Violencias estructurales y la lucha por los derechos laborales

José Martínez Cruz

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores llevaron a cabo un foro-conversatorio sobre las violencias estructurales y la lucha por los derechos laborales en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas, el día sábado 26 de octubre de 2019, en el marco de la 61 acción global por Ayotzinapa.

Estamos viviendo las consecuencias de las políticas neoliberales y privatizadoras del sistema capitalista que genera toda una serie de violencias estructurales que lastiman severamente la dignidad humana y rompe las mejores relaciones sociales, ya que generaliza la explotación, la opresión, la discriminación. La violencia económica en contra de la mayoría de la población trabajadora se pretende hacer pasar como si fuera una ley natural donde prevalece la ley del más fuerte, cuando históricamente ha sido posible debido a la ilegítima forma de dominación de la clase capitalista mediante el uso de la fuerza y las leyes creadas por el Estado para hacer legal lo ilegítimo.

Por tal razón es que consideramos necesario reflexionar profundamente sobre las alternativas que podemos impulsar desde la clase trabajadora para construir una realidad diferente, donde prevalezcan verdaderamente los derechos humanos de la inmensa mayoría de la población frente al poder de los ricos y los dueños de los medios de producción que utilizan al Estado para sus propios fines.

Para avanzar en este camino es que se  abordaron las violencias económicas y la lucha por la defensa de los derechos laborales. La violencia institucional, las desapariciones forzadas y las políticas militaristas frente a las luchas por seguridad ciudadana. La violencia patriarcal misógina y las luchas feministas por una vida libre de violencia. Las violencias estructurales y las alternativas sindicales y sociales.

Estos temas fueron abordados en este conversatorio con ponencias de las diferentes organizaciones como el Centro de Apoyo a las y los Trabajadores (CAT), Comité Democrático del Magisterio (CEND-SNTE), Abogados Democráticos (ANAD), SME, STRM, Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM), OPT, PRT, PCM. También se contó con la participación del compañero Tanis, padre de uno de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

A través del análisis de cada organización del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores, se puede tener una aproximación colectiva a la realidad que se está viviendo por parte de la mayoría de la población trabajadora, que padecen diversas violencias derivadas del sistema capitalista de explotación y que ha aplicado políticas neoliberales en las últimas tres décadas. Las consecuencias han sido el crecimiento de la desigualdad e injusticia social, pobreza y desempleo, pérdida del 70% en el poder adquisitivo del salario, jubilaciones y pensiones privatizadas que implican ganancias para unos cuantos y pérdidas para la mayoría, regímenes de exclusión laboral (apartado B de la Ley Federal del Trabajo) y reformas laborales que pueden concluir en depauperar las condiciones de vida de la clase obrera, por lo que es necesario mantener y fortalecer la lucha contra las políticas neoliberales y recuperar el sentido colectivo y solidario en los derechos sociales como en el sistema de salud, vivienda, seguridad social.

La reforma laboral de 2019 es más regresiva que la de 2012, por lo que hay que preparar la reforma de la reforma, ya que la libertad sindical puede ser un simple eufemismo si se transforma en pulverización sindical y ataque a los principales sindicatos independientes, ya que las supuestas ventajas y virtudes de la reforma se contradicen entre la exposición de motivos y el articulado de la misma, por las lagunas procedimentales en aspectos tan básicos como para acreditar la legalidad de las revisiones de contrato, la obligatoriedad de la conciliación ante los despidos antes de las demandas por reinstalación, lo que retrasa la justicia laboral. El combate al charrismo sindical no es un asunto solo de legislación, sino ante todo un proceso social y político de conciencia de clase y de organización colectiva.

Un ejemplo de injusticia laboral son las condiciones de superexplotación de la mano de obra en la industria maquiladora textil y de la confección, dominada por el trabajo precario y el outsourcing, donde a pesar de los altos controles de calidad y mano de obra calificada tiene bajos salarios, adolece de falta de contratos colectivos, con jornadas diarias de hasta 12 y 14 horas, lo que significa una esclavitud laboral moderna, con altos niveles de violencia de género y hostigamiento laboral y sexual contra la mayoría de mujeres jóvenes y madres solteras, por lo que es necesario construir sindicatos democráticos e independientes, que tengan libertad sindical, espacios libres de violencia, protocolos de cero abuso y garantía del derecho de huelga.

Estas violencias estructurales permanecen ocultas para la mayoría de la sociedad que las percibe como si fueran normalizadas y sin alternativa, sobre todo cuando no se logra alcanzar una conciencia de clase que reivindique una opción antineoliberal y anticapitalista que se requiere construir colectivamente.

Más aún, cuando las violencias se expresan en privación de la vida y de la libertad, es necesario ir a las causas estructurales, para no permitir que continúen creciendo impunemente.

De ahí que el creciente número de desapariciones y feminicidios, están ligados a políticas criminales que llevan a cabo tanto la industria del crimen como instituciones del Estado que han aplicado políticas autoritarias y antidemocráticas, que buscan mantener un estado de terror y parálisis de la sociedad ante los privilegios que detentan las clases dominantes.

La explotación, opresión, discriminación y violencias se retroalimentan mutuamente y están en el fondo de la ruptura del tejido social, que lleva al hartazgo social y a explosiones de inconformidad, como los que hemos visto en otros países y que en México precedieron el rechazo electoral de los partidos neoliberales y privatizadores que ensangrentaron el país durante décadas.

Por eso, la lucha contra las desapariciones tiene a los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa como un referente de dignidad y resistencia hasta lograr que haya verdad y justicia, tanto como el ejemplo de congruencia y honestidad en la exigencia que sostienen las Doñas del Comité Eureka durante más de 40 años y que expresó Rosario Ibarra de Piedra en el discurso en la ceremonia de la entrega de la medalla Belisario Domínguez, quien la entregó en custodia al mismo López Obrador hasta que haya respuesta sobre el paradero de sus hijos.

En esta lucha contra el feminicidio es vital contar con la participación de las organizaciones feministas, de derechos humanos y sindicatos, de tal manera que se puede exigir el pleno cumplimiento de las medidas decretadas en las Alertas de Violencia de Género y se termine con la impunidad y sobre todo se sancione a quienes cometen violencia institucional, ya que se debe garantizar el  acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La mayoría de las víctimas de feminicidio están ligadas a las mujeres trabajadoras que sufren todo tipo de violencias y hostigamiento laboral y sexual en fábricas y centros de trabajo o de estudio y en las mismas familias, por lo que combatir esta violencia patriarcal y machista va de la mano con la lucha anticapitalista que desde la clase trabajadora debemos fortalecer hoy más que nunca.

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