Archivo mensual: agosto 2019

Caso Santa Catarina. Amicus curiae sobre apelación caso JO/40/2019

Lic. Maria del Carmen Verónica Cuevas López

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia

Presente.

Por éste conducto quienes integramos la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., con domicilio para oír y recibir oficios en Privada de las Flores 16, colonia San Antón, correo electrónico cidhmorelos@gmail.com y teléfono 7773185568.

Como es de su conocimiento, las organizaciones independientes aportamos a traves del amicus curie, elementos para que se incluyan los màximos avances en materia de derechos humanos desde el principio pro persona vigente en tratados y convenciones que deben ser revisados y tomados en cuenta por las y los jueces en sus decisiones autónomas.

Nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento el caso de agresion a los representantes comunales ocurridos en Santa Catarina, del municipio de Tepoztlan, para solicitarle se apliquen los protocolos para juzgar con pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas, como lo establece la Constitución y los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que aportamos los siguientes Elementos para la apelación del caso JO/40/2019 de Santa Catarina.

 Consideraciones

La sentencia emitida en contra de Darío Adrián Martínez, por homicidio en grado de tentativa cometido en contra de Catalino Santiago Salazar Provisor, con una sanción de 13 años y 4 meses de prisión y 58 mil 847 pesos de reparación del daño, da la razón a las víctimas de la comunidad indígena de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, ya que se demostró la culpabilidad del imputado los delitos de referencia. No obstante, la decisión dividida de los jueces, en la línea del voto particular emitido por el Juez presidente Licenciado Daniel Adán Rodríguez Apac, en el sentido de no culpabilidad del indiciado, representa un agravio a las víctimas, ya que incurre en ciertos niveles de discriminación y no incorpora en sus juicios y razonamientos lo establecido sustancialmente en los respectivos protocolos emitidos por la SCJN para juzgar con una perspectiva de respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En el caso de la resolución que tiene que ver con las lesiones graves provocadas al C. Mauricio Franco Sánchez, exonerando de responsabilidad y absolviendo al imputado Darío Adrián Martínez, es lesivo a los derechos de la víctima ya que deja en la impunidad la acción delictiva llevada a cabo por el referido perpetrador, misma que quedó debidamente acreditada durante el desarrollo del juicio oral, tanto con los testimonios fehacientes de las víctimas, policías, peritos y del propio testimonio y confesión del sentenciado, así como de las documentales y pruebas periciales que se desahogaron durante el desarrollo del juicio oral, razón por la cual consideramos se debe revisar a la luz de los criterios fundamentales para llegar al establecimiento de la verdad y la forma en que ocurrieron los hechos delictivos, así como a las diversas causas que motivaron ésta acción criminal que le ocasionó lesiones que básicamente hoy dañaron su integridad y además pusieron en riesgo su vida y que fundamentalmente quedaron debidamente acreditadas por los reportes médicos y pruebas que se desahogaron en el presente juicio oral causa de la presente apelación.

OBSERVACIONES: Caso Santa Catarina,

En la sentencia definitiva de mérito nunca se valora y ni se toma en consideración el respectivo expediente médico que obra en autos remitido por el Hospital Militar de la Ciudad de México en relación a una nota de egreso y valoración clínica, firmada por Juan Lidio el cual explica que es enviado el paciente de su unidad militar y del mismo se desprende que dichas lesiones dejaron u ocasionaron la incapacidad laboral para el C. Mauricio Franco Sánchez por más de seis meses y menos de un año para laborar en su oficio, de lo cual el tiene su sustento económico, como acertadamente en el juicio lo argumenta en su declaración la Médico Legista Jessica Corrales Reynoso, acorde al delito de LESIONES CALIFICADAS previsto y sancionado en términos del artículo 121, fracciones III, V y VII en relación con los numerales 108 y 126, fracción II, inciso b) del Código Penal en vigor.

 

ARTÍCULO 121.- Al que cause a otro un daño en su salud, se le impondrán:

III. De un año a dos años de prisión y de cien a quinientos días-multa, si tardan en sanar más de treinta días;

V. De dos a cinco años de prisión y de doscientos a mil quinientos días-multa, cuando disminuyan gravemente facultades o el normal funcionamiento de órganos o miembros;

VII. De tres a seis años de prisión y de trescientos a dos mil días-multa, si causan incapacidad por más de un mes y menos de un año para trabajar en la profesión, arte u oficio que desarrolla el ofendido y de la que obtiene sus medios de subsistencia;

(…)

ARTÍCULO 123.- Cuando las lesiones sean calificadas, se aumentará la pena hasta en dos terceras partes.

ASI MISMO AL MOMENTO DE RESOLVER DICHO ASUNTO, SE PASA POR ALTO TRATADOS INTERNACIONALES TAL COMO LO ESTABLECE EN SU PARTE ESPECÍFICA:

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

(…)

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)

CAPITULO II – DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

(…)

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

 

(…)

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Parte III

Artículo 6

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

ASI MISMO TRANSGREDE DE MANERA CLARA, PARTES SUSTANTIVAS DE LA:

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

CAPÍTULO III DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación.

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL

Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los Tratados Internacionales.

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;

II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;

III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;

(…)

V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;

(…)

X. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

(…)

    XIII.   En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas. La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

(…)

Derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los territorios y los recursos.

Los pueblos indígenas han establecido conexiones espirituales, culturales, sociales y económicas con sus tierras, territorios y recursos, todos ellos elementos básicos para su propia identidad y existencia. Su tradición en materia de derechos colectivos sobre las tierras y los recursos (a través de la comunidad, la región o el estado) contrasta con los modelos dominantes de propiedad individual, privatización y desarrollo. Cada vez más se reconoce que el fomento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los territorios y los recursos no solo contribuye a su bienestar, sino también al bien común, mediante la solución de problemas como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Las tierras indígenas constituyen alrededor del 20 % del territorio terrestre y contienen el 80 % de la biodiversidad restante del planeta, lo que supone una clara señal de que los pueblos indígenas son los mejores administradores del medioambiente.

En algunos países, se han realizado progresos en relación con el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los territorios y los recursos. Por ejemplo: • En Australia, más del 20 % de la tierra, la mayor parte de ella en áreas remotas, es propiedad legal de pueblos indígenas bajo títulos nativos y regímenes estatutarios de derechos sobre las tierras. • En Canadá, el mayor acuerdo de reivindicación de tierras aborígenes entre el gobierno y el pueblo inuit dio lugar a la creación de Nunavut en 1999, un territorio patrio para el pueblo inuit de Canadá. • En 2011, la República del Congo se convirtió en el primer país africano en adoptar una ley específica sobre los derechos de los pueblos indígenas, incluida la conservación de la tenencia preexistente de las tierras de los pueblos indígenas ante la ausencia de títulos de propiedad. • La ley de derechos forestales de la India de 2006 reconoce los derechos de las tribus registradas sobre las tierras forestales bajo ocupación común o individual mediante asambleas de aldea y requiere el consentimiento de la comunidad para su reasentamiento. • En 2013, el Tribunal Constitucional de Indonesia restituyó los derechos de las comunidades indígenas sobre sus bosques consuetudinarios, que antes eran considerados «bosques estatales». • En Nueva Zelanda, el Tratado de Waitangi en Aotearoa mantiene los derechos individuales y colectivos de los maoríes sobre sus tierras, bosques, industrias pesqueras y otras propiedades, además del establecimiento en 1975 de un tribunal permanente con el fin de considerar cualquier violación del tratado. • En Noruega, la ley de derechos sobre las tierras de Finnmark de 2005 estableció una comisión y un tribunal para considerar y tomar una decisión sobre las reclamaciones de derechos sobre las tierras del pueblo indígena sami, entre otros. • En Panamá, cuatro regiones (comarcas) están reconocidas en virtud de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas; además, la Ley 72 establece un procedimiento especial para conceder títulos colectivos sobre las tierras de los pueblos indígenas que no pertenezcan a comarcas desde 2008. • En 2001, la Federación de Rusia adoptó una ley sobre los territorios de uso tradicional de los recursos naturales, una ley federal que da reconocimiento a la tenencia de las tierras de los pueblos indígenas. • Otros países, como Colombia y Estados Unidos, han reservado extensiones de tierra o territorios para el control colectivo de los indígenas.

Desafíos para reconocer derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, en muchos países no se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas o no se realizan los procedimientos necesarios, como la cartografía de recursos, la demarcación y la titulación. Incluso cuando los pueblos indígenas obtienen protección legal o títulos de propiedad para sus tierras y recursos, la escasa aplicación de las leyes, así como la existencia de leyes contradictorias, suelen dar lugar a la denegación de facto de los derechos de los pueblos indígenas. Además, la entidades estatales o empresariales a menudo realizan proyectos, como presas, autopistas, minas, explotaciones forestales, monocultivos o plantaciones con biocombustibles, sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. A pesar de las decisiones positivas de los tribunales y los órganos de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas a tierras y recursos, los problemas relacionados con el despojo de tierras y recursos, la expulsión o traslado forzosos, la denegación de los derechos sobre la tierra y la continua violencia son una realidad para las comunidades indígenas de todo el mundo. Los defensores de los derechos humanos que protegen sus derechos y sus tierras, territorios y recursos suelen ser víctimas de violencia. Sin el reconocimiento completo ni la implementación de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, hay pocas probabilidades de que los pueblos indígenas se beneficien de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es «no dejar a nadie atrás». Marcos internacionales Los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los territorios y los recursos están firmemente arraigados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (Artículos 3 y 26), así como en el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales n.º 169 y en su convenio predecesor n.º 107 de la Organización Internacional del Trabajo. Otros instrumentos internacionales, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, cuentan con referencias implícitas a los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los territorios y los recursos. Los mecanismos regionales sobre los derechos humanos de África y América también han reconocido los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los territorios y los recursos. Asimismo, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU incluyen la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos de los pueblos indígenas y de resolver cualquier abuso. Desde su creación en el año 2000, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas ha instado repetidamente a los Estados a que tomen medidas efectivas para detener la alienación de tierras en los territorios indígenas, a que proporcionen asistencia financiera y técnica para que los pueblos indígenas cartografíen las lindes de sus tierras comunales, a que pongan fin a los marcos legales y normativos para el registro de títulos colectivos y a que adopten legislaciones nacionales con el principio de consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuando se vean involucrados sus territorios, tierras y recursos. El Foro también ha insistido en que el sistema de las Naciones Unidas debe esforzarse más por implantar mecanismos a nivel nacional e internacional que garanticen el respeto por los derechos de los pueblos indígenas.

 

Por todo lo anterior, es que consideramos se debe incorporar una visión de justicia con perspectiva de respeto a los derechos colectivos indígenas, lo cual en el caso de referencia no ocurre así, tanto en los argumentos esgrimidos en el voto particular que niega validez a las declaraciones testimoniales de las víctimas, como en la resolución mayoritaria de los dos jueces (Jueza y Juez) que exoneraron al agresor Darío, ya que en ambos razonamientos se resta validez a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y se establece en el numeral 82 de la Sentencia definitiva de mérito que:

 

·  82. LOS MOTIVOS QUE ESTE TUVO PARA COMETER EL DELITO. De las circunstancias que integran la presente causa penal no se advierte cuáles fueron los motivos del acusado DARIO ADRIAN MARTINEZ para cometer el delito que se le imputa.

 

Lo anterior carece de un estudio riguroso de los declaraciones testimoniales durante el juicio, ya que los testigos se identificaron plenamente como integrantes de las autoridades auxiliares de Bienes Comunales de Santa Catarina, y señalaron todos y cada uno de ellos, tanto las víctimas directas como los demás integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, que su labor es todo lo relacionado con los tramites agrarios que tienen que ver con la posesión de las tierras comunales, y el propio agresor reconoció que su acción se debió al trámite particular de una expedición de constancia de posesión de la tierra que llegó a solicitar a la oficina donde cometió a todas luces el acto delictivo.

 

El juzgador no debe pasar por alto el origen indígena de las víctimas, de acuerdo a lo establecido por los respectivos protocolos emitidos por la SCJN para juzgar con  perspectiva de respeto a los derechos colectivos indígenas.

Santa Catarina es una comunidad nahua que defiende sus raíces y ha luchado contra los megaproyectos que excluyen a los pueblos y son beneficiosos únicamente para el desarrollo capitalista y la urbanización salvaje que destruye el medio ambiente, los bosques y contamina el agua sin importar que disminuya la calidad de vida de la población. Actualmente hay una lucha en defensa del área estatal de reserva ecológica de El Texcal, que está comprendida dentro del territorio definido por los decretos presidenciales del Corredor Biológico de Flora y Fauna del Ajusco al Chichinautzin de 1989 y del Parque Nacional El Tepozteco de 1939. Esta área ha sido invadida y se pone en riesgo la selva baja caducifolia como los mantos freáticos de recarga acuífera en torno a la laguna de Hueyapan que surte de agua potable a miles de personas de los municipios de Jiutepec y Zapata entre otros.

El pueblo de Santa Catarina ha trabajado en la defensa de la tierra, el territorio, la lengua y los derechos de los pueblos indígenas durante décadas, sobre todo a partir del Decreto de Expropiación que dio origen en 1962 a la construcción de CIVAC en terrenos donde manteníamos un litigio con la comunidad de Tejalpa, en un polígono que va de Acolapa a Acolala y Tetenco y que representan más de 3 mil Hectáreas,  ya que el Decreto de 1939 establecía que dichos terrenos pertenecían a Tepoztlán y el Amparo de 1942 favorecía a Tejalpa, por lo que se opusieron a que CIVAC se extendiera a los terrenos colindantes y en 1975 la comunidad tuvo que movilizarse para defender esas tierras comunales.

Las invasiones continúan y se aceleraron posteriormente a la construcción del fraccionamiento de la Unidad Habitacional de Acolapa, a pesar de las advertencias que es una zona altamente inundable y que año con año padecen sus habitantes, muchos de los cuales han sufrido las consecuencias del sismo del 19 de septiembre por que sus viviendas fueron construidas con engaños por empresarios que no les importa garantizar sus derechos.

Desde ése período, a principios de los años 90s, la comunidad de Santa Catarina ha dado la lucha y ha sufrido la represión, agresión y persecución a sus dirigentes comunales, quienes han tenido que permanecer en prisión injustamente hasta por 15 meses como ocurrió con Mauricio Franco en 1994-1996. También otros representantes como Don Fernando Guerrero Luna, han estado con órdenes de aprehensión por defender la tierra.

Actualmente la Comunidad indígena de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, se encuentra conmocionada por al artero ataque a balazos que sufrieron los representantes de Bienes Comunales en sus oficinas a manos de una persona de nombre DARIO ADRIAN MARTINEZ, que les disparó y dejó con heridas a Catalino Santiago Salazar y a Mauricio Franco Sánchez, Presidente y Secretario, quienes recibieron tres balazos cada uno y fueron atendidos en el Hospital G. Parres de Cuernavaca, donde afortunadamente mejoró su estado de salud por la inmediata intervención del personal de salud.

Este artero ataque criminal fue cometido por una persona quien llegó a las oficinas de la representación de Bienes Comunales de Santa Catarina, a solicitar la expedición de una constancia de posesión de un terreno que asegura haber comprado en terrenos del área protegida de El Texcal, por lo que se le informó que no se podía extender dicha constancia por tratarse un lugar de reserva ecológica, por lo que su reacción fue sacar una pistola que ya llevaba oculta en un morral donde aparentaba llevar documentos y disparar a corta distancia del presidente y el secretario de Bienes Comunales, como quedó asentado en la Carpeta de Investigación HG01/512/2018 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Inmediatamente se le impidió huir y se le sometió por parte del resto de integrantes del comisariado de bienes comunales y se le entregó a elementos de la policía municipal a quienes se les dio inmediato aviso y los heridos fueron trasladados en una ambulancia al Hospital Civil de Cuernavaca “José G. Parres”, siendo las 8:10 de la noche del 2 de julio de 2018.

En ningún momento se debe perder de vista que estos hechos ocurrieron de manera  lamentable; luego de que se ha estado denunciando públicamente y de manera recurrente la invasión de tierras comunales  ubicadas en el área de reserva ecológica de El Texcal por parte de los mencionados representantes de bienes comunales, sin que hasta el momento las correspondientes autoridades tomen las medidas pertinentes de protección y conservación ecológica, lo que de manera evidente aún pone en riesgo la vida y la integridad de quienes hoy defienden la tierra comunal ante invasores y vende tierras.

Por todo lo anterior, no podemos permanecer sin exigir que social y jurídicamente se defienda la tierra comunal frente a las invasiones y a la destrucción ecológica de una gran cantidad de hectáreas en las colindancias con El Texcal, en el polígono que se ubica entre Milpillas, Tetenco y Acolala, por lo que todo el tiempo se ha exigido al Gobierno del Estado de Morelos tomar todas las medidas para su protección y defensa, antes de que sean arrasadas todas estas tierras comunales. En su momento solicitamos que la Fiscalía general de Justicia de Morelos integrara adecuadamente la carpeta de Investigación HG01/512/2018 por el homicidio en grado de tentativa cometido por Darío “N” en contra de nuestro compañero Catalino Santiago Salazar y lesiones calificadas Mauricio Franco Sánchez, de tal manera que haya justicia y no quede éste acto criminal en la impunidad. Que el gobierno a través de las instancias correspondientes tome las medidas de protección y seguridad para la comunidad indígena de Santa Catarina y se den garantías para el trabajo (hoy en riesgo) que llevan a cabo los representantes de Bienes Comunales y que el Gobierno del estado en coordinación con el Gobierno Federal lleve a cabo todas las acciones jurídicas y legales correspondientes a la defensa plena de las tierras comunales de Santa Catarina en el área colindante con la zona de reserva ecológica de El Texcal, pertenecientes al parque nacional El Tepozteco y al corredor ecológico de flora y fauna del Ajusco al Chichinautzin.

 

Estos elementos sin lugar a dudas, deben ser tomados en consideración por los jueces al momento de revisar la sentencia de mérito que injustamente exonera de responsabilidad a DARIO ADRIAN MARTINEZ en el caso de las lesiones cometidas en contra de MAURICIO FRANCO SANCHEZ, para que éste delito e ilegítima acción no quede en la impunidad, como se desprende tanto del voto particular como de la resolución mayoritaria de los jueces que firmaron la sentencia definitiva.

 

El argumento esgrimido por los jueces para exonerar a DARIO ADRIAN MARTINEZ en el delito de lesiones calificadas contra MAURICIO FRANCO SANCHEZ, es que hubo, según el numeral 65 de la Sentencia Definitiva: “…la mayoría de éste Tribunal, sostiene que por deficiencias en el hecho materia de la acusación, no se puede arribar a la acreditación de tal delito”, lo cual consideramos contrapone y paso por alto los testimonios a la prueba científica (Numeral 66). Y si bien es cierto que los testimonios de los policías aseguran que el arma homicida tenía 8 cartuchos, tres percutidos y cinco cartuchos útiles, afirmando que “la prueba material no miente”, sin tomar en cuenta lo que es del conocimiento de los jueces, en el sentido de que si bien se mantuvo la cadena de custodia del arma en cuestión, no se aplicaron debidamente los protocolos de embalaje del arma, ya que según el propio dicho de los policías, fue hasta un kilómetro del pueblo, a la altura de san Andrés de la cal, donde procedieron a embalar el arma. Más aún, la actuación de los policías incurrió en omisión y negligencia al no respetar el protocolo de puesta a disposición tanto del arma como del detenido DARIO ADRIAN MARTINEZ, al grado tal que el Juez de Control ordenó en pasados meses su puesta en libertad al determinar que éste no había sido detenido en flagrancia y que fue detenido ilegalmente, razón por la cual ordenó su liberación y no fue sino transcurrido un mes cuando nuevamente fue detenido mediante una orden de aprehensión que se vio precisada la Fiscalía a solicitar para evitar que el imputado evadiera la acción de la justicia. Es aquí precisamente donde se muestra la incongruencia de reconocer que están acreditadas las lesiones cometidas en contra de MAURICIO FRANCO SANCHEZ durante el forcejeo con DARIO ADRIAN MARTINEZ al exonerarlo de culpabilidad alguna tanto por los dos magistrados como por el voto particular del Juez presidente. La frase extraída del derecho anglosajón de “más allá de toda duda razonable” que invocan los jueces, para adquirir la certeza sobre la condena a ésta persona, deja precisamente de lado juzgar acorde a lo que establece la SCJN de incluir la perspectiva de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que se deja de lado precisamente el testimonio de las víctimas y del pueblo indígena que se reunió para impedir que el agresor terminara con la vida de los representantes de las autoridades auxiliares de Bienes Comunales como era la pretensión del agresor de referencia. Aun cuando los jueces concluyen que absuelven a DARIO ADRIAN MARTINEZ por deficiencias de la Fiscalía, es claro que no se apegaron a los principios que ellos mismos enuncian como los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos afianzados.

 

Atentamente.

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

José Martínez Cruz, Coordinador de Comunicación, Marco Aurelio Palma Apodaca, Coordinador Jurídico, Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de Investigación

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Alto a los ataques a defensores de la tierra y del territorio en Morelos

Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos 5 de agosto de 2019.

Alto a los atentados criminales contra quienes defienden la tierra y el territorio en Santa Catarina.

  1. Cuauhtemoc Blanco Bravo

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.

Presente.

  1. Uriel Carmona Gándara

    Fiscal General del Estado.

Presente.

Denunciamos ante ustedes, como ya lo hicimos ante el Ministerio Público, en la Carpeta de Investigación SC01/7511/2019, con fecha del cuatro de agosto de 2019, el ataque con arma de fuego cometida en contra del domicilio de nuestro presidente de las autoridades auxiliares de Bienes Comunales de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, Morelos, en hechos ocurridos aproximadamente a las 10:30 de la noche del día sábado 3 de agosto del presente.

Este criminal ataque cometido por varios sujetos que se transportaban en dos vehículos estuvieron a punto de privar de la vida a nuestro representante y a su familia, quienes en ese momento se encontraban en sus respectivas habitaciones de su domicilio, lugar al que llegaron los agresores y realizaron hasta 9 disparos de arma de fuego de alto calibre 9 milímetros, ocasionando daños en las cosas ya que los impactos de bala destrozaron vidrios y se incrustaron en las paredes de las habitaciones, sin que afortunadamente ocasionaran lesiones a las personas que en ese momento se encontraban dentro. Los agresores huyeron en sus vehículos sin lograr privar de la vida a nuestro compañero y su familia, sin que hasta el momento hayan sido ubicados ni detenidos.

Cabe señalar que ésta es la segunda ocasión en que el compañero presidente auxiliar de Bienes comunales de Santa Catarina sufre un atentado de ésta naturaleza, ya que el día 2 de julio de 2018 recibió tres impactos de bala por parte de un sujeto que pretendía obtener una constancia de posesión de terrenos ubicados en la zona protegida de reserva ecológica de El Texcal, lográndose una condena de 13 años y 4 meses por homicidio en grado de tentativa.

Como es de su conocimiento, ya que les hemos enviado oficios con anterioridad, estos arteros ataques criminales pretenden impedir que las autoridades auxiliares apliquen los acuerdos de la asamblea del pueblo de Santa Catarina de defender El Texcal e impedir que se siga afectando la reserva ecológica por las personas que invaden, fraccionan y venden terrenos ilegalmente en ésta zona sin que sean investigados ni sancionados por las autoridades.

Ante este segundo atentado que pone en serio riesgo la vida de integrantes de las autoridades de bienes comunales de Santa Catarina que luchan en defensa de la tierra comunal, les solicitamos se tomen todas las medidas de protección cautelar para impedir que continúen los ataques criminales y se realicen las investigaciones hasta lograr que haya justicia y se sancione penalmente a los autores materiales del atentado y se llegue hasta las últimas consecuencias para determinar quienes son los autores intelectuales de éstos hechos.

Nuestro llamado es para que las autoridades presten la debida atención a las denuncias que hacemos como pueblo indígena que lucha en defensa de la tierra y el territorio, por los derechos colectivos establecidos claramente en el artículo 2 de la Constitución que dice: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.”

De igual manera en el Convenio 169 de la OIT que establece el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, y en la reciente Ley sobre Derechos Indígenas para el Estado de Morelos. Exigimos que el gobierno a través de las instancias correspondientes tome las medidas de protección y seguridad para la comunidad indígena de Santa Catarina y se den garantías para el trabajo que llevan a cabo los representantes de Bienes Comunales.

Atentamente.

El Comisariado Auxiliar de Bienes Comunales del Poblado de Santa Catarina, Municipio de Tepoztlán, Morelos.

PRESIDENTE

CATALINO SANTIAGO SALAZAR PROVISOR

 

SECRETARIO

MAURICIO FRANCO SANCHEZ

 

TESORERO

BRIGIDO JESUS OLAMENDI PEREZ

 

CONSEJO DE VIGILANCIA

PRESIDENTE

ANTOLIN REMEDIOS PORTUGAL MARTINEZ

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