INFORME DEL SISMO 19S A UN AÑO DE LA TRAGEDIA.

 

DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN EL ESTADO DE MORELOS.

 

A un año del 19 de septiembre del 2017, cuando a las 13:14 horas se registró un sismo de magnitud 7.1 grados en la escala de Richter y cuyo epicentro se localizó en el límite de los Estados de Puebla y Morelos, vemos con preocupación que continúan sin resolverse las necesidades apremiantes de miles de personas damnificadas que se quedaron sin vivienda y muchas de ellas sin empleo, con el dolor y la tristeza a cuestas por las muertes y las heridas, pero dando muestras de resistencia, de lucha y solidaridad para enfrentar la tragedia encarar a las autoridades que no han cumplido con los beneficios del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) ni con los recursos provenientes de la ayuda internacional. Vivir en casas de campaña alivia la necesidad de quien perdió toda su vivienda, pero cuando pasan los meses y cambia el clima, se presentan enfermedades de todo tipo, incluyendo las psicosociales que merecen una atención integral, ya que además de sanar las heridas físicas se requiere sanar los estados de ánimo para seguir luchando con la fortaleza que se requiere. Ante ésta situación, la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) llevamos a cabo una investigación en la Colonia Emiliano Zapata del Municipio de Jojutla, Morelos, con el objetivo de contar con un Diagnóstico en Materia de Derechos Humanos sobre la Situación de las Personas Afectadas en el Estado de Morelos después del Sismo del 19 de septiembre, que sirva de base para elaborar Protocolos de Prevención y Atención ante desastres de tal magnitud. Es necesario recuperar las historias del subsuelo. Recuperar palmo a palmo, polvo a polvo lo acumulado, los sentimientos y las vivencias de quienes reconstruyen sus vidas. Ésta es una tarea que implica acompañamiento psicosocial, una buena dosis de paciente impaciencia y esas ganas infinitas de que resurjan las esperanzas de abajo de los escombros.

Esta es una investigación que nos permite Documentar, Atender y Visibilizar las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos de las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017 en el Municipio de Jojutla, Morelos.

Éste Diagnóstico nos permite caracterizar a las personas damnificadas, su sexo; su edad; dónde vivían; dónde trabajaban y qué actividad desempeñaban, y cuál es su actividad económica en la actualidad; y cuáles fueron las afectaciones materiales y emocionales sufridas. En este informe se presentan algunos hallazgos de la investigación diagnóstica.

En cuanto a las violaciones a los Derechos Humanos y sobre las principales Instituciones señaladas de tales violaciones. En él se reúnen tres procesos: la investigación empírica; el análisis de fuentes oficiales (estatales, nacionales e internacionales), y la revisión de documentos internacionales. Asimismo, articula varias aproximaciones analíticas de género.

El hilo conductor de estos procesos y aproximaciones es la afirmación política, sustentada en este informe, de que en Morelos hay una violación a los Derechos Humanos de las personas Damnificadas. Para mostrar esta situación, el informe se organizó en cinco partes. En la primera, los Derechos Humanos, se destaca el Marco Legal Nacional e Internacional que es Responsabilidad del Estado acatar y cumplimentar. La segunda parte tiene que ver con la descripción de las características de las Personas Damnificadas por el Sismo del 19 de Septiembre del 2017, las afectaciones materiales; las defunciones de familiares; la situación económico-laboral; la atención de salud física y emocional; la asesoría jurídicoadministrativa; si han sido o no beneficiadas por el FONDEN; y las quejas o denuncias que quisieron realizar. En la tercera etapa se describen las Reglas Generales y los Lineamientos de Operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN). En la cuarta sección se exponen las Respuestas Institucionales ante la tragedia vivida después del Sismo. Finalmente se presentan los últimos apartados con las Consideraciones Finales y las Recomendaciones. Cabe destacar que se contempla un Anexo que contiene la Encuesta Aplicada y otro Anexo que presenta los Oficios con las Respuestas Institucionales.

Durante los meses de julio y agosto del 2018, se aplicaron y sistematizaron 86 encuestas para contar con información de primera mano sobre la situación psicosocial (afectaciones materiales; defunciones de familiares; situación económico-laboral; atención de salud física y emocional; asesoría jurídico-administrativa; adecuado funcionamiento del FONDEN; así como las quejas o denuncias que quisieron realizar) de las personas damnificadas.

La mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres. Su principal ocupación era el comercio y muchas de ellas perdieron su fuente de trabajo después del sismo, algunas aún están desempleadas. Por otro lado, la principal ocupación de los hombres encuestados está en el campo. Las personas adultas y adultas mayores fueron la mayoría. La pérdida de la vivienda fue la más mencionada, pues la inmensa mayoría sigue viviendo en casas de campaña o con familiares, por lo que las condiciones de vida siguen siendo precarias, sin los servicios públicos necesarios ni con una seguridad adecuada. Mientras que la tragedia más sentida fue la pérdida de 6 vidas. Pese a todo lo acontecido, la mayoría de las personas aún no cuentan con un Plan de Seguridad (ni en la casa, empleo o en espacios públicos). Los protocolos de seguridad oficiales quedan reducidos a anuncios de simulacros conmemorativos, lo que de ninguna manera permite fomentar una cultura de prevención. El daño psicosocial postraumático se observa en la mayoría de las personas que siguen sin superar el tremendo choque emocional que significa la destrucción de sus viviendas y en algunos casos la pérdida de la vida de sus familiares. Al mismo tiempo observamos que la mayoría de las personas no contó con Atención Psicosocial: Médica, PsicoEmocional y Jurídico-Administrativa. Y constatamos la ausencia de programas de atención por parte de instituciones públicas. Observamos que hay omisión de responsabilidad por parte de funcionarios de la Fiscalía General de Justicia ante denuncias presentadas en contra de particulares que defraudaron y no construyeron las viviendas como se habían comprometido. Un dato importante nos señala que la principal ayuda provino de las Brigadas de la Sociedad Civil procedentes de toda la República Mexicana y del Extranjero. Finalmente podemos decir que aunque la mayoría dijo haber sido beneficiada por el FONDEN, también, la mayoría de las quejas fueron para FONDEN, Unidos por Morelos y SEDATU. Por otro lado, cuando realizamos la solicitud de información al FONDEN sobre el censo y las características de las personas damnificadas, así como de la reconstrucción de los espacios públicos, se nos dijo que la información relativa a todo lo concerniente al censo era confidencial. Sin embargo, al utilizar recursos públicos y tratarse de una información de trascendencia social para todo el Estado de Morelos y para el País, ésta información debiera entregarse en aras de la transparencia y del principio de máxima publicidad.

Ante la solicitud de la información para conocer la versión oficial de las acciones gubernamentales emprendidas luego del Sismo del 19 de septiembre del 2017, se giraron oficios al Gobernador del Estado, al Órgano Desconcentrado denominado “Unidos por Morelos” y a la Cruz Roja Mexicana. El Gobierno del Estado y la Cruz Roja Mexicana no respondieron, por lo que se giraron oficios al IMIPE para obtener la información solicitada. Al no transparentar la información sobre las acciones realizadas y los recursos utilizados, generan desconfianza de la ciudadanía y violan principios fundamentales del acceso a la información. Además se abre la posibilidad de que los recursos destinados para atención de ésta catástrofe sean desviados para otro fines. La respuesta de “Unidos por Morelos” llego el 31 de julio del mismo año. Al revisar la página de internet referida, observamos que el “Padrón de Beneficiarios de Unidos por Morelos” refiere que son 15,504 los registros existentes, 612 personas reconocidas en el Municipio de Jojutla, de las cuales 48 fueron beneficiadas por el FONDEN.

Mientras que la información presentada en su Diagnóstico y que aparece en su misma página de internet10 es la siguiente: […] Balance de afectaciones: • 74 fallecidos. • Se brindaron 1,944 atenciones médicas y se realizaron 146 hospitalizaciones. Resultados del censo Fonden • De acuerdo a las reglas del Fonden se identificaron 15,801 viviendas con afectaciones: • 5,370 con daño total o reubicación. • 5,881 con daño parcial. • 4,550 con daños menores. Censo estatal de vivienda • Por su parte el Gobierno del estado contabilizó un total de 23,793 viviendas con daños: • 7,410 con daño total. • 16,386 con daño parcial […] Estos datos no coinciden con los arriba presentados, dejando ver una contradicción en la información presentada entre el Censo y el Diagnóstico. Esto deja en claro que el Estado a través del Órgano Desconcentrado denominado “Unidos por Morelos” desconoce la legislación vigente que le dio origen. Generando una mala atención a las personas damnificadas, violando con ello sus Derechos Humanos.

Ante éste panorama podemos decir que los Derechos Humanos de las Personas Damnificadas por el Sismo del 19 de septiembre el 2017, consagrados en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/)), y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), no han sido garantizados por el Estado Mexicano. La terea de reconstrucción no es fácil, pues no debemos verla únicamente en términos materiales, sino en procesos de vidas que ya no volverán a ser las mismas. Es nuestra responsabilidad como sociedad visibilizar ésta situación y exigir al Estado Mexicano garantizar los Derechos Humanos de todas y cada una de las personas damnificadas.

Recomendaciones.

1.- Atender de inmediato las 116 quejas realizadas por las personas damnificadas del sismo del 19 de septiembre del 2017.

2.- Que la Fiscalía General de Justicia del Estado atienda el caso de particulares que defraudaron a personas damnificadas.

3.-Debe haber una rendición de cuentas del Gobierno Federal y del Estado de Morelos sobre los recursos públicos destinados para la reconstrucción a través del FONDEN y de “Unidos por Morelos”.

4.- Las instituciones privadas, como la Cruz Roja, deben igualmente transparentar el uso de recursos destinados a apoyar a damnificados, aun cuando estos fondos sean provenientes de donaciones particulares.

5.- Que las Instituciones del Gobierno del Estado garanticen la asesoría JurídicoAdministrativa para las personas damnificadas que expresaron no contar con ella hasta el momento, para culminar con éxito el proceso jurídico de reclamo de sus Derechos Humanos ante las instancias correspondientes.

6.- El Estado, a través de sus diferentes Niveles de Gobierno, debe implementar un programa de Atención Psicosocial (Médica y Psico-Emocional) para que se garantice el derecho a la salud de todas las personas damnificadas.

7.- Desarrollar a través de las autoridades de protección Civil del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado, un Plan de Seguridad y Prevención, que implique capacitar y difundir los Protocolos ante Riesgos para crear una Cultura de la Prevención.

8.- Para garantizar el derecho al empleo se requiere de un Programa Estatal y Municipal de Empleo temporal con recursos de FONDEN, con especial énfasis para las mujeres, ya que la inmensa mayoría de ellas se dedicaban al comercio y con el sismo se perdieron las condiciones para efectuar ésta actividad económica, lo que redunda en incremento del desempleo, la pobreza y la imposibilidad de contar con recursos propios para el proceso de reconstrucción.

9.- Se deben incorporar diferentes instituciones encargadas de velar por los Derechos de las Personas Afectadas, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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