Tipificar la violencia institucional para combatir el feminicidio

Ponencia de la CIDHM en el Foro sobre los alcances de la AVG.

Convocado por la CNDH, la CDHDF, UNAM, Museo de la Mujer y la Federación de Mujeres Universitarias.

16 de octubre de 2019.

Tipificar la violencia institucional para combatir el feminicidio.

El orígen de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se encuentra en los aportes históricos realizados por el movimiento feminista y de organismos de defensa de los derechos de las mujeres, quienes mediante un estudio realizado en 10 entidades del país, logramos que el Congreso de la Unión la aprobara en el año 2007. Esta ley es la que permite solicitar la alerta de violencia de genero que, insistimos, es un último recurso jurídico para erradicar la violencia feminicida, y sobre todo para garantizar justicia para las mujeres.

En Morelos hay Feminicidio y existe una violencia sistemática contra las mujeres. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los homicidios de niñas y mujeres son un problema grave e inadmisible. Son parte de la Violencia Feminicida como culminación de la violación de sus Derechos Humanos y evidencian la ruptura del Estado de Derecho en Morelos y en todo el País.

Cada vez con mayor frecuencia se conocen crímenes atroces contra niñas y mujeres de todas las edades en diversos Municipios de nuestro Estado, a pesar de ello, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal no ha diseñado una política integral para enfrentarlos y para abatir la impunidad que los caracteriza. Autoridades de rangos distintos han demeritado los homicidios de mujeres, los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las víctimas y no trabajan con profesionalismo en su esclarecimiento. Ni las desapariciones ni los asesinatos ni la impunidad son identificados como un grave problema, tampoco se reconoce la responsabilidad del Gobierno en los sucesos y su erradicación no es un eje prioritario de la política de desarrollo social y de la gobernabilidad. Los atentados contra la vida de las niñas y las mujeres no se dan en el vacío. Suceden en un entramado social de tolerancia y fomento a la violencia de género cotidiana, misógina y machista, contra niñas y mujeres. Dicha violencia se traduce en delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad jurídica de las mujeres y existe un contexto de impunidad o permisibilidad social. Y los homicidios son su consecuencia y suceden tras procesos vitales marcados por la inseguridad y por escaladas de violencia, y situaciones extremas que culminan en muertes violentas.

La muerte, en muchos casos, no ha sido límite para el daño. Aun después de haber sido asesinadas, sus cuerpos son objeto de agresión. La violencia no termina ahí, las sobrevivientes y las familias de las mujeres asesinadas son objeto de violencia institucional en el ámbito del acceso a la justicia. Así como incontables mujeres victimizadas habían denunciado violencia en su contra ante autoridades que no la consideraron un riesgo para la vida y no asumieron su responsabilidad para evitarla, un número alarmante de casos no son esclarecidos, no se llega a la verdad, los agresores no son sancionados y no hay justicia. Por el contrario, la falta de profesionalismo de los funcionarios, el trato discriminatorio, incluso el encubrimiento a los agresores o la complicidad con ellos, prevalecen en la procuración de justicia. La corrupción hace inconfiables a las instituciones en general para la ciudadanía. Eliminar la violencia feminicida y todas las formas de violencia contra las mujeres morelenses obliga a reorientar el trabajo del Estado. En síntesis podemos decir que la violencia feminicida proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social y representan la materialización de la violencia institucional.

Hay dos tipos de responsables: 1) quien lo comete materialmente 2) quien desde su posición en el aparato de impartición de justicia-definición de leyes refuerza inequidades estructurales que hicieron permisible el delito.

El primer causante es quien con su violencia consumó el acto de muerte. El más visible, aunque no por ello menos exonerado en esta cultura machista que permite que los hombres posean todo, incluso la vida y destino de las mujeres. Además del hecho comisivo de la muerte violenta, está en algunos casos, la desaparición del cadáver y su exposición en un lugar público, con las consecuencias de agravio a la dignidad de las personas.

El segundo es menos visible, normalmente un ministerio público, juez, policía, perito, legislador, que con su acción deliberada, omisión y desdén incurrieron en violencia institucional. Esta violencia se hace evidente en las fallas para atender debidamente los procesos judiciales, atender los protocolos de investigación y aplicar las leyes en materia de derechos humanos de las mujeres. Por todo lo anterior, se hace evidente la deuda histórica del Estado Mexicano con las mujeres, para salvaguardar su derecho a una Vida Libre de Violencia.

La violencia institucional comprende las acciones, prácticas u omisiones de las y los servidores públicos del Estado y Municipios que dilaten, obstaculicen o impidan que las mujeres accedan a los medios o mecanismos para el goce y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales o políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, o aquellas necesarias para su desarrollo de conformidad a lo dispuesto en la CEDAW. (Art. 18. Cap. IV. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

En este sentido, los servidores públicos que presten su servicios para el Estado (en cualquiera de sus áreas) y los Municipios, deberán abstenerse de cualquier práctica discriminatoria o tolerancia de la violencia contra las mujeres, en el ejercicio de su cargo o comisión, pudiendo incurrir en los supuestos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, independientemente de los procedimientos de queja o reclamación que se les pudiera instaurar con motivo de dicha discriminación por la autoridad competente (Art. 19. Cap. IV. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 2007). Este es el marco de la cotidianidad de las mujeres en México. Cuando se concentran o aumentan las formas de opresión y violencia las mujeres quedan en vulnerabilidad y en riesgo de ser asesinadas.

La base de los crímenes contra las mujeres radica en estas condiciones de vida, en las que el género opresivo sobre determina tanto a las mujeres, como a los hombres. De ella dan cuenta los medios masivos de comunicación y son denunciados por organizaciones civiles con indignación y con impotencia por los familiares muestra la realidad de violencia, que viven las mujeres en el país. Feminicidios, Trata de Personas, Tortura, Violencia Sexual, Económica, Patrimonial, Psicológica, entre otras.

Estos hechos conllevan la ruptura del Estado de Derecho y visibilizan la incapacidad del Gobierno Estatal para garantizar la Vida de las Mujeres. Por tanto, el feminicidio representa una Violencia Institucional al violar lo estipulado en los Artículos 18 (“Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”), 19 (“Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”) y 20 (“Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige”) de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Convirtiéndose así en un crimen de Estado.

Al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó una cartilla sobre el tema señalando el principio pro persona, y entre sus observaciones, señala que se puede acudir con una queja cuando se omite brindar protección a la integridad física, psíquica y social de las mujeres. Esto se puede considerar como una prerrogativa legal de las víctimas. Pero no es suficiente.

A su vez el Código Nacional Penal, en su párrafo final, artículo 109, garantiza en el numeral XXIX, que para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables.

Por ello es necesario incluir en éste Código un artículo 109 Bis que establezca la tipificacion y las sanciones de tipo penal a quienes en el ejercicio de sus funciones cometan violencia institucional y con ello transgredan las disposiciones contenidas en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Hasta el momento, solamente se establecen responsabilidades administrativas pero no penales, lo que limita las sanciones correspondientes que sirven como manto de la impunidad.

Consideramos que tipificar y sancionar la violencia institucional, fortalece el derecho de las mujeres y puede poner un freno a la involucion juridica que conlleva a un retroceso legal de los derechos de las mujeres, ya que consideramos que las recientes declaraciones de la Secretaria de Gobernación, en el sentido de que si las AVG no sirven hay que eliminarlas o sustituirlas, sería incurrir en una involuciòn sobre las conquistas históricas alcanzadas, por lo que no podemos permitirlo, toda vez que eliminar derechos y avances en esta materia ha sido severamente cuestionado por la misma CEDAW, quien ha concluido que se están incumpliendo las recomendaciones emitidas en materia de violencia contra las mujeres.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Notas.

CAPÍTULO IV DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.

ARTÍCULO 23.- La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

Privada de las Flores # 16, Colonia San Anton . Página web: cidhmorelos.com.mx,

Correo: cidhmorelos@gmail.com San Antón, Cuernavaca, Morelos. Teléfono: 01777 31855 68

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