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Acción Urgente: Justicia para representantes comunales de Santa Catarina, Tepoztlán.

Justicia para representantes comunales de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos ante agresión a balazos.

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos les enviamos ésta Acción Urgente ante la denuncia que nos hicieron llegar comuneros de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, Morelos, y que solicitamos envíen al Gobierno del Estado de Morelos.

La Comunidad indígena de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, se encuentra conmocionada por al artero ataque a balazos que sufrieron los representantes de Bienes Comunales en sus oficinas a manos de una persona que les disparó y dejó con heridas a Catalino Santiago Salazar y a Mauricio Franco Sánchez, Presidente y Secretario, quienes recibieron tres balazos cada uno y se encuentran en el Hospital G. Parres de Cuernavaca, donde hasta el momento se encuentran siendo atendidos y en espera de ver cómo evoluciona su estado de salud.

Este artero ataque criminal fue cometido por una persona de nombre Darío N, quien llegó a las oficinas de la representación de Bienes Comunales de Santa Catarina, a solicitar la expedición de una constancia de posesión de un terreno que asegura haber comprado en terrenos del área protegida de El Texcal, por lo que se le informó que no se podía extender dicha constancia por tratarse un lugar de reserva ecológica, por lo que su reacción fue sacar una pistola que ya llevaba oculta en un morral donde aparentaba llevar documentos y disparar a corta distancia del presidente y el secretario de Bienes Comunales, como quedó asentado en la Carpeta de Investigación HG01/512/2018 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Inmediatamente se le impidió huir y se le sometió por parte del resto de integrantes del comisariado de bienes comunales y se le entregó a elementos de la policía municipal a quienes se les dio inmediato aviso y los heridos fueron trasladados en una ambulancia al Hospital Civil de Cuernavaca “José G. Parres”, siendo las 8:10 de la noche del 2 de julio de 2018.

Estos hechos ocurren luego de que se ha estado denunciando la invasión de tierras comunales ubicadas en el área de reserva ecológica de El Texcal por parte de los representantes de bienes comunales, sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas pertinentes por parte de las autoridades, lo que pone en riesgo la vida y la integridad de quienes defienden la tierra comunal ante invasores y vende tierras.

El pueblo de Santa Catarina ha trabajado en la defensa de la tierra, el territorio, la lengua y los derechos de los pueblos indígenas, desde que la asamblea del pueblo decidió defender El Texcal y oponerse a las invasiones que han destruido gran parte de la reserva ecológica donde se asienta la laguna de Hueyapan.  Al mismo tiempo participamos en la lucha contra la construcción del Club de Golf en Tepoztlán. Así mismo, durante décadas participamos de la defensa de las tierras comunales, sobre todo a partir del Decreto de Expropiación que dio origen en 1962 a la construcción de CIVAC en terrenos donde manteníamos un litigio con la comunidad de Tejalpa, en un polígono que va de Acolapa a Acolala y Tetenco y que representan más de 3 mil Hectáreas,  ya que nuestro Decreto de 1939 establecía que dichos terrenos pertenecían a Tepoztlán y el Amparo de 1942 favorecía a Tejalpa, por lo que nos opusimos a que CIVAC se extendiera a los terrenos colindantes y en 1975 nuestra comunidad tuvo que movilizarse para defender esas tierras comunales.

Por todo lo anterior, no podemos permanecer sin exigir que se defienda la tierra comunal frente a las invasiones y a la destrucción ecológica de una gran cantidad de hectáreas en las colindancias con El Texcal, en el polígono que se ubica entre Milpillas, Tetenco y Acolala, por lo que reiteramos nuestra exigencia al Gobierno del Estado de Morelos tomar todas las medidas para su protección y defensa, antes de que sean arrasadas todas nuestras tierras comunales.

 

Por todo lo anterior solicitamos al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu y al Fiscal General de Justicia Uriel Carmona Gándara.

Primero:

Que la Fiscalía general de Justicia de Morelos integre adecuadamente la carpeta de Investigación HG01/512/2018 por el homicidio en grado de tentativa cometido por Darío N en contra de nuestros compañeros Catalino Santiago Salazar y Mauricio Franco Sánchez, de tal manera que haya justicia y no quede éste acto criminal en la impunidad.

Segundo:

Que el gobierno a través de las instancias correspondientes tome las medidas de protección y seguridad para la comunidad indígena de Santa Catarina y se den garantías para el trabajo que llevan a cabo los representantes de Bienes Comunales.

Tercero:

QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO FEDERAL LLEVE A CABO TODAS LAS ACCIONES JURIDICAS Y LEGALES CORRESPONDIENTES A LA DEFENSA PLENA DE LAS TIERRAS COMUNALES DE SANTA CATARINA EN EL AREA COLINDANTE CON LA ZONA DE RESERVA ECOLOGICA DE EL TEXCAL, PERTENECIENTES AL PARQUE NACIONAL EL TEZPOZTECO Y AL CORREDOR ECOLOGICO DE FLORA Y FAUNA DEL AJUSCO AL CHICHINAUTZIN.

ATENTAMENTE.

EL COMISARIADO AUXILIAR DE LOS BIENES COMUNALES DEL POBLADO DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS.

COMISION INDEPENDIENTE DE DERECHOS HUMANOS DE MORELOS A.C.

Santa Catarina, municipio de Tepoztlan,  4 de julio de 2018

 

  1. Graco Ramírez Garrido Abreu. Gobernador del Estado de Morelos. Casa Morelos Primer Piso, Plaza de Armas, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62000. Correo electrónico graco.ramirez@morelos.gob.mx

 

  1. en D. Uriel Carmona Gándara. Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos. Dirección. Av. Emiliano Zapata # 803. Colonia Buena Vista, Cuernavaca Morelos. C.P. 62130.

Correo electrónico: urielcarmona@moreloslegal.com

 

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C. privada de las Flores 16, colonia San Antón, Cuernavaca, Morelos, CP 62020

Correo Electrónico cidhmorelos@gmail.com

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Después de 16 años, histórica condena por tortura sexual contra militares en México

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., saludamos la importante condena histórica por tortura sexual cometida por militares contra Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena Me’phaa. 

 El 1° de junio del 2018, la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria contra los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, por los delitos de violación y de tortura, derivados de los hechos ocurridos en 2002 contra Valentina Rosendo Cantú. Esta sentencia emerge tras 16 años de lucha de Valentina para que su voz fuera escuchada y valorada en un tribunal civil.

En dicha resolución, el Juzgado impuso a los imputados una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, condenándolos además al pago de la reparación del daño a favor de Valentina Rosendo Cantú. En la sentencia se tiene por probado que los militares cometieron tortura sexual contra Valentina, quien en ese entonces era menor de edad. Para ello, el Juzgado reconoce el testimonio de la víctima como elemento probatorio fundamental, y señala que los delitos de esta naturaleza ocurren sin que haya posibilidad de acceder a testigos.

La resolución también se refiere a la tortura sexual como un acto de discriminación agravada e interseccional. Al respecto, en la sentencia se toma en cuenta “la desigualdad estructural en la que se encontraba al ser indígena, lo que la hizo susceptible de abuso y violación a sus derechos, que sumada a la circunstancia de ser mujer menor edad, también evidenció una asimetría de poder, pues sus agresores fueron militares con los cargos de cabo y soldado de infantería, respectivamente, ante una particular mujer indígena y menor de edad, mostrando una clara ventaja en la preparación y la instrumentación al portar armas de fuego”.

“Los militares, al ostentarse como un grupo armado, actúan como si no hubiera leyes que los obliguen a respetar los derechos de las personas. Por el hecho de que Valentina, una menor de edad, se viera obligada a lavar su ropa en un arroyo, para los militares fue una oportunidad para mancillarla y causarle un grave daño que ha trastocado su proyecto de vida como mujer, como esposa y como madre. Se infligió un daño a su dignidad, a la honra familiar y a la misma comunidad porque los elementos castrenses usaron su fuerza para causar terror y romper el tejido comunitaria”, afirmó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

La investigación por los hechos se inició ante la justicia militar en México, en donde la denuncia interpuesta no prosperó. Por ello, luego de un largo proceso ante el sistema interamericano, el 31 de agosto del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia contra del Estado mexicano.

Este órgano ordenó a México 16 medidas de reparación, dentro de las cuales se señaló investigar los hechos en el fuero civil y proceder a identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables, para así garantizar el acceso a la justicia de Valentina Rosendo Cantú.

Gracias a esta y otras sentencias dictadas por la Corte IDH, en el 2014 México modificó parcialmente el Código de Justicia Militar, estableciéndose que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra personas civiles se investigarían en tribunales civiles. Pese al avance, la reforma sigue siendo insuficiente.

“Esta es la primera vez que México cumple con su obligación de investigar, juzgar y sancionar, a militares responsables de violaciones de derechos humanos a raíz de una sentencia del tribunal interamericano. Por ello, esta sentencia es un hito y una prueba de que la impunidad se puede romper a pesar de no existir voluntad, porque Valentina persistió, las organizaciones continuaron acompañándola y hubo una jueza independiente”, destacó Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (CEJIL).

“Se me llena de emoción el corazón porque soy una mujer indígena que habla Me’phaa y ganó mi palabra, ganó la verdad, porque desde el principio el gobierno no me creyó y ahora triunfó mi búsqueda de justicia; siento que hay una esperanza. Por todo este camino que he pasado quiero agradecer a mis abogados y a todas las demás organizaciones que me han acompañado porque si ellos no me hubieran creído ni apoyado, no hubiera llegado hasta aquí”, expresó Valentina Rosendo Cantú acerca de la sentencia.

CEJIL, Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acompañaron a Valentina durante el proceso ante los órganos interamericanos. Para las organizaciones, este caso emblemático demuestra las graves consecuencias que genera la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana y debe ser una llamada más de atención para que el Estado cambie su política de seguridad pública.

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Valentina Rosendo Cantú: combate a la impunidad militar a partir de una sentencia internacional

Las organizaciones defensoras de derechos humanos de la Región Sur de la REDTDT hemos enviado una carta que transcribimos a continuación:

Causa penal: 62/2013. Ref: Caso Valentina Rosendo Cantú

Iliana Fabricia Contreras Perales

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero

Boulevard Vicente Guerrero no. 125 KM, 274 Fraccionamiento la Cortina Chilpancingo, Gro. CP. 39090. Teléfonos: (747) 4942500 ext.1036 conmutador y fax (747) 4942548

Correo electrónico: 7jdo21cto@correo.cjf.gob.mx

P R E S E N T E.-

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C., con domicilio en Privada de las Flores 16, colonia San Antón, Cuernavaca, Morelos, somos una organización que surgimos en 1989 para la defensa de los derechos humanos y en este caso de los derechos de las mujeres indígenas.

En ese sentido, nos dirigimos a usted con el debido respeto a fin de expresarle nuestro profundo interés respecto a la resolución que está próxima a emitir relativa a los hechos de violación y tortura sexual cometidas contra la Señora Valentina Rosendo Cantú, en el 2002, desahogados en la causa penal en referencia.

Desde ese año, la señora Rosendo Cantú buscó acceder a la justicia por vía de las instancias de procuración de justicia mexicana; no obstante, en aquel momento este derecho le fue obstaculizado por las instancias civiles locales, federales y militares. Además de ser revictimizantes y no garantizar su atención médica integral, las instancias nacionales consideraron que el fuero competente para conocer y juzgar los hechos era la justicia castrense, lo que impidió que la señora Rosendo Cantú pudiera acceder a la justicia en México y la llevó a dirigirse al máximo tribunal interamericano para ser escuchada.

Durante todo el proceso, la señora Rosendo Cantú y su familia fueron víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones que impactaron tanto a nivel personal como comunitario, obligándola a salir de su comunidad y desplazarse para el resguardo de ella y su hija.

En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia a favor de la señora Rosendo Cantú en agosto del 2010; en dicha resolución, quedó asentado que la señora Rosendo Cantú fue víctima de tortura sexual por parte de elementos de las fuerzas armadas en un contexto caracterizado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”[1].

Igualmente, el máximo tribunal regional determinó que se violaron sus derechos a una vida libre de violencia, a no ser torturada, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, y al debido proceso y las garantías judiciales. Asimismo, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales.

El impacto de la perseverancia de Valentina Rosendo por acceder a la justicia es invaluable. La sentencia de la Corte IDH ha sentado precedentes respecto de la calificación de la violación sexual como tortura y ha desarrollado a detalle los estándares para juzgar con perspectiva de género y etnicidad; igualmente se han logrado reformas en materia de Amparo y Justicia Militar.

Sin embargo, como es de su información, Valentina ha esperado más de dieciséis años para acceder a la justicia. Los procesos penales que hoy enfrentan los dos imputados en la causa penal en referencia han sido impulsados por ella misma. Primero buscando que las investigaciones fueran remitidas al fuero ordinario y una vez que fueron consignados ante este Juzgado, participando activamente en el proceso; incluso teniendo que enfrentar un careo procesal frente a uno de los procesados, a más de doce años de los hechos y a pesar de todos los obstáculos y amenazas previamente enfrentados.

Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica. Este es el primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército, derivado de una sentencia internacional, a punto de resolverse en el fuero ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos.

En virtud de lo anterior, respetuosamente consideramos que ante su inminente resolución, se tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar casos similares con perspectiva de género y etnicidad, así como los desarrollados por la SCJN en el expediente Varios 1396/2011 estableciendo un precedente a nivel nacional. Más importante aún, se tiene la oportunidad de garantizar la protección y el acceso a la justicia a una mujer indígena que por más de una década ha sostenido dignamente su testimonio y su denuncia a pesar de los diversos obstáculos y amenazas para acceder a la justicia.

Por otro lado, la resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú, llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, así como su regulación en un nuevo marco normativo que ha sido criticado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.

Por lo anterior, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, respetuosos de la independencia judicial, consideramos que este H. Juzgado tiene la oportunidad de emitir una sentencia acorde a los estándares delimitados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de tortura sexual infligida a la señora Rosendo Cantú y que repare el daño que se le ha causado en dieciséis  años de búsqueda de justicia.

Conscientes de que su resolución reflejará su compromiso con la impartición de justicia en México y de sus compromisos internacionales, nos despedimos, no sin antes reiterarle nuestras más distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Anexos:

[1] Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216 (de aquí en adelante Rosendo Cantú y otra Vs. México), párr. 71.  La presencia del Ejército cumpliendo labores policiales en el estado de Guerrero ha sido un tema controvertido en relación con los derechos y libertades individuales y comunitarias, y ha colocado a la población en una situación de gran vulnerabilidad, afectando a las mujeres de una manera particular. De acuerdo con la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero “[l]as mujeres indígenas siguen padeciendo las consecuencias de una estructura patriarcal ciega a la equidad de género, especialmente en instancias como fuerzas armadas o policiales, donde se les entrena para la defensa, el combate o el ataque a criminales, pero no se les sensibiliza en los derechos humanos de la comunidad y de las mujeres”. En este contexto, entre 1997 y 2004 se presentaron seis denuncias de violaciones sexuales a mujeres indígenas atribuidas a miembros del Ejército en el estado de Guerrero, las cuales fueron conocidas por la jurisdicción militar  sin que conste que en alguno de esos casos se hubiera sancionado a los responsables.

Mayo 2018

Valentina Rosendo Cantú es una mujer indígena Me’phaa, originaria de la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, en la región de la Montaña en el estado de Guerrero. Valentina es sobreviviente de tortura sexual cometida por elementos del Ejército en el 2002. En agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en la que señaló que había quedado plenamente probado que había sido víctima de graves violaciones de derechos humanos – incluida tortura sexual –  en un contexto marcado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”.[1]

No sobra mencionar, que Valentina Rosendo Cantú ha exigido justicia durante dieciséis años de la mano de Inés Fernández Ortega – mujer indígena Me’phaa sobreviviente de tortura sexual – cuyo caso ha sido igualmente resuelto por la Corte IDH y en el que, al igual que en el caso de Valentina, elementos del ejército enfrentan cargos en la jurisdicción ordinaria, la cual aún se encuentra en proceso de integración.

  1. Antecedentes

En el año 2002, Valentina residía en la Comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, Guerrero; tenía apenas 17 años y una hija de 3 meses de edad y no hablaba español. Valentina fue torturada sexualmente en febrero de 2002 por elementos del Ejército – en específico del 41 Batallón de Infantería en Guerrero – quienes llevaban detenido a una persona e interrogaron a Valentina respecto de nombres de personas de la comunidad. Tras ser agredida, Valentina inició un difícil camino, caracterizado por la negligencia, el encubrimiento y la discriminación por parte de las autoridades estatales y federales. En el ámbito de la justicia, a pesar de que denunció los hechos inmediatamente, las investigaciones fueron parciales y poco diligentes. De igual forma, se le negó atención efectiva a servicios integrales de salud, por parte de las instancias estatales en su condición de mujeres víctimas de violencia, lo que a la postre se tradujo en graves afectaciones para su salud física y emocional. Valentina tuvo que enfrentarse a la discriminación que las mujeres víctimas de violencia sexual experimentan, la cual se agravó por su identidad indígena y por ser menor de edad al momento  de denunciar: no contó con servicios de traducción y en todas las ocasiones en las que acudía para exigir justicia se enfrentaba a un proceso de revictimización en virtud de que era constantemente cuestionada por los hechos que describía. Aunado a ello, las autoridades civiles permitieron que las indagatorias abiertas fueran derivadas hacia el fuero militar, donde la falta de independencia e imparcialidad característica de las instancias que lo conforman propició que la impunidad prevaleciera, a pesar de que se impugnara infructuosamente esa decisión a través del juicio de amparo. Además, Valentina al atreverse a denunciar lo ocurrido tuvo significativas implicaciones, enfrentando estigmatización y amenazas derivada de hacer públicos los hechos y los riesgos por alzar la voz contra el Ejército.

  1. Proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y retorno de la competencia al fuero civil

Debido a la falta de avances en la investigación a nivel nacional y dado que ésta se estaba desahogando en un fuero que no era competente o independiente, Valentina decidió llevar su caso a instancias internacionales.[2]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó su sentencia en octubre de 2010 en la que determinó que se violaron los derechos en de Valentina Rosendo: a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; y al debido proceso y las garantías judiciales. Asimismo, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales.  Como consecuencia, la sentencias contiene 16 medidas de reparación del daño ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su agravio, de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario.

Desde la emisión de la sentencia la Corte IDH ha emitido 3 resoluciones dentro del proceso de supervisión de cumplimiento en el caso[3]. Los avances en el cumplimiento de algunas reparaciones ordenadas por el Tribunal, son principalmente resultado de la participación activa de Valentina Rosendo Cantú y sus representantes para impulsar el diálogo con el Estado mexicano; ejemplo de ello, son los procesos judiciales en el fuero ordinario contra dos elementos del ejército por los crímenes cometidos en contra la Señora Rosendo, hecho inédito en el país, sobre el que nos referimos a continuación.

III. El camino a la justicia en México a raíz de una sentencia internacional

En su sentencia, la Corte IDH resolvió[4] que el Estado debía conducir las investigaciones de manera eficaz para determinar dentro de un plazo razonable las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias previstas por la ley, respecto de las autoridades involucradas con las violaciones a derechos humanos sufridas por la señora Rosendo Cantú. De la misma forma, la Corte estableció que la investigación debía ser efectuada por la jurisdicción penal ordinaria competente, con la debida perspectiva de género y de diversidad cultural, así como con todas las condiciones de seguridad que posibiliten una amplia participación de las víctimas.

No obstante, el camino para acceder a la justicia en México no fue acucioso, sino que continuó recayendo en la fortaleza de Valentina. Por cerca de dos años después de la emisión de la sentencia, el caso continuó en el fuero militar, a pesar de las múltiples solicitudes formales de la Señora Cantú. Fue hasta el 12 de agosto de 2012, que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó por escrito a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por miembros del Ejército Mexicano en el año 2002, habían sido remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR). Después de esta notificación, Valentina y sus representantes colaboraron estrechamente con la PGR para que se consolidara las acusaciones en contra de los perpetradores, incluso teniendo que enfrentarse una vez más a una serie de peritajes y colaborar en inspecciones de la PGR.

Consecuentemente, en octubre de 2013, la PGR, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) consignó ante la Justicia Federal la averiguación previa PGR/FEVIMTRA-C/110/2011 iniciada por los delitos de tortura, violación y abuso de autoridad, cometidos en contra de Valentina Rosendo Cantú, solicitando las respectivas órdenes de aprehensión de dos personas  (un elemento del Ejército en activo y uno fuera del mismo). Tras la consignación y hasta la fecha la causa penal 62/2013 está radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, con sede en Chilpancingo, Guerrero.

Entre noviembre diciembre de 2013 los probables responsables fueron aprehendidos y sometidos a procesos. El primer imputado, responsable de los delitos cometidos contra Valentina Rosendo Cantú, fue detenido el 25 de noviembre de 2013 y se dictó auto de formal prisión en su contra el 28 de noviembre de 2013, dentro de la causa penal 62/2013, por lo que permanece recluido en un centro reclusión de Chilpancingo desde esas fechas, dado que ya no se encuentra en activo en el Ejército. Posteriormente, fue aprehendido un segundo imputado en dicha causa, quien por tener calidad de militar en activo fue recluido en la Prisión Militar 1-A, ubicada dentro del Campo Militar 1, ubicado en el Distrito Federal. Precisamente, por encontrarse en dicho recinto, el expediente fue enviado al Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal para que este órgano desahogara el término constitucional y determinara la situación jurídica del acusado. Fue así que el 29 de diciembre de 2013, se dictó auto de formal prisión también en contra de este segundo probable responsable.

Los imputados recurrieron el auto de formal prisión en su contra, a través de un recurso de apelación que se radicó en el toca penal 57/2014, resolviéndose el 10 de marzo de 2014, por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, en Chilpancingo, Guerrero, que confirmó el mismo. Inconformes, ambos procesados interpusieron un amparo indirecto en contra de la confirmación del auto de formal prisión el cual recayó en el Segundo Tribunal Unitario, en Acapulco, Guerrero en el expediente 17/2014.

En diciembre del 2014, el Tribunal Unitario negó el amparo solicitado, por lo que como último recurso contra el auto de formal prisión, los imputados interpusieron un recurso de revisión en contra de las sentencias de amparo el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, radicando en el expediente 223/2014, confirmando la negativa de amparo, el 9 de julio de 2015, quedando con ello agotado el último recurso legal para impugnar el auto de formal prisión en su contra.

Al igual que durante la consolidación de las acusaciones ya durante el proceso judicial, Valentina tuvo que enfrentarse a nuevos procesos revictimizantes, a pesar de que siempre se buscó que Valentina tuviera condiciones de seguridad, dignas y no revictimizantes. Por ejemplo, en abril del 2014, se sostuvo un careo procesal frente a uno de los inculpados; Valentina con fortaleza, sostuvo su testimonio en la diligencia procesal; tal y como lo hizo frente a instancias internacionales.

El valor probatorio del testimonio de Valentina continúa siendo la pieza central del proceso, tal y como lo definió la Corte Interamericana en su sentencia. Así, una vez agotados todos los recursos, el 14 de febrero de 2018 se llevó a cabo la audiencia de vista, en la que la PGR presentó sus conclusiones acusatorias en contra de los dos procesados por los hechos cometidos en contra de Valentina Rosendo Cantú.

Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica. El primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército, derivado de una sentencia internacional, está a punto de resolverse en el fuero ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos. La Juez de primera instancia tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente a nivel nacional. No sobra mencionar que para Valentina Rosendo, los procesos penales contra los perpetradores son clave para su acceso a la justicia, por lo que no será hasta que se cuente con sentencias firmes que las reparaciones en materia de justicia se considerarán como cumplidas.

La eminente resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú, llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, así como su regulación en un nuevo marco normativo que ha sido criticado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.

Por todo lo anterior, a dieciséis años de los hechos y a ocho años de la emisión de las sentencias de la Corte IDH en los casos de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, la próxima resolución tiene un significado que va más allá de la obligación estatal respecto el acceso a la justicia de Valentina, sino que marca un camino para que violaciones a derechos humanos tan graves como las que ella vivió, no vuelvan a ocurrir.

Para obtener más información, favor de escribir a:

internacional@tlachinollan.org

[1]. Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216 (de aquí en adelante Rosendo Cantú y otra Vs. México), párr. 71. La sentencia de la Corte IDH está disponible en: http://www.corteidh.or.cr

[2] La petición individual se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de noviembre de 2003. La Comisión rindió su informe de admisibilidad durante el 2006 y otorgó una audiencia de fondo en octubre de 2007. Después de emitir su informe de fondo, la Comisión decidió someter los casos al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el 2009.

[3] Las resoluciones de cumplimiento de fecha 25 de noviembre del 2010, 21 de noviembre de 2014 y 17 de abril del 2015, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden consultarse en: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm

[4] Corte IDH- Resolutivo 10.

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Homenaje a quienes aman la tierra

Son semillas que harán florecer nuestras raíces.

Porque la tierra no se vende, se ama y se defiende.

Honramos a nuestros antepasados y valoramos la historia de quienes han luchado.

Acto en homenaje a quienes han luchado por la tierra, la cultura, la lengua, la identidad, el agua y el territorio de Santa Catarina, comunidad indígena nahua

Domingo 10 de abril de 2016

16:00 horas

En la Escuela de lengua Nahuatl “Man to machtikan mouseuale tlahtolli”

Ubicada en la calle Cuautla, Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos.

 Por este conducto la Comisión independiente de Derechos humanos de Morelos A.C., en compañía de los familiares y compañeros de lucha de Don Lorenzo Piedra, Doña Guadalupe Gómez, Don Chanito y Doña Amalia, don Refugio Franco, don Mario, les hacemos extensiva ésta invitación, para que nos acompañen en éste evento, en el aniversario de Emiliano Zapata, para compartir historias de quienes en el pueblo han luchado y ya nos han precedido en el camino, porque no olvidamos, y porque se quedan en nuestros corazones. Les pedimos llevar fotografías y palabras para compartir.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.  y familiares

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DERECHO A LA EDUCACION, DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS, DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

 

Cuernavaca, Morelos, a 25 de febrero de 2016.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., hemos recibido testimonios y documentales del Comité de la Sociedad de Padres de Familia 2015-2016, de la Escuela Primaria “XXX Legislatura” ubicada en la comunidad indígena de Coajomulco, Municipio de Huitzilac, Estado de Morelos, denunciando una serie de fallas estructurales y vicios ocultos en ésta escuela, que ponen en riesgo la integridad física de los niños y niñas, maestros y padres de familia, mismos que de no solucionarse laceran los derechos  humanos a la educación, al interés superior del niño y la niña y los derechos que tienen como pueblo indígena, por lo que consideramos necesaria y urgente la respuesta de las autoridades del Estado de Morelos a las justas demandas que han expresado a través de sendos oficios signados por cientos de personas de la comunidad.

A pesar de que la mencionada escuela primaria fue inaugurada con la presencia del entonces Secretario de Educación, Emilio Chuayfet Chemor y del Gobernador Graco Ramírez, desde el mes de abril de 2014, desde ese momento a la fecha no ha sido posible el uso de las instalaciones de la misma debido a la serie de fallas que han demostrado como son las siguientes:

–          La barda perimetral presenta cuarteaduras además de no contar con la adecuada cimentación y no tiene la medida necesaria, misma que se tendrá que aumentar de acuerdo al terreno.

–          El techado presenta múltiples goteras.

–          Los salones no presentan cimientos.

–          Los tanques cisternas no tienen la capacidad suficiente para solventar las necesidades de agua que no deben ser menores a los 200 mil litros.

–          No se construyó la cancha deportiva programada.

–          Aún falta construir tres salones y una bodega.

–          Falta protección sobre las bardas en un tramo de 80 metros.

–          La empresa constructora no retiró los escombros.

–          Las tapas de cisternas y registros de luz no están seguras.

–          Los materiales utilizados en la construcción son de mala calidad.

–          Se ha presionado al Comité de Padres y Madres de Familia para que acepte la escuela a pesar de las deficiencias, amenazando con no hacer válido el seguro de construcción.

A pesar de que se han entrevistado con diversas autoridades del gobierno municipal de Huitzilac y del Gobierno del Estado a través del Instituto de Educación Básica (IEBEM), han incumplido sus promesas y los plazos establecidos para realizar las obras correspondientes, negándoles información sustancial como el dictamen oficial de la situación de la escuela, la ficha técnica y la garantía de vicios ocultos que es el seguro que ofrece la compañía constructora.

Esta escuela incumple el aspecto fundamental de ampliar sus instalaciones ante el crecimiento de la población estudiantil de la localidad, por lo que el fundado temor de que puedan ocurrir accidentes y no se puedan llevar a cabo las actividades académicas, culturales y deportivas de la comunidad, se considera necesario llevar a cabo dichas obras que señala la comunidad en sus escritos presentados ante las autoridades, sin que hasta la fecha se haya cumplido con las mismas, por lo que consideramos se violan preceptos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 1 y 27), la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 26), de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Artículos 1, 6, 57 fracciones IV y V) y el Convenio 16 de la OIT  sobre pueblos indígenas que garantiza el derecho a la consulta informada.

Por todo lo anterior y para garantizar los derechos  humanos a la educación, al interés superior del niño y la niña y los derechos que tienen como pueblo indígena la comunidad de Coajomulco, municipio de Huitzilac, Morelos, exigimos tanto al gobierno estatal de Graco Ramírez, como al gobierno federal de Peña Nieto, den respuesta puntual a todas y cada una de las demandas planteadas por el Comité de la Sociedad de Padres de Familia 2015-2016, de la Escuela Primaria “XXX Legislatura” y cientos de habitantes de la comunidad con fecha de 12 de enero de 2016.

Atentamente.

Porque Amamos Luchamos.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Solicitamos procedimiento sancionador en contra del Presidente Consejero del INE

El día de hoy hemos enviado este documento de la CIDHM solicitando procedimiento sancionador en contra del Presidente Consejero del INE. Agradecemos la atención a la presente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.
Las Flores 16, colonia San Antón, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 3185568

Cuernavaca, Morelos, a 21 de Mayo del 2015

Consejo General del INE.

Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Luis Raúl González Pérez, Presidente.

Comisión Nacional contra la Discriminación.
Ricardo Antonio Bucio Mújica, Presidente.

Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Directora General.

Presentes:

Por este medio, quienes integramos la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., con domicilio en privada de las Flores 16, colonia San Antón, Cuernavaca, Morelos, queremos expresar nuestra más enérgica protesta por los comentarios del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, y del Secretario Técnico del Consejo General, que dejan ver una actitud discriminatoria en contra de los pueblos originarios de México, hecho que representa una violencia institucional y que va en contra de lo dispuesto en nuestra Constitución, así como de los Tratados Internacionales contra la Discriminación, violando los derechos humanos y los principios democráticos.

Asimismo, el que se exprese de una manera negativa de las y los familiares de los estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos en 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, es un hecho vergonzoso que lastima y violenta a las y los familiares y toda la sociedad mexicana.

No estamos hablando de un tema menor. El racismo, la xenofobia y la intolerancia son problemas frecuentes en la sociedad. Todos y cada uno de nosotros jugamos un papel ya sea contribuyendo o rompiendo los prejuicios raciales. “El racismo ha sido históricamente una bandera para justificar las empresas de expansión, conquista, colonización y dominación y ha marchado de la mano de la intolerancia, la injusticia y la violencia.” Rigoberta Menchú Tum, Dirigenta indígena guatemalteca, laureada con el Premio Nobel de la Paz en el simposio El problema del racismo en el umbral del siglo XXI dijo: “Debemos aprender las lecciones de la historia y reconocer el grave daño causado por la discriminación racial”. Ello implica preservar cuidadosamente la memoria de los errores históricos de manera que podamos utilizar nuestros conocimientos para erradicar los prejuicios y enseñar la tolerancia, la no discriminación y el respeto de la diversidad en todas partes y para todos, como señaló el Secretario general de la ONU, quien abundó señalando que es necesario: “Aprender de las tragedias pasadas para combatir el racismo hoy”.
Todos los días, personas de todas las edades soportan el odio, la injusticia y la humillación a causa del color de su piel, su ascendencia, su origen nacional o étnico u otras características supuestamente raciales. Ese tipo de discriminación ha sido la base de la opresión, la pobreza, la esclavitud, el genocidio y la guerra.

Por lo anteriormente señalado, solicitamos su intervención para que se inicie el proceso sancionador correspondiente en contra del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, así como al Secretario Técnico del Consejo General, a fin de que estos hechos no queden impunes, así mismo se tomen todas las medidas correspondientes para evitar cualquier acto de repetición de discriminación y violencia institucional en contra de los pueblos originarios en nuestro país.

Atentamente,
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Municipios indígenas y policía comunitaria.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y libre determinación están especificados en la Constitución, en la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Todos ellos, instrumentos legales vigentes en México, donde la Constitución en su artículo 2 de nuestro ordenamiento supremo así como el artículo 2 bis, de nuestra Constitución Local que dispone: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación de sus pueblos y comunidades indígenas…”

En Morelos los pueblos indígenas existen en todos los municipios. Mayoritariamente nahuas, y de otros pueblos, que existen en este territorio  antes de que se constituyera formalmente el Estado de Morelos. Pero hasta el momento no hay municipios indígenas reconocidos en la Constitución estatal. El gobierno del Estado ha anunciado la posibilidad de creación de municipios indígenas.  Sin embargo, los datos que aporta el gobierno de 31 mil 388 indígenas, dista mucho de la realidad, cercana a 360 mil personas. No es solamente la lengua originaria la que identifica a los pueblos indígenas, sino la identidad cultural, la organización social comunitaria, la relación con la tierra comunal, los usos y costumbres que tienen formas  propias de trabajo comunitario y normas de justicia que incluye el funcionamiento de rondas y vigilancia comunitaria. El gobierno actual planteó en su campaña la formación de 6 municipios indígenas, sin embargo, aún no queda claro el proceso que se ha de seguir para su pleno reconocimiento. Es una larga lucha la que los pueblos originarios han realizado para ser reconocidos como municipios autónomos. El último municipio creado en Morelos en 1977 fue el de Temoac, que incluye los pueblos indígenas de la cabecera, Amilcingo, Huazulco y Popotlán, pero no se le dio reconocimiento como municipio indígena.  Xoxocotla  tiene una larga historia de lucha por su reconocimiento, pero el cacicazgo imperante en Puente de Ixtla ha sido el principal obstáculo a superar. En Hueyapan, se luchó contra la discriminación que impidió por más de 50 años contar con un presidente municipal de Tetela del Volcán que fuera de esta comunidad indígena de las faldas del Volcán Popocatepetl. Tetelcingo elaboró un proyecto de municipio autónomo en 1996 que se presentó ante el Congreso del Estado y se trató de frenar su lucha transformándolo en Delegación.  En 1998, la Comisión Independiente de Derechos Humanos en convocatoria conjunta con los pueblos,  realizaron encuentros indígenas en Cuentepec, Santa Catarina, Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan, Tetelcingo y Temoac, que culminaron en la elaboración de una Iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígena que se presentó en un Foro en el Congreso y se entregó a la Legislatura, sin que se discutiera y aprobara. Finalmente se aprobó la Ley Indígena en Morelos y es vigente desde 18 de enero de 2012. A los pueblos originarios se les ha negado derechos en la práctica y se les pretende someter.

Fueron precisamente los municipios de Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla y Tepalcingo, los que interpusieron controversias constitucionales en el año 2002 ante la SCJN en contra de la reforma indígena que no incluyó los Acuerdos de San Andrés firmados entre el EZLN y el gobierno federal. Un debate que muestra los límites en la comprensión del significado de los derechos de los pueblos indígenas está precisamente en torno al surgimiento de formas de organización comunitaria para la seguridad de los habitantes de estos pueblos. Se ha descalificado como si fuera ilegal la existencia de policías comunitarias, bajo la lógica del mando único y el monopolio del uso de la fuerza por parte del gobierno, cuando las atribuciones legales están contempladas en el Convenio 169 de la OIT en el sentido de garantizar la autonomía y libre determinación. Y en Morelos existen formas de participación comunitaria a través de las rondas electas, destacando el caso de Ocotepec, donde todos sus integrantes son electos en asamblea y no son designados por el ayudante municipal. En los casos de Tetelcingo, Huazulco, Ocuituco, Tetela del Volcán, Tenextepango y otras comunidades que han decidido formar rondas comunitarias, el tema se ha querido circunscribir al uso o no de armas exclusivas del ejército, cuando lo fundamental es reconocer el derecho a participar en una verdadera seguridad ciudadana y no seguir en la lógica de la profesionalización de policías que se alejan cada vez más del pueblo y vuelven sus armas contra la población más que contra quienes cometen delitos.

Hay que tomar como referencia precisamente que Las zonas de Costa Chica y Montaña de Guerrero eran de las más inseguras del estado antes de 1995. En estas comunidades no se gastó ni un solo peso del millonario “México Seguro” ni del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni se compraron armas porque se usaron las que de por sí los campesinos cargan para sus labores del campo: viejas pistolas, escopetas y rifles de cacería. En Morelos, la diferencia es clara, ya que aún no existen todos los mecanismos para el establecimiento de formas alternativas de justicia como el que se lleva a cabo en Guerrero, pero en lugar de atacar estos procesos, el gobierno debería reconocer el aporte que se realiza mediante una mayor participación de la población en conseguir una seguridad en donde el gobierno ha demostrado no sólo ineficacia, sino incapacidad para superar corrupción, complicidad y autoritarismo. Si no es así, ¿acaso respetará verdaderamente la decisión de conformar municipios autónomos?

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