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A 45 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de 43 estudiantes normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, marcó el gobierno de Peña Nieto. Los 43 se convirtieron en un símbolo de las decenas de miles de inocentes que también han desaparecido en la supuesta guerra cínica e ineficaz contra los cárteles del narcotráfico que ha diseminado la complicidad penal y la corrupción por todos los niveles del gobierno. El gobierno decía de dientes para afuera que aceptaba las recomendaciones de los expertos y de otras organizaciones internacionales, pero estaba determinado a cerrar el caso en sus propios términos. En el transcurso del año pasado, básicamente abandonó la investigación. Los estudiantes siguen desaparecidos. El tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad integrada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Ministerio Público de la Federación también formará parte de la comisión, pero su participación será subordinada. Las organizaciones internacionales que han seguido el caso, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, también participarán. El gobierno no tardó en manifestar su desacuerdo con la resolución. México necesita justicia para los 43 estudiantes. Establece las graves irregularidades en que incurrió PGR y ordena crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas, así como la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala. Saludamos la resolución del Tribunal como un importante aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso. Frente a los múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Gobierno federal respondió siempre que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial. Las impugnaciones que derivaron en esta sentencia fueron presentadas por algunos de los acusados, que refirieron haber sido objeto de tortura. No se trata de juicios promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. La sentencia pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y, en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes. En ese sentido, confirma que la investigación puso especial énfasis en la obtención de declaraciones mediante coacción y que estas alegaciones de tortura y malos tratos no han sido investigadas adecuadamente. Así los magistrados, en el párrafo 764 de la sentencia, señalan: “En el caso, no sólo son las alegaciones sobre tortura, las que involucran al personal de la SEIDO, sino además se cuenta con múltiples casos en los que las personas aseguradas sufrieron lesiones o incremento de las mismas, hasta en tanto estuvieron a disposición de dicha Unidad”. La sentencia también insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía; por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma. Un ejemplo claro de la ausencia de independencia e imparcialidad es lo referido por los magistrados en el párrafo 1033 de la sentencia, pues establecen:  “…no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”. Otro ejemplo es lo señalado por los Magistrados en los párrafos 1148 y 1149 de la sentencia, pues en los mismos establecen: “1148…la investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el Río San Juan”. La sentencia ordena crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párr. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR. Para su conformación, la resolución pone especial énfasis en la necesidad de que participen las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales. En este sentido, destaca que el Tribunal refrende la relevancia que ha tenido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el presente caso e inste a que en la nueva etapa de investigación éste sea escuchado mediante sus integrantes, afirmando que “no sólo sería factible sino además recomendable que se vislumbrara un nuevo período de participación” del Grupo (párr. 1134). La resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación. Por virtud de la sentencia, esta valoración ya no proviene solo de instancias internacionales, sino que ha sido establecida por un tribunal nacional. Como señala el Tribunal, “es necesario que el asunto sea conducido bajo una nueva óptica y etapa” (parr. 1151). Dada la reiterada resistencia del gobierno de Peña Nieto a descartar definitivamente la hipótesis oficial, exigimos un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo. Toda vez que la sentencia hoy emitida es insistente en que los derechos de las víctimas deben ser el centro de la investigación, desde este momento se hace un llamado a los tres Poderes de la Unión, para que cualquier acción relacionada con la implementación de este fallo sea previamente consultada y acordada con las víctimas y sus representantes.

Para las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la detención y presentación de una persona como participante fundamental de la desaparición de sus hijos a sabiendas de que las autoridades federales conocían que se trataba de una persona ajena a los hechos “viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto” y constituye un nuevo y preocupante agravio. Erick Uriel Sandoval Rodríguez, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como un presunto participante en el caso Ayotzinapa apodado “La Rana” o “El Güereque”, es una persona ajena a los hechos y distinta de quien algunos testigos e indiciados señalan con ese apodo. También señaló que advirtió a la Procuraduría de esta irregularidad, pero ésta decidió seguir adelante con las acusaciones contra el profesor de Educación Física. Señalaron que “es indignante que a estas alturas, pese a que subsiste la atención de la opinión pública sobre el caso e incluso un monitoreo estrecho por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la PGR intente sorprender a las víctimas y a la sociedad. Por ello, las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía exigimos el acatamiento de la sentencia en sus términos.

¡Ayotzinapa vive, nos faltan 43 y miles más!

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

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¿Quién es quién en los derechos humanos en Morelos? Desaparición Forzada.

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General Región Oriente, Metropolitana y Sur Poniente, a través del IMIPE, las mujeres reportadas como desaparecidas en el Estado son 1742 y 1425 hombres. Aún están en calidad de desaparecidas 207 mujeres y 333 hombres. Es decir, un total de 540 personas.

La Fiscalía Región Oriente reporta datos desde el 2009, la Fiscalía Región Metropolitana desde el 2011 y la Fiscalía Región Sur Poniente desde el 2008. Es así que constatamos que no hay una Base de Datos única para registrar la Desaparición Forzada en el Estado, asimismo, tampoco se cuenta con un registro de todos los casos ocurridos en el Estado, pues aunque solicitamos la información desde el año 2000, sólo nos proporcionaron ésta información.

Así pues, durante los tres últimos sexenios, de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006), Marco Adame Castillo (2006-2012) y Graco Ramírez (2012-2018), no se reconoció la problemática de la Desaparición Forzada en la entidad, ni realizó acciones para investigar, prevenir, atender, sancionar y erradicarla. Hasta que el 15 de julio de 2015 se aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos (http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LDESFORZADAMO.pdf).

En cuanto a las y los titulares de la Fiscalía General Estado, antes Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),  podemos decir que:

Uriel Carmona Gándara, Fiscal actual (2018). Se comprometió en una reunión con el Sub-Secretario de Derechos Humanos de Gobernación atender el tema. Sin embargo no se han visto resultados todavía. No se ha creado la Comisión de Búsqueda ni se ha nombrado a su Titular que debió iniciar su función el 16 de abril del 2018, como lo establece la Ley General En Materia De Desaparición Forzada De Personas, Desaparición Cometida Por Particulares Y Del Sistema Nacional De Búsqueda De Personas(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf)

Javier Pérez Durón (2015-2018). Eximió al Gobernador Graco Ramírez de cualquier responsabilidad en las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla. Dejó la Fiscalía sin un solo consignado por ésos hechos.

Rodrigo Dorantes (2013-2015). En su periodo se descubrió la fosa clandestina en Tetelcingo, Cuautla, donde fueron inhumados 150 cadáveres que habían sido depositados de manera irregular por la propia Fiscalía.

Pedro Luis Benítez Vélez (2009-2012) y Mario Vázquez Rojas (2012). Se suscitó el caso de Jethro Ramsses Sánchez Santana, desaparecido, torturado y asesinado en 2011. Fue detenido por Policías Municipales de Cuernavaca  y entregado a la Policía Federal, quienes lo entregaron a elementos del Ejército Mexicano de la 24 Zona Militar. Su caso estuvo en manos de ambos procuradores.

Francisco Coronato Rodríguez (2006-2009). Durante su período, el 25 de abril de 2009, detienen y desaparecen a 4 jóvenes. Se responsabilizó a la Policía Ministerial del Estado.

Los anteriores titulares de la PGJ fueron José Luis Uriostegui Salgado (2000), Guillermo Tenorio (2000-2004), Hugo Bello (2004-2005) y Claudia Aponte Maysse (2005-2006). En sus periodos no hubo ninguna acción encaminada a investigar y erradicar la Desaparición Forzada.

Finalmente podemos decir que los gobernantes están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes  en beneficio de la población y que asumen un cargo público para garantizar los Derechos Humanos, así como rendir cuentas de su actuación al frente de las instituciones.

¡Ni una persona desaparecida más, ya basta de impunidad!

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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En el corazón 43 x 43.

Boletín de prensa abril 2018

 Este 26 de abril se cumplen 43 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raul Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, durante la noche de Iguala.

El Gobierno sigue sin presentar avances del caso, por el contrario se empeña en mantener su mentira histórica pese a las inconsistencias científicas y facticas de esta hipótesis. Con todo esto el Gobierno pretende cerrar este caso, sin esclarecerlo, para no dejar un proceso abierto al término de su mandato.

 Por ello los Padres y Madres de familia de los 43 y las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberania Alimentaria y Energetica y los Derechos de las y los Trabajadores convocamos a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, obreras, mujeres, indígenas, LGBTTTI y a todas las personas a participar y elevar su voz por las injusticias que padecemos y por la presentación con vida de los 43 y miles más de desaparecidos en el País, en estos 43 meses del crimen más abominable en la historia reciente de México.

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa, en México, exigieron a los candidatos presidenciales y a la Procuraduría General de la República (PGR) que no abandonen la búsqueda y las investigaciones del paradero de estos jóvenes. No se inclinarán a favor de ningún candidato presidencial, porque toda la clase política es responsable de que no se haya hecho justicia ni detenido a los culpables. De cara a las elecciones presidenciales el Gobierno ni siquiera tiene la intención de ofrecer avances en las líneas de investigación.Por eso decimos que no debe de cerrarse el caso, como pretende el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que hizo durante 2017 fue sólo administrar el tiempo.

 En el marco de las Jornadas de lucha “En el corazón 43 x 43” que llevamos a cabo las Madres y Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, protestamos en las instalaciones de los Pinos, solicitando el cumplimiento de los acuerdos firmados en la reunión del 29 de octubre de 2014. En esa reunión el Presidente de la República se comprometió a llegar al fondo del asunto hasta encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo a los 43 meses de la desaparición de nuestros hijos, no hay avances concretos, por el contrario, pretenden cerrar nuestro caso. Al finalizar la protesta la Policía de la Ciudad de México (CDMX) empezó a replegarnos haciéndose un enfrentamiento en el que resultaron 6 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa lesionados. Cuarenta y tres meses de sufrimiento indescriptible, cuarenta y tres meses de caminar, de buscar por todos lados, cuarenta y tres meses de engaño y afrenta de los malos Gobiernos, pero al parecer a los malos gobiernos no les basta lo que nos han hecho, ahora quieren silenciarnos.

 Pero desde aquí les decimos no pararemos, no nos intimida la fuerza policial, nuestras actividades continuarán como están planeadas.

 ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Comité de Padres y Madres de los 43 y Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

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Por los 43 de Ayotzinapa y por los derechos laborales el 26 y 31 de enero 2018.

Este 26 de enero de 2018 llevaremos a cabo una actividad en el zócalo de Cuernavaca a las 10 de la mañana por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, donde exigiremos el cumplimiento de las cuatro líneas de investigación hasta encontrarlos y establecer la verdad histórica y la justicia. También hemos acordado las organizaciones sindicales y sociales participar en la Jornada Nacional de Lucha en defensa de los derechos laborales que se realizará el 31 de enero mediante una Marcha Sindical Unitaria que iniciará a las 5 de la tarde del Calvario al zócalo de Cuernavaca.

Ante la falta de cumplimiento por parte de la PGR y de la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo una investigación científica sobre el paradero de los 43 desaparecidos, las madres y padres de los 43 jóvenes normalistas llevaron sus demandas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que haya una urgente investigación sobre los policías de Huitzuco, la participación del 27 batallón de infantería del Ejército, resultados sobre la telefonía celular de los 43 y el trasiego de droga de Iguala a Chicago. Por estas razones nos sumamos a la convocatoria de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa de Guerrero y de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos a la XL Acción Global por Ayotzinapa y México, para el 26 de enero a las 10 de la mañana en el zócalo de Cuernavaca. Denunciamos el incremento de la represión a quienes luchan en nuestro país, como la detención policiaca de decenas de maestros en Morelia Michoacán, la masacre en Cacahuatepec, Guerrero de policías comunitarios y la detención del vocero del Comité de Defensa de la Parota y campesinos por parte del Ejército y policía federal, así como las amenazas a reporteros que cubren la actividad de la caravana del CIG y Marichuy por Michoacán, donde también fue víctima de feminicidio la activista Lupita Campanur, comunera de Cherán. Todo esto en el contexto de la impugnada Ley de Seguridad Interior que ya se aplica sin que aún la SCJN haya resuelto su inconstitucionalidad.

Los derechos humanos y las libertades democráticas están bajo ataque igual que las condiciones de vida de la mayoría de la población trabajadora por las políticas neoliberales y privatizadoras, así como la legislación secundaria en materia de derechos laborales, además de que crece la miseria y el desempleo así como los bajos salarios, ya que los precios de los productos básicos se han incrementado de manera importante y si se considera como punto de partida la inflación, las demandas de aumento al salario deberán estar por arriba de 6% e incluso hasta 10%, como demandan sindicatos como el SITIMTA y STRM. Las organizaciones sindicales de sectores como minería, telefonistas o radio y televisión, consideran que el incremento debe estar acorde con el comportamiento de los precios de la canasta básica. Cabe recordar que el salario mínimo para este año registró un incremento de 10.4% aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; mientras que en el 2017 el aumento fue de 9.6%; de ahí que las organizaciones sindicales sostengan que los salarios contractuales deberán fijarse a partir de 10% de incremento. El último reporte del Banco de México sobre las revisiones salariales contractuales informó que el promedio de aumento fue de 5.08%; siendo las empresas privadas las que otorgaron el mayor incremento, las públicas apenas 3.9 por ciento. Por todo ello, nos movilizaremos el 31 de enero a las 5 de la tarde del Calvario al zócalo de Cuernavaca de manera unitaria.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores: STRM Sección 10, SME División Cuernavaca, SITIMTA, CIDHM, M17 Mayo ALM, STUNAM, Sindicato de Cultura Delegación INAH, MMB, CEBs, Yanga, PCM, OPT, Mopim-CNPA-MN.

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A 29 años de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez en Morelos.

Al cumplirse 29 años de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez en Morelos no olvidamos y seguimos exigiendo verdad, justicia y castigo a los culpables, para evitar que continúen las desapariciones de manera impune que ya eleva el número de desapareciones a más de 32 mil en todo el país, y la aprobación de la oprobiosa Ley de seguridad Interior el día de ayer por el Congreso de la Unión prefigura un proceso de militarización y represión que podría disparar la cantidad de desapariciones forzadas de activistas y ciudadanos que se opongan a las políticas neoliberales y autoritarias del gobierno en medio de la crisis de dominación del régimen en la coyuntura electoral del 2018. Recordemos que fue precisamente la lucha contra el fraude electoral del salinismo lo que originó la desaparición de José Ramón en Cuautla, Morelos.

El 16 de diciembre de 1988 a José Ramón García Gómez  lo detuvieron en Cuautla unos policías. Los agentes policiacos que lo detuvieron formaban parte del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, dirigido por Antonio Nogueda y al mando del Comandante Apolo Bernabé Ríos García, creado por mandato del entonces Gobernador Antonio Riva Palacio López, y quien fuera asesor de este gobierno hasta su muerte. Los tres ya fallecidos sin que se hubiese cumplido la justicia. Para investigar el caso se emitieron recomendaciones de la CNDH que pueden ser consultadas  en línea: (http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/1991/Rec_1991_005.pdf)

Durante la investigación de la Fiscalía Especial creada para el caso José Ramón, se logró encontrar una tumba clandestina en el panteón de Amilcingo, en Temoac, donde se encontraron 17 cuerpos de desaparecidos reclamados por esposas que se identificaron como «Las Viudas de Amilcingo» y que aún siguen esperando que haya verdad y justicia. Similitudes con la situación actual por la práctica política de utilizar la desaparición forzada como una biopolítica del poder en contra de luchadores sociales, ahora extendida a miles de personas mediante la acción, omisión o aquiescencia del Estado. Aún a pesar de que haya significativos avances en el instrumental jurídico para investigar, sancionar, prevenir y erradicar la desaparición forzada, que no existía tres décadas atrás, y que ahora existe en el marco internacional con la Convención sobre Desaparición forzada, el Comité ad hoc de la ONU y con la Ley en la materia vigente en Morelos desde el 2 de septiembre de 2015 y la Ley sobre Desaparición Forzada aprobada recientemente por el Congreso de la Unión y publicada hace unas semanas en 2017 (LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN
COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504956&fecha=17/11/2017).

¿Quién tiene la certeza de lo que puede haber ocurrido a un desaparecido hace 29 años? Nadie. Interrogantes que se acumulan y muestran la sinrazón de la barbarie. Las razones de Estado por encima de la racionalidad humanitaria. A 29 años de la desaparición de José Ramón decimos que no olvidamos, porque una sociedad que olvida los crímenes de lesa humanidad está irremediablemente condenada a repetirlos una y otra vez. Y no debemos acostumbrarnos al horror cotidiano. No lo aceptamos como si fuera la única alternativa impuesta desde el poder. Se ha mantenido la lucha histórica de las doñas del Comité Eureka y las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros cientos de organizaciones, para buscar y localizar a las y los desaparecidos, en cárceles clandestinas y campos militares, no solo en tumbas clandestinas. Como asegura Rosario Ibarra: “Durante 40 años hemos buscado la verdad y hemos encontrado muchos rastros, pero mientras no tengamos la certeza, para nosotros, su familia y para todos los que luchan por encontrar a los suyos detenidos-desaparecidos en las cárceles clandestinas del mal gobierno, los seguimos reclamando “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es mucho más que una consigna, representa una esperanza de que tarde o temprano se esclarecerá el destino y paradero de todos y todas las personas desaparecidas”, miles en todo el país y en Morelos el caso de José Ramón que no olvidamos.

De José Ramón a la actualidad hay una historia de desapariciones que lacera la dignidad humana.

Cuando desaparecieron a José Ramón García Gómez en 1988 se iniciaba el terrible sexenio de Salinas de Gortari que significó más de 600 asesinatos de activistas de oposición. Fue necesario realizar una marcha por la vida a Gobernación, huelgas de hambre, mítines y foros internacionales, intervención de Amnistía Internacional y la creación de una Fiscalía Especial, para enjuiciar a los responsables directos pero no así a los que ordenaron la creación de una policía represiva y una política violatoria a los derechos humanos, mismos que siguen impunes. El PRI-Gobierno manchado de sangre. No puede haber justicia si no se establece plenamente la verdad de lo ocurrido. José Ramón no era terrorista como lo presentaron los informes policiacos. De José Ramón nunca se ha localizado, ni vivo ni muerto, sus familiares emigraron o han muerto, sin despejar una duda lacerante sobre lo ocurrido con él. Ante los miles de desaparecidos en México durante la absurda guerra de Calderón y Peña Nieto, estos ejemplos muestran que es necesario seguir exigiendo el respeto pleno a la vida y la libertad, entendiendo el binomio verdad-justicia como parte sustancial de la lucha contra la desaparición forzada en nuestro país. Una desaparición forzada ocurre cuando una autoridad (o un particular actuando con la protección de una autoridad) detiene a alguien, luego niega tal detención y no da información sobre la suerte o paradero de la persona afectada, con lo que la sustrae de la protección de la ley. La tipificación debe cumplir con todos los elementos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; incluyendo todos los elementos del delito reconocidos por los tratados internacionales y por el derecho internacional consuetudinario: la imprescriptibilidad y el carácter permanente del delito, la imposibilidad de conceder indultos o amnistías, la imposibilidad de considerar la obediencia a superiores como justificación de este crimen y una protección especial a ciertos sectores como migrantes, indígenas, niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores.

Ante la aprobación de la ley de Seguridad Interior, llamamos a la población a no permitir estigmatizar a las personas que haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta social, sale a las calles a manifestar su inconformidad. Pues no es el pueblo el que ejerce la violencia, es el Estado, quien de manera sistemática violenta todos los días nuestros derechos fundamentales,  y quien ejerce la violencia para cerrar cada vez más los espacios de manifestación y disidencia, lo que hace es criminalizar la protesta social. La protesta social es un derecho humano y el Estado es quien está obligado a garantizarlo y también es nuestra obligación ejercerlo y hacerlo respetar. Por ello, debemos continuar la lucha porque el derecho a no ser detenido desaparecido sea una realidad y los desaparecidos sean presentados con vida y los responsables sean castigados. Conforme lo establecen los tratados internacionales vinculantes suscritos y ratificados por México, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada es un delito de carácter permanente. Este delito persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de la víctima mientras se desconoce el paradero de la persona desaparecida. Además del carácter de delitos permanentes que tienen las desapariciones, otro motivo por el cual es indispensable que se investiguen y juzguen los casos ocurridos durante el gobierno anterior y el actual, es que algunas personas que fueron obligadas a confesar mediante torturas aún se encuentran encarceladas por delitos que no cometieron. El clima de violencia, miedo, falta de solidaridad que crea la militarización tiene un efecto de control social y de una suerte de “limpieza social” cuando resulta que la mayoría de las víctimas de esta guerra son pobres, jóvenes y mujeres, estigmatizados como delincuentes, sicarios o narcos. El clima de miedo estimula o busca justificar los llamados a más represión, control militar o policiaco, reformas legales que incremente penas y también la venganza en vez de la justicia. Siendo diferentes los casos derivados de la represión política contra la disidencia, como son los desaparecidos que reclamamos, de los casos actuales derivados de la llamada guerra contra la delincuencia, hay un punto de continuidad. El salvajismo, la crueldad y el cinismo que vemos en la actualidad están alimentados por la impunidad que ha prevalecido en relación a los casos del periodo anterior. Por lo anterior es que el problema es político, de responsabilidad y voluntad políticas y no simplemente de nuevas leyes.  Los crímenes de lesa humanidad lo son desde antes y los derechos violados de las víctimas son derechos sin necesidad de reagruparlos y “volver a reconocerlos”. La descomposición social y política y de instituciones del Estado que se vive actualmente hace que, aunque hay ahora una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos en la sociedad que cuando empezamos nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos, la impunidad, falta de voluntad política de la autoridad en todos sus niveles, la corrupción y complicidad frente a este delito de lesa humanidad y las demás violaciones a derechos humanos convierte avances legales, en gestos que son utilizados por el poder para ponerse una máscara y hacerse propaganda como respetuoso y preocupado por la vigencia de estos derechos, al mismo tiempo que los atropella y viola sistemáticamente. Por ello, en Morelos es fundamental que se aplique de manera eficaz la ley en contra de la desaparición forzada, se apliquen los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas y se termine con la criminal práctica de la detención-desaparición forzada por parte del gobierno y las corporaciones policiacas y militares. Será la forma de reconocer que a 29 años de la desaparición de José Ramón no haya más impunidad, que la verdad y la justicia vayan de la mano y que nunca más se vuelva a repetir esta represión política contra activistas y luchadores sociales.

Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos A.C        

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.

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Pronunciamiento por una Ley que tome en cuenta a los familiares de desaparecidos.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética hemos dado respuesta positiva al llamado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para lograr la presentación con vida de sus hijos. En el marco del Día Internacional contra la Desaparición Forzada, diversos colectivos de familiares han elevado una petición al Congreso de la Unión para que la Ley General contra la Desaparición Forzada incorpore sus propuestas, que exigimos sean escuchadas.

 

La Desaparición de personas en México, en la última década, ha tomado dimensiones como nunca en la historia reciente de nuestros Pueblos, el Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, señaló que la “información recibida (…) ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”

En nombre de cientos de familiares de todo el país exigimos que la voz de las familias sea tomada en cuenta, que nuestras voces sean verdaderamente escuchadas. La Secretaría de Gobernación reconoció que al 31 de diciembre de 2014 había en México más de 25,230 personas desaparecidas. Sin contar una enorme cifra negra de quienes no han denunciado por diversos motivos. Vivimos una enorme tragedia, una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su verdadera dimensión, por quien tiene la responsabilidad de esta situación, el Estado.

 

Sabemos que una legislación sobre desaparición forzada y desaparición por particulares no es la solución al problema, que se tienen que hacer muchas cosas más, que se tienen que terminar la complicidad y la impunidad que han dado origen y mantienen esta situación, a pesar de esto, esperamos una ley que nos dé más y mejores herramientas para encontrar a nuestros desaparecidos.

 

Por ello, reclamamos nuestro derecho a participar en la elaboración de esta ley y la legislación correspondiente. Tenemos un aporte fundamental, producto de nuestra experiencia y del diálogo entre nosotros que nos ha permitido construir una visión común y propuestas conjuntas.

 

Hemos realizado junto con numerosas organizaciones civiles y el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas un proceso de consulta con eventos regionales y sectorial: una Consulta de la región occidente; un Encuentro de las organizaciones del Norte; un encuentro de las organizaciones del Centro y regiones cercanas; una reunión de trabajo con quienes abordan los casos de personas migrantes desaparecidas en nuestro país ; otra familiares que pertenecen a comunidades indígenas del sur de México; finalmente una consulta con familiares de desaparecidos de los años setentas.

 

Tuvimos también varias reuniones de trabajo nacionales para definir los puntos fundamentales de los que debe estar en la ley para que no se convierta en letra muerta, para que elimine efectivamente los obstáculos que hemos encontrado, que genere condiciones reales de investigación y búsqueda potenciando y articulando la acciones del Estado con este propósito; que reconozca y garantice el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las medidas de no repetición.

 

Esta Ley debe tener como principios:

 

Reconocer la problemática de las desapariciones forzadas y las desapariciones por particulares en su verdadera dimensión y profundidad: la magnitud, las causas estructurales y condiciones que han generado esta crisis de derechos; las limitaciones y vicios del quehacer institucional, todo ello para dar una respuesta en la medida y alcance necesaria para encontrar a todas las personas desaparecidas.

 

Garantizar la participación de los familiares en la formulación e implementación de la ley, entendiendo ésta como trabajo en conjunto, diseñando para ello los mecanismos y procedimientos adecuados.

 

La ley debe contemplar mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano sobre el desempeño de los servidores públicos y las instituciones en su implementación.

 

Queremos que esta sea una ley desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas.

 

Características de la Ley General:

 

Debe ser una ley Integral, que aborde las diferentes dimensiones de esta problemática.

En ella debe ampliarse el concepto de persona desaparecida para que sea reconocida como sujeto de derecho.

Debe ser autoaplicativa para que con su entrada en vigor se convierta en obligatoria para todas las instituciones en los tres niveles de gobierno.

La ley debe incluir y ser aplicada a todas las desapariciones, las del pasado, presente y las que desgraciadamente puedan ocurrir en el futuro.

La ley debe atender las desapariciones de personas migrantes, y tener un enfoque trasnacional.

Debe formularse desde una visión de derechos y con perspectiva de género.

La ley debe prever un enfoque diferenciado en atención a los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad.

Entendemos que más allá de una ley, se requiere una legislación amplia en la materia. A partir de su aprobación debe generarse un proceso de armonización con todas las leyes y ordenamientos que se requieran para hacer posible su cabal cumplimiento.

A partir de su publicación se debe generar un proceso de información, capacitación y sensibilización de los funcionarios responsables de aplicarla.

Para que se convierta en un instrumento efectivo para los familiares de las personas desaparecidas, debe redactarse en un lenguaje sencillo y ser accesible para todos.

Finalmente la ley debe garantizar las condiciones para la búsqueda inmediata de la persona desaparecida, la investigación científica, transparente y expedita, así como contemplar sanciones a los actores materiales e intelectuales que hayan obstruido la investigación o la búsqueda, a quienes dieron la orden de perpetrar la desaparición, y a quienes de cualquier manera oculten información sobre el paradero de la persona.

 

Petición: Por lo anterior, exigimos a los poderes del Estado un proceso de diálogo horizontal con los colectivos de familiares, organismos de la sociedad civil, legisladores y representantes del ejecutivo federal para la elaboración de la ley y su implementación.

 

Para avanzar en este proceso, entregamos los contenidos básicos de nuestra propuesta, así como algunos insumos adicionales, con el compromiso de continuar entregando los resultados de las consultas realizadas con las organizaciones de familiares.

 

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Atentamente.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.

 

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42 años en busca de su hijo

         

Foto | Proceso

Desde la Guerra Sucia de los años 70 a la Guerra contra el narco, iniciada en diciembre de 2006, en México han surgido múltiples organizaciones de Mujeres que han mantenido, y mantienen, la misma proclama ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La activista Rosario Ibarra, quien suma ya 42 años en busca de su hijo Jesús Piedra Ibarra, explica que “fue él quien me parió politicamente; la fortaleza de sus convicciones, su espíritu rebelde y el valor de sus ideales me empujaron a seguir luchando, pero sobre todo me animó la enorme esperanza de haber encontrado con vida a 148 desaparecidos que estuvieron presos en cárceles clandestinas del Ejército y la Marina”.

En 1977 fundó, junto a otros familiares y mujeres conocidas como Las Doñas, el Comité Eureka, aunque confiesa que “nunca imaginé que nuestro grito resonaría nueva mente por todo el orbe para denunciar los miles de casos de desaparecidos que hay actualmente en México victimas de los sátrapas que hoy nos gobiernan “. A las madres que buscan a sus hijos en la actualidad les diria “Que luchen con toda su fuerza, que defiendan a sus hijos como leonas, que exijan justicia que no cejen en su empeño por en contrarlos”.

Ibarra concluye denunciando que “el responsable de la desaparición forzada es el gobierno de México, la desaparición forzada es una política y terrorismo de Estado que tiene a la justicia secuestrada y desaparecida igual que a nuestros familiares. La corrupción y la impunidad son los pilares con que se sostiene”.

 (Sididh – Prodh)

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