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Ni discriminación por VIH, ni estigma por sida: fortalecer acciones para combatir pandemia

«Los dirigentes de todo el mundo asumieron, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en septiembre, el compromiso unánime de poner fin a la epidemia del SIDA para 2030. Ese compromiso es reflejo del poder de la solidaridad, que ha logrado forjar alrededor de una enfermedad tan destructiva uno de los movimientos más inclusivos de la historia moderna».

Ban Ki-moon

El 1 de diciembre se conmemora el “Día Mundial de la lucha contra el sida” declarado así por la Organización Mundial de la Salud (OMS), personas de todo el mundo suman esfuerzos para generar conciencia sobre los impactos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), así como mostrar solidaridad y erradicar la pandemia. Esto permite dar a conocer la situación e impulsar los avances en materia de prevención, atención y tratamiento a las personas afectadas.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta finales de 2015, 78 millones de personas habían contraído la infección por VIH desde el comienzo de la pandemia (1981) en 2015 a nivel internacional 36,7 millones de personas vivían con VIH y para junio de 2016, 18.2 millones [16.1 millones–19.0 millones] de personas tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica.

Respecto a México, durante 2015 el Centro Nacional para la prevención y control del VIH y el sida (CENSIDA) documentó 12,118 casos totales notificados (VIH 6,422 y SIDA 5,696), mientras que para el 15 de noviembre de 2016 reporta 9,257 casos totales notificados (VIH 5,145 y SIDA 4,112). Los estados con mayor tasa de casos nuevos diagnosticados de sida son: Campeche, Guerrero, Morelos, Colima y Tlaxcala; y los estados con mayor índice de VIH: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Oaxaca.  La mayor proporción de casos de VIH y de sida son en hombres, por encima del 80% frente a las mujeres y niñez. Los casos de defunción por VIH en México durante 2015 fueron 4,751. Las edades en las que se registran mayores casos son entre los 15 años y los 54 años. La vía de transmisión sexual del virus es la principal, durante 2016 representó el 94.5% de casos nuevos (CENSIDA, 2016).

Por lo anterior, exigimos al gobierno en los ámbitos federal, estatal y municipal a reforzar las acciones centradas en el lugar, la población y sus necesidades (por edad y contexto) que garanticen la disponibilidad de programas de  prevención, de pruebas y de tratamiento del VIH, servicios sensibles, respetuosos y discretos, para terminar con la pandemia de sida y deje de ser una amenaza de la salud pública y se aseguré que las próximas generaciones estén libres de VIH.

¡Basta de muertes que se provocan por no tomar medidas
urgentes y posibles ahora y no sólo para 2030!

 

Atentamente

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

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  ¡Defiende hoy los derechos de las y los demás!    

El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre. Se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 (V), invitando a todo los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos.
Este año, el Día de los Derechos Humanos es una llamada a todos para defender los derechos del otro. Es responsabilidad de todos defender los derechos humanos. Cada uno de nosotros debe tomar una posición. Un paso adelante y defender los derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un indígena, un niño, un afrodescendiente, o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún acto violento
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas. 
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.
 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2.
 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3.
 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4.
 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5.
 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7.
 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8.
 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10.
 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11.
 
(1) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
(2) Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12.
 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13.
 
(1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
(2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14.
 
(1) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
(2) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15.
 
(1) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
(2) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16.
 
(1) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
(2) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
(3) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17.
 
(1) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
(2) Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18.
 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19.
 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20.
 
(1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
(2) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21.
 
(1) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
(2) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
(3) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22.
 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23.
 
(1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
(2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
(3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
(4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24.
 
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25.
 
(1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
(2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26.
 
(1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de  los méritos respectivos.
 
 
(2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
(3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.
 (1) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
(2) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28.
 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29.
 
(1) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
(2) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
(3) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30.
 
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

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XXV Acción Global por Ayotzinapa en Morelos.

¿Cuánto tiempo buscarías si fuera tu hijo?

2 años y un mes de dolor, incertidumbre e injusticia…

La empatía y solidaridad del pueblo han sostenido la fortaleza de padres y madres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa.

26 de octubre de 2016

10 de la mañana, frente al Congreso del Estado de Morelos.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética nos solidarizamos con la lucha de Padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, quienes instalaron un plantón frente a la Cámara de Diputados para solicitar a los legisladores se les permita exponer su situación ante el pleno camaral. La voz de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa debe ser escuchada en el pleno de este recinto legislativo. El plantón se instaló como parte de la jornada de actividades, a dos años y un mes de los hechos ocurridos en Iguala la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, días en que desaparecieron los estudiantes a manos de elementos policiacos e integrantes del crimen organizado. Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de familia, señaló que el propósito es que el pleno de la Cámara de Diputados escuche su clamor y exigencia de la aparición con vida de sus hijos. Además, denunció que la Comisión Especial para el caso Iguala, formada por la Cámara de Diputados, no les ha presentado ningún informe. No se ha visto el trabajo de esa comisión, por eso la exigencia de que nos escuchen; queremos hacer ese reclamo, porque aparte de su obligación es un derecho de nosotros hacerlo; tenemos derecho a ser escuchados, dijo. Respecto de la reciente detención de Felipe Flores, quien en el momento de la desaparición de los normalistas era el jefe de la policía municipal de Iguala, Melitón Ortega, otro de los voceros de los padres de familia, advirtió que esa aprehensión es relevante siempre y cuando proporcione información importante sobre el paradero de los normalistas, pues de otra forma no tendría sentido, alertó.

Por otra parte, el Mecanismo de Seguimiento a la Medida Cautelar 409/14, otorgada en relación con los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, realizará su primera visita a México del 9 al 12 de noviembre de 2016. Desde el inicio de la implementación del Mecanismo, se ha avanzado en sus etapas internas y preparatorias para su primera visita, durante la cual se realizará la presentación pública de su Plan de Trabajo. Asimismo, se realizarán reuniones bilaterales con actores clave para garantizar su funcionamiento y se realizará un encuentro con los familiares de las víctimas en Ayotzinapa, a fin de explicarles directamente sus funciones y metodologías en el marco de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El Mecanismo es coordinado por el Relator de la CIDH para México, Comisionado Enrique Gil Botero y cuenta con el apoyo de los especialistas técnicos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera visita contará con la participación del  Presidente de la CIDH, Comisionado James Cavallaro y del Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão. Durante la visita, la delegación realizará actividades en Ciudad de México y en Ayotzinapa. El Plan de Trabajo del Mecanismo tendrá una duración de 12 meses e incluirá labores de recopilación de información y documentación sobre el caso. El plan también incluirá la frecuencia con que se pretende realizar las visitas regulares a México y por el tiempo que resulte necesario para el labor del Mecanismo. “La CIDH tiene expectativa de que las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sean debidamente cumplidas y el Mecanismo sirve para dar seguimiento al progreso en la implementación de las mismas”, dijo el Presidente de la CIDH, James Cavallaro. El establecimiento de un Mecanismo de Seguimiento fue acordado entre los peticionarios de la medida cautelar y el Estado, y el 29 de julio de 2016 fue decidido por la CIDH mediante una resolución. Dicha resolución establece que el objetivo es dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus dos informes, así como en el marco de la medida cautelar, principalmente la Resolución 42/16. A partir de dicha decisión, la CIDH y el Estado mexicano sostuvieron conversaciones sobre la financiación del mismo. El 9 de septiembre de 2016, la CIDH y el Estado mexicano finalizaron un acuerdo sobre la integralidad de los recursos necesarios para poner en marcha el Mecanismo. “Es fundamental avanzar en la implementación de las recomendaciones con celeridad y tener en cuenta la centralidad de los derechos de las víctimas en todo ese proceso. Buscamos la integral colaboración de las autoridades nacionales y locales, de todos los poderes del Estado, para que se pueda atender cada recomendación de los Informes del GIEI y de la Medida Cautelar”, dijo el coordinador del Mecanismo, Comisionado Gil Botero.

La aprobación de las Leyes Generales en materia de tortura y desapariciones forzadas de acuerdo al derecho internacional aplicable, otro tema prioritario identificado por el Alto Comisionado, constituye una deuda pendiente a más de 10 meses de la presentación de las iniciativas en la materia. Exigimos al Congreso que priorice el cumplimiento de esta recomendación, recordando que la Ley General contra la Tortura está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, mientras la Ley General contra las Desapariciones Forzadas sigue pendiente en el Senado.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética

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Carta a Cuauhtémoc Blanco sobre feminicidio y AVG

  1. C. Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca.

Presente.

Por éste conducto nos dirigimos para informar que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos como organismo peticionario de la Alerta de Violencia de Género en Morelos, vigente en el Municipio de Cuernavaca y otros 7 municipios de Morelos, la cual se emitió con fecha de 10 de agosto de 2015, de acuerdo al Decreto emitido por la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, como es de su conocimiento, la Alerta de Violencia de Género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la Violencia Feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. (Artículo 22, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007.)

En ese sentido, la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá.

  1. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;
  2. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la Violencia Feminicida;

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;

  1. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y
  2. Hacer del conocimiento público el motivo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

A pesar de que han transcurrido 7 meses del establecimiento de la AVG en Morelos, observamos con preocupación que en el ámbito Municipal hay una clara Omisión y Falta de Voluntad Política, pues la No Acción y No Cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo.

La Violencia Feminicida y en particular los Feminicidios en el Estado de Morelos, son ya una situación de extrema violencia que se ha ido acrecentando a lo largo de los años.  Pues del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. Para el año 2000 en los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años. Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. En lo que vamos del 2016 se han registrado 10. Dando un total de 686 feminicidios en 16 años. (Hasta el 10 de febrero de 2016).

Así pues, son ya 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec.

Por todo lo anterior, solicitamos de manera respetuosa se sirva a proporcionarnos la siguiente  información:

1.- ¿Cuáles son las acciones de seguridad y de prevención; qué se han realizado para establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo público y privado?

2.- ¿En qué consisten las medidas concretas para generar campañas permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales, encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel Municipal?

3.- ¿Cuáles son las medidas que ha tomado su gobierno municipal para visibilizar la Violencia de Género y mensaje de Cero Tolerancia a los feminicidios?

4.- Solicitamos se nos informe y otorguen copias simples y/o certificadas sobre cualquier tipo de reporte especial que se tenga relacionado con la zona de Cuernavaca y en el mismo sentido, sírvase expedirnos copias simples y/o certificadas sobre cualquier tipo de documento que se tenga relacionado con los índices o indicadores de la violencia contra las mujeres en el municipio de Cuernavaca.

5.- ¿Cuáles son los recursos económicos presupuestados qué hasta la fecha ha determinado su Gobierno Municipal para hacer frente a la respectiva contingencia de Alerta de Violencia de Género?

Sin otro particular, nos despedimos en espera de una pronta respuesta formal a nuestra respectiva solicitud de información.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Juliana García Quintanilla, José Martínez Cruz, Paloma Estrada Muñoz, Marco Aurelio Palma Apodaca

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El feminicidio ocurrido en Cuautla el 16 de febrero eleva la cifra en 2016 a 6 meses de Alerta de Violencia de Género.

En el Informe sobre 6 meses de AVG en Morelos la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos documentamos del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. Para el año 2000 en los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años.

Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. En lo que vamos hasta enero del 2016 se han registrado 10. Dando un total de 686 feminicidios en 16 años.  Con este feminicidio ocurrido el 16 de febrero son ya 11 ocurridos en 2016 y 38 durante la AVG.

De acuerdo con el seguimiento de prensa realizado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., el rango de edad de las mujeres asesinadas durante la Alerta de Violencia de Género en Morelos, fluctúa entre los 4 y los 85 años. Se hizo un análisis más fino y se observo que el mayor porcentaje (excluyendo la categoría de sin especificar) se encuentra entre los 21 y 30 años, con un 18.91%, seguida de un 13.51% entre 31 y 40 años. Cabe destacar que la tendencia que se muestra en la gráfica, representa que se han incrementado los feminicidios en mujeres de 41 a 50 años y de 81 a 90.

El pasado 18 de noviembre de 2015, se inauguró la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Delito, aunque no se mencionó el monto destinado para ello. Sin embargo no se han creado módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá contemplar asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes.

Se mencionó que se instalaron los Comités Técnicos de Análisis y Evaluación del Protocolo de Feminicidio, para atender la violencia en contra de las Mujeres y el de Calidad con Perspectiva de Género. Los cuales, tienen como función primordial, supervisar y revisar de manera minuciosa, los avances y compromisos de las 271 Averiguaciones Previas y carpetas de investigación, que se encuentran relacionadas con la AVGM, declarada en los 8 Municipios del Estado.

Sin embargo, ninguna de las demás disposiciones se ha cumplimentado, de acuerdo a los indicadores de cumplimiento.

Aunque el Protocolo de Órdenes de Protección, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5342, de fecha 18 de noviembre del 2015, vemos que se puso énfasis particularmente en casos de violencia familiar, sin embargo, no está diseñado para ver de manera integral los tipos y modalidades de la violencia sufrida por las mujeres, contempladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, ejemplo de ello es que se jerarquizan unas violencias sobre otras, sin que le anteceda un análisis de riesgo, dejando ver la No comprensión de los diferentes tipos de violencia plasmados en la Legislación Nacional y en los Convenios y Tratados Internacionales.

En relación al seguimiento de las órdenes de protección, sólo se contemplan los aspectos policiales, dejando fuera los demás aspectos multidisciplinarios e integrales de protección para las mujeres.

Por otro lado, no se contemplan mecanismos de evaluación del protocolo y/o de las medidas implementadas. Así como tampoco de mecanismos de revisión y/o impugnación de las medidas. Ni tampoco se menciona el cómo se evaluara el fin de alguna medida y quién lo determinará.

No se presentaron los presupuestos con perspectiva de género; No se mencionó si aumentaron el presupuesto encaminado a suprimir las desigualdades de género o si aumentaron el presupuesto destinado a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad.

“El Banco Nacional de Datos, no existe en el Estado de Morelos, ya que no fue autorizado el recurso financiero para su constitución”

Tampoco vemos que exista una elaboración de un plan que detalle la forma en la que se implementará el fortalecimiento de las instituciones, ni la evaluación de resultados de las acciones implementadas para el fortalecimiento institucional.

Se mencionó que “Derivado del trabajo de los Comités Técnicos de Análisis y Evaluación del Protocolo de Feminicidio, para atender la violencia en contra de las Mujeres y el de Calidad con Perspectiva de Género, se han iniciado procedimientos y actas administrativas respecto del cumplimiento a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”. Sin embargo no se dio ningún reporte detallado que contenga nombres, falta cometida, sanción y estado que guarda dicho proceso sancionador.

Hubo un gran avance en la Iniciativa de Decreto por el que se Reforman diversas Disposiciones de distintos Códigos y Leyes Estatales en materia de Violencia contra las Mujeres y Perspectiva de Género, que presentó el Gobernador Constitucional del Estado, con carácter de preferente, ante el Congreso Local, el 1 de septiembre de 2015. Sin embargo no se tomó en cuenta la contradicción existente entre el Código Penal en su artículo 129 que establece que no se debe sancionar a quien culposamente pudiese haber ocasionado homicidio culposo a su esposa, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en su artículo 19, que señala que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de derechos humanos, en los ámbitos público y privado conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas violentas de mujeres, así como el Artículo *213 Quintus, del Capítulo III sobre el Feminicidio, que establece: “Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acredite cualquiera de las siguientes hipótesis: Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho;”. Ya que es con base en esta contradicción que muchos casos de homicidios de mujeres (al no ser tipificados como feminicidios) logran reducir las penas y con ello, dejan precedentes de impunidad.

Tan sólo se ha hecho, de manera puntual y aislada: patrullajes preventivos, difusión de información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia, y sobre qué es la AVGM de manera muy general.

El Ministerio Público no aplica el Protocolo vigente para Investigar el Feminicidio. Eso visibiliza una omisión institucional y garantiza la impunidad de los Feminicidas. La inmensa mayoría de los casos no son investigados ni sancionados como feminicidio. Y aún cuando se incrementó la penalidad para fijarla entre 40 y 70 años, existen casos que han sido sancionados con la penalidad de 7 años, como los cometidos en Cuernavaca.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos  A. C.

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Informe A 6 meses de la Alerta de Violencia de Género en Morelos

Un Estado que no garantiza la vida y la libertad de las mujeres.

Sin medidas emergentes no se detiene el feminicidio.

La AVG es una herramienta jurídica que requiere voluntad política, no simulación.

 Al cumplirse 6 meses de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos que entró en vigor el 10 de agosto de 2014, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., organización peticionaria de la AVG, presentamos un balance de las acciones y medidas establecidas en el decreto emitido por la CONAVIM al gobierno del Estado de Morelos encabezado por Graco Ramírez Garrido Abreu.

En medio de una grave situación de violación reiterada y sistemática de los derechos humanos en la entidad morelense, donde la violencia feminicida forma parte de la creciente inseguridad en la que se vive cotidianamente, es importante analizar en profundidad las consecuencias negativas para la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres, que tiene la falta de aplicación de todas y cada una de las medidas establecidas en la AVG.

El recuento de feminicidios en el Estado de Morelos es de 686 casos en 16 años. En nuestra solicitud de aplicación de la Alerta de Violencia de Género, documentamos 530 casos en 13 años. Hoy constatamos que el nivel de Violencia Feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del Gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato, que autoridades y algunos medios de comunicación, que dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hace un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de las mujeres, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.

Del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. Para el año 2000 en los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años.

Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. En lo que vamos del 2016 se han registrado 10. Dando un total de 686 feminicidios en 16 años.

FEMINICIDIOS OCURRIDOS DURANTE LA AVG DECRETADA EN MORELOS

A partir de que se decretó la AVG en Morelos (10 de agosto del 2015), se han registrado 37 feminicidios. El mes en el que ocurrieron más casos fue Enero (2016) con 10, seguido de Diciembre con 7, Septiembre con 6 y Octubre también con 6. Esto deja ver que en lugar de disminuir, los feminicidios aumentaron.

La violencia Feminicida y en particular los Feminicidios en el Estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ha ido acrecentando a lo largo de los años. Son ya 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec.

Del 10 de agosto del 2015 al 10 de febrero del 2016, los feminicidios sucedieron en por lo menos 17 Municipios diferentes, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

En Temixco existe alta violencia feminicida que priva de la vida violentamente a muchas mujeres, lo que muestra la grave situación que se vive en Morelos. El feminicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, Presidenta Municipal de Temixco (uno de los 8 municipios donde se decretó el 10 de agosto del 2015 la Alerta de Violencia de Género), Morelos, muestra la violencia que afecta gravemente la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres en la entidad, ya que forma parte de los cientos de crímenes que se han registrado a lo largo de 16 años y que la inmensa mayoría de los mismos se mantienen en la impunidad.

En Morelos hay Feminicidio y existe una violencia sistemática contra las mujeres. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los homicidios de niñas y mujeres son un problema grave e inadmisible. Son parte de la Violencia Feminicida como culminación de la violación de sus Derechos Humanos y evidencian la ruptura del Estado de Derecho en Morelos y en todo el País.

Cada vez con mayor frecuencia se conocen crímenes atroces contra niñas y mujeres de todas las edades en diversos Municipios de nuestro Estado y, a pesar de ello, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal no ha diseñado una política integral para enfrentarlos y para abatir la impunidad que los caracteriza.

Autoridades de rangos distintos han demeritado los Homicidios de Mujeres, los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las víctimas y no trabajan con profesionalismo en su esclarecimiento.

Ni las Desapariciones ni los Asesinatos ni la Impunidad son identificados como un grave problema, tampoco se reconoce la responsabilidad del Gobierno en los sucesos y su erradicación no es un eje prioritario de la Política de Desarrollo Social y de la Gobernabilidad.

Así como incontables mujeres victimizadas habían denunciado violencia en su contra ante autoridades que no la consideraron un riesgo para la vida y no asumieron su responsabilidad para evitarla, un número alarmante de casos no son esclarecidos, no se llega a la verdad, los agresores no son sancionados y no hay justicia. Por el contrario, la falta de profesionalismo de los funcionarios, el trato discriminatorio, incluso el encubrimiento a los agresores o la complicidad con ellos, prevalecen en la procuración de justicia. La corrupción hace inconfiables a las Instituciones en general para la ciudadanía.

Eliminar la Violencia Feminicida y todas las Formas de Violencia contra las Mujeres morelenses obliga a reorientar el trabajo del Estado.

Cabe señalar que el Gobierno Federal no ha dado Seguimiento ni Vigilancia al Cumplimiento de las Medidas, y al No establecer tiempos de cumplimiento, abre la posibilidad para la Dilación por parte del Estado de Morelos.

En síntesis podemos decir que la Violencia Feminicida proviene de un conjunto de Conductas Misóginas que Perturban la Paz Social, por lo que exigimos se cumplan todas las Medidas Establecidas por el Grupo de Trabajo en su informe, así como las Acciones Mandatadas por la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

No hay más tiempo para salvaguardar la Vida y la Libertad de las Mujeres, deuda histórica del Estado Mexicano.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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La visita del Papa y los Derechos Humanos.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Un centenar de organizaciones civiles hemos dirigido una carta al Papa Francisco, para que durante su visita, se refiera a la alarmante situación por la que atraviesa México en materia de derechos humanos. El año pasado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizaron visitas in loco al país. Ambos organismos internacionales constataron la grave crisis de derechos humanos que vive México y coincidieron en que la situación extrema de inseguridad, violencia e impunidad, y las alarmantes cifras de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas y torturadas, para un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado reconocido, resulta impactante. Tan solo de diciembre de 2006 a diciembre de 2014, se registraron 4,055 denuncias por tortura ante la Procuraduría General de la República, de las cuales, 1,273 corresponden a denuncias contra militares. De igual forma, se tienen oficialmente contabilizados 27,638 casos de desaparición de personas, muchos de los cuales han sido cometidos por funcionarios públicos en el contexto de la actual política de seguridad. A estos casos recientes se deben sumar los 797 casos documentados de desaparición forzada durante la llamada Guerra Sucia que no han sido esclarecidos ni sancionados. Así mismo, en lo que va de la presente administración, sólo por nombrar algunos ejemplos, 22 personas fueron ejecutadas arbitrariamente por elementos militares en el Estado de México; 43 jóvenes estudiantes en el estado de Guerrero fueron desaparecidos forzadamente sin que a la fecha se cuente con investigaciones concluyentes ni satisfactorias sobre la suerte y paradero de las víctimas, ni mucho menos sobre la responsabilidad penal de los responsables; y el año pasado México ocupó el segundo lugar en América Latina por crímenes de odio por homofobia al registrar1,218 asesinatos homofóbicos entre 1995 y 2014, habiéndose registrado 247 homicidios contra personas LGBTTT en lo que va del sexenio. De manera preocupante, 5 municipios del país se encuentran dentro de las 50 ciudades más violentas por homicidios a nivel internacional. En Michoacán, tan solo el año pasado fueron asesinados al menos 50 civiles a manos de la Policía Federal en los municipios de Apatzingán y Tanhuato, y un niño de 12 años fue arbitrariamente privado de su vida por elementos militares en la localidad de Ostula en un enfrentamiento armado. En el Estado de México, se han registrado niveles alarmantes de violencia contra las mujeres, en 2014 se registraron 27 feminicidios en once municipios del estado y en 2015, hasta el mes de agosto, se registraron 19. En Ecatepec, uno de los municipios con los índices de violencia más preocupantes, en 2014 se encontraron 7,000 restos óseos en un canal de aproximadamente 19 kilómetros; 16 cadáveres correspondieron a mujeres. De manera similar, en Chihuahua, 2,361 mujeres han sido víctimas de feminicidio en los últimos 20 años. Hasta el momento, no existen sentencias significativas que envíen un mensaje a la sociedad que esos delitos no son aceptables en México. En Ciudad Juárez y sus alrededores, se estima que 254,426 personas dejaron sus hogares a causa de la violencia en el periodo de 2007 a 2011; el 41% de ellas cruzaron hacia Estados Unidos. El desplazamiento interno forzado a causa de la violencia es un problema que afecta de manera preocupante a todo el país, con una estimación de 287,358 personas desplazadas al interior de la República, sin que exista política o institución alguna que dé respuesta a las víctimas para garantizar de manera integral sus derechos humanos. En Chiapas, desde el conflicto armado interno en el estado en 1994, se estima que al día de hoy, más de 30 mil personas se encuentran en condición de desplazamiento interno forzado prolongado. Aunado a esto, los altos índices de extrema pobreza y marginación en la entidad, han sido utilizados como un instrumento de represión y manipulación por parte del Gobierno del estado, el cual, sin una política pública integral, ha implementado medidas paliativas para lucrar con la pobreza de la población e incentivar estructuras clientelares y serviles a favor de su partido político. Los megaproyectos basados en la minería, agroindustria, represas, entre otros, sumados a la corrupción endémica en la que se priorizan los negocios de los gobernantes y sus aliados empresariales, han impulsado estrategias de despojo, así como de intimidación y criminalización contra las comunidades y las personas que las defienden.  De igual manera, se le pide en la misiva al Papa Francisco, debe tener presente que el Estado mexicano se niega a aceptar la responsabilidad que han tenido el ejército y la marina en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Por el contrario, se ha fortalecido la presencia de las fuerzas armadas del país en tareas de seguridad pública, funciones propias de la policía civil tal como lo ordena la Constitución Mexicana. Para nosotras es muy importante, dado el altísimo número de víctimas de violaciones a derechos humanos, que la agenda de su visita considere a esas víctimas, muchas de las cuales requieren del reconocimiento y respaldo internacional ante la absoluta indolencia del Estado mexicano. Esta carta incluye la firma de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, entidad que no será visitada, pero que no escapa a esta grave situación que debe ser de su conocimiento, como se demuestra con el incumplimiento de la aplicación de acciones de emergencia que señala la alerta de violencia de género, a seis meses de su aprobación.

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