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Las Madres en marcha por la dignidad

 

Madres que nada tienen que celebrar este 10 de mayo. En medio de la propaganda consumista y de la idealización del estereotipo, las mujeres deberían tener garantizado el derecho a decidir la maternidad. Y no ser privadas del amor por la injusta desaparición de sus hijas e hijos. Hay que evitar la naturalización de la violencia; aceptarla como normal, acostumbrarse a vivir en la barbarie sanguinaria implica, callarnos por el contrario cada día se hace necesaria, la lucha social, jurídica y política contra este sistema. Sin lucha política, ganan la batalla el miedo y la ruptura de los lazos de solidaridad entre las y  los trabajadores y  la ciudadanía, con lo que se produce el que todos sospechemos de todos.

A esa violencia desmedida, es necesario sumar otra particularmente inaceptable: la oleada de violencia contra las mujeres, una violencia diversa (la familiar, laboral, sexual) pero sobre todo la culminación de muchas violencias hasta llegar al feminicidio. De hecho, la imposición del neoliberalismo se pudo dar por medio de la alianza entre las fuerzas liberales y las más conservadoras, en la defensa abierta de un capitalismo que tenía como tarea desmantelar los derechos y libertades conquistadas a lo largo del siglo XX (la educación pública y la herencia del Estado laico, por ejemplo) para que el capital circulara más libremente aumentando sus ganancias. Como reacción a las luchas y victorias de las mujeres impulsadas por el feminismo, en los sexenios neoliberales del PRI y del PAN (y ahora del Pacto por México) se ha reforzado una sociedad patriarcal y misógina que alimenta una terrible ola de violencia contra las mujeres de nuestro país.

Nuevamente tenemos que sumarnos a la lucha contra el feminicidio y por la declaratoria de alerta de violencia de género prácticamente ya en todo el país. El apoyo también al movimiento organizado de las propias mujeres en forma autónoma contra esta violencia. La desaparición forzada es un fenómeno real y vigente en el país, crimen de lesa humanidad consumada por los cuerpos represivos del Estado mexicano y sus instituciones. No hay estructura gubernamental que no sea cuestionada por el pueblo, organizaciones populares, familiares, defensores de los derechos humanos, que exigen la presentación de sus seres queridos más juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen tan aberrante. Es un fenómeno tangible que no se puede evadir con simples argumentos efímeros de que son producto de la violencia delincuencial. La realidad no hace más que confirmar en cada hecho y en cada momento que la responsabilidad de cometer estos crímenes tiene patente en las estructuras mismas del Estado mexicano, independientemente de la corporación policiaca o mando que las ejecute.

Mayo es una fecha conmemorativa para todas las víctimas de la desaparición forzada, porque con base en la lucha que emprendieron familiares y organizaciones se logra establecer la última semana como la semana internacional del detenido desaparecido, no sólo para recordar a las víctimas sino para exigir su presentación con vida y la erradicación de este crimen de lesa humanidad.  La respuesta del Estado mexicano ante la exigencia de familiares, organizaciones y  personas defensoras de derechos humanos es y ha sido la impunidad, el burocratismo, la dilación, difamación, demagogia y la negación de ser el responsable en el cometido de la desaparición forzada, además, de negar y proteger la participación del ejército, la marina, policía federal, estatal, municipal y grupos paramilitares en la comisión de este crimen.

Cuando los familiares se organizan y deciden exigir vía jurídica y política la presentación con vida de sus seres queridos, la respuesta del Estado ha sido la ejecución de más crímenes: desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, para que se deje de denunciar y señalar a los cuerpos represivos como los responsables. Ante el extranjero el gobierno de Peña Nieto se jacta ser respetuoso de los derechos humanos y que México es un país “democrático”, cuando la realidad es otra; en el caso del GIEI se ha encargado de difamar a los expertos y señalar como inverosímiles las conclusiones que presentan, esto refleja la política de desgaste y difamación ante organismos internacionales de derechos humanos con tal de no evidenciar la verdad oculta y evitar una sentencia internacional por el cometido de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, a pesar del compromiso asumido, de contar con una Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, hasta el momento, esta no ha sido aprobada en el Congreso de la Unión, esto debido a la falta de voluntad política por parte del Estado de contar con una ley general de acuerdo a los tratados internacionales en la materia que no permita diluir más su responsabilidad en la comisión de este crimen.

Por eso apoyamos la convocatoria a la V MARCHA POR LA DIGNIDAD NACIONAL “MADRES BUSCANDO A SUS HIJOS, HIJAS, VERDAD Y JUSTICIA”.  Decimos Sí: las y los desaparecidos siguen siendo una afrenta al poder. Cada vez que se les evoca es una jornada política, una lucha sin cuartel y sin descanso. (Historia de la Desaparición. Roberto González Villarreal). Por quinto año consecutivo las madres y familiares saldrán a las calles para gritar no sólo el dolor, la angustia, sino también la rabia; para denunciar la simulación de las autoridades que en su discurso dice pero en la realidad no busca a quienes tanto se quiere. Esta lucha no se detendrá. Es necesario seguir desde todos los espacios clamando y reclamando, exigiendo que hagan su trabajo a quienes nos mal gobiernan. Esta búsqueda no terminará jamás hasta que regresen a casa todos y todas. En el norte, en el sur, en el centro del país continúan las desapariciones. Queremos que en esta acción se sumen muchos y muchas más. Esta marcha se llevará a cabo el 10 de mayo. Será una marcha nacional. En Cuernavaca, Morelos, familiares de desaparecidos y desaparecidas convocan a las 10 de la mañana frente a la Fiscalía General (antes Procuraduría) para concluir en el zócalo. “Queremos que nos acompañen, que caminen con nosotras, que se solidaricen con nuestra lucha de búsqueda de Ellas, Ellos, la Verdad y la Justicia. Porque seguiremos caminando ¡HASTA ENCONTRARLAS!, ¡Porque vivas y vivos los llevaron, vivos los queremos! ¡Las madres ya no lloramos, ahora luchamos! Por una búsqueda incansable”

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Se presentó protocolo de atención y protección a periodistas en Morelos

El miércoles 6 de abril la cidhmorelos hicimos entrega formal ante el Mecanismo de Protección a Periodistas de Morelos, la propuesta de Protocolo de Atención en casos de violencia haca defensoras y periodistas, contamos con la presencia del Secretario de gobierno Matías Quiróz, acordamos socializar la propuesta con demás integrantes del mecanismo y en en otro momento retomarla en reunión de trabajo.
El desafío de este proyecto es crear instrumentos de participación social que incidan en la toma de decisiones, lo que implica informar y organizar a la Sociedad Civil para que en colaboración con los diferentes Órganos de Gobierno, se elaboren políticas públicas que garanticen la participación y protección de las Defensoras de Derechos Humanos.
Modelo de Atención a la Violencia Contra las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana, que visibilizó la violencia contra mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México en el ámbito de su activismo social.
Tener un Protocolo de Atención en Casos de Violencia Contra Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana que pueda ser implementado a través del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de derechos Humanos y Periodistas, así como de los Mecanismos Estatales.

El desafío de este proyecto es crear instrumentos de participación social que incidan en la toma de decisiones, lo que implica informar y organizar a la Sociedad Civil para que en colaboración con los diferentes Órganos de Gobierno, se elaboren políticas públicas que garanticen la participación y protección de las Defensoras de Derechos Humanos.
El proyecto se estructuró de acuerdo a la teoría feminista de género, con una metodología que incluyó las experiencias positivas de Organizaciones Civiles expertas en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres; la experiencia de Defensoras reconocidas en atención y denuncia de violencia contra las mujeres; y la colaboración de Redes de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
La base jurídica son las Convenciones y Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos y en Particular los Derechos de las Mujeres y de las personas Defensoras; así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia;
Asimismo, se contemplaron Casos Emblemáticos que nos ayudaron a dar seguimiento y realizar un análisis a profundidad sobre el impacto de la violencia en la vida personal y laboral de las defensoras de derechos humanos.
En este sentido y para dar certeza de la información recabada por este Modelo, se utilizaran fuentes verificables y comprobables tales como periódicos, revistas, archivos, entrevistas, una encuesta, entre otras.

El Modelo se aplicó de abril del 2015 a marzo del 2016. Durante este periodo se documentó la violencia sufrida por las Defensoras de Derechos Humanos del 2000 al 2015 (salvo en los casos emblemáticos, los cuales obedecieron a la temporalidad de los mismos), en 20 Estados de la República mexicana, los cuales fueron definidos por la presencia de ONG´s pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

La violencia psicológica se mantiene como una de las más graves y recurrentes. En las encuestas se les preguntó si han sufrido violencia por pertenecer a la organización y el 61% respondió afirmativamente, mientras que el 39% dijo que no. De quienes respondieron sí destaca que han sufrido violencia psicológica el 44%, por hostigamiento el 35% por difamación el 29%, y amenazas otro 29%.
Han sufrido Violencia Física el 21.2%. Han sufrido Violencia Económica el 21.2%.
Han sufrido Violencia Patrimonial el 15.4% y de Robo en General el 11.5%.
Han sufrido Violencia Sexual el 5.8%. Han sufrido Otras formas de Violencia el 14%
De acuerdo a la encuesta realizada, el 23.1% ha referido que ha sufrido Violencia Institucional. Mientras que el 11.5% dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.
En tanto que el 5.8% ha sufrido Violencia en la Comunidad.
La investigación señala que los agresores son, en su mayoría, agentes del Estado con 23.1%. Mientras que el 11.5% dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.
Cuando se les pregunto el tipo de violencia sufrida, un 21.2% refirió haber sufrido intimidación gubernamental. Mientras que un 11.5% fue intimidada por grupos de poder económico y también con el 11.5% por poderes fácticos.
Dentro de los otros agresores registrados se encuentran: grupos caciquiles con un 9.6%, intimidación paramilitar con un 7.7%, y grupos del narcotráfico con un 7.7%.
El mayor porcentaje corresponde a la violencia psicológica con 48%, intimidación gubernamental 31%, hostigamiento 27%, amenazas 25%, difamación 25%, y persecución 17%.
De la muestra, quienes responden que han sufrido violencia o conocen de algún caso de violencia relacionado con la organización el 13.5% considera que entre 2009 y 2014 ha sido el periodo con mayor incidencia considerado a partir del año 2000.
Hace casi cuatro años fue publicada la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (26 de junio de 2012) y 5 meses después el Mecanismo de protección empezó a funcionar (12 de noviembre de 2012). Desafortunadamente muy pronto afloraron las deficiencias en su trabajo al grado que para mediados de 2013 ya era evidente que se acumulaban los casos presentados al Mecanismo y no eran sometidos a Evaluación de Riesgo; que las Medidas que se debían asegurar a las Defensoras, Defensores y Periodistas en riesgo no se hacían efectivas por falta de recursos y, que los Gobiernos locales no realizaban esfuerzos para protegerlos/as. Además, persisten deficiencias en la coordinación interinstitucional entre Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales. Y no ha habido una adecuada capacitación y sensibilización de los funcionarios que operan el Mecanismo.
Al Estado Mexicano se le ha exigido en las instancias internacionales establecer una protección eficaz de las Defensoras que incluya la investigación rápida y eficaz y el levantamiento de cargos por todas las amenazas y ataques dirigidos contra ellas. Garantizarles un entorno seguro, libre e independiente y garantizar que todos los casos de amenazas, violencia, ataques y asesinatos contra ellas sea investigado por Organismos Independientes e Imparciales.
Ante esta situación, consideramos fundamental avanzar en la elaboración e implementación de protocolos de atención y protección, que permitan precisar y clarificar las responsabilidades y acciones de las autoridades para crear condiciones y garantías que permita la salvaguarda de las defensoras y periodistas en riesgo en el desempeño de su labor. Por eso es que hemos elaborado una propuesta de Protocolo partiendo de la experiencia que hemos tenido en el Mecanismo de protección a Periodistas en el Estado de Morelos.

8 de abril de 2016.

Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Aumentan desapariciones y feminicidio en Morelos.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

No permanecer indiferentes ante el dolor. Hemos sostenido que una sociedad paralizada por el miedo es el caldo de cultivo de mayores crímenes en la impunidad. Por ello, todo esfuerzo de lucha por la justicia y la verdad debe ser impulsado, pues sólo mediante la lucha es como se logra defender los derechos humanos para todas y todos.

En Cuernavaca las organizaciones del  Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética las Garantías Constitucionales y las Libertades Democráticas,  nos movilizamos cada 26 de mes por los 43 de Ayotzinapa, en esta ocasión la explanada del Museo Cuauhnahuac (Palacio de Cortes), fue el punto donde llevamos a cabo un acto con las fotografías de los 43 y exigimos que se esclarezcan todos los miles de casos de desaparición en el país, así como los de 3 jóvenes de Yautepec que fueron desaparecidos y localizados sin que se esclarezcan las causas ni mucho menos se logre la justicia que reclamaron sus familiares y pueblo en marcha realizada de Atlihuayán al centro de Yautepec. Tres jóvenes trabajadores albañiles apenas de 20 años de edad, muy similares a los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, privados de la libertad y localizados sin vida de la manera más cruel, como está ocurriendo crecientemente en todo Morelos, donde el grado de violencia es equiparable al de la impunidad prevaleciente, contrariamente a las afirmaciones gubernamentales de que han disminuido los delitos de alto impacto por la eficacia del mando Único, todo lo contrario se demuestra en la realidad con los crímenes atroces de jóvenes como los de Yautepec y el más reciente feminicidio ocurrido en San Antón, ya no en horas de la madrugada sino apenas al atardecer.

Nos sumamos a las demandas de padres y madres de los 43 de Ayotzinapa de apoyo a las investigaciones que lleva a cabo el Grupo Interinstitucional de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es necesario tener claro que las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos rechazaron aceptar la reparación monetaria del daño. Verdad y justicia es lo que exigen, no dinero. No ha habido interlocución directa con alguna autoridad del gobierno federal, ni se ha mencionado la instalación de alguna mesa de diálogo que aborde el tema de la reparación del daño. Padres y madres de Ayotzinapa siguen con la búsqueda con la esperanza de encontrarlos vivos. Por ello exigen a Osorio Chong tenga la honestidad de cumplir con su palabra y hacer que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se queden para la próxima etapa. No es la primera vez que se menciona esta propuesta de reparación del daño. Desde hace mucho autoridades federales y estatales han llegado incluso a las casas de las familias para ofrecer cierta cantidad de dinero por ese concepto, pero se ha rechazado. Les han ofrecido dinero, pero se les olvida que a los padres de familia de los 43 desaparecidos lo que menos les interesa es eso. Han dicho con claridad que no van a vender a sus hijos y la postura por parte del movimiento sigue siendo la misma. Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), asesores y coadyuvantes del gobierno mexicano para esclarecer el caso Ayotzinapa, recomendó la elaboración de un diagnóstico de impacto social en las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes fueron atacados por policías y desaparecidos.

Ante desapariciones y feminicidio se requiere mantener la lucha por la vida, la libertad y la seguridad de todas y todos. Estamos ante una verdadera escalada de violencia y homicida que llega a prácticamente todos los rincones de Morelos, sin que se apliquen de manera integral las medidas de Alerta de Violencia de Género a 7 meses de su puesta en marcha desde el 10 de agosto de 2015, como hemos documentado desde la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM).

Los casos de feminicidio son conocidos y siguen impunes. Y es que prevalece la corrupción, las complicidades y la impunidad en los feminicidios en Morelos, por lo que la CIDHM,  esta semana ha intensificado su exigencia hacia las autoridades estatales, diputados, jueces y de los ocho municipios que han sido señalados con mayor violencia feminicida. Atención, revisión y establecimiento de plazos para cumplir con las acciones inmediatas contra los feminicidios en Morelos, son las principales encomiendas por parte del organismo. Hasta el momento no se ha tenido respuesta de la solicitud  a la Secretaría de Gobernación al cumplirse siete meses de que se dictó la Alerta de Violencia de Género en Morelos, pedimos nos atendienda para hacer una revisión puntual y cómo se podrán establecer plazos para que el Gobierno de la entidad cumpla con las acciones inmediatas y atienda la violencia feminicida en Morelos.

Durante esta campaña de exigencia a las autoridades municipales, se entregaron cartas a cada presidencia municipal de los ocho municipios que fueron señalados con mayor violencia feminicida, donde está decretada la AVG, para que nos señalen qué acciones se están emprendiendo para atender la problemática. Nada justifica la falta de acciones urgentes, en un sentido de responsabilidad y conocimiento de cómo está su municipio y su estado, las respuestas son inmediatas o se corre el riesgo de pérdidas de vidas humanas que nadie puede recuperar.

Levantamos la voz para que se eleve por encima del estruendo de balaceras y resuene en el corazón y en la conciencia de todas las personas que luchan porque la alegría y el amor sean producto de la justicia y la verdad.

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Periodistas en riesgo ante violencia e inseguridad creciente.

En Morelos, como en diversas regiones de México, hay riesgos crecientes para periodistas ante la violencia e inseguridad crecientes. Hoy se hace necesarias las acciones colectivas y las alternativas de protección y defensa del periodismo, la libertad de expresión y el derecho a la información.
El periodismo es una de las profesiones más peligrosas. No debería serlo. No debemos normalizarlo. Pero ocurre un número creciente de amenazas, intimidaciones, agresiones, violencias, en contra de periodistas. Así lo hemos documentado y denunciado en Morelos durante muchos años. No es algo nuevo, pero las condiciones han cambiado y se tornan más riesgosas cuando no se enfrentan ni se asumen en todas sus consecuencias. Al menos 192 periodistas fueron víctimas de algún tipo de agresión en México durante 2015 por razones vinculadas con su labor informativa. Entre estos se encuentran cinco comunicadores asesinados en Veracruz y Oaxaca, entidades donde se concentraron 47.3% de todos los ataques a la libertad de expresión. Prácticamente uno de cada dos perpetrados en el país. (Nexos. Juan Carlos Romero Puga. Marzo 11, 2016). 75.5% de las víctimas de amenazas y ataques fueron reporteros, fotógrafos y camarógrafos, el primer contacto de las empresas periodísticas con los hechos, con los actores de la información y el rostro visible de los medios ante la sociedad, ante las autoridades y ante los delincuentes. Después de ellos, fueron empresas periodísticas  (13.02%), diarios, emisoras de radio y televisión, las que tuvieron que enfrentarse al desafío de mantener su operación y defender su línea editorial, pese a las presiones externas que al menos en seis casos implicaron ofensivas con explosivos y armas de fuego. Por su parte la Red Nacional de Periodistas documentó 336 casos de violencia contra reporteras del año 2000 al 2015 donde se incluyen 14 feminicidios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la “grave situación” de violencia que viven en México los periodistas y los defensores de los derechos humanos. La CIDH destacó que defensores de derechos humanos y comunicadores se han vuelto un grupo de la población especialmente vulnerable. “Según cifras oficiales, entre 2010 y 2015 fueron asesinados más de 55 periodistas. La mayor parte de estos crímenes permanecen en la impunidad, sobre todo en lo que refiere a autores intelectuales no identificados, lo que ha impedido determinar si tienen una conexión con la labor informativa de las víctimas”, señaló el organismo en un comunicado. La Comisión expresó además su preocupación por los altos índices de impunidad en estos crímenes. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión inició 458 averiguaciones previas de los casos que pueden estar vinculados al ejercicio del periodismo entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 2015. De ese total se declaró incompetente en 176 y en 53 se inició proceso contra un presunto responsable ante autoridades judiciales. 
En Morelos la violencia también se está intensificando contra periodistas, quienes no se encuentran exentos del grado de inseguridad e impunidad, lo que afecta la libertad de expresión y el derecho a informar. Las amenazas y agresiones se han propiciado en una forma creciente, en la zona sur, donde un grupo nutrido de periodistas hablan de la tensión y el peligro que ha significado la violencia en general. Así como las amenazas que tienen en su contra por parte de grupos delictivos, pero también por parte de funcionarios públicos, elementos de seguridad y políticos, esta situación para la CIDHM es muy delicada porque estamos hablando que el Estado no garantiza la seguridad del ejercicio del periodismo, y esto sucede también en Cuernavaca y Cuautla, donde se han documentado casos de agresiones por parte de personal al servicio de funcionarios quienes han agredido directamente a periodistas. En la entidad se tienen contabilizados, poco más de 30 casos de agresiones a periodistas, que han requerido la activación del Mecanismo de Protección para Periodistas, sin embargo, la Fiscalía ha permitido la impunidad en la mayoría de los casos, porque la principal falla, es la poca consistencia en la integración de los expedientes. De las principales deficiencias del Mecanismo de Protección a Periodistas en Morelos, el cual fue creado por decreto, por lo tanto no hay una ley, ni un reglamento con medidas que obliguen a cada autoridad a cumplir adecuadamente con todos los procedimientos, que se necesitan en situaciones de emergencia, cuando es el Estado el responsable de garantizar la vida y la seguridad de los derechos de las y los periodistas y su ejercicio. Existen distintos aspectos del Mecanismo para proteger a quienes están sujetos a una situación de amenaza y que ponen en riesgo su vida, sin embargo, es el gobierno estatal primeramente, quien debe garantizar el libre ejercicio de ese oficio, aunque ni siquiera el Estado mexicano ha tomado las medidas de política pública que garantice la vida de los periodistas, quienes están inmersos en la situación de crisis de violencia a la que se acude todos los días, dentro de nuestra sociedad, mientras se sigue sin garantizar su protección. Esto deriva de la falta de especialización y capacitación, a la falta de profesionalidad y compromiso de personas que están al frente de las instituciones y que evidentemente no protegen cuando su  única obligación es conocer los factores de riesgo en determinado momento, es decir si se llegan a ejercer amenazas de violencia; incluso a nivel nacional no existen protocolos adecuados de protección, por lo cual muchos han padecido graves consecuencias, por ello seguimos cuestionando cuando no se cumplen adecuadamente las medidas. Tenemos que organizarnos para poder exigir que se cumplan los mecanismos de protección por medio de la unión de organizaciones de derechos humanos y periodistas que establecen vínculos de solidaridad, apoyo y mecanismos alternativos de protección, los cuales se tienen que generar porque no se puede esperar a que el Estado subsane todas esas omisiones. La libertad de expresión y el derecho para ejercer el periodismo y el respeto a que la sociedad esté informada, debe estar garantizado. Por eso hemos elaborado diversos análisis y propuestas y estamos en ese ejercicio de documentar, analizar y de proponer alternativas de experiencia en protección, porque las omisiones graves en las que está incurriendo el estado de Morelos, pueden generar tragedias irreparables.
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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El feminicidio ocurrido en Cuautla el 16 de febrero eleva la cifra en 2016 a 6 meses de Alerta de Violencia de Género.

En el Informe sobre 6 meses de AVG en Morelos la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos documentamos del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. Para el año 2000 en los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años.

Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. En lo que vamos hasta enero del 2016 se han registrado 10. Dando un total de 686 feminicidios en 16 años.  Con este feminicidio ocurrido el 16 de febrero son ya 11 ocurridos en 2016 y 38 durante la AVG.

De acuerdo con el seguimiento de prensa realizado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., el rango de edad de las mujeres asesinadas durante la Alerta de Violencia de Género en Morelos, fluctúa entre los 4 y los 85 años. Se hizo un análisis más fino y se observo que el mayor porcentaje (excluyendo la categoría de sin especificar) se encuentra entre los 21 y 30 años, con un 18.91%, seguida de un 13.51% entre 31 y 40 años. Cabe destacar que la tendencia que se muestra en la gráfica, representa que se han incrementado los feminicidios en mujeres de 41 a 50 años y de 81 a 90.

El pasado 18 de noviembre de 2015, se inauguró la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Delito, aunque no se mencionó el monto destinado para ello. Sin embargo no se han creado módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá contemplar asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes.

Se mencionó que se instalaron los Comités Técnicos de Análisis y Evaluación del Protocolo de Feminicidio, para atender la violencia en contra de las Mujeres y el de Calidad con Perspectiva de Género. Los cuales, tienen como función primordial, supervisar y revisar de manera minuciosa, los avances y compromisos de las 271 Averiguaciones Previas y carpetas de investigación, que se encuentran relacionadas con la AVGM, declarada en los 8 Municipios del Estado.

Sin embargo, ninguna de las demás disposiciones se ha cumplimentado, de acuerdo a los indicadores de cumplimiento.

Aunque el Protocolo de Órdenes de Protección, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5342, de fecha 18 de noviembre del 2015, vemos que se puso énfasis particularmente en casos de violencia familiar, sin embargo, no está diseñado para ver de manera integral los tipos y modalidades de la violencia sufrida por las mujeres, contempladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, ejemplo de ello es que se jerarquizan unas violencias sobre otras, sin que le anteceda un análisis de riesgo, dejando ver la No comprensión de los diferentes tipos de violencia plasmados en la Legislación Nacional y en los Convenios y Tratados Internacionales.

En relación al seguimiento de las órdenes de protección, sólo se contemplan los aspectos policiales, dejando fuera los demás aspectos multidisciplinarios e integrales de protección para las mujeres.

Por otro lado, no se contemplan mecanismos de evaluación del protocolo y/o de las medidas implementadas. Así como tampoco de mecanismos de revisión y/o impugnación de las medidas. Ni tampoco se menciona el cómo se evaluara el fin de alguna medida y quién lo determinará.

No se presentaron los presupuestos con perspectiva de género; No se mencionó si aumentaron el presupuesto encaminado a suprimir las desigualdades de género o si aumentaron el presupuesto destinado a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad.

“El Banco Nacional de Datos, no existe en el Estado de Morelos, ya que no fue autorizado el recurso financiero para su constitución”

Tampoco vemos que exista una elaboración de un plan que detalle la forma en la que se implementará el fortalecimiento de las instituciones, ni la evaluación de resultados de las acciones implementadas para el fortalecimiento institucional.

Se mencionó que “Derivado del trabajo de los Comités Técnicos de Análisis y Evaluación del Protocolo de Feminicidio, para atender la violencia en contra de las Mujeres y el de Calidad con Perspectiva de Género, se han iniciado procedimientos y actas administrativas respecto del cumplimiento a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”. Sin embargo no se dio ningún reporte detallado que contenga nombres, falta cometida, sanción y estado que guarda dicho proceso sancionador.

Hubo un gran avance en la Iniciativa de Decreto por el que se Reforman diversas Disposiciones de distintos Códigos y Leyes Estatales en materia de Violencia contra las Mujeres y Perspectiva de Género, que presentó el Gobernador Constitucional del Estado, con carácter de preferente, ante el Congreso Local, el 1 de septiembre de 2015. Sin embargo no se tomó en cuenta la contradicción existente entre el Código Penal en su artículo 129 que establece que no se debe sancionar a quien culposamente pudiese haber ocasionado homicidio culposo a su esposa, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en su artículo 19, que señala que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de derechos humanos, en los ámbitos público y privado conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas violentas de mujeres, así como el Artículo *213 Quintus, del Capítulo III sobre el Feminicidio, que establece: “Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acredite cualquiera de las siguientes hipótesis: Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho;”. Ya que es con base en esta contradicción que muchos casos de homicidios de mujeres (al no ser tipificados como feminicidios) logran reducir las penas y con ello, dejan precedentes de impunidad.

Tan sólo se ha hecho, de manera puntual y aislada: patrullajes preventivos, difusión de información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia, y sobre qué es la AVGM de manera muy general.

El Ministerio Público no aplica el Protocolo vigente para Investigar el Feminicidio. Eso visibiliza una omisión institucional y garantiza la impunidad de los Feminicidas. La inmensa mayoría de los casos no son investigados ni sancionados como feminicidio. Y aún cuando se incrementó la penalidad para fijarla entre 40 y 70 años, existen casos que han sido sancionados con la penalidad de 7 años, como los cometidos en Cuernavaca.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos  A. C.

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Informe A 6 meses de la Alerta de Violencia de Género en Morelos

Un Estado que no garantiza la vida y la libertad de las mujeres.

Sin medidas emergentes no se detiene el feminicidio.

La AVG es una herramienta jurídica que requiere voluntad política, no simulación.

 Al cumplirse 6 meses de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos que entró en vigor el 10 de agosto de 2014, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., organización peticionaria de la AVG, presentamos un balance de las acciones y medidas establecidas en el decreto emitido por la CONAVIM al gobierno del Estado de Morelos encabezado por Graco Ramírez Garrido Abreu.

En medio de una grave situación de violación reiterada y sistemática de los derechos humanos en la entidad morelense, donde la violencia feminicida forma parte de la creciente inseguridad en la que se vive cotidianamente, es importante analizar en profundidad las consecuencias negativas para la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres, que tiene la falta de aplicación de todas y cada una de las medidas establecidas en la AVG.

El recuento de feminicidios en el Estado de Morelos es de 686 casos en 16 años. En nuestra solicitud de aplicación de la Alerta de Violencia de Género, documentamos 530 casos en 13 años. Hoy constatamos que el nivel de Violencia Feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del Gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato, que autoridades y algunos medios de comunicación, que dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hace un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de las mujeres, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.

Del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. Para el año 2000 en los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años.

Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. En lo que vamos del 2016 se han registrado 10. Dando un total de 686 feminicidios en 16 años.

FEMINICIDIOS OCURRIDOS DURANTE LA AVG DECRETADA EN MORELOS

A partir de que se decretó la AVG en Morelos (10 de agosto del 2015), se han registrado 37 feminicidios. El mes en el que ocurrieron más casos fue Enero (2016) con 10, seguido de Diciembre con 7, Septiembre con 6 y Octubre también con 6. Esto deja ver que en lugar de disminuir, los feminicidios aumentaron.

La violencia Feminicida y en particular los Feminicidios en el Estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ha ido acrecentando a lo largo de los años. Son ya 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec.

Del 10 de agosto del 2015 al 10 de febrero del 2016, los feminicidios sucedieron en por lo menos 17 Municipios diferentes, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

En Temixco existe alta violencia feminicida que priva de la vida violentamente a muchas mujeres, lo que muestra la grave situación que se vive en Morelos. El feminicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, Presidenta Municipal de Temixco (uno de los 8 municipios donde se decretó el 10 de agosto del 2015 la Alerta de Violencia de Género), Morelos, muestra la violencia que afecta gravemente la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres en la entidad, ya que forma parte de los cientos de crímenes que se han registrado a lo largo de 16 años y que la inmensa mayoría de los mismos se mantienen en la impunidad.

En Morelos hay Feminicidio y existe una violencia sistemática contra las mujeres. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los homicidios de niñas y mujeres son un problema grave e inadmisible. Son parte de la Violencia Feminicida como culminación de la violación de sus Derechos Humanos y evidencian la ruptura del Estado de Derecho en Morelos y en todo el País.

Cada vez con mayor frecuencia se conocen crímenes atroces contra niñas y mujeres de todas las edades en diversos Municipios de nuestro Estado y, a pesar de ello, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal no ha diseñado una política integral para enfrentarlos y para abatir la impunidad que los caracteriza.

Autoridades de rangos distintos han demeritado los Homicidios de Mujeres, los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las víctimas y no trabajan con profesionalismo en su esclarecimiento.

Ni las Desapariciones ni los Asesinatos ni la Impunidad son identificados como un grave problema, tampoco se reconoce la responsabilidad del Gobierno en los sucesos y su erradicación no es un eje prioritario de la Política de Desarrollo Social y de la Gobernabilidad.

Así como incontables mujeres victimizadas habían denunciado violencia en su contra ante autoridades que no la consideraron un riesgo para la vida y no asumieron su responsabilidad para evitarla, un número alarmante de casos no son esclarecidos, no se llega a la verdad, los agresores no son sancionados y no hay justicia. Por el contrario, la falta de profesionalismo de los funcionarios, el trato discriminatorio, incluso el encubrimiento a los agresores o la complicidad con ellos, prevalecen en la procuración de justicia. La corrupción hace inconfiables a las Instituciones en general para la ciudadanía.

Eliminar la Violencia Feminicida y todas las Formas de Violencia contra las Mujeres morelenses obliga a reorientar el trabajo del Estado.

Cabe señalar que el Gobierno Federal no ha dado Seguimiento ni Vigilancia al Cumplimiento de las Medidas, y al No establecer tiempos de cumplimiento, abre la posibilidad para la Dilación por parte del Estado de Morelos.

En síntesis podemos decir que la Violencia Feminicida proviene de un conjunto de Conductas Misóginas que Perturban la Paz Social, por lo que exigimos se cumplan todas las Medidas Establecidas por el Grupo de Trabajo en su informe, así como las Acciones Mandatadas por la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

No hay más tiempo para salvaguardar la Vida y la Libertad de las Mujeres, deuda histórica del Estado Mexicano.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Ante la violencia feminicida el Estado debe resarcir el daño.

Los resultados de la investigación realizada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos sobre 6 meses de Alerta de Violencia de Género en Morelos,  permiten comprobar que la violencia es compleja y multifactorial; se debe a la articulación sinérgica de un conjunto de procesos que es preciso tomar en cuenta para diseñar la política capaz de eliminar la violencia.

En todos los casos investigados se corroboró que la Violencia Feminicida es el extremo, la culminación de múltiples formas de violencia de género vividas por las víctimas e imperantes en su comunidad. La mayor parte de las niñas y mujeres victimadas habían vivido previamente múltiples atentados contra sus derechos humanos. En sus comunidades hubo tolerancia e impunidad de la que son responsables las instituciones de los tres niveles de gobierno. Todos los procesos ligados a la búsqueda de justicia han sido vividos con impotencia por la ciudadanía que no encuentra cauce para la exigibilidad de sus derechos, como lo demuestran las acciones de organizaciones civiles y de familiares de las víctimas, así como de redes de defensa de los derechos humanos, quienes no han recibido la respuesta obligada a sus exigencias. La Violencia Feminicida se produce porque prevalece en ellas una organización social genérica jerárquica de supremacía e inferioridad que crea desigualdad de género entre hombres y mujeres; por la exclusión o exposición de niñas y mujeres a poderes opresivos personales, sociales e institucionales; y por la tolerancia y aceptación de hombres machistas y misóginos, incluso de quienes delinquen y no son sancionados.

La impunidad derivada de la inacción del Estado constituye violencia institucional producto de omisión, negligencia o complicidad de las autoridades con los agresores. También existe la impunidad que se debe a la permanencia de estructuras estatales que perpetúan la desigualdad entre los géneros y no reconocen ni garantizan los derechos de las mujeres. La Violencia Feminicida se debe a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres. Se debe, asimismo, a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos. Se concreta en la debilidad de las parciales, incipientes y débiles acciones inconexas de atención a las mujeres sin metas concretas y sin sentido de erradicación de las causas que generan la violencia.

La Violencia Feminicida se reproduce al no dar tratamiento de delito a la violencia contra las mujeres incluso por quienes deben perseguir y juzgar. En ese sentido, por la ausencia del Estado de derecho ya que, aun cuando varias formas de violencia contra las mujeres son delitos, no se considera delito violentar a las mujeres. Los hombres violentos gozan de la complicidad no necesariamente concertada, pero ideológica y políticamente activa, entre autoridades y delincuentes.

Las mujeres víctimas de delitos reciben un trato discriminatorio, misógino y vejatorio por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, lo que constituye violencia institucional y contribuye a la impunidad. Hay diversas formas de maltrato y de injusticia enmarcadas como abuso de autoridad: por omisión, comisión, negligencia, corrupción y colusión con el agresor. Aun después de haber sido asesinadas, sus cuerpos son objeto de agresión. La violencia no termina ahí, las sobrevivientes y las familias de las víctimas son objeto de violencia institucional en el ámbito de la justicia.

Las mujeres no son sujetas de derecho ni consideradas como ciudadanas, por ello, las autoridades que deben procurar justicia proceden en muchos casos como cómplices de los agresores, al actuar contra la seguridad, la dignidad y los intereses de las mujeres. La hegemonía de una cultura patriarcal legitima el despotismo y el trato cruel, sexista –machista, misógino, homófobo y lesbófobo–, alimentado por el clasismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación.

En situaciones de polarización o de jerarquización social, se propician la exclusión y la subordinación, tanto como la supremacía y la violencia contra las mujeres. La violencia irrumpe con fuerza como mecanismo reproductor de esta situación y de las otras formas de supremacía masculina basadas en la edad, la clase, el grupo socioeconómico, étnico, cultural, educativo, deportivo o político.

En la investigación se comprobó que hay Feminicidio cuando se priva de la vida a una mujer por su condición de género mediante actos de misoginia; los homicidios dolosos constituyen feminicidio. Y queda la interrogante de saber cuáles y cuántos de los homicidios culposos también constituye delitos de Feminicidio.

Como la Violencia Feminicida se conforma por procesos sociales complejos de diversas formas de violencia, se investiga cada feminicidio, desde los homicidios dolosos o culposos, y los accidentes, hasta los suicidios de las mujeres, en el entendido de que las condiciones que las condujeron a quitarse la vida fueron situaciones previas de privación humana, violencia o falta de oportunidades. Se incluyen en la Violencia Feminicida otras muertes evitables de las mujeres, un gran número de ellas resultado de la desatención, el maltrato o la desvalorización de la vida de las mujeres. La investigación comprobó el aumento de la violencia de género contra las mujeres y, en ese marco, el de la Violencia Feminicida.

La Violencia Feminicida se debe a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres.

Ante la Violencia Feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación:

  1. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables;
  2. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas;

III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran:

  1. a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo;
  2. b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad;
  3. c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres; y
  4. d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.

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