Jóvenes en contextos de violencia: entre el espanto y la ternura.

 

José Martínez Cruz/ La Jornada Morelos.

Ningún joven debe morir, ningún joven debe matar. Ni ser víctima de la violencia, ni ser portador de la misma. Ni estigmatizarlos, ni criminalizarlos. La situación actual es de altos niveles de violencia que están viviendo, enfrentando y padeciendo la mayoría de las y los jóvenes, por lo que valoramos mucho la iniciativa de maestras y estudiantes de la licenciatura de Comunicación y Gestión Interculturales de la UAEM como espacio de reflexión y rechazo ante las diferentes formas de violencia que afectan tanto a mujeres como a jóvenes, quienes invitaron a la Comisión Independiente de Derechos Humanos a inaugurar el foro realizado el 31 de mayo en la Casona Spenser. Ahí destacamos los recientes casos de feminicidio de jóvenes estudiantes como Mariana y Fernanda, el incremento de las ejecuciones de jóvenes y el involucramiento de adolescentes y jóvenes en prácticas criminales. Ir a las causas y no solo en los efectos es fundamental. El sistema capitalista profundamente dividido en clases sociales, generador de injusticia social, pobreza, desempleo, individualismo y competencia, explotación, discriminación, genera violencias de todo tipo, acabando con los más nobles sentimientos humanos. En México la violencia de Estado desatada desde 1968 y 1971 que inició con crímenes, desapariciones y presos políticos, elevó la militarización de la seguridad pública desde Calderón hasta la fecha, con miles de víctimas, hasta llegar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y más de 40 mil desaparecidos en todo el país.
En recientes documentos de Data Cívica y el CIDE, así como de ONU Mujeres, sobre la violencia contra las mujeres y niñas se destacan las causas que explican su crecimiento exponencial, como desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hemos documentado sobre la violencia feminicida durante los años del 2000 al 2018 y las medidas de Alerta de Violencia de Género que tiene la obligación el gobierno de llevar a cabo.
En 10 años se cuadruplicaron asesinatos de mujeres en el espacio público. El homicidio de mujeres ha pasado de la vivienda al espacio público de manera desproporcional y a la par del incremento en la violencia armada y la militarización de la seguridad pública. El incremento de la violencia armada y la militarización de la seguridad pública ha afectado desproporcionadamente a las mujeres jóvenes, quienes ahora son asesinadas mayoritariamente en el espacio público y con armas de fuego, reporta el informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México.
Con base en los registros de mortalidad del Inegi, el informe indica que de 2007 a 2017 el homicidio de mujeres se cuadruplicó en el espacio público, al pasar de 0.7 por cada 100 mil habitantes a 2.5, mientras que casi se duplicó en la vivienda, al pasar de 0.8 en 2007 a 1.5 en 2017. Esto significa que el asesinato de mujeres pasó de su punto más bajo en 2007, asesinadas principalmente en la vivienda, a su punto más alto en 2017, asesinadas principalmente en el espacio público. En ese periodo (2007-2017) se registró un total de 25 mil 800 mujeres asesinadas.
De acuerdo con el estudio, el incremento en los asesinatos de mujeres está asociado a la violencia en la vía pública. Aunque la abrumadora mayoría de las víctimas asesinadas en el país son hombres (213 mil 608 en 2017), el estudio se centra en los homicidios de mujeres ante la evidencia de que las matan de manera sistemáticamente distinta y por ello ambos fenómenos requieren un tratamiento diferenciado y soluciones específicas. El informe enfatiza que entre las principales víctimas por el incremento de esta violencia se encuentran mujeres entre los 20 y 35 años.
De acuerdo con el informe, el primer hecho que impacta en el homicidio de las mujeres es el incremento de la violencia a nivel nacional tras la militarización de la seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón.
La crisis de seguridad en México es innegable. El estudio refiere que los picos de violencia se deben al aumento desproporcionado de asesinatos cometidos con arma de fuego en el espacio público en contra de jóvenes.
En el estudio de ONU Mujeres sobre las defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) de niñas y adolescentes, se establece que el medio más utilizado, tanto en la vía pública como en el hogar, es el arma de fuego: una de cada dos de las DFPH ocurre en la vía pública y una de cada cuatro en el hogar. Asimismo, en el hogar, el segundo medio más utilizado fue el ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, utilizados en una de cada cuatro DFPH. Estas cifras son alarmantes por la brutalidad con la que niñas y adolescentes son asesinadas. Finalmente, en lo que se refiere a las víctimas de delitos, se observó que en el periodo de 2015 a 2018 hubo un total de 194 feminicidios de niñas y adolescentes, 3,044 casos de corrupción de menores, 671 homicidios dolosos, 12,545 lesiones dolosas, 201 casos de tráfico de menores y 427 casos de trata de personas.
La realidad es que, al mismo tiempo que la violencia pública y armada ha ido en aumento, los asesinatos en la vivienda, mismos que siguen desproporcionadamente afectando a mujeres, tampoco se han reducido. La lección más importante que se deriva de los datos es que además de exigir políticas para atender, castigar y prevenir la violencia en la pareja o para erradicar la discriminación por género que persiste en distintos espacios, también se tienen que exigir políticas que hagan frente a la crisis de seguridad más amplia. Entre ellas, políticas que garanticen un control efectivo de armas; que impulsen la desmilitarización de la seguridad pública, y que fortalezcan a las instituciones civiles “para que realmente sean capaces de responder a la violencia de manera inteligente, focalizada, transparente y justa, desde lo local y de la mano de la comunidad”. Es necesario asegurar que las medidas de prevención de asesinatos de niñas y adolescentes se basen en un enfoque de derechos humanos y tengan perspectiva de género y atender las recomendaciones que diversos organismos internacionales o regionales han emitido sobre el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia, así como las recomendaciones generales 19 y 35 del Comité de la CEDAW y las recientes observaciones finales al Estado mexicano. Hoy más que nunca es necesario luchar porque, en lugar del espanto cotidiano, todas las y los jóvenes puedan disfrutar de la ternura.

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