Archivo diario: septiembre 5, 2018

Proteger a personas defensoras y periodistas es un derecho y una obligación del Estado.

 

La defensa de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas ante riesgos es una obligación por parte de las autoridades del Estado. Por ello es necesario contar con instrumentos legales que obliguen al Estado a actuar en la protección de la labor que se realiza en ambos sectores. Ante las amenazas, campañas de desprestigio, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos, entre otras de las muchas agresiones que diariamente enfrentan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, también se requieren mecanismos de protección civil y capacitación en materia de seguridad para reducir los riesgos mediante protocolos de seguridad teniendo en cuenta la exposición física, psicosocial y política de los riesgos en cada uno de éstos niveles.

México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos en América Latina y los niveles de violencia a los que se enfrentan quienes buscan informar son solo comparables con aquellos países en situación de guerra declarada, como Siria. Así, en 2017 documentamos 507 agresiones contra periodistas y 12 asesinatos. A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado 1,986 agresiones, como documentó Artículo 19. La CNDH a su vez ha señalado que: Entre el año 2000 y el 31 de marzo de 2018 se han registrado 133 periodistas asesinados, 14 de ellos mujeres. Las agresiones a Periodistas deben ser investigadas con perspectiva de Género para garantizar el acceso a la justicia. Actualmente más de 700 periodistas y defensores de Derechos Humanos quedarán inermes ante la insolvencia económica en que quedará el programa de protección donde se encuentran. La amenaza de retirar medidas a las actuales personas beneficiarias de medidas de protección, constituye una forma de vulneración directa a su integridad y seguridad personales por parte del Gobierno federal. La situación del Mecanismo, da cuenta del desdén (9) hacia la protección, respeto, garantía y promoción de los derechos humanos que caracteriza a la presente administración, y en particular, la poca importancia que se ha brindado a las poblaciones en riesgo. Asimismo, coloca a México como uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa y promoción de los derechos humanos y el periodismo y demuestra su falta de compromiso por implementar una política pública integral sobre el derecho a defender los derechos humanos, incluyendo un enfoque más preventivo y estructural (10).

En el informe de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDHE)  constata que la estrategia de represión política, con el uso de todas las  modalidades,  está  dirigida  con  mayor  insistencia  en  contra  de  quienes  denuncian  que  las  reformas  estructurales  neoliberales  violan  legalmente  los  derechos humanos de grandes capas de la población: el primer lugar lo ocupan, con 224 actos de Violaciones a Derechos Humanos, quienes denuncian la reforma educativa de corte neoliberal aprobada en este sexenio; en segundo lugar, con 219 actos de VDH, están aquellos que ejerciendo el derecho humanos a la protesta son reprimidos; el tercer lugar, con 74 actos de VDH, corresponde a los  defensores  que  de  manera  general  defienden  la  tierra  y  el  territorio,  indígenas  y  no  indígenas,  e  incluso  comunidades  urbanas  que  resisten  a  las  políticas  extractivistas  o  privatizadoras del territorio; siguen los ambientalistas, con 72 actos de VDH; en el séptimo lugar, con 38 actos de VDH, agrupamos a las organizaciones sociales nacionales o grandes a  nivel  territorial  que  defienden  una  variedad  grande  de  derechos  humanos  y  que  son  reprimidos no necesariamente por la defensa exclusiva de algún derecho humano, sino por la  labor  que  realizan  en  general  por  una  vida  digna,  como  sinónimo  de  los  derechos  humanos.

Tanto periodistas como personas defensoras de derechos humanos corren riesgos que deben ser atendidos por autoridades para proteger sus derechos y la sociedad responder solidariamente con quienes sufren ésta clase de agresiones.

En Morelos se ha publicado recientemente la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que reconoce los principios del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público, teniendo como función el Estado, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ello. Así mismo, establece la necesidad de generar condiciones de vida digna para continuar ejerciendo su labor, a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentren fuera de su lugar de origen a consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser potenciales víctimas. El ordenamiento indica que se deben implementar y operar Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección, que garanticen la vida, integridad, libertad y la seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, con la finalidad de garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola, salvaguardar los mismos derechos y bienes de los familiares o personas vinculadas a los periodistas y/o defensores de derechos humanos.

De igual manera indica que se deben establecer las obligaciones y responsabilidades de los entes públicos del Estado, en cuanto a la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección en el ámbito de su competencia, las cuales deberán desarrollarse con la debida diligencia y perspectiva de género, garantizando una acción libre de discriminación y violencia, en el marco del respeto de los Derechos Humanos.

Esta ley es aplicable a periodistas, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioléctrico, digital o imagen, así como a personas defensoras de derechos humanos que actúen individual o grupalmente como organización o movimiento social cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos estatal, nacional o internacionalmente.

Al incorporar el principio pro persona, como criterio de aplicación de la norma más avanzada del derecho en beneficio de quien sufre una violación a sus derechos humanos acorde con los tratados internacionales en la materia, obliga a las autoridades a proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, quedando prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

A diferencia del decreto que instituyó el mecanismo, en ésta ley se incorporan elementos para brindar una protección integral que parta de un análisis de las agresiones y amenazas, el grado de riesgo y las medidas de atención psicosocial que tome en cuenta factores que permitan restablecer el equilibrio emocional de las personas que han sido sometidas a éste tipo de agresiones.

Este instrumento legal fue aprobado por la LIII Legislatura. En el caso de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, presentamos una propuesta de Protocolo de Protección a Periodistas al mecanismo local que surgió como decreto del gobierno de Marco Adame y se ratificó por el gobierno de Graco en acuerdo con el Foro de Periodistas. Luego de una serie de reuniones donde se discutió y analizó la propuesta de Protocolo, se incorporaron aportaciones que sentaron las bases para que el Congreso del Estado elaborara una iniciativa de ley que presentaron el conjunto de fracciones parlamentarias y que finalmente fue aprobada. Será la LIV Legislatura actual la que deberá precisar los alcances en la aplicación de ésta ley, ya que por primera vez incorpora a personas defensoras y no sólo a periodistas, acorde con la legislación nacional e internacional.

En nuestro país la ley se aprobó el 24 de abril de 2012 en la Cámara de Senadores y el 30 de abril en la Cámara de Diputados y se publicó el 23 de junio de 2012. De ahí se creó el mecanismo para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que atendió a un total de 353 solicitudes del 2012 al 2015 y en el año 2018 atiende a más de 700 en todo el país. Ante éste mecanismo legal, desde la sociedad civil se han creado diversas instancias, como el Espacio OSC para la protección de Personas Defensoras y Periodistas, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y se cuenta con respaldo de Brigadas Internacionales de Paz, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras instancias.

Actualmente en Morelos no existe en funcionamiento el Mecanismo de Protección a Periodistas. Será tarea del gobierno entrante la aplicación de ésta ley y la puesta en marcha del mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, como una obligación del Estado y un derecho que se tiene a llevar a cabo las actividades en defensa de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos que se tiene sin por ello sufrir amenazas y agresiones que pongan en riesgo la vida y la integridad de quienes llevamos a cabo éstas actividades en Morelos.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, septiembre de 2018.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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