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LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.

Ponencia presentada por Marco Aurelio Palma Apodaca, Coordinador Jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, en el Foro sobre los Derechos de las Mujeres Trabajadoras, realizado en el auditorio del Instituto mexicano de Tecnología del Agua, el 3 de marzo de 2017, convocado por el SITIMTA y el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo con el Paro Internacional de las Mujeres.

 Los derechos laborales y desigualdad salarial.

Por causa del actual modelo económico neoliberal nuestro país está sumido en una crisis general, teniendo mucho que ver en esto el proceso de implementación de las llamadas reformas estructurales por parte del régimen priista de Peña Nieto. Hasta ahora se están poniendo en práctica toda una serie de medidas que están afectando los derechos de la mayoría de la población y muy especialmente de los que depende del trabajo asalariado para subsistir. La razón es fácil de explicar: quienes representan a la mayoría de las instituciones de este gobierno no fueron nombrados por los trabajadores y trabajadoras, ni nunca han representado sus intereses, sino los del gran capital transnacional. El pueblo enfrenta sacrificios, se aprieta el cinturón y la pobreza, la explotación, la injusticia y la represión crecen en forma por demás acelerada.

En dicho contexto es necesario recordar la razón principal por la que existen los sindicatos y es sin duda alguna la defensa de los intereses de la clase trabajadora y coincidimos por demás, en que las organizaciones sindicales son una herramienta colectiva por la cual se pueden lograr nuevas conquistas de carácter social, económico, organizativo, y todo lo relativo a la organización del trabajo. El formar parte de un sindicato libre y democrático es sin duda un derecho laboral cuyo reconocimiento se ha ido conquistando a lo largo de la historia, principalmente a principios del pasado Siglo por lo que contribuyeron de manera importante en ello, la Revolución Mexicana (1910) y la Revolución Rusa (1917). Se considera que el goce de estos derechos por igual requiere de una participación activa y positiva del aparato del Estado y de los funcionarios públicos a fin de satisfacer las necesidades socioeconómicas de la población. El Derecho al Trabajo es un derecho social que implica: gozar de un salario justo y equitativo, de tener descanso, a sindicalizarse, a organizar y estallar una huelga cuando exista necesidad. Dichos derechos fundamentales todo el tiempo han sido reclamados por los trabajadores y trabajadoras y en nuestro país hasta fueron reconocidos en 1917 en la Constitución Política Mexicana especialmente en su Artículo 123 al establecer sustancialmente que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil” (…). Por consecuencia convirtió al Estado en el responsable de hacerlos efectivos. Todos y cada uno de estos derechos son indispensables para que los trabajadores y trabajadoras vivan con dignidad. La cruda experiencia vivida por la clase trabajadora en los últimos años es producto de un tejido de diversos factores, entre los que se cuenta la implementación de lo que gobierno ha dado en llamar –flexibilización-  representada hoy en la aprobación de la contrarreforma laboral (siendo parte también de las referidas reformas estructurales) que se manifiesta sobre todo en la reestructuración productiva, a través de la flexibilización de las relaciones laborales, que significa hacer flexible los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras durante una larga historia de lucha. Con la implementación de dicho proyecto neoliberal, los derechos laborales sufren cada vez mayor deterioro: aumentan las cargas de trabajo; se pierde el poder adquisitivo del salario; se flexibilizan los contratos colectivos, hay dificultades para integrar una organización gremial democrática y se vive constantemente bajo la amenaza de perder el empleo bajo cualquier pretexto, por ejemplo, si el trabajador o trabajadora llega a manifestar algún tipo de denuncia o cuestionamiento sobre las condiciones de trabajo, es tratado como delincuente y castigado con el despido. La situación del país es alarmante, el gobierno afirma que se cumplen las leyes y se respetan los derechos humanos, pero por el contrario estos se están violentando de tal manera que son más los trabajadores y trabajadoras que se encuentra sin empleo estable y sin protección alguna. En el mismo contexto hacemos notar la terrible desventaja en cuanto a las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres en el mundo y nuestro país, por lo que nos permitimos rescatar algunos datos que ejemplifican con exactitud tal situación.

En México actualmente hay casi 20 millones de mujeres que trabajan y un número considerable de ellas no reciben remuneración por su labor; entre profesionistas, los hombres ganan más que las mujeres; entre funcionarios y administradores, acurre lo mismo y en el comercio los varones se benefician de ingresos bastante superiores a los percibidos por las mujeres. Según el índice de discriminación salarial calculado para el año 2016 era necesario incrementar en promedio 5.1% el salario que se les paga a las mujeres para lograr la equidad salarial.

El grupo de ocupación que representa la mayor desigualdad en ventaja para los hombres es el de los trabajadores industriales, artesanos y ayudantes, (grupo en el que tendría que incrementarse el salario de las mujeres un 31.8% para igualarlo con el de los hombres). En el caso de quienes se dedican al comercio corresponde un 10.8% y 14.0% para las y los profesionales, técnicos y trabajadores del arte. Entre las y los oficinistas la brecha es de 10.5% y para funcionarios públicos y gerentes del sector privado, la magnitud de cambio necesaria para igualar los salarios es del 28.4%; en tanto que para trabajadores de la educación la brecha de género es de 1.5%.

Para 2016 la disparidad salarial entre trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de caza y pesca es de 3.1% de diferencias a favor de las mujeres y solamente entre trabajadores en servicios personales, el salario de la mujeres supera al de los hombres en 13.7%; entre las y los conductores y ayudantes de conductores de maquinaria móvil y medios de transporte la discriminación salarial alcanza 1.0% y entre trabajadores en servicios de protección y vigilancia y fuerzas armadas es de 2.0%.

Es importante señalar que cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen incluso más rápido.

En nuestro país 78 de cada cien hombres y 43 de cada cien mujeres participan en actividades económicas. A pesar del incremento durante las últimas décadas de la participación femenina en el trabajo remunerado, sigue siendo muy por debajo debido a muchos factores como la discriminación en las practicas de contratación, remuneración, movilidad y ascenso; las condiciones de trabajo inflexibles; la insuficiencia de servicios tales como guardería así como la distribución inadecuada de las tareas en el hogar, entre otros.

En este sentido, la tasa de participación de mujeres y hombres en el trabajo doméstico fue de 96.2 y 63.7 por ciento respectivamente (2015).

El ingreso promedio por hora trabajada fue de 32.6 pesos para los hombres y 32.2 para las mujeres, mientras que el promedio de horas trabajadas a la semana por parte de los hombres fue de 45.4 y por parte de las mujeres 37.6 horas. La Población Económicamente Activa (PEA) no ocupada o desempleada correspondió a 4.2 por ciento de la población masculina y la femenina 4.6. Como resultado de la diferencia en la participación económica de hombres y mujeres, en la población adulta mayor (60 y mas) de igual manera se ven reflejadas pues en el año 2015 la tasa de jubilación de la población de 60 años y más edad fue de 25.9 para los hombres y 9.1 por ciento para las mujeres.

También a nivel internacional las cifras hablan por sí solas:

Según la ONU esa drástica disparidad salarial amenaza (si no se toman medidas al respecto) con seguir durante muchos años, y en las organizaciones sindicales no es la  excepción.

A lo largo de su vida laboral, las mujeres siguen experimentando grandes dificultades para acceder a empleos decentes. Solo se han logrado mejoras mínimas desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, por lo que existen grandes brechas que deben colmarse con la puesta en marcha de distintas agendas, acciones e iniciativas.

Las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres, y las tasas de desempleo son del 5,5 por ciento en el caso de los hombres y del 6,2 por ciento en lo respecta a las mujeres (de acuerdo a las consideraciones de la Organización Internacional del Trabajo OIT, el desempleo trae consigo dificultades que inciden negativamente en la calidad de vida y la seguridad de las personas. Asimismo, los priva del acceso a los beneficios del desarrollo).

A escala mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres se estima en el 23 por ciento; en otras palabras, las mujeres ganan el 77 por ciento de lo que ganan los hombres. Se necesitaran más de 70 años para colmar totalmente la desigualdad salarial por motivo de género (según estudio e investigaciones de la OIT).

Ahora bien, si las humillantes condiciones de vida de los trabajadores mexicanos resultan escandalosas desde la perspectiva de los derechos humanos, aquellas vividas por las mujeres en el campo laboral lo son aún más, Como lo muestran los datos anteriores. Y por si no fuera suficiente, enfrentan además de las condiciones que les obligan, el ser parte también de una planta productiva, la responsabilidad de la maternidad, educación, salud y alimentación de los hijos e hijas; la administración de la economía familiar; y la responsabilidad de erguirse como el pilar de la familia.

Hacer compatibles estas responsabilidades con las que exige el trabajo asalariado significa para las mujeres un doble esfuerzo, el cual se incrementa con la tarea de desarrollar un proceso personal, con más mujeres y con su familia y grupos de referencia, para reivindicar sus derechos e ir construyendo una identidad de persona libre digna, lo cual representa un gran reto para quienes se han dado a la tarea de promover y defender los derechos laborales.

Las mujeres mexicanas enfrentan una doble paradoja social:

La responsabilidad exclusiva de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos; junto con un ambiente de discriminación, desigualdad y segregación en el trabajo.

Esa discriminación está justificada por las diferencias biológicas entre los sexos y se aplica sobre todo cuando la mujer se embaraza, ante la cual es hostilizada y despedida del empleo, o cuando los jefes o compañeros de trabajo pretenden imponer un mal entendido para hostigar sexualmente a sus compañeras y subordinadas.

En el mercado laboral se establecen las condiciones para preservar la división sexual del trabajo. A las mujeres se les limitan las posibilidades, a un conjunto de actividades consideradas tradicionalmente como “femeninas” a saber: en el comercio informal, preparación y venta de alimentos, servicio doméstico, costura de prendas de vestir; puestos de trabajo que requieren poca calificación, perciben baja remuneración, con menor prestigio social y en áreas no industrializadas.

A pesar de que existen convenios internacionales y disposiciones legales nacionales que garantizan la igualdad entre los sexos, en la práctica, estas reglamentaciones son letra muerta. En México las mujeres enfrentan cotidianamente problemáticas como el hostigamiento y el abuso sexual en el empleo, los despidos por embarazo, la segregación y la violencia laboral.

Esa discriminación de género, perpetuada a través de las relaciones sociales de poder, establece las condiciones para que las mujeres asuman sobrecargas de trabajo que afectan su salud y les resta tiempo para fortalecer su preparación y su liderazgo; lo que les dificulta el acceso a posiciones de poder; y conlleva a que se encuentren sometidas bajo las órdenes de sus jefes varones, quienes las consideran como objetos de los que pueden disponer en razón de su sexo.

Ante dicha problemática los gobiernos no pueden descartar la aplicación de políticas públicas a favor de la equidad. En el ámbito laboral, se podrían aplicar programas permanentes que atiendan de manera especial a las mujeres trabajadoras a partir de equipos interdisciplinarios de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, médicas y psicólogas quienes podrían brindar una atención especial, humana y de calidad con perspectiva de género, sobre todo en los casos de hostigamiento sexual, despido por embarazo y violencia laboral.

Hace falta crear más instancias a favor de la equidad en el trabajo, además de impulsar una serie de acciones para avanzar en este tema como son: el establecimiento de instancias especializadas en la atención a la mujer trabajadora en todo el país; la generación de políticas públicas de equidad en el ámbito laboral, a fin de dar su justo valor a la contribución de las mujeres en términos económicos, culturales y políticos; la profundización e incorporación de la problemática de género en la Ley Federal del Trabajo para atender problema de hostigamiento sexual y despido por embarazo; la difusión de campañas de sensibilización y educación sobre la problemática humana y laboral de las mujeres trabajadoras; y la creación de las condiciones sociales y laborales para una más equitativa distribución de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos e hijas. Solo así se podrá construir un país más democrático y justo, ya que ninguna política de combate a la pobreza o de desarrollo social será viable si persiste la discriminación y segregación contra el trabajo de la mujer.

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Segob recibió documentos AVG en Morelos

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

Sobre el Programa Integra Mujeres Morelos 2013-2018 se establece una falsa premisa, que se cumplieron todas las medidas de emergencia y que sólo se llevarán a cabo acciones secundarias, afirmando, sin demostrar, que se incluyeron todas las conclusiones y propuestas del Grupo de Trabajo que concluyó en la necesidad del establecimiento de la AVG.

Nos percatamos que, lamentablemente, las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre AVG no las conocen los Ayuntamiento, así como tampoco conocen el Sentido de la Alerta y sus acciones, lo que impide contar con indicadores de cumplimiento por las dependencias. Resulta preocupante que se asegure que ya se concluyeron las acciones de emergencia, sin observar resultados positivos en la atención, sanción y erradicación del feminicidio en Morelos que continúa acrecentándose. Se confunden acciones de diagnóstico con resultados. Por eso es que éste programa de largo plazo no responde a las acciones de emergencia que contribuyan precisamente a atender las causas por las que fue emitida la AVG en Morelos: el feminicidio.

Es así que exigimos en la reunión de trabajo que sostuvimos con el Sub Secretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, el día 13 de mayo en las oficinas de la SEGOB en la Ciudad de México, que la verificación de cumplimiento de las medidas de Alerta de Violencia de Género deba quedar claramente establecida para dar respuesta a la sociedad en el cumplimiento del derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la justicia y la dignidad de las mujeres. Y deben precisarse por parte de la Secretaría de Gobernación y de la CONAVIM en la medida del ámbito de su competencia y responsabilidad en la emisión del Decreto de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos con fecha 10 de agosto de 2015.

 El Gobierno de Morelos tiene el mandato de cumplir las recomendaciones emitidas por la SEGOB y CONAVIM de acuerdo a lo que está normado por la Alerta de Violencia de Género prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Protección a los Derechos Humanos de las mujeres. En éste mismo sentido, los 8 Ayuntamientos Municipales que están incluidos en el Decreto de la AVG, como son Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata, Xochitepec, Yautepec, Cuautla y Puente de Ixtla, tienen responsabilidades concretas para su implementación.

En el más reciente informe sobre las medidas y avances sobre la AVG en Morelos, presentado durante la Segunda Sesión de la Comisión Estatal para la prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, realizado el 28 de abril de 2016, presidido por el titular de la Secretaría de Gobernación del Estado de Morelos, Matías Quiróz Medina, sin que hasta la fecha se nos haya hecho entrega del Plan Estatal (Programa Integra Mujeres Morelos 2013-2018) que ahí se aprobó con los titulares de las dependencias y ayuntamientos. Las y los integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., asistimos en calidad de invitadas/os con derecho a voz por ser la organización peticionaria de la AVG, pero no a voto, ahí expresamos que el gobierno estatal no valora con profundidad el sentido de lo que significan verdaderamente las acciones de emergencia que en la AVG tiene un claro objetivo: prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Feminicida en Morelos.

Las acciones de la AVG realizadas de enero a marzo de 2016 en coordinación con UNICEF, con un alcance de 121 mujeres y 29 docentes, que siendo importante muestra limitados alcances numéricos para la entidad. El informe del Centro de Justicia para Mujeres, brindando 635 asesorías, 591 carpetas de investigación, 67 acciones de no ejercicio, 493 órdenes de protección, 55 enviadas al archivo temporal, sin referencia al número total de casos, que en algunos municipios llega al 60% de la población de mujeres, tampoco permite detectar con claridad la eficacia para atender situaciones emergentes como las que estamos padeciendo en la entidad. Si bien se habla de la inversión de 10 millones para el centro de Justicia para Mujeres en Yautepec, no se informa que prácticamente se encuentra en el abandono. En salud se creó una unidad especializada en Yautepec y Centros para rehabilitación para agresores en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, pero no se tiene informe alguno de su funcionamiento.

El Instituto de la Mujer informó de acciones de capacitación en torno a AVG con un alcance de 67 hombres y 160 mujeres durante 2015 y 201 mujeres y 161 hombres en 2016, sin detallar en contenidos y medidas de verificación. Aseguran haber realizado 4 sesiones de capacitación a policías del mando Único sin precisar el número de participantes.

Sobre las Marchas exploratorias de detección de riesgos con perspectiva de género en los 8 municipios, se detalló en qué colonias y polígonos se realizaron recorridos policiacos (40 en Cuernavaca, 69 en Puente de Ixtla, por ejemplo), llamando la atención que tanto en Cuautla como en Yautepec no hubo una sola llamada de auxilio de las mujeres durante tres meses, siendo municipios donde se registraron casos terribles de feminicidio.

El TSJ creó la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, su página web y la firma del pacto para introducir la perspectiva de género en la impartición de justicia emitido por la SCJN, dando a conocer que el número de sentencias fueron 16 en 2012, 44 en 2013, 91 en 2014 y 73 en 2015, sin precisar en qué sentido se emitieron y su alcance, mismo que hemos cuestionado debido a las sentencias muy por debajo de lo que establece el Código penal para feminicidio.

 

Resulta fundamental contar con indicadores de cumplimiento de todas y cada una de las medidas. Por todo ello es que específicamente dar respuesta a los casos de feminicidio, se acordó restablecer las mesas de trabajo para homologar las bases de datos y establecer con precisión todas y cada una de las acciones de investigación en las carpetas que cuenta actualmente la Fiscalía general de Justicia, de ahí que se llevará a cabo una sesión de trabajo el día 20 de mayo, ya que no se trata solamente de números sino de vidas que han sido arrancadas con violencia. Deben ser sancionados los perpetradores, eliminar la impunidad y procurar y administrar la justicia que están reclamando las familias y la sociedad  en Morelos.

Se requiere dar pasos certeros y precisos en todas y cada una de las instancias de Morelos para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

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Hacia el Primero de Mayo 2016 Independiente en Morelos.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Porque la conciencia histórica de la clase obrera y del pueblo trabajador solamente se forja en medio de las luchas y de la solidaridad, mantenemos en alto las banderas de la dignidad y la resistencia para poder construir una alternativa frente al capitalismo depredador y excluyente que nos hunde en la barbarie, la miseria, la violencia, el desempleo, el hambre, la pobreza, y trata de eliminar nuestras conquistas laborales y derechos humanos que han sido producto de las luchas de los pueblos y no concesiones de los de arriba. Este Primero de Mayo de 2016 será un ejemplo de participación consciente y organizada desde nuestros centros de trabajo y pueblos y comunidades para salir a las calles hermanados codo a codo con quienes vivimos de nuestro propio trabajo y no explotamos a los demás para enriquecernos como lo hacen los dueños del gran capital en México y en el mundo, donde el 99% de indignados protestamos contra el 1% de los que concentran la riqueza que todos producimos. Esta convocatoria la estamos haciendo como Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales, para todas las organizaciones sindicales y sociales independientes, para salir en marcha a partir de las 9 de la mañana desde el IMSS de Plan de Ayala hasta el zócalo de Cuernavaca, donde culminaremos con un mitin.

Expresamos nuestra solidaridad con la lucha de muchos años que sostienen las obreras de la costura de Confitalia que exigen el pago justo de sus liquidaciones. Ellas han vivido de manera directa la violencia institucional, así queda en el testimonio que a lo largo de estos 15 años se ha documentado y que dan cuenta cientos de audiencias, represión oficial en sus movilizaciones, eternos procesos legales y desgastantes laberintos burocráticos sin que a las trabajadoras de la extinta empresa Confitalia les hayan pagado en forma completa sus indemnizaciones constitucionales. En reunión con la Jueza Cuarto de Distrito con sede en Morelos, Griselda Sanz Horta, las compañeras le externaron su indignación por tantos años sin una solución a su largo proceso, al manifestar su protesta, la actitud de la jueza fue de agresión abusando de su cargo federal, amenazando directamente a la compañera que le cuestionó la lentitud en el caso, estamos en alerta con la compañera despedida.  Han luchado contra un sin fin de factores y esencialmente contra la falta de acceso a la justicia laboral que en todo momento ha sido negada por los Tribunales Laborales en el Estado. Las despidieron de manera injustificada hace más de quince años y en el trascurso de estos años, algunas se encuentran enfermas e incluso algunas ya fallecieron y sin haber recibido su justo pago. A pesar de todo, el grupo democrático de obreras se mantiene en resistencia, pues su dignidad y conciencia de clase no les permite rendirse.

En este camino estamos y vamos junto con ellas a participar en la gran manifestación de la clase trabajadora este 1º de mayo.  Hemos expresado el apoyo a las caravanas indígenas y campesinas que han bajado desde las montañas a levantar su digna voz, el apoyo a trabajadores del transporte que exigen respeto a sus condiciones de trabajo, así como expresamos el apoyo a la huelga que hicieron en días pasados casi 4 mil obreros del Sindicato Independiente de Nissan, y el apoyo al magisterio de bases que ha sufrido la retención de salarios a 23 maestras y maestros que están amenazados de sufrir despido laboral por oponerse a la evaluación punitiva. solidaridad con el SITIMTA que ha sufrido despidos por exigir contratación colectiva y derecho a la sindicalización, apoyo a la reinserción laboral de los trabajadores del SME, apoyo a los sindicatos telefonista y del STUNAM en sus procesos democráticos internos para fortalecer la lucha en defensa de sus derechos laborales y la democracia sindical, Defender a quienes defienden los derechos humanos, exigir cumplimiento de las medidas de emergencia de la Alerta de Violencia de Género contra los feminicidios, respeto al derecho humano de usuarias y usuarios de energía, solidaridad y apoyo a comerciantes del ALM contra proyectos de remodelación privatizadora y respaldo a las cooperativas independientes frente a instituciones financieras que lucran con los ahorros de jubilados y pensionados.  Hemos mantenido las demandas unitarias frente a las reformas neoliberales y privatizadoras y sus efectos devastadores, con el incremento en las detenciones arbitrarias a quienes se oponen y se les criminaliza con leyes como la llamada Ley Atenco y la legislación que faculta declaración de suspensión de garantías en manos del Ejecutivo, que muestran la represión de un Estado que utiliza el Mando Único y los militares para violar sistemáticamente los derechos humanos, incrementar las desapariciones como los de los 43 y más de 27 mil en todo el país, y generaliza la inseguridad.

Por un primero de Mayo Independiente y de lucha, llevaremos a cabo diversas actividades previas como foros y movilizaciones, por lo que nuestras organizaciones llaman a participar activa y conscientemente a todo el pueblo trabajador del Estado de Morelos. Por acuerdo de la Asamblea de Usuarias y Usuarios de Energía Eléctrica en Morelos (ANUEE), se llevará a cabo el Foro en Defensa de la Educación Pública, Laica y Gratuita, la cita es en el auditorio del SME, Cuauhtémoc 9, colonia Amatitlan, el viernes 22 de abril a las 4:30 de la tarde.

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15 AÑOS DE LUCHA DE LAS TRABAJADORAS

 Marco Aurelio Palma Apodaca y Juliana G. Quintanilla

Las obreras  de confitalia han vivido de manera directa la violencia institucional así queda en el testimonio que a lo largo de estos 15 años se ha documentado y que dan cuenta las cientos de audiencias, represión oficial en sus movilizaciones, eternos procesos legales y desgastantes laberintos burocráticos sin que a las trabajadoras de la extinta empresa Confitalia les hayan pagado en forma completa sus indemnizaciones constitucionales. Han luchado contra un sin fin de factores y esencialmente contra la falta de acceso a la justicia laboral que en todo momento ha sido negada por los Tribunales Laborales en el Estado. Cabe señalar que hace varias décadas el gran consorcio italiano-textil se consolido en el “Gruppo Covarra” que estaba integrado básicamente por varias empresas subsidiarias, siendo las más representativas la Fábrica de Casimires Rivetex y Confitalia dedicadas básicamente a la elaboración y confección de trajes de vestir, así como de ropa con  alta calidad de exportación lo cual genero en su momento enormes ganancias para los accionistas en turno a costa de la explotación de la mano de obra femenina. Es de recordar que dichos empresarios en el año 2001 solicitaron al Juez Cuarto de Distrito en Morelos la declaración (y que en efecto se radico bajo el Expediente 09/2001-V) del llamado estado de “Concurso Mercantil”. La causa estructural que señalaron los dueños del capital fue que supuestamente la llamada crisis nacional los había estado golpeado mucho y por lo mismo ya no contaban con –activos suficientes- para hacer frente al alto porcentaje de obligaciones que tenían ante sus multiples acreedores. En dicho contexto el Juez de Distrito en términos de la Ley de Concursos Mercantiles comunico al llamado Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (IFECOM) que depende de la Secretaria de Hacienda (SHCP) para que a su vez dicha estructura gubernamental designara a un especialista conciliador con el objeto de que lograra salvar con nuevos inversionistas (nacionales o extranjeros) a dicho grupo de empresas con un “convenio de conciliación” nunca se concreto y en consecuencia para el año 2004 se declaro de plano en estado de “Quiebra” a las referidas empresas designándose como lo determina la ley de Concurso Mercantil a un sindico cuya función básica ha sido el de vender o enajenar todos los bienes y derechos que integran la masa concursal; procurando con ello obtener el mayor producto posible para su enajenación “a fin de hacer pago a los acreedores” y que en este caso se tendría que priorizar a favor de las obreras de Confitalia y tal como lo establece el marco normativo vigente. Con la quiebra se declaro desde hace años suspendida la capacidad de ejercicio de las citadas empresas sobre los bienes y derechos que integran la “masa concursal” (es decir la totalidad  patrimonial de la quiebra) los cuales han sido administrados hasta la fecha por el sindico: el cual irónica e injustamente goza hasta ahora junto con su equipo de trabajo de altos sueldos y honorarios, además de poder disponer de “gastos necesarios” para diversas gestiones, ello en detrimento de los muy escasos dineros y recursos para saldar la deuda histórica de justicia laboral que se tiene con las trabajadoras costureras, traducido en el pago de sus prestaciones laborales que hasta la fecha los responsables adeudan. En dicho contexto denunciamos que el Sindico continua escamoteando las indemnizaciones de las obreras las mismas que ganaron legítimamente en los Tribunales Laborales en el Estado desde 2006 y que se encuentran reflejadas en los laudos obtenidos a base de lucha organizada  y jurídica sin embargo dicho especialista en el mes pasado procedió a exhibir las cantidades económicas o las llamadas “cuotas concursales” con base a un porcentaje para prorrateo, con los cálculos técnicos, es decir presento una injusta -lista de pago- basada en complejas y confusas formulas matemático-financieras, que en la práctica coloquialmente significaría pagarles “migajas” a las trabajadoras. No existe claridad en el proceso, por lo mismo nos oponemos a tal injusticia y ya solicitamos a la Jueza Cuarto de Distrito con sede en Morelos no acepte dichas listas de pago ya que se estarían violentando las garantías y los derechos humanos de las trabajadoras y se pronuncie al respecto en su carácter de rectora del Concurso Mercantil de referencia. Así mismo pida nuevamente al Sindico emitir unas nuevas listas de pago justas, claras y acordes a los laudos laborales ganados por las obreras, así como a lo que mandata el articulo 123 de la Constitución Federal, la Ley Federal del Trabajo y los respectivos Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Gobierno Mexicano. Las despidieron de manera injustificada hace mas de quince años y en el trascurso de estos años algunas se encuentran enfermas e incluso algunas ya fallecieron y sin haber recibido su justo pago. A pesar de todo el grupo democrático de obreras se mantiene en resistencia, pues su dignidad y conciencia de clase no les permite rendirse.

En este camino estamos y vamos junto con ellas a participar en la gran manifestación de la clase trabajadora este 1º de mayo.

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Segundo Informe Defensoras Somos Todas.

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

Por defender nuestros derechos laborales, fuimos reprimidas salvajemente por el gobierno panista de Estrada Cajigal en Morelos, relata Griselda Taboada Escobar, en una de las 28 entrevistas publicadas en este documento. Defensoras Somos Todas, en su segundo informe, muestra que en un país como México, donde los altos índices de violencia e inseguridad desdibujan tanto a los agresores como los agredidos, ejercer la convicción de ser defensora de derechos humanos es una decisión de riesgo. Las violencias que sufrimos como defensoras aumentan ya que a la violencia de los diversos contextos donde ejercemos nuestra labor, se suma la violencia de género por ser mujeres y la criminalización y represión por ser defensoras de derechos humanos. La violencia muchas veces comienza cuando el gobierno y la sociedad no reconocen nuestro papel de defensoras invisibilizando nuestro quehacer, cuando las mujeres han asumido un papel protagónico como defensoras de derechos humanos. Esto nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad e incrementa los riesgos a los que nos enfrentamos. Esta es la conclusión de Teresa Valdes de la REDTDT en la presentación de este informe en el Centro PRODH, mismo que se compartió en Jojutla y en la asamblea de la ANUEE, y se presentará en Cuernavaca el 4 de abril en la librería La Rana de la Casona.

En México las defensoras viven y han vivido la violencia de diferente manera, de acuerdo a su contexto individual o familiar, y el contexto propio de su Pueblo, Ciudad y Estado. Entre el periodo de 1974 a 2015, estas organizaciones consideran que los años con mayor violencia fueron el 2014 con un 16.3%; 2009 y 2015 con un 11.6%; y el 2010 y 2013 con un 9.3. Este Informe es resultado de la Segunda Etapa del Modelo de Atención a la Violencia Contra las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana, que visibilizó la violencia contra mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México en el ámbito de su activismo social. Un objetivo es tener un Protocolo de Atención en Casos de Violencia Contra Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana que pueda ser implementado a través del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de derechos Humanos y Periodistas, así como de los Mecanismos Estatales.

El desafío de este proyecto es crear instrumentos de participación social que incidan en la toma de decisiones, lo que implica informar y organizar a la Sociedad Civil para que se elaboren políticas públicas que garanticen la participación y protección de las Defensoras de Derechos Humanos.

El proyecto se estructuró de acuerdo a la teoría feminista de género. El Modelo se aplicó de abril del 2015 a marzo del 2016. Durante este periodo se documentó la violencia sufrida por las Defensoras de Derechos Humanos del 2000 al 2015, en 20 Estados de la República mexicana, los cuales fueron definidos por la presencia de ONG´s pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

La violencia psicológica se mantiene como una de las más graves y recurrentes. En las encuestas se les preguntó si han sufrido violencia por pertenecer a la organización y el 61% respondió afirmativamente, mientras que el 39% dijo que no. De quienes respondieron sí destaca que han sufrido violencia psicológica el 44%, por hostigamiento el 35%, por difamación el 29%, y amenazas otro 29%. Han sufrido Violencia Física el 21.2%, Violencia Económica el 21.2%, Violencia Patrimonial el 15.4% y de Robo en General el 11.5%, Violencia Sexual el 5.8%. De acuerdo a la encuesta realizada, el 23.1% ha referido que ha sufrido Violencia Institucional. Mientras que el 11.5% dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios. En tanto que el 5.8% ha sufrido Violencia en la Comunidad. De los 36 feminicidios de Defensoras de Derechos Humanos señalados, el Estado con mayor cantidad de casos es Guerrero con 8, seguido por Chihuahua con 7 y el Distrito federal con 5. La investigación señala que los agresores son, en su mayoría, agentes del Estado con 23.1%. Mientras que el 11.5% dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.

Cuando se les pregunto el tipo de violencia sufrida, un 21.2% refirió haber sufrido intimidación gubernamental. Mientras que un 11.5% fue intimidada por  grupos de poder económico y también con el 11.5% por poderes fácticos. Dentro de los otros agresores registrados se encuentran: grupos caciquiles con un 9.6%, intimidación paramilitar con un 7.7%, y grupos del narcotráfico con un 7.7%.

Cuando una defensora sufre continuamente amenazas y violaciones a sus derechos humanos no solo se está agrediendo a la persona sino que se limita el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en general enviando un mensaje claro a la sociedad, principalmente a las mujeres, de lo peligroso que es defender los derechos humanos, lo que desalienta la participación en la defensa y exigibilidad de los mismos. Ante esta situación, consideramos fundamental avanzar en la elaboración e implementación de protocolos de atención y protección, que permitan precisar y clarificar las responsabilidades y acciones de las autoridades para crear condiciones y garantías que permita la salvaguarda de las defensoras y periodistas en riesgo en el desempeño de su labor.

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Caminata contra la violencia feminicida

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

“Su lucha no era sólo por el medio ambiente sino por el cambio de sistema, en contra del capitalismo, del racismo y del patriarcado. No sólo asesinaron a nuestra madre, asesinaron a la madre de todo un pueblo. ¡Despertemos, despertemos humanidad! Ya no hay tiempo, nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de sólo estar contemplando la autodestrucción, basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”
Carta de hijas e hijo de
Berta Cáceres, defensora víctima
de feminicidio en Honduras.

La historia del 8 de marzo se sigue escribiendo desde las luchas de las mujeres trabajadoras. Elevando la voz en asambleas, mitines, marchas, movilizaciones. Porque nos queremos libres, iguales y vivas. Porque luchamos por un mundo de pan y rosas para todas y todos. Porque la alegría debe ser un derecho y no un privilegio de unos cuantos. Conmemoramos a quienes nos precedieron, hermanas de sueños y esperanzas, que murieron porque se atrevieron a desafiar el sistema y no se quedaron solo viendo pasar el tiempo. Celebramos que estamos vivas y que no vamos a quedarnos calladas ante lo inaceptable. Ni sumisas ni resignadas. Defensoras somos todas. Como las mujeres trabajadoras de Confitalia que fueron golpeadas y despedidas pero no vencidas, igual las compañeras sindicalistas del SME, del STUNAM, del SITIMTA, las indígenas de comunidades originarias, las maestras normalistas bajo ataque privatizador de la educación, las madres y hermanas de victimas de feminicidio y desaparición forzada que no dejan de exigir justicia y verdad. Por eso la Asamblea de Usuarias y Usuarios de Energía Eléctrica abrió el Foro sobre el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras con más de 600 asistentes. Por eso llevaremos a cabo la Caminata contra la Violencia Feminicida en Cuernavaca este lunes 7 de marzo a las 10 de la mañana del Congreso del Estado al Tribunal Superior de Justicia, para entregar escritos sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.  Porque hemos dicho basta, y echado a andar en ésta caminata por los derechos de las mujeres. Hemos documentado ampliamente las violencias que se tratan de ocultar o aceptar como normales. En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se indica que las mujeres en México, como en otros países, continúan siendo víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los hombres. De acuerdo a información del INEGI, se registra un porcentaje más alto de mujeres víctimas frente a hombres víctimas en los delitos de violación simple (82%), trata de personas (81%), abuso sexual (79%), violencia familiar (79%), violación equiparada (71%), otros delitos contra la familia (56%), y otros delitos contra la libertad y seguridad sexual (83%). Asimismo, incidentes de violencia basada en género se siguen reportando en un gran número de regiones del país. La situación de violencia y ataques contra la vida e integridad personal en contra de las mujeres son unas de las razones por las que la sociedad civil ha solicitado la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en diferentes ocasiones. En ocho municipios de Morelos está vigente esta AVG y exigimos que se cumpla en todas sus recomendaciones sin simulaciones. Es necesario erradicar el feminicidio y evitar que siga creciendo la violencia sexual, principalmente en contra de mujeres detenidas, así como las agresiones, actos de hostigamientos y homicidios en contra de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas. Para dar respuesta a la violencia de género en el país, el Estado mexicano, ante el impulso de organizaciones de la sociedad civil y recomendaciones de organismos internacionales, ha generado una serie de leyes, reglamentos, instituciones y mecanismos. Uno de estos mecanismos es la “alerta de violencia de género”, prevista en el artículo 22 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Según el INEGI, entre 2013 y 2014 siete mujeres fueron asesinadas diariamente en México. En el 2012 la tasa de homicidios de mujeres fue de 4.6 muertes por cada 100.000. Afectan sobre todo a víctimas en situación de pobreza, lo que dificulta aún más que sus familiares tengan acceso a la justicia, fomentando la impunidad por estos delitos. En México, el término “violencia feminicida”, está definido como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. El Estado tiene el deber de investigar efectivamente con alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de violencia contra las mujeres. A nosotras nos corresponde levantar la voz y gritar muy alto en las jornadas por el 8 de marzo: ¡Ni una mujer más víctima de feminicidio! .

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Violencia Feminicida y doña Petra

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca
La Violencia Feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres (Art. 21, Cap. V. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007; Art. 19. Cap. V. Ley AMVLV en Morelos, 2007). Los crímenes contra las niñas y mujeres se cometen en sociedades o en círculos sociales cuyas características patriarcales y la violación de los derechos humanos se concentran y se agudizan de manera crítica. En su mayoría se articulan con otras condiciones sociales y económicas de extrema marginación y exclusión social, jurídica y política. Son el producto de una organización social basada en la dominación de hombres sobre mujeres, caracterizada por formas agudas de opresión de las mujeres con sus constantes mecanismos de desvalorización, exclusión, discriminación y explotación a las que son sometidas las mujeres por el solo hecho de serlo.
El Ministerio Público no aplica el Protocolo vigente para Investigar el Feminicidio. Eso visibiliza una omisión institucional y garantiza la impunidad de los Feminicidas. La inmensa mayoría de los casos no son investigados ni sancionados como feminicidio. Y aun cuando se incrementó la penalidad para fijarla entre 40 y 70 años, existen casos que han sido sancionados con la penalidad de 7 años, como los cometidos en Cuernavaca. En Morelos hay avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en el sistema judicial adversarial: Reforma del Sistema de Justicia Penal y los Derechos de las Mujeres. Como resultado de la reforma constitucional de justicia penal del 2008, México y Morelos en particular, está experimentando una transición a un nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial con juicios orales. Si bien se manifiesta las bondades de dicho sistema en términos de protección de los derechos humanos y las ventajas que ofrece para las sobrevivientes de violencia, también se revela que los problemas de discriminación estructural no desaparecen, sino que incluso se refuerzan con el falso cobijo de la presunción de inocencia. Existe un uso mínimo de las posibilidades del sistema acusatorio, y en la mayor parte de las situaciones parece convivir un doble sistema, el inquisitivo en la práctica y uno acusatorio en la norma. Por ejemplo, en la figura de coadyuvancia, contemplada en Morelos en transición al nuevo sistema acusatorio, se reconoce el derecho de las víctimas a constituirse como acusador coadyuvante, lo que implica que el ministerio público conserva el monopolio del ejercicio de la acción penal pero que la víctima u ofendido pueden participar directamente en el proceso para defender sus intereses. Al constituirse las víctimas como coadyuvantes pueden recurrir todas las decisiones previstas por el código procesal. Como puede observarse, esta figura permitiría a las mujeres sobrevivientes de violencia incidir en el desarrollo y contenido del proceso a fin de salvaguardar por sí misma sus intereses. Una de las problemáticas subyacente a esta figura son los obstáculos económicos y geográficos. Por ejemplo, en Morelos contempla la asistencia jurídica gratuita de un abogado/a en caso que las mujeres victimizadas así lo requirieran, sin embargo, hay pocas abogadas/os para cubrir una demanda tan numerosa que en definitiva no asegura la calidad del servicio prestado y podría, incluso, abonar a las problemáticas que de por sí ya viven las mujeres al acercarse al sistema de justicia. Otro tema de preocupación es que pocas mujeres logran llegar a la audiencia de juicio oral: la mayoría de los asuntos concluyeron en la firma de un convenio ante el juez de control de garantías. Los modos de terminación simplificada del proceso y de suspensión del proceso pueden constituir posibilidades para que las mujeres sobrevivientes de violencia no transiten por las distintas etapas del proceso penal y que obtengan una respuesta judicial adecuada al tiempo que los daños son reparados. Sin embargo, al mismo tiempo, pueden constituirse en vías para la impunidad de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres. ¿Hasta dónde este sistema de juicios orales protege realmente a las mujeres que han sufrido violencia feminicida? Son historias de mujeres que mueren violentamente por el hecho de ser mujeres. El caso emblemático de Doña Petra Benítez Barrios, cuya investigación es realizada por la Fiscalía de Homicidios, es un claro ejemplo de que los delitos de Feminicidios no se tipifican como tales y que los Protocolos para Investigar los Feminicidio existentes en la Fiscalía, antes PGJE, no se aplican. Esta situación hace que no haya avances en la investigación sobre su feminicidio. Además demuestra como la violencia institucional se ejerce contra ella aún después de muerta, pues aun cuando ella murió asesinada en su domicilio luego de haber sufrido durante años ataques a su integridad personal, como haber sido detenida arbitrariamente, torturada, violada sexualmente, arrojada desnuda a un lugar público, perseguida y amenazada sistemáticamente, agredida por arma de fuego por un elemento policiaco, finalmente es asesinada y es estigmatizada por el mismo gobierno ante los medios de comunicación, acusándola de secuestradora. Su caso ni siquiera ha sido presentado ante el sistema penal acusatorio por falta de elementos en la investigación para indicar quienes son los perpetradores del crimen. Está claro que los operadores del sistema penal acusatorio no consideran que los Tratados Internacionales y las leyes de protección de los Derechos Humanos de las mujeres, los obligan a llevar a cabo acciones concretas de protección a favor de las mujeres victimizadas. Doña Petra nunca recibió medidas de protección que hubiese permitido proteger su vida ya amenazada sistemáticamente. Esto es inaceptable y deja evidenciado la Violencia Institucional y el sistema misógino, que abarca a jueces, magistrados, ministerios públicos y fiscales investigadores.

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