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Convocatoria a la marcha del 26 de septiembre 4:30 p.m, del Calvario al zócalo de Cuernavaca.

A 4 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

                     Solidaridad con el movimiento estudiantil universitario.

                      Solución a damnificados del sismo del 19 de Septiembre.

                     Por las diferentes luchas sindicales y sociales en Morelos.

           En el marco del 50 aniversario del movimiento estudiantil y popular de 1968.

Acción colectiva organizada y consciente para luchar en defensa de la vida y la libertad en los campus universitarios, contra el feminicidio y el porrismo, contra estado policiaco y militarismo, en defensa de la educación pública autónoma, gratuita, laica y para todas y todos, un grito que crece en escuelas, facultades y plazas públicas de Cuernavaca y del país, recuperando formas de organización concejistas y democráticas, con elección de delegaciones y comisiones, como es el acuerdo de estudiantes universitarios en Morelos. Exigimos alto a la violencia contra estudiantes y los feminicidios, seguridad en la UNAM y centros educativos, democracia en universidades, escuela gratuita, rendición de cuentas y permanencia de asambleas. Estos son los ejes de la asamblea estudiantil, lo que muestra una radicalización del movimiento estudiantil, defendiendo la educación pública y la exigencia de que los porros sean castigados, mediante la movilización y la protesta, así como en 1968, hasta construir formas de auto organización como el Consejo Nacional de Huelga, no es solo un paralelismo histórico, sino la necesidad de articular las luchas.

Jornadas de lucha del 19 y 26 de septiembre y 2 de octubre. El Estado mexicano ha agraviado desde hace largo tiempo a nuestro pueblo. En este 2018 conmemoramos tres fechas unidas por el dolor y la lucha por la justicia. Este 19 de septiembre se cumplirá 1 año de que miles de personas damnificadas viven en las calles. Porque un sismo dañó las viviendas pero, sobre todo, porque durante este tiempo el Estado se ha negado a asumir su responsabilidad en la reconstrucción, usando la tragedia para lucrar y para asegurar grandes negocios al capital inmobiliario. También, se cumplirán 4 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tiempo en que la Procuraduría General de la República se ha dedicado a justificar una versión ridícula y perversa de los hechos —ya desmontada por científicos expertos internacionales— para hacernos olvidar que fue el Ejército quien tuvo bajo su custodia a los estudiantes. Además, el 2 de octubre se cumplirán 50 años del genocidio perpetrado por el Estado en la Plaza de las Tres Culturas contra las y los estudiantes. Un crimen de lesa humanidad cuyo proceso jurídico admitió solo un muerto —un militar— negando toda posibilidad de justicia y que, por si fuera poco, puso en libertad al ex presidente Luis Echeverría, responsable del ataque.

Apoyamos a las víctimas y los agraviados de estas tres fechas para movilizarnos
conjuntamente en una gran jornada de lucha 19 de septiembre – 26 de septiembre – 2 de
octubre.  Porque nuestra exigencia de justicia sigue en pie, no permitiremos que la ignominia de estos tres momentos sea olvidada y nuestras luchas sean invisibilizadas. Tampoco olvidaremos las deudas históricas como el Jueves de Corpus, Acteal, Aguas Blancas, El Charco, la guardería ABC, Atenco, Villas de Salvárcar, San Fernando y muchos otros episodios de agravio incesante en que nos han quedado a deber la justicia.
Por todo ello, hacemos un llamado a todas las organizaciones fraternas, a los colectivos en
lucha, a las y los individuos que se organizan y a la sociedad civil en general a que nos
acompañen a coordinar esfuerzos para que éstas jornadas de lucha sean amplias y unitarias.
¡19-S Fue el Estado: quien nos tiene viviendo en la calle a un año del sismo!
¡26-S Fue el Estado: quien participó con el Ejército en la desaparición de los 43!
¡2-O Fue el Estado: quien nos masacró en Tlatelolco!

Invitamos a participar en la marcha del 26 de septiembre a las 4:30 p.m, del Calvario al zócalo de Cuernavaca.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.

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XXV Acción Global por Ayotzinapa en Morelos.

¿Cuánto tiempo buscarías si fuera tu hijo?

2 años y un mes de dolor, incertidumbre e injusticia…

La empatía y solidaridad del pueblo han sostenido la fortaleza de padres y madres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa.

26 de octubre de 2016

10 de la mañana, frente al Congreso del Estado de Morelos.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética nos solidarizamos con la lucha de Padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, quienes instalaron un plantón frente a la Cámara de Diputados para solicitar a los legisladores se les permita exponer su situación ante el pleno camaral. La voz de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa debe ser escuchada en el pleno de este recinto legislativo. El plantón se instaló como parte de la jornada de actividades, a dos años y un mes de los hechos ocurridos en Iguala la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, días en que desaparecieron los estudiantes a manos de elementos policiacos e integrantes del crimen organizado. Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de familia, señaló que el propósito es que el pleno de la Cámara de Diputados escuche su clamor y exigencia de la aparición con vida de sus hijos. Además, denunció que la Comisión Especial para el caso Iguala, formada por la Cámara de Diputados, no les ha presentado ningún informe. No se ha visto el trabajo de esa comisión, por eso la exigencia de que nos escuchen; queremos hacer ese reclamo, porque aparte de su obligación es un derecho de nosotros hacerlo; tenemos derecho a ser escuchados, dijo. Respecto de la reciente detención de Felipe Flores, quien en el momento de la desaparición de los normalistas era el jefe de la policía municipal de Iguala, Melitón Ortega, otro de los voceros de los padres de familia, advirtió que esa aprehensión es relevante siempre y cuando proporcione información importante sobre el paradero de los normalistas, pues de otra forma no tendría sentido, alertó.

Por otra parte, el Mecanismo de Seguimiento a la Medida Cautelar 409/14, otorgada en relación con los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, realizará su primera visita a México del 9 al 12 de noviembre de 2016. Desde el inicio de la implementación del Mecanismo, se ha avanzado en sus etapas internas y preparatorias para su primera visita, durante la cual se realizará la presentación pública de su Plan de Trabajo. Asimismo, se realizarán reuniones bilaterales con actores clave para garantizar su funcionamiento y se realizará un encuentro con los familiares de las víctimas en Ayotzinapa, a fin de explicarles directamente sus funciones y metodologías en el marco de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El Mecanismo es coordinado por el Relator de la CIDH para México, Comisionado Enrique Gil Botero y cuenta con el apoyo de los especialistas técnicos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera visita contará con la participación del  Presidente de la CIDH, Comisionado James Cavallaro y del Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão. Durante la visita, la delegación realizará actividades en Ciudad de México y en Ayotzinapa. El Plan de Trabajo del Mecanismo tendrá una duración de 12 meses e incluirá labores de recopilación de información y documentación sobre el caso. El plan también incluirá la frecuencia con que se pretende realizar las visitas regulares a México y por el tiempo que resulte necesario para el labor del Mecanismo. “La CIDH tiene expectativa de que las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sean debidamente cumplidas y el Mecanismo sirve para dar seguimiento al progreso en la implementación de las mismas”, dijo el Presidente de la CIDH, James Cavallaro. El establecimiento de un Mecanismo de Seguimiento fue acordado entre los peticionarios de la medida cautelar y el Estado, y el 29 de julio de 2016 fue decidido por la CIDH mediante una resolución. Dicha resolución establece que el objetivo es dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus dos informes, así como en el marco de la medida cautelar, principalmente la Resolución 42/16. A partir de dicha decisión, la CIDH y el Estado mexicano sostuvieron conversaciones sobre la financiación del mismo. El 9 de septiembre de 2016, la CIDH y el Estado mexicano finalizaron un acuerdo sobre la integralidad de los recursos necesarios para poner en marcha el Mecanismo. “Es fundamental avanzar en la implementación de las recomendaciones con celeridad y tener en cuenta la centralidad de los derechos de las víctimas en todo ese proceso. Buscamos la integral colaboración de las autoridades nacionales y locales, de todos los poderes del Estado, para que se pueda atender cada recomendación de los Informes del GIEI y de la Medida Cautelar”, dijo el coordinador del Mecanismo, Comisionado Gil Botero.

La aprobación de las Leyes Generales en materia de tortura y desapariciones forzadas de acuerdo al derecho internacional aplicable, otro tema prioritario identificado por el Alto Comisionado, constituye una deuda pendiente a más de 10 meses de la presentación de las iniciativas en la materia. Exigimos al Congreso que priorice el cumplimiento de esta recomendación, recordando que la Ley General contra la Tortura está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, mientras la Ley General contra las Desapariciones Forzadas sigue pendiente en el Senado.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética

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Movilizaciones en Morelos contra violencia e inseguridad

Al cumplirse 16 meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, se llevará a cabo una marcha del Calvario al Zócalo de Cuernavaca a partir de las 4:30 de la tarde, convocada por sindicatos y organizaciones de derechos humanos.

La población en el Estado de Morelos está viviendo en medio de una grave crisis de inseguridad y violencia que pone al desnudo la vinculación entre las instituciones del Estado y la industria criminal que lleva a su extremo la descomposición capitalista en el aspecto fenoménico de la barbarie, con la agudización de la desigualdad social y la privación de derechos humanos de la mayoría, mientras crece el fortalecimiento del aparato represivo del Estado para impedir que las protestas sociales se transformen en luchas anticapitalistas, antineoliberales y por derechos humanos plenos para todas y todos.

Los niveles de violencia criminal e institucional se han mantenido en una espiral creciente. Las causas son estructurales y propias del sistema capitalista en crisis que, sin embargo, tratan de ocultar para utilizar políticamente pero no para resolver realmente. La violencia institucional diseñada para impedir que la protesta social crezca, se extiende como un cáncer que va infestando todo el cuerpo social y termina afectando gravemente la vida y la libertad de la mayoría de la sociedad.

No es mera coincidencia que los niveles de criminalidad hayan crecido a la par de las políticas neoliberales. El Estado se transforma acorde con las necesidades económicas y políticas de los grupos de poder capitalistas hegemónicos o dominantes a escala planetaria. Abandona las políticas de bienestar social y fortalece el aparato represivo policiaco y militar. La militarización de la seguridad pública es consecuencia de los afanes de elevar los niveles de ganancia de las industrias criminales. Los circuitos financieros donde se lava el dinero proveniente de toda clase de negocios ilícitos, se aceitan con la sangre del pueblo que padece los estragos de una guerra, oculta primero, y luego abierta. La producción, trasiego y consumo de drogas y toda clase de estupefacientes, crece al amparo de ésta supuesta guerra, donde en lugar de disminuir el narcotráfico se instala en prácticamente todo el cuerpo social. El involucramiento de policías y militares con la delincuencia no es meramente circunstancial. Es producto de los altos intereses económicos en juego. No hay delincuencia organizada sin complicidad y anuencia del Estado. La impunidad es generalizada porque las estructuras de poder están imbricadas con la corrupción y sus efectos corrosivos.

Actualmente el gobierno perredista de Morelos está embarcado en justificar su estrategia policiaca y militarista de fortalecimiento del Mando Único, sin modificar un ápice las políticas dominantes que criminalizan a los jóvenes y a los consumidores de estupefacientes, lanzando todo el poder de fuego contra supuestos o reales integrantes de bandas de crimen organizado que hoy son identificados de una manera y mañana crecen y se multiplican porque se mantiene la impunidad y el motivo principal de su surgimiento, que es la obtención de la mayor ganancia en el menor tiempo posible, divisa del capital neoliberal y mafioso. Todas estas denominaciones no alcanzan a identificar plenamente la enorme descomposición institucional en aras de mantener el poder en unas cuantas manos.

Vivimos en un estado de guerra donde el pueblo sufre las consecuencias. Es una expresión de la barbarie. Descomposición del tejido social que implica romper las relaciones de solidaridad por el sálvese quien pueda del individualismo egoísta.

La lucha por los derechos humanos forma parte sustancial de la lucha por una sociedad socialista, con justicia social, sin clases que opriman y exploten unas a otras y sin discriminación ni violencia. Derechos y libertades democráticas que han sido producto de las luchas históricas de los pueblos y no concesión gratuita de las clases dominantes. Derechos que son violados sistemáticamente bajo el capitalismo. Derechos que son irrenunciables desde ahora y que son imprescindibles para la vida, la libertad, la dignidad. La lucha por hacer vigentes los derechos humanos forma parte de la lucha de la izquierda socialista en nuestro país. Desde los años 70s la formación de los comités contra la represión, por la libertad de las y los presos políticos, por la presentación de los desaparecidos, ha sido impulsada por familiares como las doñas del Comité Eureka y apoyadas por el PRT y múltiples organizaciones políticas de izquierda, sociales y sindicales. Un amplio movimiento independiente, no gubernamental, de organizaciones de derechos humanos, se fortaleció sobre todo durante los años 80s a la fecha. Una cultura de respeto a los derechos humanos ha permeado en amplias capas sociales que resienten las consecuencias de la ofensiva privatizadora, represiva y neoliberal del capitalismo dominante.

El gobierno de Graco Ramírez en Morelos se asume como el promotor principal de la estrategia de centralización de la policía con un Mando Único, bajo una perspectiva militarista y autoritaria, represiva, que no garantiza seguridad humana y ciudadana. La impunidad generalizada no puede ser eliminada mediante el uso de la fuerza letal, sino con la aplicación de la justicia que éstos gobiernos son incapaces de garantizar por la corrupción generalizada en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Desnudar las violencias y los beneficiarios del sistema es luchar por el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos. Recuperar la capacidad humana de indignarse frente a cualquier dolor que sufren las víctimas a manos de criminales y perpetradores. Exigir justicia y verdad frente al Estado no significa confiar en las instituciones, sino en la capacidad de organización autónoma para conseguirlo.

Por eso es necesario sacar las lecciones de enormes movimientos que han impactado socialmente en nuestro país, para no olvidar que si es el Estado el responsable, por acción u omisión, de éstos crímenes, se requiere una estrategia de lucha unitaria que coloque en el centro una perspectiva de derechos humanos sin concesión alguna a quienes usan y abusan del poder. Nuestro compromiso en esta lucha lo debemos asumir cotidianamente en donde quiera que nos encontremos. Fortalezcamos las movilizaciones nacionales e internacionales por los 43 de Ayotzinapa y por la Alerta de Violencia de Género en todo el país. Esta será una forma de respaldo a la lucha en Morelos por lograr que haya seguridad humana y ciudadana sin militarización ni mando único, con pleno respeto a los derechos humanos.

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Defender derechos de las niñas

Se lanza campaña “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin unión  temprana y matrimonio de las niñas en la ley y en la práctica”  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, aprobados recientemente en laONU establecen en su meta 5.3 la erradicación de las prácticas nocivas para niñas y  adolescentes como el matrimonio infantil y la unión temprana.  La  iniciativa  de  doce  agencias  de  Naciones  Unidas  hace  un  llamado  a  la  armonización  legislativa  en  México  acorde  a  los  estándares  internacionales  para  que  todos  los  Códigos  mandaten  los  18  años  como  edad  mínima  para  contraer  matrimonio, sin excepción.  En México, al menos 1 de cada 5 mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir  los 18 años de edad.  México, D.F. 19 de noviembre, 2015.‐ “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México  sin unión temprana  y matrimonio de las niñas en la ley  y en la práctica”, se lanza en el  marco de la campaña ÚNETE de Naciones Unidas y de los 16 días de activismo para poner  fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que este 2015 están dedicados en México a  la eliminación del matrimonio y la unión temprana de las niñas en la ley y en la práctica. El  matrimonio  y  las  uniones  tempranas  de  las  niñas  constituyen  una  violación  a  los  derechos humanos de éstas  y son  consideradas por  la ONU  como prácticas nocivas que  afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas, impacta su  desarrollo  futuro  y  el  de  sus  familias,  e  incrementan  la  discriminación  y  el  riesgo  de  violencia contra ellas.  Las  raíces  del  matrimonio  y  de  las  uniones  tempranas  de  las  niñas  están  en  la  discriminación de género y tienen múltiples consecuencias como la deserción escolar, el  embarazo  prematuro,  la  mortalidad  materna,  la  transmisión  intergeneracional  de  la  pobreza y en general la limitación a las oportunidades de vida de las niñas y adolescentes.  De  acuerdo  a  la  Encuesta Nacional  de  la  Dinámica  Demográfica  (ENADID)  del  2014  del  INEGI, en México al menos 1 de cada 5 mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir  los 18 años de edad. Hoy en día hay 6.8 millones de mujeres entre los 15 y 54 años que se  unieron conyugalmente antes de los 18 años. La tendencia de las uniones tempranas ha  2 variado  poco  en  las  nuevas  generaciones:  en  las mujeres  de  50  a  54  años,  el  25.3% se  unieron  antes de  los 18  años, mientras que  en el  grupo de edad de 20  a 24  años,  este  porcentaje es de 21.4%, es decir, una pequeña diferencia en 30 años.  La  campaña  que  es  presentada  hoy  por  doce  agencias  de  Naciones  Unidas  hace  un  exhorto al Estado mexicano para lograr la armonización legal completa de acuerdo con los  más altos estándares internacionales y el marco jurídico nacional, para establecer la edad  del matrimonio a los 18 años sin excepción en la legislación estatal y federal.  Adicionalmente,  el  llamado  a  la  acción  enumera  varias  acciones  concretas  que  pueden  realizar los gobiernos y congresos de los estados, así como organizaciones de la sociedad  civil,  para  poner  fin  a  las  uniones  tempranas  y  matrimonios  de  las  niñas  como  son:  empoderar a las niñas y adolescentes para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y  hombres;  garantizar  la  protección  social  integral  a  niñas  y  adolescentes,  a  través  de  políticas y programas que promuevan oportunidades de inclusión y desarrollo; garantizar  la permanencia de las niñas en la escuela hasta al menos el término de la preparatoria;  mejorar  la  información a  través  de  la  generación  y  uso  de  datos  cuantitativos  y  cualitativos;  campañas  de  difusión a  nivel  estatal  y  municipal sobre  las  consecuencias  negativas de la unión temprana y el matrimonio de las niñas con la finalidad de desalentar  y erradicar esta práctica nociva. El llamado hace referencia a un marco internacional y nacional adecuado para lograr un  México sin matrimonios y uniones tempranas de las niñas. El Comité de los Derechos del  Niño  hizo  en  2015  la  siguiente  recomendación  al  Estado  Mexicano:  “A  la  luz  de  la  observación  general  N°18  (2014)  adoptada  de  manera  conjunta  con  el  Comité  para  la  Eliminación de  la Discriminación Contra  la Mujer, el Comité recomienda  al estado parte  que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA, asegurando que la  edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18  años  en  las  leyes  de  todos  los  estados.  El  Estado  parte  debe  también  implementar  programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio  infantil  en  niñas, teniendo  como  población  objetivo  a  los familiares, maestros  y  líderes  indígenas.” En el ámbito legislativo, México aprobó recientemente la Ley General de los Derechos de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  en  vigor  desde  enero  de  2015,  que  establece  los  18  años  como edad mínima para contraer matrimonio por parte de las niñas y niños.  3 En  la  actualidad,  permanece  el  desafío  en  la  armonización  de  los  Códigos  Civiles  y  Familiares.  En  este sentido  el  Código  Civil  Federal  establece  que  la  edad mínima  de  las  niñas  para  contraer  matrimonio  es  14  años  y  los  niños  16  años.  En  lo  referente  a  los  Códigos  Civiles  y  Familiares  de  las  entidades federativas,  únicamente seis  estados (Baja  California  Sur,  Jalisco,  Quintana  Roo,  San  Luis  Potosí,  Veracruz  y  Yucatán)  establecen,  tanto para mujeres como para hombres la edad de 18 años sin excepción para contraer  matrimonio.  Todos los demás estados establecen los 18 años de edad para contraer matrimonio, pero  con excepciones y dispensas a la edad, o establecen edades mínimas de 14 ó 16 años para  mujeres y 16 ó 18 para hombres. El  Sistema  de  las  Naciones  Unidas  en  México  reitera  su  disponibilidad  de  seguir  acompañando a las instituciones mexicanas y brindar la asesoría y cooperación técnica en  aras  de  terminar  con  el  matrimonio  y  la  unión  temprana  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes.  Para consultar el llamado a la acción: http://mexico.unwomen

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