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Un 2015 con deudas pendientes en Derechos Humanos.

Marco Aurelo Palma Apodaca y Juliana G. Quintanilla
Se va el 2015 y se quedan muchas deudas pendientes en materia de derechos humanos.
Las políticas públicas aplicadas desde hace años en materia de seguridad han dejado consecuencias devastadoras en números de personas desaparecidas, desplazadas o asesinadas. Si bien, México es un país que promueve los derechos humanos en los espacios internacionales, internamente, se caracteriza por una violación sistemática de estos mismos derechos. La impunidad y la corrupción son la regla, no la excepción.
Uno de los elementos históricos que ha caracterizado a México ha sido la discriminación, que se agrava cada vez más con el incremento de la pobreza.
La criminalización de la protesta social y el uso de la violencia en contra de las comunidades y pueblos que exigen el respeto de sus derechos, como expresiones del ejercicio abusivo del poder en la defensa de un proyecto económico que no favorece a la mayoría de la población.
Se ha incrementado la represión en contra de los procesos comunitarios, organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, activistas, para acallar las voces de quienes han manifestado abiertamente su repudio a proyectos que solo benefician a los empresarios.
La situación de las mujeres, niñas, niños y jóvenes es grave especialmente, porque no tienen acceso a los servicios básicos de salud, de educación, vivienda adecuada o alimentación. En México las mujeres continúan muriendo por problemas relacionados con salud sexual y reproductiva, miles de mujeres no tienen acceso a servicios básicos de salud.
Las violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas más frecuentes son la violencia física y sexual, abuso de poder, violencia sexual a niñas y niños, embarazos no deseados por violación a adolescentes.
El feminicidio en México es un grave atentado a los derechos de las mujeres.
Diariamente ocurren 7 muertes violentas de mujeres en el país y la inmensa mayoría se mantienen en la impunidad.
Es necesario mencionar que el clima de violencia y de impunidad que vive México, ha afectado también la labor de quienes defendemos los derechos humanos. Las amenazas y la intimidación, los robos a oficinas y allanamientos, la vigilancia, los ataques físicos, así como los asesinatos, son algunas de las situaciones que defensores y defensoras de derechos humanos han tenido que enfrentar a causa de su trabajo. Las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan además riesgos particulares por la violencia patriarcal al luchar por cambiar los roles y estereotipos de género que las oprime y violenta. Si bien existe en el país un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, la impunidad en los casos de ataques a personas defensoras continua siendo muy alta. Las defensoras continúan siendo agredidas, así como los líderes comunitarios que se oponen en su lucha por la defensa de su tierra y territorio, o víctimas de violaciones a derechos humanos quienes exigen justicia.
En este año podemos hablar de avances importantes logrados por las acciones colectivas de los movimientos de sociales, de derechos humanos y sindicales como la declaratoria para establecer la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios del Estado de México y para 8 del Estado de Morelos, y hemos exigimos se apliquen medidas de esta naturaleza en todo el país para salvaguardar la vida, la libertad y seguridad de las mujeres. En materia de justicia, a pesar de que se han dado pasos importantes para el cambio al sistema oral, las instituciones de administración y procuración de justicia continúan siendo débiles, incapaces de impartir justicia de manera oportuna, y se caracterizan por un alto índice de impunidad y de corrupción. Un ejemplo de lo anterior, es el de la recurrente práctica de la tortura, que continua siendo sistemática y generalizada en el país.
Sobre las desapariciones, es importante destacar los avances logrados en esta materia en Morelos y es la aprobación de la Ley Para Prevenir, Investigar y Erradicar la Desaparición Forzada aún tenemos la exigencia de que el Gobierno de Morelos lleve a cabo la instalación del Mecanismo de Búsqueda y localización de las personas desaparecidas, tal como lo establece la ley Para Prevenir, Investigar y Erradicar la Desaparición Forzada en Morelos, aprobada por la Legislatura anterior, mismo que debió haberse creado 60 días posteriormente a su publicación en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” el día 2 de septiembre de 2015. Este mecanismo es fundamental para buscar y localizar a los 83 desaparecidos en los dos últimos años y a los cientos que se acumulan desde el 16 de diciembre de 1988 con la desaparición de José Ramón García Gómez La tarea de defender los derechos humanos en México sigue siendo vital, permanente y estratégica en la construcción de una sociedad con justicia social, democrática y con respeto para todas y todos.
Este 2015 hemos logrado grandes avances sin embargo aún no hemos logrado todo lo que como sociedad tenemos derecho, por lo que 2016 abre nuevos retos y desafíos para saldar esas deudas pendientes en el respeto a los derechos humanos.

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27 años sin José Ramón

 

José Ramón 27 años desaparecido en Morelos

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¿En dónde están los desaparecidos? Allá en el sur del alma. ¿Cómo se llama al desaparecido? Con el corazón apretando por dentro. ¿Quién tiene la certeza de lo que puede haber ocurrido a un desaparecido hace 27 años? Nadie. Interrogantes que se acumulan y muestran la sinrazón de la barbarie. Las razones de Estado por encima de la racionalidad humanitaria. El 16 de diciembre de 1988 fue la última ocasión en que, al pasar en un camión tocando canciones, un trovador vio a José Ramón cuando unos policías lo detuvieron en Cuautla. Nunca más se le vio por alguna otra persona además de sus captores. Los agentes policiacos que lo detuvieron formaban parte del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, creado por mandato del Gobernador Antonio Riva Palacio López, dirigido por Antonio Nogueda y al mando del Comandante Apolo Bernabé Ríos García, los tres ya fallecidos sin que se hubiese cumplido la justicia, llevándose a la tumba los secretos de Estado que significa el destino de José Ramón y otros desaparecidos. Durante la investigación de la Fiscalía Especial creada para el caso José Ramón, se logró encontrar una tumba clandestina en el panteón de Amilcingo, en Temoac, donde se encontraron 17 cuerpos de desaparecidos reclamados por esposas que se identificaron como “Viudas de Amilcingo” y que aún siguen esperando que haya verdad y justicia, como lo expresó una​  de ellas durante un reciente mitin por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Similitudes con la situación actual en 2015 por la vieja práctica política de utilizar la desaparición forzada como una biopolítica del poder en contra de luchadores sociales, ahora extendida a miles de personas mediante la acción, omisión o aquiescencia del Estado. Dar por muertos a los desaparecidos es la misma decisión de los gobernantes, desde el Procurador de entonces hasta el actual que pretende cerrar el caso de los 43 con la entrega de cenizas. La fosa clandestina en Tetelcingo es solamente la continuidad de estas nefastas prácticas de un terrorismo de Estado que desaparece vivos y muertos, pretendiendo desaparecer la memoria y enterrar el olvido. Aún a pesar de que haya significativos avances en el instrumental jurídico para investigar, sancionar, prevenir y erradicar la desaparición forzada, que no existía tres décadas atrás, y que ahora existe en el marco internacional con la Convención sobre Desaparición forzada, el Comité ad hoc de la ONU y con la Ley en la materia vigente en Morelos desde el 2 de septiembre de 2015 y las iniciativas de ley que se encuentran en el Senado de la República presentadas por organizaciones de familiares y defensoras de derechos humanos, que deberán dictaminarse próximamente y estaremos exigiendo que incluyan las aportaciones enviadas desde la sociedad.

Este 16 de diciembre estamos en Cuautla a las 11 de la mañana en el zócalo, para mantener la exigencia de justicia y verdad a 27 años de la desaparición de José Ramón y para decir que no olvidamos, porque una sociedad que olvida los crímenes de lesa humanidad está irremediablemente condenada a repetirlos una y otra vez. Y no debemos acostumbrarnos al horror cotidiano. No lo aceptamos como si fuera la única alternativa impuesta desde el poder. La lucha histórica de las doñas del Comité Eureka y actualmente las familias de FUNDEM, Victimas y Ofendidos de Morelos, las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros cientos de organizaciones, ha tenido la virtud de mantener la dignidad en todo lo alto. Buscar y localizar a las y los desaparecidos implica que se establezcan las políticas adecuadas, ya contempladas en la ley, en cárceles clandestinas y campos militares, no solo en tumbas clandestinas, como es el caso de la tumba en Tetelcingo, Cuautla, donde deben esclarecerse la identidad de todos los cuerpos y sancionar a los responsables de su inhumación ilegal.

​Como asegura Rosario Ibarra y su familia en carta sobre una novela en torno a Gutiérrez Barrios, artífice de las desapariciones en los años 70s: “​Durante 40 años hemos buscado la verdad y hemos encontrado muchos rastros, pero mientras no tengamos la certeza, para nosotros, su familia y para todos los que luchan por encontrar a los suyos detenidos-desaparecidos en las cárceles clandestinas del mal gobierno, Jesús Piedra Ibarra sigue vivo al igual que todos los desaparecidos y así los seguimos reclamando​”​.

Es importante destacar la exigencia de que el Gobierno de Morelos lleve a cabo la instalación del Mecanismo de Búsqueda y localización de las personas desaparecidas, tal como lo establece la ley Para Prevenir, Investigar y Erradicar la Desaparición Forzada en Morelos, aprobada por la Legislatura anterior, mismo que debió haberse creado 60 días posteriormente a su publicación en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” el día 2 de septiembre de 2015. Este mecanismo es fundamental para buscar y localizar a los 83 desaparecidos en los dos últimos años y a los cientos que se acumulan desde el 16 de diciembre de 1988 con la desaparición de José Ramón García Gómez.

Cuautla, Morelos, 16 de diciembre de 2015

 Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT).

Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT)

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Resolutivo del Encuentro Nacional Feminista sobre AVG en Morelos

 

 Reunidas del 16,17 y 18 de octubre en Toluca, Edo. De México

 Como parte de los resolutivos de este Encuentro se hace un EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, para que sin más dilación, APLIQUE LAS MEDIDAS URGENTES PARA ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (AVG) EN MORELOS, DECRETADA EL 10 DE AGOSTO DEL 2015 PARA 8 DE LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO.

En el entendido de que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Y tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

Por lo cual, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial (Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables); La rehabilitación (Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas); La satisfacción (Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran “La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad; El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.”).

Asimismo recomendamos al Estado Mexicano y en particular al de Morelos a:

  1. Restitución Integral.Tomar acciones por parte del Estado para hacer valer el artículo 11 de la Convención Americana, sobre el derecho a la honra y a la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres victimizadas, como una medida de restitución integral del daño y garantía de no repetición. Así como asegurar que, en casos necesarios, se deben aplicar medidas cautelares y/o provisionales a favor de sus familiares, así como la atención psico-social que permita enfrentar los duelos por muertes violentas o por desaparición/desaparición forzada.
  2. Acceso Pleno a la Justicia.LaCorte Interamericana ha señalado que los Estados tienen la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. Conforme a lo señalado por la Convención Americana, una de las medidas positivas que los Estados Partes deben suministrar para salvaguardar la obligación de garantía es proporcionar recursos judiciales efectivos de acuerdo con las reglas del debido proceso legal, así como procurar el restablecimiento del derecho conculcado, si es posible, y la reparación de los daños producidos.
  3. Garantías Efectivas de no Repetición.Las Garantías de no Repetición son acciones, medidas y procesos encaminados a evitar repetición de violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres; generar cambios en el funcionamiento de las instituciones; transformar factores estructurales de la violencia y lograr una incidencia positiva en la cultura política de la población y de las autoridades; con el fin de fortalecer la política de prevención general en contra de la violencia feminicida.
  4. Plan de Atención y Prevención.Se observó que, en un número importante de casos de feminicidios, el agresor es la pareja o ex pareja sentimental de la víctima, ello sugiere la necesidad de un plan de reforzamiento de Atención a la Violencia contra las mujeres que permita una prevención de esta problemática desde sus primeras manifestaciones y evitar un escalamiento de la violencia.

 

EN CASO DE MUJERES DESAPARECIDAS

Primero: Atender de inmediato las demandas de las y los familiares de personas desaparecidas.

Segundo: Llevar a cabo todas las medidas de investigación tendientes a localizar y presentar con vida a las personas desaparecidas.

Tercero: Que la Fiscalía General del estado de Morelos aplique los Protocolos de Investigación adecuados al amparo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y la aprobada para el Estado de Morelos.

Cuarto: Que se implemente la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos (2015), así como subsanar las deficiencias de la Ley.

Finalmente, consideramos que la AVG es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años. De igual modo, a la vez que celebramos la emisión de esta AVG y le damos las GRACIAS a todas las personas y organizaciones por sumarse a esta exigencia, también expresamos que estaremos dando puntual seguimiento a todas y cada una de las acciones y medidas que se plantean para hacer válidos todos los derechos de las mujeres que permitan alcanzar claramente los objetivos de la AVG, asimismo, convocamos a toda la sociedad a estar atenta de la implementación de ésta Declaratoria en Morelos, pues entendemos que es el último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria, la Justicia y la atención integral para las mujeres.

Encuentro Nacional Feminista,  reunidas del 16,17 y 18 de octubre de 2015 en Toluca, Edo. De México

 

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Desaparición forzada y alerta de violencia de género en Morelos

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos solicitó y obtuvo un importante pronunciamiento de la LIII Legislatura dirigido al Congreso de la Unión, mediante un punto de acuerdo para incorporar los avances locales en la ley general sobre desaparición forzada que actualmente se analiza a nivel nacional. El Congreso morelense solicitó al Congreso de la Unión que considere incluir los principios y las normas que rigen la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada  para el Estado de Morelos. Al aprobar el punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al Congreso de la Unión para que considere los principios rectores y la normatividad con la cual cuenta esta ley local, y que pudieran quedar plasmados dentro de la ley que estaría por expedir el Congreso de la Unión. La Ley morelense atiende a la falta de legislación que se tenía en la materia y que durante mucho tiempo, fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, quienes habían venido alertando sobre el creciente fenómeno delictivo. Esta Ley  tiene como principios fundamentales atender a las personas que sufran o hayan sufrido la desaparición de algún familiar, además de reforzar las sanciones contra los servidores públicos que dentro de su actuar por acción u omisión, sean partícipes en el delito de desaparición forzada de personas. Tanto la Ley General como la del estado de Morelos, deben atender la tragedia por la cual atraviesan decenas de familias que hasta hoy no saben el paradero de hijos, hijas,  padres, madres,  hermanas y hermanos. En su Exposición de motivos el Punto de Acuerdo establece que no es permisible la desaparición forzada de personas, pues constituye una afrenta a la dignidad humana y al Estado de Derecho. Como señala “La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas” que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992, precisa que esta se da cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley. Su profundización y sofisticación se debe, entre otras cosas, a la impunidad que prevalece en todos los casos y al contexto de violencia que vive hoy el país que ha permitido encubrir esta práctica, con lo cual el Estado Mexicano se deslinda de su responsabilidad de investigar y sancionar a las y los responsables. En virtud de que  el Estado de Morelos cuenta con una Ley  para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, consideramos de suma importancia que en estos momentos en que en el Congreso de la unión, tanto en la Cámara de origen como en la revisora de acuerdo al proceso legislativo, se está discutiendo el proyecto de Ley General para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, exhorta tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, a que consideren en el dictamen correspondiente de dicha Ley general, los principios rectores y normatividad de la Ley local en la materia, aprobados por el Congreso del estado de Morelos, a efecto de que queden plasmados en la Ley que expida el Congreso de la Unión. Por todo lo anterior, saludamos este punto de acuerdo de la LIII Legislatura, ya que es una respuesta a las demandas de la sociedad morelense para combatir esta terrible práctica de la desaparición forzada.
Consideramos así mismo importante destacar la lucha por los derechos humanos de las mujeres, en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por lo que convocamos al Foro sobre la Alerta de Violencia de Género en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UAEM, donde contaremos con la presencia de Tita Gutiérrez con su libro “Tres Océanos”, Dolores Soto de Amnistía Internacional que abordará el tema de la desaparición de mujeres, Sylvia Marcos abordada el feminismo y la violencia feminicida, Alfonso Leija comentará la violencia lesbofóbica y homofóbica, Daniela Cerva Cerna sobre Seguridad Ciudadana, integrantes de la CIDHM sobre Alerta de Violencia de Género en Morelos con su importancia, limitaciones y contradicciones en su puesta en práctica. Esta convocatoria conjunta entre la CIDHM y  la  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así como la Facultad de Farmacia, se realizará en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UAEM el 25 de noviembre a las 10 de la mañana. Esperamos su asistencia para fortalecer la lucha: ¡Ni una más!

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De tumbas clandestinas y desaparecidos.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

Desaparecidos. Ni vivos ni muertos. Físicamente ausentes, más presentes que nunca. En Morelos 83 casos se han documentado por el propio gobierno federal en sólo dos años. 153 mil en todo el país de acuerdo a cifras proporcionadas a la ONU por el gobierno en informes oficiales. Familias enteras los buscan por todas partes. En el campo y la ciudad. En las barrancas y a la orilla de la carretera. En solares y en campo abierto. No así en cárceles clandestinas ni campos militares, que se cierran ante los reclamos ya no solo de los familiares sino de instancias internacionales como el Grupo Interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vivos los queremos y por eso los seguiremos buscando en donde los puede mantener el gobierno durante días, meses y años. Así lo hemos demostrado en diversas investigaciones desde los años 70s con el Comité Eureka hasta la actualidad con Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos y decenas de organizaciones que han surgido ante la omisión, inactividad, negligencia o franca complicidad del Estado. Entendemos el dolor y sufrimiento de quienes tienen a un ser querido desaparecido, sin saber qué es lo que le sucede, en qué condiciones se encontrará, si es sometido a torturas o mantenido bajo sedantes médicos o bajo amenaza permanente, como lo han denunciado en testimonios rendidos por sobrevivientes de desaparición forzada. Por ello, cuando es el propio gobierno quien trata de desaparecer a los cadáveres de personas no identificadas, como son los 150 cuerpos de personas enterradas en el panteón de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos, la indignación y la angustia de familiares no tiene límite y muestra el grado de deterioro en la procuración de justicia prevaleciente en la entidad y en el país. El caso es sumamente grave, porque el hecho ocurrió varios meses atrás y las autoridades lo mantuvieron oculto ante la opinión pública y sobre todo ante los familiares que buscan a desaparecidos, sin que se hayan tomado medidas elementales para preservar la identidad y el reconocimiento de cada uno de ellos. Una amplia investigación de periodistas independientes lo hizo público y la familia de uno de los desaparecidos, Oliver, fue la que directamente se enteró de los pormenores del hecho debido a que esperaban la entrega de un cadáver que nunca recibieron, sufriendo por lo tanto doble victimización a manos de quienes se lo llevaron y privaron de la vida y de quienes tienen la responsabilidad legal de dar certeza jurídica a todos sus actos para que se garantice justicia y verdad y no haya impunidad en ningún delito. Ante este cúmulo de violaciones a los derechos humanos la responsabilidad oficial es del Estado. ¿De qué manera se puede llevar a cabo investigaciones judiciales si los restos humanos no se preservan en condiciones adecuadas para todo tipo de peritajes legales? Es verdaderamente absurdo que la autoridad estatal intente ocultar la gravedad del hecho. Sobre todo cuando los familiares han recurrido una y otra vez a solicitar acción ante la Fiscalía y no han quitado el dedo del renglón sobre la necesidad de que se apliquen los protocolos de búsqueda y localización de acuerdo a la normatividad establecida por la propia Fiscalía y ordenada por instancias como la PGR, máxime que no sólo hay desaparecidos en Morelos sino de otras partes del país, y se tiene conocimiento de que han aparecido cuerpos en estados de la república diferentes al que ocurrió la desaparición. Un intercambio y colaboración de las autoridades de las distintas entidades se antoja elemental pero no para quienes están muy lejos de la sensibilidad humana que se requiere para atenderlos. Las responsabilidades no pueden quedar en simples llamados administrativos sino que se deben fincar los cargos penales por este acto que viola diversas leyes y procedimientos. Surge inmediatamente la duda sobre si esto ocurrirá, ya que la independencia y autonomía de la Fiscalía no se observa por ninguna parte, con el nombramiento de un familiar del propio Gobernador y el aval de absolutamente todo el Congreso del Estado en unanimidad que debería tener mejores causas.  La propia Ley para Atender Prevenir y Erradicar la Desaparición Forzada, vigente en Morelos, establece mecanismos que no se han instrumentado a pesar de que ya han pasado los plazos establecidos, por lo que demandamos investigar a fondo estos hechos y castigar a los responsables, porque es evidente que el caso de Oliver Wenceslao representa una violación a la dignidad humana y una revictimización de una persona que fue secuestrada y luego asesinada. Ante los 83 casos de desaparición de personas, sólo en lo que va del sexenio de Graco Ramírez, hasta el momento la Fiscalía carece de protocolos y bases de datos que permitan a las familias de estos desaparecidos averiguar o comprobar que sus ausentes se encuentran en los anfiteatros, o en este caso, en las fosas clandestinas de la Fiscalía. Hay que tener memoria histórica y recordar que los caso ocurridos a finales de los años 80s, cuando a partir de dos recomendaciones de la entonces recién creada CNDH, se buscaron y encontraron dos fosas clandestinas en la comunidad de Amilcingo, en Temoac, en los límites con Puebla, en las que hallaron 19 cuerpos como parte de las investigaciones del caso de José Ramón García Gómez, uno de los primeros desaparecidos políticos del sexenio de Carlos Salinas y Antonio Riva Palacio, desaparecido el 16 de diciembre de 1988 en Cuautla. Hoy el Estado no puede eludir la responsabilidad ante la gravedad de estos hechos, por lo que además de sancionar a los responsables, debe dar certeza a las familias para identificar todos los cuerpos y sobre todo localizar a los desaparecidos y evitar que continúen ocurriendo en Morelos.

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Alerta de Violencia de Género Nacional

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., asistió a reuniones con diversas organizaciones Feministas y Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres de los Estados de México, Puebla, Michoacán y Jalisco. El 22 de octubre estuvimos en Puebla con las encargadas del Programa de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ., del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana, periodistas de LadoB y del  Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C. Los ejes temáticos fueron: el proceso de la solicitud de Alerta de Violencia de Género en Morelos, el contexto local y nacional de la violencia feminicida, y las estrategias a seguir para el acceso a la justicia para las mujeres. Ante el contexto que se enfrenta en Puebla sobre violencia de género y violencia feminicida, es importante recordar que han sido diversas organizaciones y defensoras/es de derechos humanos quienes la han documentado y acompañado desde sus miradas y posibilidades. Además, han sido ellas quienes han aportado conocimiento a la comprensión de la violencia de género y feminicida en el Estado. Ello conlleva reconocer que, históricamente, ha sido la sociedad civil quien ha levantado la voz por la atención de la violencia contra las mujeres, la exigibilidad del acceso a la justicia y el fortalecimiento de un Estado de derecho que nos permita vivir con dignidad a todas las mujeres. Asimismo, las circunstancias sobre el feminicidio en Puebla demandan respuestas eficaces y articulación en todos los niveles de la sociedad e instituciones. Lamentamos, por ello, las declaraciones emitidas por el Lic. Adolfo López Badillo, ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), en las que expresa que las organizaciones de la sociedad civil polarizan la  petición de la alerta de género, como si la violencia feminicida fuese un asunto de filiaciones políticas antes que de derechos humanos. Por lo tanto, queremos hacer hincapié en la urgente necesidad de que esta comisión entienda la complejidad de las acciones que está emprendiendo y su corresponsabilidad en materia de los Derechos Humanos de las mujeres.

El 26 de octubre en Michoacán se celebró una reunión con las organizaciones peticionarias de las Solicitudes de las Alertas de Violencia de Género en Michoacán (Humanas sin Violencia), Guanajuato (Las Libres), Mexicali, Baja California,Veracruz Distrito Federal y Morelos (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.). Como resultado del encuentro, acordamos tener una reunión Nacional para fortalecer el trabajo y la exigencia de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) en todos los Estados, puesconsideramos que la AVG es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años. De igual modo, expresamos que estaremos dando puntual seguimiento a todas y cada una de las acciones y medidas que se plantean para hacer válidos todos los derechos de las mujeres que permitan alcanzar claramente los objetivos de la AVG, asimismo, convocamos a toda la sociedad a estar atenta de la implementación de ésta Declaratoria, pues entendemos que es el último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria, la Justicia y la Atención Integral para las Mujeres.
Finalmente, el 29 de octubre acudimos a Jalisco para participar en el Taller Alerta de Género, donde participaron Mujeres de Distintos Partidos Políticos, Mujeres de Izquierda, Mujeres Líderes en Progreso, el colectivo Uni-Diversidades, entre otras. Aunque hasta el momento Jalisco no ha iniciado su solicitud de Alerta de Violencia de Género de manera formal, hay un panorama complicado para las mujeres en Jalisco, hay feminicidios, desapariciones de mujeres, trata de personas y violencia familiar, razones fundamentales y suficientes para pedir la AVG. Como acuerdo del taller, se aprobó emitir un exhorto al Gobierno del Estado de Morelos para que sin más dilación, aplique las medidas urgentes para atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos, decretada el 10 de agosto del 2015 para 8 de los 33 Municipios del Estado. En el entendido de que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Y tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Por lo cual, el Estado de Morelos deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el marco internacional de los Derechos Humanos y considerar como Restitución Integral: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial. Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables; la rehabilitación. Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las mujeres víctimizadas y de sus familias; y la satisfacción. Son las medidas que buscan una restitución orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran;  la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad. Garantías Efectivas de no Repetición y un Plan de Atención y Prevención de la violencia familiar y en el ámbito comunitario.

 Feministas y Defensoras de Derechos Humanos hemos elevado nuestra voz en diferentes foros y espacios ante la gravedad de la violencia feminicida y los crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTI, por lo que en Morelos, Puebla, Michoacán y Jalisco hicimos un llamado para que juntas exijamos la Alerta de Violencia de Género Nacional. Porque nos queremos vivas ¡Ni una Menos!

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51 años de vida y resistencia del mercado ALM

Marco Aurelio Palma Apodaca.

Nuestro mercado popular ALM edificado en 1964 mañana cumplirá más de medio siglo de vida y a lo largo de todo ese tiempo ha logrado consolidar una gran comunidad de personas (mestizas e indígenas) que día a día interactuamos dentro de un complejo tejido social lleno de prácticas, formas y costumbres propias. En el Mercado ALM se resiste y se lucha cotidianamente contra las grandes cadenas de supermercados nacionales e incluso también contra transnacionales, en condiciones diametralmente desiguales. Se lucha contra la globalización económica, y sobre todo contra los continuos deseos gubernamentales por privatizar dicho espacio público a partir de los nombrados “Proyectos de Remodelación y/o Modernización” (y como ejemplo de ello podemos citar el ya derrotado “Proyecto Garrigos- 2011” y posteriormente el conocido “Proyecto Mitre- 2013”), en donde ha quedado de manifiesto que los funcionarios en turno, solo han buscado generar acuerdos y grandes negocios con la Iniciativa Privada que nunca han dejado de insistir en tales objetivos y tal es el caso que en estos días ya surgió un nuevo “Proyecto Integral de Rescate del ALM 2015” que se elaborara con la participación del Colegio de Ingenieros y Arquitectos con el apoyo de los nefastos representantes de las Agrupaciones Unidas de dicho centro comercial y la intervención además de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que en los próximos meses supuestamente ya se tendrá listo para darlo a conocer a un grupo de Diputados Federales. En caso de que se logre tener un “Plan de Inversión Global” así como un “Anteproyecto Arquitectónico del ALM” el Movimiento 17 de mayo señalamos que se debe de socializar y consultar previamente y de manera informada con toda “base general de los comerciantes” (es decir con los más de 5, 500 comerciantes) tal como lo establece nuestra Constitución Federal. Consideramos además y en forma unánime de que es necesario levantar ya a nuestro mercado de la crisis y el abandono oficial- pero sin dejar de escuchar primero las múltiples voces, propuestas y “Diagnósticos” técnicos (tal como los concretados en pasados meses por los/as comerciantes agrupados en el “Movimiento 17 de Mayo”) que ya se encuentran incluso sistematizados y que surgen de la base y necesidades reales de los verdaderos comerciantes (comprometidos y pensantes) y no por cualquier grupo de tecnócratas de escritorio. El Mercado ALM ya cuenta con más de medio siglo de vida y sin embargo sigue en pie y resistiendo a las acciones e intenciones del gobierno por privatizarlo. Las autoridades en turno nos toman poco en cuenta, pero LES RECORDAMOS QUE TENEMOS EL DERECHO CONSTITUCIONAL A QUE SE NOS CONSULTE PREVIAMENTE si es que se pretendiera en un momento dado realizar una megaobra en el ALM y sus remodelaciones y mejoras al igual, deberán ser siempre socializadas y consensadas de manera colectiva, pues las experiencia anteriores no han sido muy positivas con los llamados “Proyecto Garrigos” o “Proyecto Mitre” que en esencia no les importaba dejar sin espacio ó establecimiento de trabajo a cualquier grupo de pocos ó muchos comerciantes del ALM. A la iniciativa privada y a la mayoría de los funcionarios y políticos no les interesa la identidad social ni las formas de vida tradicional de los más de cinco mil comerciantes y demás personas que sobreviven actualmente dentro y fuera de dicho centro de abasto que fuera considerado en su momento uno de los más grande del país, de diversas maneras imponen proyectos para beneficios políticos sin importar que eso provoque división de las y los comerciantes. Actualmente nuestro mercado ALM sufre una crisis en todo los sentidos, ya que por ejemplo los pisos, drenaje, redes eléctricas e hidráulicas presentan malas condiciones tanto físicas como materiales al grado de que la nave monumental construida por el Arquitecto Pani se encuentra en el abandono gubernamental (es decir en “obra negra”) y la misma ya muestra una serie de cuarteaduras en el techo y  hasta la fecha no ha sido reparada tras el gran incendio de agosto de 2010. Por lo mismo hoy más que nunca, es necesaria la organización de todas y todos los comerciantes, hoy estamos generando un plan de acción como M17 de mayo que cambie las cosas en aras de un beneficio colectivo. estamos trabajando con las y los jóvenes la propuesta de hacer “promotores” que defiendan a nuestro mercado popular con toda su energía e ideas nuevas, a la luz de las experiencias más positivas de nuestros viejos fundadores, es decir de las y los adultos mayores que han venido forjado durante décadas la identidad de nuestro Mercado ALM, urge transformarlo pues se encuentra lleno de carencias; el abandono oficial y social se refleja en cada una de sus áreas y pasillo; es necesario su rescate sin imposiciones de ningún tipo, estamos luchando para que se tomen en cuenta todas nuestras voces de manera democrática. ¡Ya no podemos permitir que el ALM continúe en esta grave crisis! ¡Ya no podemos mantenernos indiferentes! ¡Hoy ya es tiempo que dignifiquemos nuestro Mercado con mayor organización colectiva, y con mayor conciencia social!

Así que también asistiremos a “Marcha-Mitin por los 43” el lunes 26 de octubre a partir de las 5 pm de la tarde, saliendo del conocido chapitel de la iglesia del Calvario al “Zapatita” del Zócalo de Cuernavaca, Iluminar la esperanza por los 43 y por los miles de desaparecidos/as en el país.

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