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Sismos, el rostro de la desigualdad social – Contralínea

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Los sismos de septiembre evidencian la desigualdad socioeconómica, vinculada al modelo de desarrollo inequitativo que produce víctimas de desastres naturales, corrupción y negligencia en protección civil

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Los desastres son procesos de construcción social del riesgo vinculados al modelo de desarrollo económico inequitativo, en el que inciden factores ajenos al peligro, al fenómeno natural. Esos factores son, por ejemplo, la pobreza, desigualdad social y corrupción, que exacerban el riesgo de la población a ser parte del desastre, advierte Norlang Marcel García Arróliga.

Dichos factores, explica el subdirector de Análisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), “tienen que ver con la estructura de la sociedad, las condiciones de pobreza y marginación, y desigualdad económica que provoca que las personas se asienten en lugares de mayor riesgo al no contar con los recursos para ubicarse en lugares apropiados”.

En entrevista, García Arrógila expone que la relación entre las condiciones sociales (pobreza, marginación, precariedad de la vivienda, carencia o incumplimiento del reglamento de construcción y corrupción) provoca que el fenómeno natural se convierta en desastre y que su magnitud no tenga una relación directa con los efectos que ocasiona, fundamentalmente, por  condiciones socioeconómicas.

Señala que lo anterior se vislumbró con los sismos del 7 y 19 septiembre de 2017, se observó que gran parte de los edificios colapsados habían sido construidos en años previos al sismo de 1985 y evidenciaron que  muchos edificios nuevos que se colapsaron no cumplían con el reglamento de construcción. “Es decir, está el Reglamento pero no se cumple por irregularidades tanto de las instituciones de gobierno, de no verificar las obras, como de los constructores, y aparece la corrupción”.

Desde el sismo de 1985 se restructuró al reglamento de construcción de la Ciudad de México, para que no se repitieran los estragos de los sismos. Sin embargo, 32 años después “vemos que el Reglamento no se cumplió, sea por omisión o corrupción”.

¿Dónde están los responsables de obra, los arquitectos, la responsabilidad social?, se pregunta el experto. “Sin duda, los sismos de septiembre pasado develaron falta de seguro de las viviendas, corrupción, incumplimiento del reglamento de construcción, pobreza y desigualdad social”.

El especialista, quien ha participado en más de 80 misiones de evaluación del impacto socioeconómico de distintos desastres en México, indica que “en las mediciones del impacto encontramos –a 2 meses de los sismos de septiembre– que en Oaxaca, de más de 570 municipios, 300 fueron declarados en desastre, por lo que la evaluación para acceder a los fondos [públicos] es muy compleja por las reglas de operación del Fonden [Fondo Nacional de Desastres], diseñadas para para la reconstrucción de viviendas, escuelas, instituciones e infraestructura en zonas vulnerables”.

Dice que hasta el 30 de noviembre se han censado 65 mil viviendas tan sólo en Oaxaca con daños parciales y totales, lo cual implica que cerca de 300 mil personas resultaron afectadas en la entidad. En Chiapas, el panorama es parecido: los sismos afectaron a más de 58 mil viviendas, y se analizan los casos de Morelos y Puebla, parte de Guerrero y el Estado de México.

En su recorrido por las zonas devastada en Oaxaca y la Ciudad de México, el analista del Cenapred califica los fenómenos de septiembre como sismos de contraste, ya que su efecto devastador pegó a población vulnerable en Chiapas, Oaxaca y Morelos, y a la clase media en la capital, que al final son damnificados. “Es la contraparte que ahora necesita el apoyo del gobierno”.

Sin embargo, explica que los recursos del Fonden como instrumento de política pública se diseñó para atender infraestructura pública y vivienda de los pobres y en la Ciudad de México el análisis del proceso de reconstrucción es distinto, ya que en la capital el sismo afectó a la clase media, por lo que habrá que esperar para ver cómo se elabora el esquema de reconstrucción.

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El analista del Cenapred señala que se elabora un estudio del impacto económico de los sismos en la Ciudad de México, así como en Chiapas y Oaxaca, éstos últimos más expuestos a fenómenos sísmicos y con un componente social de marginación mayor según el Índice de Marginación del Consejo Nacional de Población (Conapo), en el que la pobreza exacerba el fenómeno natural y lo convierte en desastre.

El Fonden ha destinado hasta octubre de 2017, 6 mil millones de pesos para reconstrucción de vivienda, escuelas, centros de salud, caminos, puentes e infraestructura hidráulica. Sin embargo, agrega que aún falta un análisis más preciso tanto en términos de población como de infraestructura afectada.

“Esa cantidad solo cubre lo que se requiere para Oaxaca, por lo que se tienen que hacer ajustes presupuestales para cubrir los daños en el resto de las entidades”, subraya. Sin embargo, aclara que con los recursos del seguro para sismos y huracanes por 2 mil 600 millones de pesos cubren la reconstrucción de los estragos sísmicos en Chiapas.

En la Ciudad de México, darán 120 mil pesos para vivienda con destrucción total, lo cual no alcanza a quienes resultaron afectados, pues en teoría este sector de la población debía haber asegurado su patrimonio ante la posibilidad de sismos.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros señala que sólo el 8 por ciento de las viviendas del país cuenta con un seguro en caso de desastres de origen natural y de ese porcentaje gran parte de las viviendas aseguradas son objeto de un crédito hipotecario.

“Es un tema delicado ya que ha habido inconformidad social de la clase media que rechaza créditos y demanda reconstrucción de sus viviendas, es un proceso muy complejo que se tiene que evaluar para la reconstrucción en la Ciudad de México”.

Se calcula que los sismos de septiembre tendrán un costo de más de 48 mil millones de  pesos para los estados afectados, cantidad similar al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1 año y en orden de magnitud esa cantidad significa que se perdió toda la inversión del 80 por ciento anual en el combate a la pobreza del programa Oportunidades.

“Esta cifra es global y se va a decantar y esperar. Por ejemplo, en la capital el censo real de cuántos edificios serán demolidos o reconstruidos y sus costos, pues por ser en zonas de alto valor económico tardará más tiempo la evaluación”, apunta García Arrógila.

“Qué va a hacer la clase media: aceptar los créditos hipotecarios o va a adoptar otra vía, pues mientras que en Chiapas son propietarios de su tierra o casa, en la ciudad hay propietarios y arrendatarios. Hay edificios con riesgo de colapso cuyos habitantes se ampararon para que no sean demolidos los inmuebles. Se trata de diferentes niveles de desarrollo y de atención”.

Por ello, indica que los especialistas están actualizando los datos. “Desafortunadamente habíamos tenido 3 años consecutivos donde tanto la reducción de pérdidas como de vidas era latente y se veía reflejada a partir del año 2014, cuando bajó, y en 2016 bajó aún más, pero con los sismos de septiembre y los fenómenos hidrometeorologicos por sequía, inundación y lluvias, más el terremoto en Oaxaca, así como heladas en estas fechas, la situación se complicó”.

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Incidencia de desastres y declaratorias de emergencia

Los fenómenos de tipo geológico han sido los que mayores decesos han provocado en México.Así lo demuestran los eventos ocurridos en la década de 1980, como la erupción del volcán Chichón en Chiapas, donde perecieron cerca de 1 mil personas; y el sismo de 1985 en la Ciudad de México, con 10 mil muertos; así como los sismos de septiembre pasado, donde perecieron 224 personas, indica Norlang Marcel García Arróliga.

En su análisis De la gestión del riesgo a la gestión del desarrollo, elaborado en conjunto con Fernando Vázquez Bravo (maestro en economía por la UNAM) y publicado en la revista del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP, agosto de 2017) los especialistas indican que la tendencia que presenta México respecto al impacto de los desastres naturales es similar a la del resto del mundo.

En términos de recurrencia, el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos es trascedente en los últimos 30 años, nueve de cada 10 desastres son provocados por este tipo de fenómenos, tan sólo en 2015 la proporción de daños y pérdidas con respecto al total estimado fue de 96.2 por ciento, agrega.

De los 10 desastres de mayor impacto económico en los últimos treinta años, el sismo de 1985 el que mayor impacto tanto en términos económicos como en vidas humanas se ha presentado en México. “Más de 500 edificios resultaron destruidos, muchos de ellos del sistema de salud que dieron origen al colapso en los servicios de emergencia”.

La relación entre la intensidad del fenómeno y sus efectos no son lineales. Un ejemplo es el huracán Wilma de categoría cuatro que dejó un nulo número de víctimas, pero afectaciones económicas considerables debido a que se registró en el centro turístico más importante del país, donde el valor del sistema expuesto era sumamente costoso. Al contrario, el  huracán Stan de categoría uno en 2005 en Chiapas develó las vulnerabilidades físicas y sociales provocando el deceso de 86 personas.

Durante el periodo de 2001 a 2015, se registraron 753 declaratorias de emergencia y 520 declaratorias de desastres. Esta tendencia se debe al aumento constante en la emisión de declaratorias de emergencia sobre las de desastre, principalmente durante los periodos 2005-2007 y 2014-2015, ya que durante estos cinco años el comportamiento de ambas ha sido claramente opuesto.

El incremento en la emisión de las declaratorias otorgadas a estados y municipios se ha intensificado durante la primera mitad de la administración de Enrique Peña Nieto, ya que ha sido ésta la que ha emitido un mayor número de declaratorias en comparación con el mismo periodo de las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Al comparar la emisión de declaratorias de los primeros 3 años de los gobiernos de Vicente Fox (2001–2003), Felipe Calderón (2007-2009) y Enrique Peña Nieto (2013-2015), las primeras representan, respectivamente, el 54.8 y el 71.9 por ciento del total de declaratorias emitidas por Peña Nieto, tendencia que refleja la incidencia de fenómenos en los últimos años, relacionados fundamentalmente con el clima.

Desastres y marginación municipal

Las declaratorias de emergencia y desastre dependen de la intensidad del fenómeno que impactará o ha impactado a la comunidad, así como del nivel de daño ocasionado. En general se carece de un componente socioeconómico que determine y racione la emisión y aprobación de estas declaratorias, detalla el experto del Cenapred.

La heterogeneidad en el desarrollo socioeconómico a nivel regional puede apreciarse si agrupamos a las entidades federativas de acuerdo al Índice de Marginación 2015 del Consejo Nacional de Población.

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Las cinco entidades federativas con mayores declaratorias de emergencia concentran el 45.7 por ciento del total, a saber: dos tienen un nivel de marginación muy alto (Chiapas y Oaxaca), una tiene nivel de marginación Alto (Veracruz), una tiene nivel de marginación medio (Coahuila) y una tiene nivel de marginación bajo (Chihuahua).

García Arróliga explica que el riesgo de desastre está en función del peligro, de la exposición y la vulnerabilidad. El primero se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente destructivo en un lapso dado y su capacidad destructiva se mide por su intensidad y su frecuencia. Por ejemplo, el ciclón tropical contiene tres peligros: la lluvia, el viento y la marea de tormenta.

La exposición es cantidad de personas y bienes expuestos a ciertos peligros. La Ciudad de México es un caso que ejemplifica lo anterior al ser una ciudad densamente poblada con un cantidad de bienes y servicios que dan como resultado una generación de riqueza cercana a casi una quinta parte del producto interno bruto del país y tener un peligro sísmico importante.

Finalmente la vulnerabilidad, susceptibilidad de bienes expuestos a ser afectados, tiene diversas aristas en la teoría del riesgo de desastre, ya que se expresa de diversas maneras. La más común es la vulnerabilidad física, la propensión de una vivienda a resistir un sismo, vientos de un huracán o inundaciones.

Sin embargo, el analista del Cenapred asegura que de las tres variables que integran el riesgo de desastre, “en la única que se puede incidir es en la vulnerabilidad, ya que en el peligro es imposible actuar (no se puede detener un huracán, por ejemplo, o no se puede hacer que deje de temblar), mientras que incidir en la exposición resulta costoso y sumamente difícil”.

Y es que, detalla, “no es fácil reubicar un asentamiento humano que está sujeto a algún peligro, además de los altos costos económicos, inciden cuestiones que van desde la esfera social a la política”.

El experto agrega que “es así como la materialización del riesgo es el desastre, el cual no es más que la interacción de un fenómeno natural con una población vulnerable y expuesta, generando con ello la pérdida de vidas humanas y el consecuente impacto en los medios de vida de la población, medidos en daños y pérdidas”.

Insiste en que la construcción social del riesgo es la que, históricamente, se ha edificado por procesos inequitativos de desarrollo que vive nuestro país y que dan origen a una población vulnerable, tanto en sus condiciones sociales como económicas, que se asienta en lugares sumamente expuestos a los efectos de los fenómenos naturales.

En México, de acuerdo con cifras Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para 2014 había 55.3 millones de personas consideradas en pobreza y 11.4 en pobreza extrema. A nivel de estatal en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la pobreza abarca de 65 a 76 por ciento de su población y son, al mismo tiempo, las entidades que junto con la Ciudad de México, presentan el mayor peligro sísmico del país.

La pobreza se refleja en diversos aspectos, como en la calidad de la vivienda. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son las entidades que presentan los mayores rezagos en vivienda en cuanto a la calidad de los materiales en muros, con el 22.8 por ciento, 37 por ciento, y 33.6 por ciento, respectivamente, lo que las hace sumamente vulnerables a sismos.

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Hay cuestiones históricas que afectan este desastre, por ejemplo la vivienda que se colapsó en Oaxaca y Chiapas es de adobe, sin columnas ni trabes, sumamente vulnerables a los sismos y tienen un componente de tipo social el modelo de construcción de más de 100 años en la región que resultó afectada por su vulnerabilidad.

A nivel  nacional, se eleva al 34.6 por ciento donde más del 63 por ciento de la vivienda en nuestro país es de auto construcción, es decir, “se construyen sin tomar en cuenta ningún reglamento que regule su construcción. Por ejemplo, en el caso de Chiapas tan sólo 17 de los 122 municipios cuentan con este instrumento”.

Es así que el factor de la vulnerabilidad, en todas sus vertientes: social, económica, política, institucional, tienen efectos amplificadores en el peligro, con lo que, además de gestionar el riesgo también es impostergable una gestión del desarrollo, con énfasis, entre otros temas en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial, desarrollo social, económico y humano.

También se debe analizar la parte institucional, pues quienes reglamentan el desarrollo urbano en los estados, según el artículo 115 constitucional son los presidentes municipales que autorizan obras sin análisis de riesgos. “No sólo es la corrupción sino que los desarrolladores que tampoco hacen análisis de riesgos, el presidente municipal lo autoriza y luego viene el desastre y la pérdida de vidas”.

José Réyez

[SOCIEDAD]

Fuente: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/12/26/sismos-rostro-la-desigualdad-social/

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Defensoras de derechos humanos exigen al gobierno federal más protección

Se triplicaron agresiones, aseguran.

Escrito por  Maciel Calvo

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH Morelos) informó que se triplicaron las agresiones contra las mujeres defensoras de derechos humanos y exigió al Estado mexicano garantías para ejercer esta actividad.

Juliana García Quintanilla, coordinadora de la organización civil e impulsora de la Alerta de Violencia de Género en Morelos, relató que en el primer año del gobierno del presidente de la república Enrique Peña Nieto, se cometieron 189 agresiones contra defensoras, pero en el 2016 el número de ataques se triplicó al registrarse 550 casos.

Al dar conocer las conclusiones del Conversatorio Nacional de Defensoras, en el que participaron representantes de 12 estados del país, señaló que la violencia contra las defensoras tiene su origen y fundamento en un sistema de dominación jerárquico patriarcal y misógino que se debe modificar estructuralmente.

Consideró necesario fortalecer la perspectiva feminista de reivindicación de derechos de las mujeres defensoras, los lazos de solidaridad y sororidad ante cualquier tipo de agresión que ponga en riesgo la vida, la libertad y la actividad de las defensoras en el ámbito público y privado.

Durante el encuentro, una de las conclusiones y principales preocupaciones es el aumento de las agresiones contra las defensoras de derechos humanos, quienes han salido a las calles en defensa de la tierra y el territorio, por la presentación de los desaparecidos, contra el feminicidio y la violencia institucional, que en los últimos años alcanzó niveles alarmantes.

“En este conversatorio concluimos que México es el país más violento para las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. De 2013 a 2016, es decir durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ocurrieron un mil 360 agresiones contra defensoras, en promedio, una cada día. Esta cifra es mayor a la registrada en Honduras, Guatemala y El Salvador para el mismo periodo: un mil nueve, 738 y 173, respectivamente”, recalcó.

A este torbellino de terror, dijo, “hay que agregar que 22 de nuestras compañeras defensoras han sido asesinadas en lo que va del actual sexenio y 22 más han padecido intentos de asesinato”. Además, en el 35% de los casos de agresiones contra defensoras registrados entre 2013 y 2016, hay claros elementos de discriminación por motivos del género.

García Quintanilla exigió al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones legales y garantizar la seguridad de las defensoras, porque lamentablemente los mecanismos de protección a mujeres reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no funcionan adecuadamente.

Por ejemplo, expresó, la declaratoria de Alerta de Violencia de Género a la fecha se ha establecido en una docena de estados, sin que se apliquen las medidas ordenadas, prevaleciendo la simulación que no permite enfrentar de manera urgente las violencias para investigarlas, para proteger, sancionar y erradicar el feminicidio y las distintas violencias que viven las mujeres.

“Las mujeres defensoras de México confiamos en nosotras, en nuestras capacidades, en nuestras propias estrategias y mecanismos de protección. Esa es nuestra gran apuesta. Al Estado mexicano le demandamos que cumpla con su deber de garantizar nuestro derecho en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad.

“Mejor dicho, le exigimos que deje de violentarnos, ya que de acuerdo con el Registro Mesoamericano de Agresiones a Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en el sexenio actual 631 agentes del Estado nos agredieron”, sostuvo.

https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/117291-defensoras-de-derechos-humanos-exigen-al-gobierno-federal-mas-proteccion.html

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LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.

Ponencia presentada por Marco Aurelio Palma Apodaca, Coordinador Jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, en el Foro sobre los Derechos de las Mujeres Trabajadoras, realizado en el auditorio del Instituto mexicano de Tecnología del Agua, el 3 de marzo de 2017, convocado por el SITIMTA y el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo con el Paro Internacional de las Mujeres.

 Los derechos laborales y desigualdad salarial.

Por causa del actual modelo económico neoliberal nuestro país está sumido en una crisis general, teniendo mucho que ver en esto el proceso de implementación de las llamadas reformas estructurales por parte del régimen priista de Peña Nieto. Hasta ahora se están poniendo en práctica toda una serie de medidas que están afectando los derechos de la mayoría de la población y muy especialmente de los que depende del trabajo asalariado para subsistir. La razón es fácil de explicar: quienes representan a la mayoría de las instituciones de este gobierno no fueron nombrados por los trabajadores y trabajadoras, ni nunca han representado sus intereses, sino los del gran capital transnacional. El pueblo enfrenta sacrificios, se aprieta el cinturón y la pobreza, la explotación, la injusticia y la represión crecen en forma por demás acelerada.

En dicho contexto es necesario recordar la razón principal por la que existen los sindicatos y es sin duda alguna la defensa de los intereses de la clase trabajadora y coincidimos por demás, en que las organizaciones sindicales son una herramienta colectiva por la cual se pueden lograr nuevas conquistas de carácter social, económico, organizativo, y todo lo relativo a la organización del trabajo. El formar parte de un sindicato libre y democrático es sin duda un derecho laboral cuyo reconocimiento se ha ido conquistando a lo largo de la historia, principalmente a principios del pasado Siglo por lo que contribuyeron de manera importante en ello, la Revolución Mexicana (1910) y la Revolución Rusa (1917). Se considera que el goce de estos derechos por igual requiere de una participación activa y positiva del aparato del Estado y de los funcionarios públicos a fin de satisfacer las necesidades socioeconómicas de la población. El Derecho al Trabajo es un derecho social que implica: gozar de un salario justo y equitativo, de tener descanso, a sindicalizarse, a organizar y estallar una huelga cuando exista necesidad. Dichos derechos fundamentales todo el tiempo han sido reclamados por los trabajadores y trabajadoras y en nuestro país hasta fueron reconocidos en 1917 en la Constitución Política Mexicana especialmente en su Artículo 123 al establecer sustancialmente que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil” (…). Por consecuencia convirtió al Estado en el responsable de hacerlos efectivos. Todos y cada uno de estos derechos son indispensables para que los trabajadores y trabajadoras vivan con dignidad. La cruda experiencia vivida por la clase trabajadora en los últimos años es producto de un tejido de diversos factores, entre los que se cuenta la implementación de lo que gobierno ha dado en llamar –flexibilización-  representada hoy en la aprobación de la contrarreforma laboral (siendo parte también de las referidas reformas estructurales) que se manifiesta sobre todo en la reestructuración productiva, a través de la flexibilización de las relaciones laborales, que significa hacer flexible los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras durante una larga historia de lucha. Con la implementación de dicho proyecto neoliberal, los derechos laborales sufren cada vez mayor deterioro: aumentan las cargas de trabajo; se pierde el poder adquisitivo del salario; se flexibilizan los contratos colectivos, hay dificultades para integrar una organización gremial democrática y se vive constantemente bajo la amenaza de perder el empleo bajo cualquier pretexto, por ejemplo, si el trabajador o trabajadora llega a manifestar algún tipo de denuncia o cuestionamiento sobre las condiciones de trabajo, es tratado como delincuente y castigado con el despido. La situación del país es alarmante, el gobierno afirma que se cumplen las leyes y se respetan los derechos humanos, pero por el contrario estos se están violentando de tal manera que son más los trabajadores y trabajadoras que se encuentra sin empleo estable y sin protección alguna. En el mismo contexto hacemos notar la terrible desventaja en cuanto a las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres en el mundo y nuestro país, por lo que nos permitimos rescatar algunos datos que ejemplifican con exactitud tal situación.

En México actualmente hay casi 20 millones de mujeres que trabajan y un número considerable de ellas no reciben remuneración por su labor; entre profesionistas, los hombres ganan más que las mujeres; entre funcionarios y administradores, acurre lo mismo y en el comercio los varones se benefician de ingresos bastante superiores a los percibidos por las mujeres. Según el índice de discriminación salarial calculado para el año 2016 era necesario incrementar en promedio 5.1% el salario que se les paga a las mujeres para lograr la equidad salarial.

El grupo de ocupación que representa la mayor desigualdad en ventaja para los hombres es el de los trabajadores industriales, artesanos y ayudantes, (grupo en el que tendría que incrementarse el salario de las mujeres un 31.8% para igualarlo con el de los hombres). En el caso de quienes se dedican al comercio corresponde un 10.8% y 14.0% para las y los profesionales, técnicos y trabajadores del arte. Entre las y los oficinistas la brecha es de 10.5% y para funcionarios públicos y gerentes del sector privado, la magnitud de cambio necesaria para igualar los salarios es del 28.4%; en tanto que para trabajadores de la educación la brecha de género es de 1.5%.

Para 2016 la disparidad salarial entre trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de caza y pesca es de 3.1% de diferencias a favor de las mujeres y solamente entre trabajadores en servicios personales, el salario de la mujeres supera al de los hombres en 13.7%; entre las y los conductores y ayudantes de conductores de maquinaria móvil y medios de transporte la discriminación salarial alcanza 1.0% y entre trabajadores en servicios de protección y vigilancia y fuerzas armadas es de 2.0%.

Es importante señalar que cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen incluso más rápido.

En nuestro país 78 de cada cien hombres y 43 de cada cien mujeres participan en actividades económicas. A pesar del incremento durante las últimas décadas de la participación femenina en el trabajo remunerado, sigue siendo muy por debajo debido a muchos factores como la discriminación en las practicas de contratación, remuneración, movilidad y ascenso; las condiciones de trabajo inflexibles; la insuficiencia de servicios tales como guardería así como la distribución inadecuada de las tareas en el hogar, entre otros.

En este sentido, la tasa de participación de mujeres y hombres en el trabajo doméstico fue de 96.2 y 63.7 por ciento respectivamente (2015).

El ingreso promedio por hora trabajada fue de 32.6 pesos para los hombres y 32.2 para las mujeres, mientras que el promedio de horas trabajadas a la semana por parte de los hombres fue de 45.4 y por parte de las mujeres 37.6 horas. La Población Económicamente Activa (PEA) no ocupada o desempleada correspondió a 4.2 por ciento de la población masculina y la femenina 4.6. Como resultado de la diferencia en la participación económica de hombres y mujeres, en la población adulta mayor (60 y mas) de igual manera se ven reflejadas pues en el año 2015 la tasa de jubilación de la población de 60 años y más edad fue de 25.9 para los hombres y 9.1 por ciento para las mujeres.

También a nivel internacional las cifras hablan por sí solas:

Según la ONU esa drástica disparidad salarial amenaza (si no se toman medidas al respecto) con seguir durante muchos años, y en las organizaciones sindicales no es la  excepción.

A lo largo de su vida laboral, las mujeres siguen experimentando grandes dificultades para acceder a empleos decentes. Solo se han logrado mejoras mínimas desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, por lo que existen grandes brechas que deben colmarse con la puesta en marcha de distintas agendas, acciones e iniciativas.

Las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres, y las tasas de desempleo son del 5,5 por ciento en el caso de los hombres y del 6,2 por ciento en lo respecta a las mujeres (de acuerdo a las consideraciones de la Organización Internacional del Trabajo OIT, el desempleo trae consigo dificultades que inciden negativamente en la calidad de vida y la seguridad de las personas. Asimismo, los priva del acceso a los beneficios del desarrollo).

A escala mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres se estima en el 23 por ciento; en otras palabras, las mujeres ganan el 77 por ciento de lo que ganan los hombres. Se necesitaran más de 70 años para colmar totalmente la desigualdad salarial por motivo de género (según estudio e investigaciones de la OIT).

Ahora bien, si las humillantes condiciones de vida de los trabajadores mexicanos resultan escandalosas desde la perspectiva de los derechos humanos, aquellas vividas por las mujeres en el campo laboral lo son aún más, Como lo muestran los datos anteriores. Y por si no fuera suficiente, enfrentan además de las condiciones que les obligan, el ser parte también de una planta productiva, la responsabilidad de la maternidad, educación, salud y alimentación de los hijos e hijas; la administración de la economía familiar; y la responsabilidad de erguirse como el pilar de la familia.

Hacer compatibles estas responsabilidades con las que exige el trabajo asalariado significa para las mujeres un doble esfuerzo, el cual se incrementa con la tarea de desarrollar un proceso personal, con más mujeres y con su familia y grupos de referencia, para reivindicar sus derechos e ir construyendo una identidad de persona libre digna, lo cual representa un gran reto para quienes se han dado a la tarea de promover y defender los derechos laborales.

Las mujeres mexicanas enfrentan una doble paradoja social:

La responsabilidad exclusiva de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos; junto con un ambiente de discriminación, desigualdad y segregación en el trabajo.

Esa discriminación está justificada por las diferencias biológicas entre los sexos y se aplica sobre todo cuando la mujer se embaraza, ante la cual es hostilizada y despedida del empleo, o cuando los jefes o compañeros de trabajo pretenden imponer un mal entendido para hostigar sexualmente a sus compañeras y subordinadas.

En el mercado laboral se establecen las condiciones para preservar la división sexual del trabajo. A las mujeres se les limitan las posibilidades, a un conjunto de actividades consideradas tradicionalmente como “femeninas” a saber: en el comercio informal, preparación y venta de alimentos, servicio doméstico, costura de prendas de vestir; puestos de trabajo que requieren poca calificación, perciben baja remuneración, con menor prestigio social y en áreas no industrializadas.

A pesar de que existen convenios internacionales y disposiciones legales nacionales que garantizan la igualdad entre los sexos, en la práctica, estas reglamentaciones son letra muerta. En México las mujeres enfrentan cotidianamente problemáticas como el hostigamiento y el abuso sexual en el empleo, los despidos por embarazo, la segregación y la violencia laboral.

Esa discriminación de género, perpetuada a través de las relaciones sociales de poder, establece las condiciones para que las mujeres asuman sobrecargas de trabajo que afectan su salud y les resta tiempo para fortalecer su preparación y su liderazgo; lo que les dificulta el acceso a posiciones de poder; y conlleva a que se encuentren sometidas bajo las órdenes de sus jefes varones, quienes las consideran como objetos de los que pueden disponer en razón de su sexo.

Ante dicha problemática los gobiernos no pueden descartar la aplicación de políticas públicas a favor de la equidad. En el ámbito laboral, se podrían aplicar programas permanentes que atiendan de manera especial a las mujeres trabajadoras a partir de equipos interdisciplinarios de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, médicas y psicólogas quienes podrían brindar una atención especial, humana y de calidad con perspectiva de género, sobre todo en los casos de hostigamiento sexual, despido por embarazo y violencia laboral.

Hace falta crear más instancias a favor de la equidad en el trabajo, además de impulsar una serie de acciones para avanzar en este tema como son: el establecimiento de instancias especializadas en la atención a la mujer trabajadora en todo el país; la generación de políticas públicas de equidad en el ámbito laboral, a fin de dar su justo valor a la contribución de las mujeres en términos económicos, culturales y políticos; la profundización e incorporación de la problemática de género en la Ley Federal del Trabajo para atender problema de hostigamiento sexual y despido por embarazo; la difusión de campañas de sensibilización y educación sobre la problemática humana y laboral de las mujeres trabajadoras; y la creación de las condiciones sociales y laborales para una más equitativa distribución de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos e hijas. Solo así se podrá construir un país más democrático y justo, ya que ninguna política de combate a la pobreza o de desarrollo social será viable si persiste la discriminación y segregación contra el trabajo de la mujer.

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Segob recibió documentos AVG en Morelos

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

Sobre el Programa Integra Mujeres Morelos 2013-2018 se establece una falsa premisa, que se cumplieron todas las medidas de emergencia y que sólo se llevarán a cabo acciones secundarias, afirmando, sin demostrar, que se incluyeron todas las conclusiones y propuestas del Grupo de Trabajo que concluyó en la necesidad del establecimiento de la AVG.

Nos percatamos que, lamentablemente, las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre AVG no las conocen los Ayuntamiento, así como tampoco conocen el Sentido de la Alerta y sus acciones, lo que impide contar con indicadores de cumplimiento por las dependencias. Resulta preocupante que se asegure que ya se concluyeron las acciones de emergencia, sin observar resultados positivos en la atención, sanción y erradicación del feminicidio en Morelos que continúa acrecentándose. Se confunden acciones de diagnóstico con resultados. Por eso es que éste programa de largo plazo no responde a las acciones de emergencia que contribuyan precisamente a atender las causas por las que fue emitida la AVG en Morelos: el feminicidio.

Es así que exigimos en la reunión de trabajo que sostuvimos con el Sub Secretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, el día 13 de mayo en las oficinas de la SEGOB en la Ciudad de México, que la verificación de cumplimiento de las medidas de Alerta de Violencia de Género deba quedar claramente establecida para dar respuesta a la sociedad en el cumplimiento del derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la justicia y la dignidad de las mujeres. Y deben precisarse por parte de la Secretaría de Gobernación y de la CONAVIM en la medida del ámbito de su competencia y responsabilidad en la emisión del Decreto de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos con fecha 10 de agosto de 2015.

 El Gobierno de Morelos tiene el mandato de cumplir las recomendaciones emitidas por la SEGOB y CONAVIM de acuerdo a lo que está normado por la Alerta de Violencia de Género prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Protección a los Derechos Humanos de las mujeres. En éste mismo sentido, los 8 Ayuntamientos Municipales que están incluidos en el Decreto de la AVG, como son Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata, Xochitepec, Yautepec, Cuautla y Puente de Ixtla, tienen responsabilidades concretas para su implementación.

En el más reciente informe sobre las medidas y avances sobre la AVG en Morelos, presentado durante la Segunda Sesión de la Comisión Estatal para la prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, realizado el 28 de abril de 2016, presidido por el titular de la Secretaría de Gobernación del Estado de Morelos, Matías Quiróz Medina, sin que hasta la fecha se nos haya hecho entrega del Plan Estatal (Programa Integra Mujeres Morelos 2013-2018) que ahí se aprobó con los titulares de las dependencias y ayuntamientos. Las y los integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., asistimos en calidad de invitadas/os con derecho a voz por ser la organización peticionaria de la AVG, pero no a voto, ahí expresamos que el gobierno estatal no valora con profundidad el sentido de lo que significan verdaderamente las acciones de emergencia que en la AVG tiene un claro objetivo: prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Feminicida en Morelos.

Las acciones de la AVG realizadas de enero a marzo de 2016 en coordinación con UNICEF, con un alcance de 121 mujeres y 29 docentes, que siendo importante muestra limitados alcances numéricos para la entidad. El informe del Centro de Justicia para Mujeres, brindando 635 asesorías, 591 carpetas de investigación, 67 acciones de no ejercicio, 493 órdenes de protección, 55 enviadas al archivo temporal, sin referencia al número total de casos, que en algunos municipios llega al 60% de la población de mujeres, tampoco permite detectar con claridad la eficacia para atender situaciones emergentes como las que estamos padeciendo en la entidad. Si bien se habla de la inversión de 10 millones para el centro de Justicia para Mujeres en Yautepec, no se informa que prácticamente se encuentra en el abandono. En salud se creó una unidad especializada en Yautepec y Centros para rehabilitación para agresores en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, pero no se tiene informe alguno de su funcionamiento.

El Instituto de la Mujer informó de acciones de capacitación en torno a AVG con un alcance de 67 hombres y 160 mujeres durante 2015 y 201 mujeres y 161 hombres en 2016, sin detallar en contenidos y medidas de verificación. Aseguran haber realizado 4 sesiones de capacitación a policías del mando Único sin precisar el número de participantes.

Sobre las Marchas exploratorias de detección de riesgos con perspectiva de género en los 8 municipios, se detalló en qué colonias y polígonos se realizaron recorridos policiacos (40 en Cuernavaca, 69 en Puente de Ixtla, por ejemplo), llamando la atención que tanto en Cuautla como en Yautepec no hubo una sola llamada de auxilio de las mujeres durante tres meses, siendo municipios donde se registraron casos terribles de feminicidio.

El TSJ creó la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, su página web y la firma del pacto para introducir la perspectiva de género en la impartición de justicia emitido por la SCJN, dando a conocer que el número de sentencias fueron 16 en 2012, 44 en 2013, 91 en 2014 y 73 en 2015, sin precisar en qué sentido se emitieron y su alcance, mismo que hemos cuestionado debido a las sentencias muy por debajo de lo que establece el Código penal para feminicidio.

 

Resulta fundamental contar con indicadores de cumplimiento de todas y cada una de las medidas. Por todo ello es que específicamente dar respuesta a los casos de feminicidio, se acordó restablecer las mesas de trabajo para homologar las bases de datos y establecer con precisión todas y cada una de las acciones de investigación en las carpetas que cuenta actualmente la Fiscalía general de Justicia, de ahí que se llevará a cabo una sesión de trabajo el día 20 de mayo, ya que no se trata solamente de números sino de vidas que han sido arrancadas con violencia. Deben ser sancionados los perpetradores, eliminar la impunidad y procurar y administrar la justicia que están reclamando las familias y la sociedad  en Morelos.

Se requiere dar pasos certeros y precisos en todas y cada una de las instancias de Morelos para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

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Hacia el Primero de Mayo 2016 Independiente en Morelos.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Porque la conciencia histórica de la clase obrera y del pueblo trabajador solamente se forja en medio de las luchas y de la solidaridad, mantenemos en alto las banderas de la dignidad y la resistencia para poder construir una alternativa frente al capitalismo depredador y excluyente que nos hunde en la barbarie, la miseria, la violencia, el desempleo, el hambre, la pobreza, y trata de eliminar nuestras conquistas laborales y derechos humanos que han sido producto de las luchas de los pueblos y no concesiones de los de arriba. Este Primero de Mayo de 2016 será un ejemplo de participación consciente y organizada desde nuestros centros de trabajo y pueblos y comunidades para salir a las calles hermanados codo a codo con quienes vivimos de nuestro propio trabajo y no explotamos a los demás para enriquecernos como lo hacen los dueños del gran capital en México y en el mundo, donde el 99% de indignados protestamos contra el 1% de los que concentran la riqueza que todos producimos. Esta convocatoria la estamos haciendo como Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales, para todas las organizaciones sindicales y sociales independientes, para salir en marcha a partir de las 9 de la mañana desde el IMSS de Plan de Ayala hasta el zócalo de Cuernavaca, donde culminaremos con un mitin.

Expresamos nuestra solidaridad con la lucha de muchos años que sostienen las obreras de la costura de Confitalia que exigen el pago justo de sus liquidaciones. Ellas han vivido de manera directa la violencia institucional, así queda en el testimonio que a lo largo de estos 15 años se ha documentado y que dan cuenta cientos de audiencias, represión oficial en sus movilizaciones, eternos procesos legales y desgastantes laberintos burocráticos sin que a las trabajadoras de la extinta empresa Confitalia les hayan pagado en forma completa sus indemnizaciones constitucionales. En reunión con la Jueza Cuarto de Distrito con sede en Morelos, Griselda Sanz Horta, las compañeras le externaron su indignación por tantos años sin una solución a su largo proceso, al manifestar su protesta, la actitud de la jueza fue de agresión abusando de su cargo federal, amenazando directamente a la compañera que le cuestionó la lentitud en el caso, estamos en alerta con la compañera despedida.  Han luchado contra un sin fin de factores y esencialmente contra la falta de acceso a la justicia laboral que en todo momento ha sido negada por los Tribunales Laborales en el Estado. Las despidieron de manera injustificada hace más de quince años y en el trascurso de estos años, algunas se encuentran enfermas e incluso algunas ya fallecieron y sin haber recibido su justo pago. A pesar de todo, el grupo democrático de obreras se mantiene en resistencia, pues su dignidad y conciencia de clase no les permite rendirse.

En este camino estamos y vamos junto con ellas a participar en la gran manifestación de la clase trabajadora este 1º de mayo.  Hemos expresado el apoyo a las caravanas indígenas y campesinas que han bajado desde las montañas a levantar su digna voz, el apoyo a trabajadores del transporte que exigen respeto a sus condiciones de trabajo, así como expresamos el apoyo a la huelga que hicieron en días pasados casi 4 mil obreros del Sindicato Independiente de Nissan, y el apoyo al magisterio de bases que ha sufrido la retención de salarios a 23 maestras y maestros que están amenazados de sufrir despido laboral por oponerse a la evaluación punitiva. solidaridad con el SITIMTA que ha sufrido despidos por exigir contratación colectiva y derecho a la sindicalización, apoyo a la reinserción laboral de los trabajadores del SME, apoyo a los sindicatos telefonista y del STUNAM en sus procesos democráticos internos para fortalecer la lucha en defensa de sus derechos laborales y la democracia sindical, Defender a quienes defienden los derechos humanos, exigir cumplimiento de las medidas de emergencia de la Alerta de Violencia de Género contra los feminicidios, respeto al derecho humano de usuarias y usuarios de energía, solidaridad y apoyo a comerciantes del ALM contra proyectos de remodelación privatizadora y respaldo a las cooperativas independientes frente a instituciones financieras que lucran con los ahorros de jubilados y pensionados.  Hemos mantenido las demandas unitarias frente a las reformas neoliberales y privatizadoras y sus efectos devastadores, con el incremento en las detenciones arbitrarias a quienes se oponen y se les criminaliza con leyes como la llamada Ley Atenco y la legislación que faculta declaración de suspensión de garantías en manos del Ejecutivo, que muestran la represión de un Estado que utiliza el Mando Único y los militares para violar sistemáticamente los derechos humanos, incrementar las desapariciones como los de los 43 y más de 27 mil en todo el país, y generaliza la inseguridad.

Por un primero de Mayo Independiente y de lucha, llevaremos a cabo diversas actividades previas como foros y movilizaciones, por lo que nuestras organizaciones llaman a participar activa y conscientemente a todo el pueblo trabajador del Estado de Morelos. Por acuerdo de la Asamblea de Usuarias y Usuarios de Energía Eléctrica en Morelos (ANUEE), se llevará a cabo el Foro en Defensa de la Educación Pública, Laica y Gratuita, la cita es en el auditorio del SME, Cuauhtémoc 9, colonia Amatitlan, el viernes 22 de abril a las 4:30 de la tarde.

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15 AÑOS DE LUCHA DE LAS TRABAJADORAS

 Marco Aurelio Palma Apodaca y Juliana G. Quintanilla

Las obreras  de confitalia han vivido de manera directa la violencia institucional así queda en el testimonio que a lo largo de estos 15 años se ha documentado y que dan cuenta las cientos de audiencias, represión oficial en sus movilizaciones, eternos procesos legales y desgastantes laberintos burocráticos sin que a las trabajadoras de la extinta empresa Confitalia les hayan pagado en forma completa sus indemnizaciones constitucionales. Han luchado contra un sin fin de factores y esencialmente contra la falta de acceso a la justicia laboral que en todo momento ha sido negada por los Tribunales Laborales en el Estado. Cabe señalar que hace varias décadas el gran consorcio italiano-textil se consolido en el “Gruppo Covarra” que estaba integrado básicamente por varias empresas subsidiarias, siendo las más representativas la Fábrica de Casimires Rivetex y Confitalia dedicadas básicamente a la elaboración y confección de trajes de vestir, así como de ropa con  alta calidad de exportación lo cual genero en su momento enormes ganancias para los accionistas en turno a costa de la explotación de la mano de obra femenina. Es de recordar que dichos empresarios en el año 2001 solicitaron al Juez Cuarto de Distrito en Morelos la declaración (y que en efecto se radico bajo el Expediente 09/2001-V) del llamado estado de “Concurso Mercantil”. La causa estructural que señalaron los dueños del capital fue que supuestamente la llamada crisis nacional los había estado golpeado mucho y por lo mismo ya no contaban con –activos suficientes- para hacer frente al alto porcentaje de obligaciones que tenían ante sus multiples acreedores. En dicho contexto el Juez de Distrito en términos de la Ley de Concursos Mercantiles comunico al llamado Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (IFECOM) que depende de la Secretaria de Hacienda (SHCP) para que a su vez dicha estructura gubernamental designara a un especialista conciliador con el objeto de que lograra salvar con nuevos inversionistas (nacionales o extranjeros) a dicho grupo de empresas con un “convenio de conciliación” nunca se concreto y en consecuencia para el año 2004 se declaro de plano en estado de “Quiebra” a las referidas empresas designándose como lo determina la ley de Concurso Mercantil a un sindico cuya función básica ha sido el de vender o enajenar todos los bienes y derechos que integran la masa concursal; procurando con ello obtener el mayor producto posible para su enajenación “a fin de hacer pago a los acreedores” y que en este caso se tendría que priorizar a favor de las obreras de Confitalia y tal como lo establece el marco normativo vigente. Con la quiebra se declaro desde hace años suspendida la capacidad de ejercicio de las citadas empresas sobre los bienes y derechos que integran la “masa concursal” (es decir la totalidad  patrimonial de la quiebra) los cuales han sido administrados hasta la fecha por el sindico: el cual irónica e injustamente goza hasta ahora junto con su equipo de trabajo de altos sueldos y honorarios, además de poder disponer de “gastos necesarios” para diversas gestiones, ello en detrimento de los muy escasos dineros y recursos para saldar la deuda histórica de justicia laboral que se tiene con las trabajadoras costureras, traducido en el pago de sus prestaciones laborales que hasta la fecha los responsables adeudan. En dicho contexto denunciamos que el Sindico continua escamoteando las indemnizaciones de las obreras las mismas que ganaron legítimamente en los Tribunales Laborales en el Estado desde 2006 y que se encuentran reflejadas en los laudos obtenidos a base de lucha organizada  y jurídica sin embargo dicho especialista en el mes pasado procedió a exhibir las cantidades económicas o las llamadas “cuotas concursales” con base a un porcentaje para prorrateo, con los cálculos técnicos, es decir presento una injusta -lista de pago- basada en complejas y confusas formulas matemático-financieras, que en la práctica coloquialmente significaría pagarles “migajas” a las trabajadoras. No existe claridad en el proceso, por lo mismo nos oponemos a tal injusticia y ya solicitamos a la Jueza Cuarto de Distrito con sede en Morelos no acepte dichas listas de pago ya que se estarían violentando las garantías y los derechos humanos de las trabajadoras y se pronuncie al respecto en su carácter de rectora del Concurso Mercantil de referencia. Así mismo pida nuevamente al Sindico emitir unas nuevas listas de pago justas, claras y acordes a los laudos laborales ganados por las obreras, así como a lo que mandata el articulo 123 de la Constitución Federal, la Ley Federal del Trabajo y los respectivos Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Gobierno Mexicano. Las despidieron de manera injustificada hace mas de quince años y en el trascurso de estos años algunas se encuentran enfermas e incluso algunas ya fallecieron y sin haber recibido su justo pago. A pesar de todo el grupo democrático de obreras se mantiene en resistencia, pues su dignidad y conciencia de clase no les permite rendirse.

En este camino estamos y vamos junto con ellas a participar en la gran manifestación de la clase trabajadora este 1º de mayo.

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Segundo Informe Defensoras Somos Todas.

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

Por defender nuestros derechos laborales, fuimos reprimidas salvajemente por el gobierno panista de Estrada Cajigal en Morelos, relata Griselda Taboada Escobar, en una de las 28 entrevistas publicadas en este documento. Defensoras Somos Todas, en su segundo informe, muestra que en un país como México, donde los altos índices de violencia e inseguridad desdibujan tanto a los agresores como los agredidos, ejercer la convicción de ser defensora de derechos humanos es una decisión de riesgo. Las violencias que sufrimos como defensoras aumentan ya que a la violencia de los diversos contextos donde ejercemos nuestra labor, se suma la violencia de género por ser mujeres y la criminalización y represión por ser defensoras de derechos humanos. La violencia muchas veces comienza cuando el gobierno y la sociedad no reconocen nuestro papel de defensoras invisibilizando nuestro quehacer, cuando las mujeres han asumido un papel protagónico como defensoras de derechos humanos. Esto nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad e incrementa los riesgos a los que nos enfrentamos. Esta es la conclusión de Teresa Valdes de la REDTDT en la presentación de este informe en el Centro PRODH, mismo que se compartió en Jojutla y en la asamblea de la ANUEE, y se presentará en Cuernavaca el 4 de abril en la librería La Rana de la Casona.

En México las defensoras viven y han vivido la violencia de diferente manera, de acuerdo a su contexto individual o familiar, y el contexto propio de su Pueblo, Ciudad y Estado. Entre el periodo de 1974 a 2015, estas organizaciones consideran que los años con mayor violencia fueron el 2014 con un 16.3%; 2009 y 2015 con un 11.6%; y el 2010 y 2013 con un 9.3. Este Informe es resultado de la Segunda Etapa del Modelo de Atención a la Violencia Contra las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana, que visibilizó la violencia contra mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México en el ámbito de su activismo social. Un objetivo es tener un Protocolo de Atención en Casos de Violencia Contra Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana que pueda ser implementado a través del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de derechos Humanos y Periodistas, así como de los Mecanismos Estatales.

El desafío de este proyecto es crear instrumentos de participación social que incidan en la toma de decisiones, lo que implica informar y organizar a la Sociedad Civil para que se elaboren políticas públicas que garanticen la participación y protección de las Defensoras de Derechos Humanos.

El proyecto se estructuró de acuerdo a la teoría feminista de género. El Modelo se aplicó de abril del 2015 a marzo del 2016. Durante este periodo se documentó la violencia sufrida por las Defensoras de Derechos Humanos del 2000 al 2015, en 20 Estados de la República mexicana, los cuales fueron definidos por la presencia de ONG´s pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

La violencia psicológica se mantiene como una de las más graves y recurrentes. En las encuestas se les preguntó si han sufrido violencia por pertenecer a la organización y el 61% respondió afirmativamente, mientras que el 39% dijo que no. De quienes respondieron sí destaca que han sufrido violencia psicológica el 44%, por hostigamiento el 35%, por difamación el 29%, y amenazas otro 29%. Han sufrido Violencia Física el 21.2%, Violencia Económica el 21.2%, Violencia Patrimonial el 15.4% y de Robo en General el 11.5%, Violencia Sexual el 5.8%. De acuerdo a la encuesta realizada, el 23.1% ha referido que ha sufrido Violencia Institucional. Mientras que el 11.5% dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios. En tanto que el 5.8% ha sufrido Violencia en la Comunidad. De los 36 feminicidios de Defensoras de Derechos Humanos señalados, el Estado con mayor cantidad de casos es Guerrero con 8, seguido por Chihuahua con 7 y el Distrito federal con 5. La investigación señala que los agresores son, en su mayoría, agentes del Estado con 23.1%. Mientras que el 11.5% dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.

Cuando se les pregunto el tipo de violencia sufrida, un 21.2% refirió haber sufrido intimidación gubernamental. Mientras que un 11.5% fue intimidada por  grupos de poder económico y también con el 11.5% por poderes fácticos. Dentro de los otros agresores registrados se encuentran: grupos caciquiles con un 9.6%, intimidación paramilitar con un 7.7%, y grupos del narcotráfico con un 7.7%.

Cuando una defensora sufre continuamente amenazas y violaciones a sus derechos humanos no solo se está agrediendo a la persona sino que se limita el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en general enviando un mensaje claro a la sociedad, principalmente a las mujeres, de lo peligroso que es defender los derechos humanos, lo que desalienta la participación en la defensa y exigibilidad de los mismos. Ante esta situación, consideramos fundamental avanzar en la elaboración e implementación de protocolos de atención y protección, que permitan precisar y clarificar las responsabilidades y acciones de las autoridades para crear condiciones y garantías que permita la salvaguarda de las defensoras y periodistas en riesgo en el desempeño de su labor.

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