Archivo mensual: septiembre 2019

A cinco años seguimos exigiendo verdad y justicia para los 43 de Ayotzinapa.

El 26 de septiembre de 2014 se llevó a cabo una de las más brutales acciones de las fuerzas del Estado para desaparecer a los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en aquella trágica noche de Iguala que  está por cumplir cinco años, este 26 de septiembre de 2019, sin que se logre esclarecer la verdad sobre su paradero y aún con la creación de la Comisión creada por el gobierno de López Obrador, continuamos presenciando estupefactos como liberan a 24 detenidos ligados al caso, producto del desaseo con que actuó el gobierno peñista al arrancar declaraciones bajo tortura para forjar su enorme patraña que resultó la supuesta verdad histórica.

La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país. Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de entre 17 y 25 años de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.

El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.

A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las Autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos.

Por eso es necesario destacar los planteamientos de las familias durante el encuentro con el Presidente López Obrador

  • Que no todas las instituciones –destacadamente, la FGR, Sedena y la Policía Federal- están haciendo los esfuerzos al parejo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas.
  • Solicitaron que el Presidente interceda frente al Fiscal General para que reitere su compromiso en la investigación, incluyendo en las investigaciones de los responsables de las irregularidades. A la vez solicitaron que coadyuve con una reunión con el Fiscal General.
  • Que se profundizara la ayuda internacional que ha llegado en destiempo.
  • Que el titular del Ejecutivo no deje de verlos, que no los deje solos.

Ahí se obtuvieron los siguientes compromisos: La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa iniciarán de cero las averiguaciones sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. El fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, deberá partir de las líneas de investigación aportadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y abrir otras aristas para fincar responsabilidades por las irregularidades en el proceso. Hay una larga lista de funcionarios, como José Murillo Karam, ex Procurador General de la República, y el extitular de la Unidad de Investigación Criminal, Tomás Zerón.

Hacer una investigación independiente, objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha venido creando en los años pasados, empezar desde una base sólida, limpia, en donde se quiten todas estas irregularidades y delitos de lo que significa el delito de la desaparición forzada. Como afirmó la compañera Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, tienen “fe y esperanza” en que las autoridades entreguen avances en el mes de diciembre, pese a los cinco años perdidos, pero la confianza la tendrán en el transcurso de la investigación. Es claro que hicieron mal las investigaciones, por lo que el fiscal especial del caso Ayotzinapa debe garantizar que se abran las puertas de nuevo, dar un paso adelante para seguir con las investigaciones. Para el mes de diciembre, cuando menos, la FGR debe determinar quiénes fueron los responsables de las irregularidades en las investigaciones.

Además,  como afirmó Vidulfo Rosales, el abogado defensor, que la búsqueda de los normalistas se está realizando en vida, hasta que no encuentren pruebas científicas que digan lo contrario. En diciembre debemos tener avances claros en las líneas de investigación que hemos apuntado, en diciembre debe haber ya responsables por las irregularidades de la investigación. Mientras no tengamos evidencia científica irrefutable de otra cosa, los seguiremos buscando vivos.

El fiscal Omar Gómez Trejo debe ir a fondo en las nueve acciones de búsqueda, las cuales indican que los estudiantes están en Guerrero, como ya había informado el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá cumplir con su obligación de poner a disposición de las autoridades a los militares que estuvieron involucrados directa o indirectamente.

Por todo lo anterior es que a 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, En Cuernavaca llevaremos a cabo una Marcha este jueves 26 de septiembre de 2019, a las 4 de la tarde, partiendo del Calvario al zócalo de esta ciudad. Al término de la marcha se llevará a cabo un Foro abierto por la memoria, justicia y verdad, en las escalinatas del zócalo de Cuernavaca. Se concluirá con el encendido de 43 veladoras para iluminar el camino de los desaparecidos a las 7 de la noche.

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores. SME, STRM, STUNAM, SITIMTA, SIIINIFAP, MMB, CIDHM, CAT,  M17Mayo, MOPIM, Yanga, Jubilados, OPT, PCM, PRT, Sindicato Libre del IMSS, Sindicato de Trabajadores Manuales Técnicos y Profesionistas del INAH.

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Feminicidio alerta nacional

José Martínez Cruz/ La Jornada Morelos

 El feminicidio crece a nivel nacional y Morelos ocupa el segundo lugar. A cuatro años de haberse decretado la Alerta de Violencia de Género en Morelos, el Gobierno del Estado no ha cumplido con las medidas decretadas para atender, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio, señaló la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos al presentar un amplio informe, donde concluye que esto es sumamente grave y preocupante, toda vez que no se ha eliminado el feminicidio en Morelos y esta realidad lastima profundamente los derechos de las mujeres y vulnera su derecho a una vida libre de violencia.

 El recuento de feminicidios en el Estado de Morelos es de 1000 casos en casi 19 años. En nuestra solicitud de la Alerta de Violencia de Género documentamos 530 casos en 13 años. Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles. Los feminicidios del 2000 al 31 de Julio del 2019 se han registrado en 32 de los 33 Municipios que conforman el Estado de Morelos, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género. Los 10 Municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 197, Jiutepec con 90, Temixco con 74, Yautepec con 59, Cuautla con 58, Xochitepec con 46, Puente de Ixtla y Emiliano Zapata con 41 cada uno, Jojutla con 36 y Tepoztlán con 32 casos. Del 10 de Agosto del 2015 al 31 de Julio del 2019, durante el período de la AVGM, hemos documentado un total de 351 feminicidios. De Enero al 31 de Julio del 2019 se han documentado 65 casos, 22 más que los registrados en el 2018 para el mismo periodo, es decir, aumentaron alrededor de un 51%.

 Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hizo y se sigue haciendo un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.

 Uno de los primeros objetivos de esta Alerta de Violencia de Género (AVG) ha sido que se analice la violencia feminicida y que se preste la atención social y política que se requiere para que las medidas de prevención, atención, sanción, justicia y restitución integral del daño, sean una política pública asumida por el Estado para garantizar que estos derechos de las mujeres estén vigentes en los hechos y no solo en las declaraciones. Es así que el procedimiento de Alerta de Violencia de Género es un buen mecanismo para examinar de cerca al Estado y detectar el procedimiento o la instancia donde se está reproduciendo la violencia feminicida y determinar las medidas a subsanar. Pero es necesario que las Organizaciones Solicitantes del Mecanismo estén incluidas en todo el proceso, con voz y voto. Si no es así, se abre la posibilidad de que el Estado simule los cambios que tiene que realizar.

 Se requiere un mecanismo público, veraz y confiable para recopilar sistemáticamente los datos desglosados sobre las violencias cometidas contra las mujeres (niñas, adultas y adultas mayores), y no uno discrecional al amparo de decisiones gubernamentales o personales incluso, como los existentes hoy en día. Vemos como los recursos públicos para investigar el feminicidio no se usan como debieran y hoy en día existe una opacidad en el manejo de los recursos para ello. Por lo que exigimos una vigilancia minuciosa en la asignación y gasto de los recursos públicos para atender la AVG en el Estado. Así como auditorias en todas las instancias a las que se les asignaron dichos recursos, y si hubiera malos manejos, que se finquen los cargos correspondientes. Transparencia y Cero Impunidad.

 Es necesario que la Fiscalía General de Justicia del Estado subsane la inexistencia de la Unidad de Contexto, ya que es una grave omisión por el hecho de que ya se destinaron recursos económicos para su creación sin resultado alguno, cuando es urgente realizar un análisis especial sobre violencia feminicida en la entidad, para identificar todas las causales y formas en que se presentan los casos, de tal manera que todo el personal de la dependencia cuente con éste diagnóstico al momento de integrar las carpetas de investigación, pues es urgente identificar factores de riesgo, conocer el contexto socio cultural en el que se desarrolla la violencia, así como las diferentes manifestaciones de la violencia en contra del género femenino, pues el feminicidio se debe combatir a fondo atendiendo las condiciones que favorecen su perpetración. Esta Unidad de Contexto deberá analizar especialmente el tema de acceso pleno a la justicia, pues prevalece la impunidad en la mayoría de los casos de feminicidio. La falta de justicia en estos casos no es sólo un asunto que afecte a las mujeres, sino que tiene como consecuencia un gran daño social.

 Se requiere que los despachos o agencias consultoras a las que recurra el Estado para elaboración de Protocolos, Diagnósticos, Capacitaciones, Campañas, etc., obligadamente deben ser elegidas mediante una convocatoria pública y amplia, donde se contraten las mejores trayectorias con trabajo acreditado.

 La profesionalización y especialización en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, debe ser obligatoria y permanente para la Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, a la Fiscalía General, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, así como al Tribunal Superior de Justicia.

 La Restitución Integral del Daño debe incluir apoyos inmediatos para las familias que han sufrido de violencia de género, especialmente a las de feminicidio, desaparición forzada y trata de personas.

 A las y los servidores públicos que por acción u omisión hagan un mal trabajo que impida a las victimas alcanzar justicia, debe aplicarse penas que contemplen una multa, prisión e inhabilitación para ocupar cargos en la administración pública y de elección popular. Por lo que se requiere modificar el código penal para incluir el Delito de Violencia Institucional donde se señale el no cumplimiento de las medidas de la AVG dentro de dicho delito. La investigación del feminicidio ha sido labor fundamentalmente de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso, mientras exista un feminicidio impune, no habrá justificación legal, política y ética por parte de las autoridades para no tomar todas las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género. El Gobierno Federal, Estatal y Municipal debe dar continuidad en las políticas y acciones de las instituciones para atender la AVG, pues la improvisación y el poco compromiso no permiten combatir este flagelo que priva de la vida a centenares de mujeres y niñas en Morelos.

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Defender a los defensores de la tierra y el territorio en Morelos

Se solicitó al mecanismo nacional de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se tomaran medidas para salvaguardar la vida y la seguridad de los integrantes de bienes comunales. Este mecanismo ha otorgado las medidas solicitadas, lo que obliga al gobierno estatal a coordinarse con su homólogo federal con el fin de llevar a la práctica dichas medidas.

La lucha por la tierra y el territorio debe ser respetada y protegida por el Estado y garantizar los derechos humanos de las personas que las defienden.

En Morelos se ha dado una lucha por parte de la comunidad indígena de Santa Catarina para defender el área de reserva ecológica de El Texcal y el Parque Nacional El Tepozteco, por lo que sus autoridades de bienes comunales han sufrido ataques y agresiones que han puesto en riesgo su vida.

Es importante destacar que recientemente la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, emitió un diagnóstico sobre éste Mecanismo Nacional de protección a periodista y personas defensoras, donde destaca que: “La actuación libre de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas resulta esencial para la verdadera realización de un Estado democrático de derecho. Su exigencia por la verdad y la justicia puede resultar inconveniente para quienes, a pesar de detentar el poder político o económico, no tienen interés en cambios al status quo. En la medida en que afecten los intereses de estos actores, las personas defensoras y periodistas enfrentan riesgos específicos derivados de sus actividades. La responsabilidad internacional del Estado de proteger a los defensores y las defensoras de las agresiones que puedan sufrir se deriva del deber fundamental de todo Estado de proteger todos los derechos humanos, tal y como está consagrado en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este deber de protección no se limita a que los Estados se abstengan de vulnerar los derechos humanos de las personas defensoras y periodistas, sino que también incluye el deber de respetar, prevenir y proteger frente a situaciones de riesgo, así como de investigar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables por las agresiones sufridas por las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

En 2012, el Estado mexicano adoptó una Ley que creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo) “para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.” Tras los primeros seis años de su operación, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la sociedad civil, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y diversos organismos internacionales de derechos humanos coinciden en la necesidad de fortalecer el Mecanismo ante la ausencia de un ambiente propicio y seguro para defender los derechos humanos y ejercer el periodismo en México. La importancia de reforzar el Mecanismo, que al 30 de abril de 2019 protegía a 903 personas, también es objeto de gran interés por parte de la comunidad internacional. De hecho, la protección de la labor de defensa de los derechos humanos fue el tema que generó el mayor número de recomendaciones por parte de los países que analizaron México en el marco del Examen Periódico Universal de noviembre de 2018, con un total de 21 de ellas referidas directamente al Mecanismo

Por todo ello, coincidimos con la ONU-DH en el exhorto de promover un cambio de paradigma hacia un enfoque de prevención combinado con la actuación dirigida a anular las causas del riesgo, que incluya criterios de actuación en los casos de agresiones por parte de servidores públicos y enviar un mensaje de cero tolerancia en relación a estas conductas.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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El Informe a 4 años de AVG en medios

ONG: imparable, ola de feminicidios en Morelos, pese a la alerta de género/ La Jornada El Centro Independiente de Derechos Humanos de Morelos (Cidhm) presentó ayer su más reciente informe sobre la violencia contra las mujeres en esa entidad. Indicó que de 2000 al 31 de julio de 2019 se han presentado en el estado mil casos de feminicidio; Cuernavaca ocupa el primer lugar, con 197.

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