Feminicidio y desapariciones requieren atención urgente en Morelos

José Martínez Cruz.

La grave violencia e inseguridad en Morelos se expresa crudamente en el incremento del feminicidio y las desapariciones. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco tiene el reto de asumir medidas inmediatas para atender los derechos humanos fundamentales a una vida libre de violencia y a la libertad de mujeres y de todas las personas. Contrariamente a las esperanzas de miles de votantes, hasta el momento se mantienen las mismas políticas que aplicó el gobierno de Graco Ramírez en materia de seguridad, con el mando único, ahora depositado en manos militares del contralmirante de la Marina armada proveniente de Veracruz, cuando lo que se requiere es una seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos.

A pesar de que la Ley contra la Desaparición Forzada en Morelos se aprobó por la LII Legislatura y se publicó el 3 de agosto de 2015, ésta no ha sido aplicada hasta el momento, además de incumplir con la aplicación de las disposiciones de la Ley Federal en la materia, por lo que urge que el actual Gobierno tome medidas y subsane las omisiones previas para atender, investigar, sancionar y erradicar ésta práctica de Lesa Humanidad. Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos impulsamos ésta Ley, por lo que demandamos integrar de manera inmediata los Mecanismos Garantes de los derechos de familiares y víctimas de Desaparición Forzada en Morelos.

En ésta ley se establece en el TÍTULO V, MECANISMOS GARANTES, en su CAPÍTULO II, sobre el MECANISMO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS, señala con toda claridad en su “Artículo 22.- Tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la Atención de Víctimas y Familiares de las Personas Desaparecidas. Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin discriminación alguna. Por ello se considerará el idioma, la edad, el entorno psicosocial, la preferencia sexual, si pertenece a un determinado grupo étnico, o cualquier otra situación o condición para que se pueda acceder a la Justicia. Artículo 23.- El Mecanismo estará integrado por un Comité Consultivo, quedando de la siguiente manera su conformación: a) Un representante de la Secretaría de Gobierno, con poder de toma de decisión, quien la Presidirá; b) Dos representantes de la Comisión, con poder de toma de decisión; c) Un representante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, con poder de toma de decisión; d) Un representante del Sistema DIF Morelos, con poder de toma de decisión; e) Un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quien coordinará el Mecanismo, con poder de toma de decisión; y f) Dos personas en representación de las organizaciones de la sociedad civil encargadas del seguimiento de los casos de personas desaparecidas. La función de las personas integrantes del Comité Consultivo será de carácter honorífico y todas contarán con derecho a voz y voto.” Urgimos a la Secretará de Gobierno a que emita la convocatoria de manera inmediata.

Aunque en recientes declaraciones el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Roberto Cabrera Alfaro, anunció que en los próximos días se echará a andar el Sistema Nacional de Búsqueda, un mecanismo interinstitucional, cuyo objetivo es conjuntar los esfuerzos y las políticas públicas en esa materia. Este Sistema deberá diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre los órdenes de Gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas. En 25 entidades, incluyendo Morelos, no existe una comisión local de búsqueda de personas, y en 11 no se cuenta con un organismo de atención a víctimas. El problema de las desapariciones en México es algo que no se ha podido detener, mientras el número de víctimas continúa en aumento. Las familias de las personas desaparecidas tienen el derecho de participar en la elaboración de protocolos de búsqueda y ser tomados en cuenta a la hora de la definición de las acciones a llevar a cabo, como lo establecen los mecanismos garantes establecidos en la LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE Morelos, misma que se puede consultar en http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LDESFORZADAMO.pdf

Es por ello que desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, condenamos la tardanza en la instalación del sistema y solicitamos que de inmediato se emitan las convocatorias correspondientes para crear el MECANISMO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS.

Por otra parte, hemos enviado un documento solicitando al Ejecutivo Estatal una mesa de trabajo para abordar las medidas contra el feminicidio, ya que desde el 10 de agosto de 2015, se emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en 8 Municipios del Estado de Morelos. La AVG ha sido una aportación desde el Movimiento Feminista y de Defensa de los Derechos Humanos que se inscribe en la lucha progresiva e integral de éstos derechos. Y en el caso concreto de la Declaratoria de la AVG en Morelos, la CIDHM fuimos la organización peticionaria. Por ello es que revisamos puntualmente todas y cada una de las acciones y medidas decretadas y las contrastamos con datos concretos, para tener un diagnóstico preciso sobre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer para garantizar que no haya un solo feminicidio impune. Es fundamental ir a las causas de las violencias, por lo que se requiere el compromiso y la dedicación de todos los sectores de la sociedad, para que se logre erradicar la simulación, las omisiones y complicidades que perpetúan la violencia institucional. No permitir que sigan ocurriendo muertes violentas es parte de la lucha por construir una sociedad más justa. Por eso consideramos que si no se toman medidas a la altura de la situación de gravedad, en lugar de disminuir los hechos violentos tenderán a incrementarse. Es obligación del Estado tomar medidas para erradicar la violencia feminicida y responsabilidad de la sociedad  actuar organizadamente para exigir el cumplimiento de los derechos. Por ello, el nuevo Gobierno que entró en funciones a partir del primero de octubre del 2018, debe tomar las medidas para atender la AVG y que no haya pretexto de desconocimiento alguno para asumir desde el primer día las tareas y actividades que les corresponde, pues se requiere un cambio profundo en las políticas públicas que garanticen los Derechos Humanos de todas las Mujeres, pues es importante señalar que la AVG continúa vigente en Morelos hasta cumplir al 100% todas y cada una de las recomendaciones emitidas por el Decreto de creación de la AVG el 10 de agosto de 2015.

Es necesario mantener y reforzar la lucha porque no haya ni un feminicidio y ni una persona desaparecida más en Morelos.

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