Feminicidio alerta nacional

José Martínez Cruz/ La Jornada Morelos

 El feminicidio crece a nivel nacional y Morelos ocupa el segundo lugar. A cuatro años de haberse decretado la Alerta de Violencia de Género en Morelos, el Gobierno del Estado no ha cumplido con las medidas decretadas para atender, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio, señaló la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos al presentar un amplio informe, donde concluye que esto es sumamente grave y preocupante, toda vez que no se ha eliminado el feminicidio en Morelos y esta realidad lastima profundamente los derechos de las mujeres y vulnera su derecho a una vida libre de violencia.

 El recuento de feminicidios en el Estado de Morelos es de 1000 casos en casi 19 años. En nuestra solicitud de la Alerta de Violencia de Género documentamos 530 casos en 13 años. Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles. Los feminicidios del 2000 al 31 de Julio del 2019 se han registrado en 32 de los 33 Municipios que conforman el Estado de Morelos, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género. Los 10 Municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 197, Jiutepec con 90, Temixco con 74, Yautepec con 59, Cuautla con 58, Xochitepec con 46, Puente de Ixtla y Emiliano Zapata con 41 cada uno, Jojutla con 36 y Tepoztlán con 32 casos. Del 10 de Agosto del 2015 al 31 de Julio del 2019, durante el período de la AVGM, hemos documentado un total de 351 feminicidios. De Enero al 31 de Julio del 2019 se han documentado 65 casos, 22 más que los registrados en el 2018 para el mismo periodo, es decir, aumentaron alrededor de un 51%.

 Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hizo y se sigue haciendo un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.

 Uno de los primeros objetivos de esta Alerta de Violencia de Género (AVG) ha sido que se analice la violencia feminicida y que se preste la atención social y política que se requiere para que las medidas de prevención, atención, sanción, justicia y restitución integral del daño, sean una política pública asumida por el Estado para garantizar que estos derechos de las mujeres estén vigentes en los hechos y no solo en las declaraciones. Es así que el procedimiento de Alerta de Violencia de Género es un buen mecanismo para examinar de cerca al Estado y detectar el procedimiento o la instancia donde se está reproduciendo la violencia feminicida y determinar las medidas a subsanar. Pero es necesario que las Organizaciones Solicitantes del Mecanismo estén incluidas en todo el proceso, con voz y voto. Si no es así, se abre la posibilidad de que el Estado simule los cambios que tiene que realizar.

 Se requiere un mecanismo público, veraz y confiable para recopilar sistemáticamente los datos desglosados sobre las violencias cometidas contra las mujeres (niñas, adultas y adultas mayores), y no uno discrecional al amparo de decisiones gubernamentales o personales incluso, como los existentes hoy en día. Vemos como los recursos públicos para investigar el feminicidio no se usan como debieran y hoy en día existe una opacidad en el manejo de los recursos para ello. Por lo que exigimos una vigilancia minuciosa en la asignación y gasto de los recursos públicos para atender la AVG en el Estado. Así como auditorias en todas las instancias a las que se les asignaron dichos recursos, y si hubiera malos manejos, que se finquen los cargos correspondientes. Transparencia y Cero Impunidad.

 Es necesario que la Fiscalía General de Justicia del Estado subsane la inexistencia de la Unidad de Contexto, ya que es una grave omisión por el hecho de que ya se destinaron recursos económicos para su creación sin resultado alguno, cuando es urgente realizar un análisis especial sobre violencia feminicida en la entidad, para identificar todas las causales y formas en que se presentan los casos, de tal manera que todo el personal de la dependencia cuente con éste diagnóstico al momento de integrar las carpetas de investigación, pues es urgente identificar factores de riesgo, conocer el contexto socio cultural en el que se desarrolla la violencia, así como las diferentes manifestaciones de la violencia en contra del género femenino, pues el feminicidio se debe combatir a fondo atendiendo las condiciones que favorecen su perpetración. Esta Unidad de Contexto deberá analizar especialmente el tema de acceso pleno a la justicia, pues prevalece la impunidad en la mayoría de los casos de feminicidio. La falta de justicia en estos casos no es sólo un asunto que afecte a las mujeres, sino que tiene como consecuencia un gran daño social.

 Se requiere que los despachos o agencias consultoras a las que recurra el Estado para elaboración de Protocolos, Diagnósticos, Capacitaciones, Campañas, etc., obligadamente deben ser elegidas mediante una convocatoria pública y amplia, donde se contraten las mejores trayectorias con trabajo acreditado.

 La profesionalización y especialización en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, debe ser obligatoria y permanente para la Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, a la Fiscalía General, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, así como al Tribunal Superior de Justicia.

 La Restitución Integral del Daño debe incluir apoyos inmediatos para las familias que han sufrido de violencia de género, especialmente a las de feminicidio, desaparición forzada y trata de personas.

 A las y los servidores públicos que por acción u omisión hagan un mal trabajo que impida a las victimas alcanzar justicia, debe aplicarse penas que contemplen una multa, prisión e inhabilitación para ocupar cargos en la administración pública y de elección popular. Por lo que se requiere modificar el código penal para incluir el Delito de Violencia Institucional donde se señale el no cumplimiento de las medidas de la AVG dentro de dicho delito. La investigación del feminicidio ha sido labor fundamentalmente de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso, mientras exista un feminicidio impune, no habrá justificación legal, política y ética por parte de las autoridades para no tomar todas las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género. El Gobierno Federal, Estatal y Municipal debe dar continuidad en las políticas y acciones de las instituciones para atender la AVG, pues la improvisación y el poco compromiso no permiten combatir este flagelo que priva de la vida a centenares de mujeres y niñas en Morelos.

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