de las personas privadas de la libertad en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Por otra parte, resulta cuestionable la falta de avances y de transparencia en el diseño del Programa Nacional contra la tortura previsto en la Ley General contra la tortura.

En conclusión, las organizaciones firmantes consideramos alarmante que diversas instituciones que deberían ser las primeras en comprometerse con el nuevo modelo contra la tortura lo desconozcan en sus acciones. Cumplir la Ley General y erradicar la tortura como estrategia de fabricación de pruebas, represión o con cualquier otro fin debería ser un elemento prioritario y fundamental de la agenda de justicia y seguridad ciudadana de todas aquellas personas que busquen ocupar cargos de elección popular el próximo 1º de julio, especialmente en el caso de los candidatos presidenciales.

Es por ello que, en este Día de Apoyo a las Víctimas de Tortura, hacemos un enérgico llamado a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular a comprometerse con el cumplimiento de la Ley General contra la Tortura, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal, y exigimos a las autoridades estatales y federales adoptar inmediatamente acciones encaminadas a erradicar la tortura, tal como lo mandata la legislación aplicable.

 

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Francia)

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j.

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana

Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

[1] TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO. Tesis: 1a./J. 101/2017 (10a.) Registro: 2015603.

[2] https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Prot_Inv_Tortura.pdf, p. 28-30.

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Después de 16 años, histórica condena por tortura sexual contra militares en México

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., saludamos la importante condena histórica por tortura sexual cometida por militares contra Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena Me’phaa. 

 El 1° de junio del 2018, la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria contra los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, por los delitos de violación y de tortura, derivados de los hechos ocurridos en 2002 contra Valentina Rosendo Cantú. Esta sentencia emerge tras 16 años de lucha de Valentina para que su voz fuera escuchada y valorada en un tribunal civil.

En dicha resolución, el Juzgado impuso a los imputados una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, condenándolos además al pago de la reparación del daño a favor de Valentina Rosendo Cantú. En la sentencia se tiene por probado que los militares cometieron tortura sexual contra Valentina, quien en ese entonces era menor de edad. Para ello, el Juzgado reconoce el testimonio de la víctima como elemento probatorio fundamental, y señala que los delitos de esta naturaleza ocurren sin que haya posibilidad de acceder a testigos.

La resolución también se refiere a la tortura sexual como un acto de discriminación agravada e interseccional. Al respecto, en la sentencia se toma en cuenta “la desigualdad estructural en la que se encontraba al ser indígena, lo que la hizo susceptible de abuso y violación a sus derechos, que sumada a la circunstancia de ser mujer menor edad, también evidenció una asimetría de poder, pues sus agresores fueron militares con los cargos de cabo y soldado de infantería, respectivamente, ante una particular mujer indígena y menor de edad, mostrando una clara ventaja en la preparación y la instrumentación al portar armas de fuego”.

“Los militares, al ostentarse como un grupo armado, actúan como si no hubiera leyes que los obliguen a respetar los derechos de las personas. Por el hecho de que Valentina, una menor de edad, se viera obligada a lavar su ropa en un arroyo, para los militares fue una oportunidad para mancillarla y causarle un grave daño que ha trastocado su proyecto de vida como mujer, como esposa y como madre. Se infligió un daño a su dignidad, a la honra familiar y a la misma comunidad porque los elementos castrenses usaron su fuerza para causar terror y romper el tejido comunitaria”, afirmó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

La investigación por los hechos se inició ante la justicia militar en México, en donde la denuncia interpuesta no prosperó. Por ello, luego de un largo proceso ante el sistema interamericano, el 31 de agosto del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia contra del Estado mexicano.

Este órgano ordenó a México 16 medidas de reparación, dentro de las cuales se señaló investigar los hechos en el fuero civil y proceder a identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables, para así garantizar el acceso a la justicia de Valentina Rosendo Cantú.

Gracias a esta y otras sentencias dictadas por la Corte IDH, en el 2014 México modificó parcialmente el Código de Justicia Militar, estableciéndose que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra personas civiles se investigarían en tribunales civiles. Pese al avance, la reforma sigue siendo insuficiente.

“Esta es la primera vez que México cumple con su obligación de investigar, juzgar y sancionar, a militares responsables de violaciones de derechos humanos a raíz de una sentencia del tribunal interamericano. Por ello, esta sentencia es un hito y una prueba de que la impunidad se puede romper a pesar de no existir voluntad, porque Valentina persistió, las organizaciones continuaron acompañándola y hubo una jueza independiente”, destacó Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (CEJIL).

“Se me llena de emoción el corazón porque soy una mujer indígena que habla Me’phaa y ganó mi palabra, ganó la verdad, porque desde el principio el gobierno no me creyó y ahora triunfó mi búsqueda de justicia; siento que hay una esperanza. Por todo este camino que he pasado quiero agradecer a mis abogados y a todas las demás organizaciones que me han acompañado porque si ellos no me hubieran creído ni apoyado, no hubiera llegado hasta aquí”, expresó Valentina Rosendo Cantú acerca de la sentencia.

CEJIL, Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acompañaron a Valentina durante el proceso ante los órganos interamericanos. Para las organizaciones, este caso emblemático demuestra las graves consecuencias que genera la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana y debe ser una llamada más de atención para que el Estado cambie su política de seguridad pública.

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El feminicidio y la violencia institucional.

Respuesta a Adriana Mújica, ex Directora del IMEM.

Hemos realizado una infografía para señalar las responsabilidades institucionales en Morelos ante 18 años de feminicidio ocurridos durante los gobiernos de Sergio Estrada Cajigal, Marco Adame y Graco Ramírez, los dos primeros del PAN y el tercero del PRD. El dato que presentamos es una muestra del horror feminicida: 851 casos ocurridos entre el año 2000 y enero de 2018. Incluimos el dato oficial de 1455 muertes violentas de mujeres ocurridas del 2000 al 2016. Decimos que: “ninguno de los tres Gobernadores reconoció la problemática del feminicidio en la Entidad, ni realizó acciones para investigar, prevenir, atender, sancionar y erradicar los feminicidios. Hasta que el 10 de agosto de 2015 se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos, y se obligó al gobierno a emprender acciones emergentes”.

Está infografía está sustentada en amplios y documentados informes que hemos realizado desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos y que se han dado a conocer a la opinión pública y a todas las autoridades federales, estatales y municipales, mismos que se encuentran disponibles en la página http://cidhmorelos.com.mx/

En ésta infografía hacemos el recuento del papel del Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos (IMEM) sobre el feminicidio y señalamos lo que se ha dejado de hacer por parte de sus 8 directoras.

En replica, se ha publicado una respuesta de Adriana Mújica Murías, quien fue directora del IMEM del 2 de octubre de 2012 al mes de abril de 2014.  Ella señala que nuestra organización miente y exige una disculpa.

Al respecto, la CIDHM mantienen todo lo dicho en la infografía toda vez que nuestra información está debidamente respaldada en notas tomadas de medios de comunicación impresos y audiovisuales, así como en documentos oficiales. Y además señalamos que:

1.- Al menos durante la Administración de Adriana Mujica como directora del IMEM, se procedió a votar en contra de cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género promovidas por los siguientes Estados: Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y Chiapas.

Para mayor información consultar los siguientes links:

Piden a Segob sesionar de nuevo para declarar AVG en Edomex

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/65209

Han sido rechazadas todas las solicitudes de alerta por feminicidios en 4 estados

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/29/sociedad/043n1soc

¿Cuántos feminicidios son suficientes para una alerta de género?

https://www.animalpolitico.com/2014/05/cuantos-asesinatos-de-mujeres-son-suficientes-para-aplicar-una-alerta-de-genero/

Alerta de violencia de género, a expensas de la voluntad gubernamental

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2014/08/20/alerta-de-violencia-de-genero-expensas-de-la-voluntad-gubernamental/

Alerta de Violencia de Género: letra muerta

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2013/09/04/alerta-de-violencia-de-genero-letra-muerta/

Declaraciones de alerta por feminicidios, fallidas

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2013/04/01/declaraciones-de-alerta-por-feminicidios-fallidas/

 

2.- Asimismo, como directora del IMEM, se manifestó públicamente en contra de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

Para mayor información consultar los siguientes links:

“La funcionaria no consideró necesario declarar alerta de género, pues la actual administración está reconociendo el problema para aplicar estrategias de prevención”. http://www.jornada.unam.mx/2012/11/08/estados/038n1est

La directora del IMEM en contra de la “alerta de género”

https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/45185-la-directora-del-imem-en-contra-de-la-%E2%80%9Calerta-de-g%C3%A9nero%E2%80%9D.html

IMEM sufre tercer cambio de titular en gestión de Graco

http://sinlineadiario.com.mx/archivos/17375

Finalmente, recordemos que en México son vigentes los Tratados y Convenciones internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres y  la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece medidas para atender, prevenir, investigar, sancionar y erradicar el Feminicidio y cualquier otro tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, por lo que es obligación de las y los gobernantes, funcionarios y servidores públicos tomar todas las medidas pertinentes a fin de que esto se cumpla en la realidad.

Asimismo, reiteramos nuestro compromiso social de dar seguimiento a los casos de feminicidios en la entidad de manera seria y metodológica, tal como dan cuenta nuestros múltiples y amplios informes sobre el tema, en favor de la dignidad y la vida de las mujeres.

Atentamente

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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    ¿Quién es quién en los derechos humanos?

   Infografía que muestra una parte de la realidad que los gobernantes tratan de ocultar.

Datos que indican como los derechos humanos de las mujeres no son garantizados.

Los gobernantes están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes  en beneficio de la población y asumen un cargo público para garantizar los derechos humanos, sin embargo, lejos de ello, además de incumplir el mandato constitucional y de los tratados internacionales, se niegan a rendir cuentas de su actuación al frente de las instituciones.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia establece medidas para atender, prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio mediante la Alerta de Violencia de Género, por lo que es obligación de las y los gobernantes y funcionarios y servidores públicos tomar todas las medidas pertinentes a fin de que esto se cumpla en la realidad.

En Morelos han pasado gobiernos de distintos partidos y ninguno de ellos asume a cabalidad la tarea de garantizar los derechos de las mujeres, como lo demostramos con datos que damos a conocer mediante infografías que difundiremos por todos los medios posibles, para que la sociedad asuma críticamente su opinión a la hora de que dichos gobernantes quieran ocupar otros cargos sin haber cumplido en su momento con sus tareas y responsabilidades.

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