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XXV Acción Global por Ayotzinapa en Morelos.

¿Cuánto tiempo buscarías si fuera tu hijo?

2 años y un mes de dolor, incertidumbre e injusticia…

La empatía y solidaridad del pueblo han sostenido la fortaleza de padres y madres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa.

26 de octubre de 2016

10 de la mañana, frente al Congreso del Estado de Morelos.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética nos solidarizamos con la lucha de Padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, quienes instalaron un plantón frente a la Cámara de Diputados para solicitar a los legisladores se les permita exponer su situación ante el pleno camaral. La voz de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa debe ser escuchada en el pleno de este recinto legislativo. El plantón se instaló como parte de la jornada de actividades, a dos años y un mes de los hechos ocurridos en Iguala la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, días en que desaparecieron los estudiantes a manos de elementos policiacos e integrantes del crimen organizado. Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de familia, señaló que el propósito es que el pleno de la Cámara de Diputados escuche su clamor y exigencia de la aparición con vida de sus hijos. Además, denunció que la Comisión Especial para el caso Iguala, formada por la Cámara de Diputados, no les ha presentado ningún informe. No se ha visto el trabajo de esa comisión, por eso la exigencia de que nos escuchen; queremos hacer ese reclamo, porque aparte de su obligación es un derecho de nosotros hacerlo; tenemos derecho a ser escuchados, dijo. Respecto de la reciente detención de Felipe Flores, quien en el momento de la desaparición de los normalistas era el jefe de la policía municipal de Iguala, Melitón Ortega, otro de los voceros de los padres de familia, advirtió que esa aprehensión es relevante siempre y cuando proporcione información importante sobre el paradero de los normalistas, pues de otra forma no tendría sentido, alertó.

Por otra parte, el Mecanismo de Seguimiento a la Medida Cautelar 409/14, otorgada en relación con los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, realizará su primera visita a México del 9 al 12 de noviembre de 2016. Desde el inicio de la implementación del Mecanismo, se ha avanzado en sus etapas internas y preparatorias para su primera visita, durante la cual se realizará la presentación pública de su Plan de Trabajo. Asimismo, se realizarán reuniones bilaterales con actores clave para garantizar su funcionamiento y se realizará un encuentro con los familiares de las víctimas en Ayotzinapa, a fin de explicarles directamente sus funciones y metodologías en el marco de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El Mecanismo es coordinado por el Relator de la CIDH para México, Comisionado Enrique Gil Botero y cuenta con el apoyo de los especialistas técnicos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera visita contará con la participación del  Presidente de la CIDH, Comisionado James Cavallaro y del Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão. Durante la visita, la delegación realizará actividades en Ciudad de México y en Ayotzinapa. El Plan de Trabajo del Mecanismo tendrá una duración de 12 meses e incluirá labores de recopilación de información y documentación sobre el caso. El plan también incluirá la frecuencia con que se pretende realizar las visitas regulares a México y por el tiempo que resulte necesario para el labor del Mecanismo. “La CIDH tiene expectativa de que las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sean debidamente cumplidas y el Mecanismo sirve para dar seguimiento al progreso en la implementación de las mismas”, dijo el Presidente de la CIDH, James Cavallaro. El establecimiento de un Mecanismo de Seguimiento fue acordado entre los peticionarios de la medida cautelar y el Estado, y el 29 de julio de 2016 fue decidido por la CIDH mediante una resolución. Dicha resolución establece que el objetivo es dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus dos informes, así como en el marco de la medida cautelar, principalmente la Resolución 42/16. A partir de dicha decisión, la CIDH y el Estado mexicano sostuvieron conversaciones sobre la financiación del mismo. El 9 de septiembre de 2016, la CIDH y el Estado mexicano finalizaron un acuerdo sobre la integralidad de los recursos necesarios para poner en marcha el Mecanismo. “Es fundamental avanzar en la implementación de las recomendaciones con celeridad y tener en cuenta la centralidad de los derechos de las víctimas en todo ese proceso. Buscamos la integral colaboración de las autoridades nacionales y locales, de todos los poderes del Estado, para que se pueda atender cada recomendación de los Informes del GIEI y de la Medida Cautelar”, dijo el coordinador del Mecanismo, Comisionado Gil Botero.

La aprobación de las Leyes Generales en materia de tortura y desapariciones forzadas de acuerdo al derecho internacional aplicable, otro tema prioritario identificado por el Alto Comisionado, constituye una deuda pendiente a más de 10 meses de la presentación de las iniciativas en la materia. Exigimos al Congreso que priorice el cumplimiento de esta recomendación, recordando que la Ley General contra la Tortura está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, mientras la Ley General contra las Desapariciones Forzadas sigue pendiente en el Senado.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética

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Movilizaciones en Morelos contra violencia e inseguridad

Al cumplirse 16 meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, se llevará a cabo una marcha del Calvario al Zócalo de Cuernavaca a partir de las 4:30 de la tarde, convocada por sindicatos y organizaciones de derechos humanos.

La población en el Estado de Morelos está viviendo en medio de una grave crisis de inseguridad y violencia que pone al desnudo la vinculación entre las instituciones del Estado y la industria criminal que lleva a su extremo la descomposición capitalista en el aspecto fenoménico de la barbarie, con la agudización de la desigualdad social y la privación de derechos humanos de la mayoría, mientras crece el fortalecimiento del aparato represivo del Estado para impedir que las protestas sociales se transformen en luchas anticapitalistas, antineoliberales y por derechos humanos plenos para todas y todos.

Los niveles de violencia criminal e institucional se han mantenido en una espiral creciente. Las causas son estructurales y propias del sistema capitalista en crisis que, sin embargo, tratan de ocultar para utilizar políticamente pero no para resolver realmente. La violencia institucional diseñada para impedir que la protesta social crezca, se extiende como un cáncer que va infestando todo el cuerpo social y termina afectando gravemente la vida y la libertad de la mayoría de la sociedad.

No es mera coincidencia que los niveles de criminalidad hayan crecido a la par de las políticas neoliberales. El Estado se transforma acorde con las necesidades económicas y políticas de los grupos de poder capitalistas hegemónicos o dominantes a escala planetaria. Abandona las políticas de bienestar social y fortalece el aparato represivo policiaco y militar. La militarización de la seguridad pública es consecuencia de los afanes de elevar los niveles de ganancia de las industrias criminales. Los circuitos financieros donde se lava el dinero proveniente de toda clase de negocios ilícitos, se aceitan con la sangre del pueblo que padece los estragos de una guerra, oculta primero, y luego abierta. La producción, trasiego y consumo de drogas y toda clase de estupefacientes, crece al amparo de ésta supuesta guerra, donde en lugar de disminuir el narcotráfico se instala en prácticamente todo el cuerpo social. El involucramiento de policías y militares con la delincuencia no es meramente circunstancial. Es producto de los altos intereses económicos en juego. No hay delincuencia organizada sin complicidad y anuencia del Estado. La impunidad es generalizada porque las estructuras de poder están imbricadas con la corrupción y sus efectos corrosivos.

Actualmente el gobierno perredista de Morelos está embarcado en justificar su estrategia policiaca y militarista de fortalecimiento del Mando Único, sin modificar un ápice las políticas dominantes que criminalizan a los jóvenes y a los consumidores de estupefacientes, lanzando todo el poder de fuego contra supuestos o reales integrantes de bandas de crimen organizado que hoy son identificados de una manera y mañana crecen y se multiplican porque se mantiene la impunidad y el motivo principal de su surgimiento, que es la obtención de la mayor ganancia en el menor tiempo posible, divisa del capital neoliberal y mafioso. Todas estas denominaciones no alcanzan a identificar plenamente la enorme descomposición institucional en aras de mantener el poder en unas cuantas manos.

Vivimos en un estado de guerra donde el pueblo sufre las consecuencias. Es una expresión de la barbarie. Descomposición del tejido social que implica romper las relaciones de solidaridad por el sálvese quien pueda del individualismo egoísta.

La lucha por los derechos humanos forma parte sustancial de la lucha por una sociedad socialista, con justicia social, sin clases que opriman y exploten unas a otras y sin discriminación ni violencia. Derechos y libertades democráticas que han sido producto de las luchas históricas de los pueblos y no concesión gratuita de las clases dominantes. Derechos que son violados sistemáticamente bajo el capitalismo. Derechos que son irrenunciables desde ahora y que son imprescindibles para la vida, la libertad, la dignidad. La lucha por hacer vigentes los derechos humanos forma parte de la lucha de la izquierda socialista en nuestro país. Desde los años 70s la formación de los comités contra la represión, por la libertad de las y los presos políticos, por la presentación de los desaparecidos, ha sido impulsada por familiares como las doñas del Comité Eureka y apoyadas por el PRT y múltiples organizaciones políticas de izquierda, sociales y sindicales. Un amplio movimiento independiente, no gubernamental, de organizaciones de derechos humanos, se fortaleció sobre todo durante los años 80s a la fecha. Una cultura de respeto a los derechos humanos ha permeado en amplias capas sociales que resienten las consecuencias de la ofensiva privatizadora, represiva y neoliberal del capitalismo dominante.

El gobierno de Graco Ramírez en Morelos se asume como el promotor principal de la estrategia de centralización de la policía con un Mando Único, bajo una perspectiva militarista y autoritaria, represiva, que no garantiza seguridad humana y ciudadana. La impunidad generalizada no puede ser eliminada mediante el uso de la fuerza letal, sino con la aplicación de la justicia que éstos gobiernos son incapaces de garantizar por la corrupción generalizada en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Desnudar las violencias y los beneficiarios del sistema es luchar por el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos. Recuperar la capacidad humana de indignarse frente a cualquier dolor que sufren las víctimas a manos de criminales y perpetradores. Exigir justicia y verdad frente al Estado no significa confiar en las instituciones, sino en la capacidad de organización autónoma para conseguirlo.

Por eso es necesario sacar las lecciones de enormes movimientos que han impactado socialmente en nuestro país, para no olvidar que si es el Estado el responsable, por acción u omisión, de éstos crímenes, se requiere una estrategia de lucha unitaria que coloque en el centro una perspectiva de derechos humanos sin concesión alguna a quienes usan y abusan del poder. Nuestro compromiso en esta lucha lo debemos asumir cotidianamente en donde quiera que nos encontremos. Fortalezcamos las movilizaciones nacionales e internacionales por los 43 de Ayotzinapa y por la Alerta de Violencia de Género en todo el país. Esta será una forma de respaldo a la lucha en Morelos por lograr que haya seguridad humana y ciudadana sin militarización ni mando único, con pleno respeto a los derechos humanos.

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Defender derechos de las niñas

Se lanza campaña “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin unión  temprana y matrimonio de las niñas en la ley y en la práctica”  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, aprobados recientemente en laONU establecen en su meta 5.3 la erradicación de las prácticas nocivas para niñas y  adolescentes como el matrimonio infantil y la unión temprana.  La  iniciativa  de  doce  agencias  de  Naciones  Unidas  hace  un  llamado  a  la  armonización  legislativa  en  México  acorde  a  los  estándares  internacionales  para  que  todos  los  Códigos  mandaten  los  18  años  como  edad  mínima  para  contraer  matrimonio, sin excepción.  En México, al menos 1 de cada 5 mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir  los 18 años de edad.  México, D.F. 19 de noviembre, 2015.‐ “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México  sin unión temprana  y matrimonio de las niñas en la ley  y en la práctica”, se lanza en el  marco de la campaña ÚNETE de Naciones Unidas y de los 16 días de activismo para poner  fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que este 2015 están dedicados en México a  la eliminación del matrimonio y la unión temprana de las niñas en la ley y en la práctica. El  matrimonio  y  las  uniones  tempranas  de  las  niñas  constituyen  una  violación  a  los  derechos humanos de éstas  y son  consideradas por  la ONU  como prácticas nocivas que  afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas, impacta su  desarrollo  futuro  y  el  de  sus  familias,  e  incrementan  la  discriminación  y  el  riesgo  de  violencia contra ellas.  Las  raíces  del  matrimonio  y  de  las  uniones  tempranas  de  las  niñas  están  en  la  discriminación de género y tienen múltiples consecuencias como la deserción escolar, el  embarazo  prematuro,  la  mortalidad  materna,  la  transmisión  intergeneracional  de  la  pobreza y en general la limitación a las oportunidades de vida de las niñas y adolescentes.  De  acuerdo  a  la  Encuesta Nacional  de  la  Dinámica  Demográfica  (ENADID)  del  2014  del  INEGI, en México al menos 1 de cada 5 mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir  los 18 años de edad. Hoy en día hay 6.8 millones de mujeres entre los 15 y 54 años que se  unieron conyugalmente antes de los 18 años. La tendencia de las uniones tempranas ha  2 variado  poco  en  las  nuevas  generaciones:  en  las mujeres  de  50  a  54  años,  el  25.3% se  unieron  antes de  los 18  años, mientras que  en el  grupo de edad de 20  a 24  años,  este  porcentaje es de 21.4%, es decir, una pequeña diferencia en 30 años.  La  campaña  que  es  presentada  hoy  por  doce  agencias  de  Naciones  Unidas  hace  un  exhorto al Estado mexicano para lograr la armonización legal completa de acuerdo con los  más altos estándares internacionales y el marco jurídico nacional, para establecer la edad  del matrimonio a los 18 años sin excepción en la legislación estatal y federal.  Adicionalmente,  el  llamado  a  la  acción  enumera  varias  acciones  concretas  que  pueden  realizar los gobiernos y congresos de los estados, así como organizaciones de la sociedad  civil,  para  poner  fin  a  las  uniones  tempranas  y  matrimonios  de  las  niñas  como  son:  empoderar a las niñas y adolescentes para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y  hombres;  garantizar  la  protección  social  integral  a  niñas  y  adolescentes,  a  través  de  políticas y programas que promuevan oportunidades de inclusión y desarrollo; garantizar  la permanencia de las niñas en la escuela hasta al menos el término de la preparatoria;  mejorar  la  información a  través  de  la  generación  y  uso  de  datos  cuantitativos  y  cualitativos;  campañas  de  difusión a  nivel  estatal  y  municipal sobre  las  consecuencias  negativas de la unión temprana y el matrimonio de las niñas con la finalidad de desalentar  y erradicar esta práctica nociva. El llamado hace referencia a un marco internacional y nacional adecuado para lograr un  México sin matrimonios y uniones tempranas de las niñas. El Comité de los Derechos del  Niño  hizo  en  2015  la  siguiente  recomendación  al  Estado  Mexicano:  “A  la  luz  de  la  observación  general  N°18  (2014)  adoptada  de  manera  conjunta  con  el  Comité  para  la  Eliminación de  la Discriminación Contra  la Mujer, el Comité recomienda  al estado parte  que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA, asegurando que la  edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18  años  en  las  leyes  de  todos  los  estados.  El  Estado  parte  debe  también  implementar  programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio  infantil  en  niñas, teniendo  como  población  objetivo  a  los familiares, maestros  y  líderes  indígenas.” En el ámbito legislativo, México aprobó recientemente la Ley General de los Derechos de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  en  vigor  desde  enero  de  2015,  que  establece  los  18  años  como edad mínima para contraer matrimonio por parte de las niñas y niños.  3 En  la  actualidad,  permanece  el  desafío  en  la  armonización  de  los  Códigos  Civiles  y  Familiares.  En  este sentido  el  Código  Civil  Federal  establece  que  la  edad mínima  de  las  niñas  para  contraer  matrimonio  es  14  años  y  los  niños  16  años.  En  lo  referente  a  los  Códigos  Civiles  y  Familiares  de  las  entidades federativas,  únicamente seis  estados (Baja  California  Sur,  Jalisco,  Quintana  Roo,  San  Luis  Potosí,  Veracruz  y  Yucatán)  establecen,  tanto para mujeres como para hombres la edad de 18 años sin excepción para contraer  matrimonio.  Todos los demás estados establecen los 18 años de edad para contraer matrimonio, pero  con excepciones y dispensas a la edad, o establecen edades mínimas de 14 ó 16 años para  mujeres y 16 ó 18 para hombres. El  Sistema  de  las  Naciones  Unidas  en  México  reitera  su  disponibilidad  de  seguir  acompañando a las instituciones mexicanas y brindar la asesoría y cooperación técnica en  aras  de  terminar  con  el  matrimonio  y  la  unión  temprana  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes.  Para consultar el llamado a la acción: http://mexico.unwomen

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A Sangre y fuego…

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

 Las protestas contra Peña Nieto en Morelos se llevaron a cabo de manera unitaria entre el Pacto por la Soberanía Alimentaria, Morena y #Yosoy132, fortaleciendo un polo de lucha independiente hoy más necesario que nunca, ante la grave situación política nacional. Lo que observamos este 1º de diciembre del 2012 en los alrededores del Palacio Legislativo, en Bellas Artes, en las inmediaciones del Zócalo, en Reforma, fue un operativo policiaco-militar, en el que el gobierno federal tomó el control de las fuerzas represivas, para cercar, reprimir y arrestar a los estudiantes del movimiento estudiantil #YoSoy132 y organizaciones sociales. Lo que vimos este día funesto fue un operativo montado no para evitar protestas sino para reprimir al movimiento opositor en su protesta legitima. El primer día empieza a cumplir lo prometido: pacificar el país con represión, acallar las protestas, impedir que se escuchen gritos denunciado el fraude o exigiendo democracia.

Decenas de heridos e intoxicados, al menos siete de ellos de gravedad y uno con exposición de masa encefálica, 92 detenidos y un número indefinido de desaparecidos es el saldo de la violenta jornada de represión de este 1 de diciembre, en el marco de las protestas por la toma de la presidencia de Enrique Peña Nieto.

La llegada del PRI representa la continuidad neoliberal de los gobiernos panistas y la estrategia de guerra de Calderón como lo anuncia el nombramiento que hizo Peña del General Naranjo, artífice de la paramilitarización y del Plan Colombia en aquella nación y ahora asesor principal de “seguridad” del nuevo gobierno.

Peña Nieto representa la profundización y perfeccionamiento de una política  que será de continuidad de la “guerra contra la delincuencia organizada”, guerra que, en los seis años de gobierno de Calderón, dejó más de 100 mil homicidios dolosos y más de 10 mil desapariciones forzadas, que permanecen en la impunidad y que se verán incrementados en los próximos años, de continuar con esta política de seguridad nacional. Durante estos años, el incremento alarmante de casos de desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, y en contra de personas que no tienen un activismo político, evidenciando con ello que la desaparición forzada es una política del Estado mexicano.

 

Lo grave es que este gobierno dará continuidad a esa estrategia de combatir, no al narcotráfico, si no al pueblo y a las organizaciones que se manifiestan y organizan para defender los derechos humanos en el país. La continuidad de esta política traerá consigo el incremento de crímenes de lesa humanidad, como ya lo estamos viviendo. El PRI ha sido uno de los principales responsables de cometerlos. Aún siguen en total impunidad más  de 1200 casos de desapariciones forzadas que se cometieron durante el periodo de la guerra sucia,   y que miles de familias siguen exigiendo que se encuentre a los desaparecidos y se castigue a los criminales. EPN representa a ese partido de antaño, que no ha cambiado, a ese  gobierno represivo, autoritario, que ha marcado la historia de nuestro país por las graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido.

 

Con este gobierno se bañó de sangre a nuestro país, también se prepararon las reformas llamadas “estructurales”, las cuales, como sabemos no traerán beneficios para el pueblo, traerán consigo una mayor pobreza y la legalización de aquello que era ilegal, con la finalidad de acotar la libertad del pueblo a manifestarse y organizarse, violando así, el derecho que tenemos a la protesta social.

 

Los miles de crímenes de lesa humanidad cometidos por Calderón, hasta ahora, se quedan en la impunidad, pero es nuestro deber y derecho exigir el juicio y el castigo para él y sus cómplices, por ello debe ser enjuiciado y castigado en instancias internacionales.

Las manifestaciones de rechazo a la llegada de Peña Nieto son una muestra de la inconformidad que se vive en el país por la sistemática violación a los derechos fundamentales del pueblo, y es evidencia del contexto que se avecina. Por esta razón, es importante que las organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares y familiares de victimas en el país, nos mantengamos al tanto, alertas de lo que ocurra, para denunciar y exigir de manera unida y organizada, que nuestros derechos humanos sean respetados.

 

Por si alguien lo dudara, ha regresado el PRI, con todo su autoritarismo represivo, conquistando a la autodenominada “izquierda” institucional, funcional al sistema y al régimen, para hacer “acuerdos nacionales”, dispuesto a seguir el remate de lo común y lo público al capital extranjero, encarrerado para imponer nuevas contra-reformas al pueblo mexicano, formando sus grupos de choque paramilitares, ensayando ya el mando único contra los estudiantes para luego aplicarlo en la ocupación del territorio vendido a las mineras o a otros megaproyectos de despojo y saqueo de las riquezas del país. No lo lograrán.

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AGENDA DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS (2012-2015)

  AGENDA DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS (2012-2015) 

COMISIÓN INDEPENDIENTE DE DERECHOS HUMANOS DE MORELOS, A. C.[1]

ÍNDICE

 

Introducción

1

 

 

 

 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

3

  1. 1.    Derechos Económicos, Sociales y Culturales

 

  1. 2.    Derechos Ambientales

 

 

 

 

 

Derechos Civiles y Políticos

10

3.  Derechos Civiles: Seguridad Humana, Seguridad Ciudadana

 

  1. 4.    Derechos Políticos y Democracia Participativa

 

 

 

 

 

Derechos Humanos de las Mujeres

15

5. Derechos de las Mujeres

 

 

 

 

 

Derechos Humanos de las y los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas

20

6. Derechos de las y los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas

 

 

 

 

 

Consideraciones Finales

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INTRODUCCIÓN[2]

 

Ante los gobiernos no hay que bajar la guardia para defender los derechos humanos. Es una premisa básica para no tener ilusiones que se transformen en frustración. Esta es una conclusión elemental posterior a las elecciones del dos de julio de 2012. Seguiremos luchando por una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos. Eso implica dar la batalla jurídica y legal por transformar las leyes y los marcos normativos, pero, sobre todo, construir conciencia organizada y visión critica de la realidad, para lograr la justicia social que esté en la base de una nueva sociedad.

 

Antes de las elecciones, nos dimos a la tarea de realizar una serie de Conversatorios para elaborar una agenda de derechos humanos ante la emergencia nacional que se esta viviendo en el país y de frente al proceso electoral y las plataformas de partidos y candidatos, en contraste con las necesidades reales y las demandas de la sociedad, sobre todo entre de clase trabajadora.

 

Los resultados electorales muestran que sigue siendo una asignatura pendiente el establecimiento de una verdadera democracia, no solo electoral, sino participativa, directa, donde la mayoría de la población decida el rumbo político y social en contra de gobiernos que han aplicado políticas neoliberales, privatizadoras y represivas.

 

En Morelos es claro que la mayoría rechazó las candidaturas que se identificaron con la continuidad de las formas de hacer política autoritaria y antidemocrática, por lo que el gobierno panista sufrió una derrota estrepitosa ya expresada en las elecciones de 3 años antes. La violación sistemática de los derechos humanos, en victimas, en pérdida de vidas humanas, en feminicidio, en desempleo, en injusticia social,  llevó a muchas personas a buscar alternativas distintas. No obstante, sabemos que muchos de los nuevos gobiernos, aun cuando sean identificados genéricamente como más favorables a los derechos humanos, distan mucho de representar consecuentemente políticas respetuosas de los mismos. Por ello, no bajar la guardia para defender estos derechos, resultará fundamental en el próximo período, sobre todo en temas como los que abordamos en los Conversatorios, como son: una verdadera seguridad ciudadana enmarcada en una seguridad humana, con plenos derechos económicos, sociales, culturales, laborales y colectivos, una transformación de las estrategias de seguridad frente a la impunidad y la violencia institucional y delincuencial, verdadera protección de los derechos de las mujeres ante el feminicidio y la opresión, el retiro del Ejército de las calles y el cambio de estrategias de seguridad, para terminar con la impunidad y la corrupción, entre otros temas fundamentales.

 

En este sentido, la agenda de derechos humanos, pasa por una mayor participación de la sociedad organizada. Por ejemplo, las condiciones de seguridad para las defensoras y defensores de derechos humanos y el riesgo cotidiano al que están expuestos los y las periodistas, no puede ser dejado de lado. También es el problema que enfrentan pueblos que sienten agravios en la invasión de sus tierras con el gasoducto y la termoeléctrica en Huexca, donde se requiere una verdadera información y consulta a los pueblos del oriente de Morelos, quienes rechazan abiertamente proyectos lesivos a sus derechos colectivos, por lo que se avizora un conflicto social si el gobierno pretende imponer una perspectiva de desarrollo excluyente. Es el mismo caso en la ampliación de la autopista en Tepoztlán. Existen muchos temas pendientes en materia de derechos y garantías que reconozcan plenamente a la ciudadanía. En el recuento tenemos una cantidad enorme de casos que requieren de justicia, tan graves como el del asesinato de doña Petra, su hijo José y su nieto Ángel, que pondrá a prueba el compromiso por establecer la verdad y la justicia para las víctimas, en medio de una guerra que debe cesar de inmediato, para detener este verdadero baño de sangre que ha enlutado muchas familias en Morelos y en todo el país.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES[3]


DERECHOS HUMANOS LABORALES[4]

 

Con la reciente aprobación en el Senado de la Republica a la ley laboral Calderonista de corte por demás neoliberal, se eliminó de tajo y sustancialmente gran parte de nuestras conquistas laborales, siendo el fondo de la misma la llamada “flexibilidad laboral”. Con esta nueva Ley evidentemente se anuló  principalmente el derecho y principio constitucional de estabilidad en el empleo substituyéndolo por simples empleos eventuales y sin prestaciones. Contratos a prueba donde se eliminará la posibilidad de que un trabajador o trabajadora  acumule antigüedad en su empleo y mejore su salario, es decir una persona podrá estar por años laborando bajo contratos eventuales. Es además un claro atentado contra los derechos humanos de todo el pueblo de México, pues en un momento dado nos  afectara a todos y todas, es decir tanto a trabajadores y trabajadoras de empresas privadas e instancias federales, estatales y del ámbito municipal al cancelarse el carácter tutelar que preveía la pasada ley secundaria y que por igual pasa alto diversos principios que operaban en la misma, retomando además criterios de contratación propios del siglo pasado, por citar solo un gris ejemplo la llamada “Ley Lozano-Calderón” legalizo ya a las empresas que operan con el terrible sistema de “Outsourcing” o de Subcontratación; donde el patrón y un tercero celebran un contrato, lo que implica una subcontratación a través de una outsourcing, en donde se triangula e incluso se simula la relación laboral, con todo el propósito de anular la debida responsabilidad solidaria de la empresa que verdaderamente se beneficia del trabajo obrero y con el único objetivo de no otorgarle las prestaciones de que por ley le corresponden, regular la subcontratación equivale a oficializar ya dicho agravio. Con dicho cuerpo jurídico apenas aprobado se desaparecen ya los contratos de planta al anular la premisa de que “si existe materia de trabajo subsiste el contrato de trabajo”, anula ahora el pago de indemnizaciones por despido, al prever todo tipo de contratos temporales a pesar de la existencia de la materia de trabajo. De manera injusta, ahora ya están legalizados los terribles contratos a prueba, de capacitación inicial, y de labores discontinuas al poder repetirse continuamente cambiar el tipo de contrato o actividad, al igual permitirá exportar mano de obra barata a través de contratos por hora ó eventuales.

 

En el caso de despidos se acotó ya el pago de los salarios caídos a un año, propiciando que las y los trabajadores sean quienes sufran la prolongación y costos de los juicios laborales, y en el mismo contexto permitirá despidos arbitrarios sin garantía de audiencia por reclamo de clientes ó proveedores del patrón, al igual cancela ahora todo tipo de protección a las trabajadoras domesticas, y también permite de manera injusta la movilidad total del trabajador  al interior del centro de trabajo y legaliza por igual el trabajo multihabilidades a través de tareas “conexas ó complementarias” sin el pago proporcional del salario de acuerdo al incremento del trabajo como lo preveía la ley laboral anterior, y aunado a ello retirará la obligación del patrón de la entrega personal del aviso por escrito respecto al despido y en el mismo sentido retira la sanción al patrón de considerar el despido injustificado cuando no entregue dicho aviso, con dicha ley ya se otorgan mayores facultades a las autoridades laborales para decidir sobre el registro de sindicatos. La Autoridad ahora determinará si se estalla una huelga ó no, en la misma tesitura se estaría permitiendo a los patrones o terceros pedir el arbitraje obligatorio después de 60 días de estallada la huelga, en dicho contexto se acoraza aun mas los “contratos colectivos de protección” para evitar la entrada de sindicatos Independientes, y en el mismo sentido se permite la intromisión de patrones para definir quién es el sindicato mayoritario, se facilita también la creación de los sindicatos patronales llamados también “sindicatos blancos”, y evitará a los trabajadores afiliarse a un sindicato cuando ingresen a laborar.

 

Desaparecen por igual la tabla de enfermedades y riesgos de trabajo, lo que permitirá el aumento de accidentes de trabajo al condicionar el empleo a cambio de mayor productividad, evitará que se penalicen conductas negligentes del patrón y llegara en un momento dado a afectar la vida y salud de las y los obreros en el trabajo, manteniendo en perjuicio de los mismos la carga probatoria en materia de riesgos de trabajo. El texto de dicha ley es por demás regresiva, pues anula la bilateralidad de las relaciones laborales impidiendo la intervención sindical, y por lo mismo privatiza las relaciones laborales al dar al patrón la potestad de decidir el cumplimiento de las normas laborales de manera unilateral. La misma no crea empleos más bien los abarata y facilita la imposición de bajos salarios y la prolongación de jornadas de trabajo a cambio de la permanencia en el empleo y el mismo se condiciona a quien tenga mayor productividad, se crea la figura del fácil y “libre despido”, donde se exime al patrón de entregar las causas del despido, además se pulveriza el salario con la modalidad del pago por hora, lo que equivaldría a menos de $ 7.50 (considerando que el salario mínimo actual en Morelos es de $ 59.08)  no generara el pago de prestaciones sociales, ni prima de antigüedad convirtiendo al obrero en una simple mercancía.

 

Dicha Ley ahora reduce el costo de mano de obra, por lo que hoy denunciamos que con un salario así no se puede garantizar una vida digna y se atenta además contra el derecho; a la salud, vivienda, alimentación, educación. Hoy el PRI y el PAN, consumaron dicha contrarreforma tan deseada por la Coparmex desde hace mas de 25 años, no tenemos duda de que la situación de las y los trabajadores en nuestro país empeorará, al mismo tiempo de que el Gobierno Mexicano incurrirá en responsabilidad internacional por violación de al menos 28 tratados internacionales. Así mismo viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos y de garantías laborales previstas en el artículo primero y 123 de nuestra Constitución Federal y diversas Jurisprudencias de la SCJN, así como la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así mismo el Convenio 87 de la OIT relativo a la Libertad Sindical.

 

Esta recién ley Laboral aprobada solo beneficia al capital y no al respeto de los derechos humanos, por lo que necesitamos abrir ahora un debate público y amplio en todo el país sobre sus implicaciones para generar una propuesta que realmente atienda a la clase trabajadora y no al poder económico. Es urgente ahora construir una unidad con solidez y visión de largo plazo.

 

 

 

1. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

1.1  Revisar la política económica para garantizar la primacía de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, sobre cualquier otro derecho de orden patrimonial.

1.2 Revisar la compatibilidad de los Acuerdos Comerciales firmados por México con los estándares internacionales de derechos humanos, guardando la debida congruencia con lo estipulado en el artículo primero Constitucional.

1.3  Cambiar el modelo del Sistema de Salud, para que todas las personas tengan acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad.

1.4 Revisar la política social para garantizar que el enfoque de derechos humanos sea una realidad que supere los esquemas asistencialistas imperantes.

1.5 Crear programas educativos, económicos y sociales de carácter integral  tendientes a cambiar el valor y la integridad de las mujeres.

 

 

DERECHOS HUMANOS LABORALES

  • Diseñar y ejecutar un programa nacional y estatal de empleo digno, cuyo objetivo sea garantizar la plena vigencia de los derechos humanos laborales.
  • Lograr que el salario suficiente sea una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure a los trabajadores y trabajadoras una vida digna.
  • Respetar, proteger y garantizar el derecho a la autonomía, democracia y libertad sindical, que incluye el derecho de los trabajadores a asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, el derecho de negociación colectiva y huelga.
  • Defender y promover el derecho a la Contratación Colectiva legítima y el acceso a una justicia laboral imparcial, pronta y expedita.
  • Salvaguardar el derecho a la seguridad social, incluidos los derechos de pensiones y jubilaciones y los servicios de salud para todos los trabajadores y las trabajadoras.
  • Elaborar y promover campañas de defensa al articulo 123 de la Constitución Federal, así como de los respectivos Tratados Internacionales en la materia, apoyar la promoción de respectivos recursos legales tales como; amparos, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales  a efecto de contrarrestar cualquier iniciativa legal ó contrarreforma que atente o que comprometa los derechos y conquistas laborales de la clase trabajadora.

 

CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD FRENTE A LA MERCANTILIZACION[5]

 

Uno de los Mitos más repetidos en los últimos 25 años por parte de las elites políticas que gobiernan el país, es que el Mercado es el único instrumento que puede regular la demanda de bienes y servicios de una sociedad. En base a este Mito, la visión neoliberal se ha impuesto en todas las políticas del Estado Mexicano.

 

El sector del medio ambiente  no es la excepción. Con una visión de mercado se  impulsan políticas públicas que pretenden, antes que la conservación, la mercantilización de los servicios ambientales que nos brinda la naturaleza, como son: servicios ambientales; hidrológicos, captura de carbono; conservación de biodiversidad y sus valores asociados para las comunidades rurales.

 

Como resultado tenemos que los problemas ambientales, en lugar de disminuir, éstos van agravándose. Y no queda más que concluir que las políticas públicas para la conservación del medio ambiente han fracasado, sin embargo, antes que realizar una evaluación o un cambio de rumbo, se insiste en repetir las mismas formulas. Más mercado, más mercantilización. El objetivo es poner en el mercado el agua, la captura de carbono y los cientos de recursos genéticos de plantas y saberes que históricamente han sido patrimonio de comunidades rurales, principalmente de las comunidades indígenas del país.

 

La experiencia de trabajo en el Estado de Morelos del Centro de Planeación para la Seguridad Alimentaria y la Sustentabilidad Humana, A.C., desarrollada principalmente en las comunidades indígenas del estado, nos muestran que las posibilidades de revertir las tendencias de degradación de suelos, de incrementar la superficie de cobertura forestal, la conservación de la biodiversidad, en general de los servicios que brinda la naturaleza, pasa necesariamente por la organización y empoderamiento de los dueños del territorio y de sus recursos. Sí consideramos que Morelos, es el estado con mayor porcentaje de bosques y selvas en propiedad social, ya que el 82% se encuentra en manos de ejidos y comunidades. Que el Estado además cuenta con una superficie de 495,817 hectáreas, de las cuales 355,755 hectáreas son de propiedad socia!, que representan el 71.75% por ciento de la superficie total. Y que esta propiedad social comprende 229 núcleos agrarios, de los cuales 204 son ejidos y 25 comunidades. Los factores del que hacen el éxito de las comunidades en la conservación de sus recursos.

 

Por lo cual se deben impulsar políticas públicas orientadas a la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, con lo que se estará en condiciones de reorientar las actividades económicas en las comunidades hacia aquellas que favorezcan la conservación del recurso. Ninguna obra de alto impacto puede realizarse sin consulta a pueblos y comunidades, como lo establece el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos indígenas y derechos ecológicos. Un desarrollo sin participación social es excluyente. El derecho a la consulta debe ser garantizado a los pueblos para no afectar sus tierras, territorio y cultura.

Asimismo se estará en condiciones de generar espacios de reflexión entre la propia comunidad y las diferentes comunidades, como una necesidad de desarrollar colectivamente acciones y proyectos que garanticen la sustentabilidad de la región, con lo que se estará potencializando las capacidades de organización para escalar a una organización regional, inexistente en la actualidad.

 

 

 

2. DERECHOS AMBIENTALES

2.1. Cancelar los proyectos de “desarrollo” de gran escala que afecten tierras y territorios de poblaciones indígenas, rurales o urbanas, que hayan sido diseñados sin consultar a sus habitantes.

2.2. Mayor organización y fortaleza institucional para la conservación de los Recursos Naturales:

  • Percepciones compartidas generalizadas sobre los usos que hay que darle a bosques y selvas.
  • Experiencia de organización previa.
  • Relaciones de confianza fuertes.
  • Equidad
  • Delimitación de las fronteras de los recursos, que es un primer elemento crítico de desempeño institucional.
  • Participación de los distintos usuarios en la definición de reglas de uso de los recursos comunes y en el acceso a éstos.
  • Vigilancia comunitaria y definición de sanciones graduadas por las propias asambleas.

2.3.Fomentar, difundir y capacitar en los métodos y tecnologías para la conservación de los Recursos Naturales:

  • Técnicas  y métodos para la captación y aprovechamiento de agua de lluvia
  • Técnicas y métodos para incrementar la filtración de agua de lluvia
  • Técnicas y métodos para prevenir la erosión hídrica y eólica del suelo
  • Técnicas y métodos para la recuperación de la flora endémica
  • Técnicas y métodos para la elaboración de abonos orgánicos
  • Técnicas y métodos para prevenir y combatir enfermedades en las plantas

 

 

DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

  • Revisar la reforma constitucional en materia indígena para asegurar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a su libre determinación, a su territorio, a los recursos naturales y a la consulta efectiva, en términos de los hoy incumplidos Acuerdos de San Andrés.
  • Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
  • El derecho de los pueblos a ser consultados está establecido en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (Artículo 26 de la Constitución, 19 de la Declaración y 2, 6 y 7 del Convenio.
  • Cuando las consultas se realizan con la participación de los pueblos en su conjunto, estas permiten tener una opinión amplia en la toma de  decisiones, para el buen desarrollo de proyectos de beneficio colectivo y siempre con respeto reconociendo los derechos de los pueblos.
  • El derecho a ser incluidos en el desarrollo económico y social implica el establecimiento de políticas públicas que garanticen una información adecuada y suficiente, mecanismos de consulta y de toma de decisiones de la ciudadanía a través de instancias que tengan la confiabilidad y credibilidad para que los resultados sean acatados y generen consensos políticos y sociales.
  • Respeto a los pueblos originarios que mantienen formas de participación comunitaria, donde los usos y costumbres permiten preservar un desarrollo más equilibrado entre necesidades urbanas y preservación de la naturaleza y el medio ambiente.
  • Defensa de las tierras donde el territorio y la autonomía de los pueblos permiten evitar los efectos catastróficos del desarrollo capitalista salvaje que es altamente depredador.
  • Ninguna obra de alto impacto puede ser construida sin tomar en cuenta los efectos ambientes, sociales, económicos y culturales que pueda tener en los pueblos y comunidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS[6]

 

DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA[7]

 

México atraviesa por una grave crisis de derechos humanos. De manera contradictoria, se ha legislado para llevar a rango Constitucional este derecho y en la práctica aumentan día a día las violaciones a estos derechos. No es suficiente tener un discurso sobre derechos humanos, hay que forjar una verdadera cultura en la vida cotidiana de respeto a los mismos. Conciencia y organización de nuestro pueblo para exigir que se cumplan son el binomio insustituible para conseguir que se apliquen y ejerzan. Los derechos humanos son progresivos, solo en la medida en que se articulan políticamente y se asumen socialmente.

 

Derecho que no se conoce no se ejerce. A eso le han apostado los gobiernos neoliberales que niegan el conocimiento de los mismos y tratan de imponer únicamente sus concepciones ideológicas a través de leyes a modo, contradictorias o francamente retardatarias.

 

En ese sentido la insistencia del gobierno federal en torno a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que legaliza acciones que desde los derechos humanos, son violatorias del derecho internacional y la dignidad humana. La militarización de la seguridad pública y la presencia del ejército en las calles han incrementado la ola de violencia. La estrategia de combate al crimen organizado ha ocasionado la existencia de miles de víctimas. A este clima de violencia se suman agravios históricos como la desaparición forzada de personas, el feminicidio, la criminalización de movimientos sociales y defensores de derechos humanos.

 

La guerra llevada a cabo por el gobierno de Calderón por el control monopólico del narcotráfico en México (de acuerdo al Informe Bourbaky) busca utilizar las ganancias capitalistas de este sucio negocio y no eliminarlo. Las ganancias se maximizan, las consecuencias las pagan la mayoría de la sociedad. El consumo de drogas se eleva, casi en la misma proporción que el número de muertos (más de 60 mil según algunas fuentes como el semanario Zeta, 46 mil según el sistema nacional de seguridad pública) desaparecidos (15 mil según algunas fuentes, 1500 documentados por familiares), heridos, presos, huérfanos. Las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada crecen exponencialmente, la tortura se generaliza y el temor se extiende entre poblaciones enteras por los cateos ilegales y las detenciones arbitrarias.  Es la lógica policiaca-militar autoritaria la que busca paralizar la protesta social, se criminaliza a quienes denuncian y se oponen a esta forma de imponer decisiones políticas, la antidemocracia pone en riesgo las más elementales garantías constitucionales y libertades democráticas. La violencia se enfrenta con actos de autoritarismo y  violando los derechos humanos. Las consecuencias están a la vista: Los derechos fundamentales se violan cotidianamente, y se invisibilizan. No se garantiza la justiciabilidad plena de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El capitalismo los viola sistemáticamente en aras del lucro y la ganancia. Sólo respeta el derecho a la propiedad privada de unos cuantos (1% mundial dicen los indignados, 300 familias en México señala AMLO). En un mar de pobreza (56 millones según Boltvinik), informalidad en el empleo (27 millones según INEGI), jóvenes sin acceso a educación y empleo (15 millones según la UNAM), con salarios con poder adquisitivo similar a 1976 (según Fernández Vega), estos derechos son imposible de ejercer por parte de la mayoría de la población. Están en el fondo de la injusticia social, la exclusión, la concentración del poder financiero, la desnacionalización de la economía.

 

Una política de seguridad humana requiere cambiar paradigmas sobre la seguridad pública entendida como protección de las instituciones de gobierno por una seguridad ciudadana, donde la policía esté capacitada, cercana y controlada por la población, un verdadero combate a la impunidad delictiva, así como impedir que las fuerzas armadas del Ejército y la Marina sigan realizando tareas de represión interna que constitucionalmente no les corresponden y que  ha traído un alto costo en vidas humanas, militares y policías incluidos pero sobre todo civiles. El ejército debe estar en los cuarteles y defender la soberanía nacional hoy violada por agentes de la DEA y militares yanquis. La seguridad y los derechos humanos no están peleados, deben ir juntos para enfrentar la violencia y la impunidad. Ni mano dura ni autoritarismo son la solución. Los derechos de las víctimas forman parte indisoluble de los derechos humanos. Es necesario vincular seguridad ciudadana y derechos humanos mediante una política integral que atienda las causas estructurales de la desigualdad, la injusticia y la violencia, para evitar toda clase de abusos por parte de las autoridades.

 

 

 

3.  DERECHOS CIVILES: SEGURIDAD HUMANA, SEGURIDAD CIUDADANA[8]

3.1 Transitar de una seguridad de tipo militar centrada en el Estado, a una seguridad de tipo humana (ciudadana), bio-cultural y de género.

  • Privilegiar lo preventivo.
  • Se desarrolla con y para la gente.
  • Los Derechos Humanos de las personas son los indicadores de éxito.
  • Supone una política social que satisfaga los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (DESCAS).
  • Se construye fundamentalmente desde abajo y con la participación de la gente.

3.2 Reformar el actual marco jurídico que permita reconocer a la seguridad humana, bio-cultural y de género, acompañadas de medidas de tipo pacíficas, sociales, económicas, políticas, culturales y educativas.

3.3 Transitar de un modelo de seguridad vertical y dura a una seguridad transversal y humana.

3.4 Seguritizar[9] los objetos de referencia que reclaman distintos sectores de la población.

3.5 Profesionalizar y sensibilizar en materia de Derechos Humanos a las instituciones de procuración e impartición de justicia existentes.

3.6 Otorgar autonomía al Ministerio Público, las defensorías públicas y los servicios periciales a todos los niveles.

3.7 Garantizar el principio de Presunción de Inocencia, y eliminar la anticontitucional figura del arraigo, que legitima la injusta  y arbitraria detención de las personas.

3.8 Investigar y sancionar todos los casos de graves de violaciones a los derechos humanos del pasado y recientes sin importar el cargo de los responsables, recordando que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. En este sentido se debe retomar la discusión de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas que quedo pendiente en el Senado para su aprobación.

3.9 Reformar el Código de Justicia Militar para acotar el fuero castrense, en concordancia con las sentencias emitidas contra México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente ratificados por la      SCJN.

3.10 Retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública y procuración de justicia que hoy de facto desempeñan.

3.11 Dejar atrás la retórica de guerra que estigmatiza a las víctimas de la violencia y entiende las violaciones a derechos humanos como daños colaterales, destruyendo así el tejido social.

3.12 Fortalecer la menguada autonomía del sistema ombudsman.

3.13 Se debe discutir y aprobar la Iniciativa de Reforma al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos para Garantizar el Derecho al Aborto.

3.14 Diseñar un plan para brindar mayor seguridad a las mujeres que se encuentran en zonas de alto riesgo (fronteras interestatales, pueblos o ciudades en extrema pobreza, CERESOS femeniles y masculinos, pueblos o ciudades con extrema violencia).

3.15 Aplicar la “ALERTA AMBER” de manera integral, pronta y expedita. Con modificaciones para que no sólo se aplique a personas menores de edad, sino también a mujeres de todas las edades en atención a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.

3.16 Realizar y aprobar la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos en el Estado de Morelos.

 

4. DERECHOS POLÍTICOS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

4.1. Construir una nueva Constitución que reafirme los principios de no discriminación, libertad y respeto a la vida de las mujeres, como requisito indispensable para crear otro tipo de nación.

4.2 Armonizar las leyes internas con los tratados y convenios que protegen los derechos humanos en lo general y los de las mujeres en particular.

4.3 Promover las políticas de gobierno y los programas basados en el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres; tendientes a lograr su plena participación en todos los ámbitos, así como la igualdad entre las mujeres y los hombres, con la finalidad de lograr el empoderamiento de las mujeres a través de su desarrollo e inserción democrática con el sentido, fin y propósito de lograr la plena ciudadanía de las mujeres.

  • Para lograr una gobernabilidad democrática se debe desarrollar una política integral con transversalidad de género.
  • Realizar evaluaciones y análisis con perspectiva de género para conocer la incidencia de los programas, acciones y políticas para la eliminación de la desigualdad de género.

4.4 Garantizar una mayor apertura a las mujeres en la participación política como representantas en cargos de representación popular, para lo cual se propone modificar la ley electoral en lo referente a la cuota de género que esta hoy vigente.

4.5 Reconocer e implementar los mecanismos de participación ciudadana: referéndum, plebiscito e iniciativa popular.

4.6 Garantizar la pluralidad de los medios de comunicación masiva públicos y privados, con un marco legal claro, preciso y razonable, que también genere condiciones propicias para el funcionamiento de las radios comunitarias.

4.7 Fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental en todos los niveles.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES[10]


feministas y luchadoras sociales[11]

 

El 8 de marzo, día internacional de las mujeres trabajadoras, es una fecha para reivindicar las acciones afirmativas  del movimiento feminista, pioneras en la promoción y defensa de demandas ganadas en diversos procesos de lucha. Así mismo tenemos como resultado otras fechas importantes para abordar temas diversos sobre las conquistas de las luchas feministas. Es importante señalar que la actual coyuntura política es una gran oportunidad para que las mujeres demos un nuevo rumbo a la  nación, a fin de construir un futuro más libre y promisorio, justo y democrático  como bien lo apuntan feministas progresistas que plantean reducir la desigualdad en todas sus manifestaciones y hacer de cada mexicana ciudadana con todos los derechos. Esta debe ser la meta esencial de los partidos y organizaciones progresistas y, por supuesto, de la izquierda y del movimiento social. No hay derechos políticos plenos sin derechos de las mujeres.

 

Muchos años ha costado comprender que las mujeres experimentan desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades de desarrollo, salario y seguridad social, acceso a cargos altos en instituciones públicas o privadas. En Morelos el feminismo ha aportado elementos importantes de conciencia social.

 

En la segunda década del Siglo XXI las desigualdades son más pronunciadas en un modelo económico injusto y con instituciones en crisis. Vivimos uno de los peores momentos de nuestra historia, con una crisis política con corrupción e impunidad, más de cincuenta millones en la pobreza, la inseguridad y la incertidumbre social. La absurda guerra contra el crimen organizado del gobierno y la militarización del país ha implicado la violación sistemática de los derechos humanos y, específicamente, de las mujeres.

 

El cambio es urgente para las mujeres, quienes hemos participado y contribuido en todas las luchas históricas del pueblo de México. Somos el 51.63% del padrón electoral, 3.26% más que los hombres. Somos entre 38 y 45% de la Población Económicamente Activa, pero recibimos 30% menos de salario en comparación con los varones.  Encabezamos familia en  23% de los hogares y en el 50% de los hogares el trabajo de las mujeres es fuente sustantiva del ingreso familiar.

 

En el terreno político no existe verdadera democracia mientras las mujeres no tengamos acceso a los espacios públicos y donde se toman las decisiones. Si bien hemos logrado representación en organizaciones civiles, en asociaciones laborales y en movimientos sociales de trascendencia histórica, sin embargo, la participación de mujeres en cargos de representación popular es todavía muy baja.   Menos del 25% de las curules en la Cámara de Diputados y del 20% en el Senado están ocupados por mujeres; menos del 13% son titulares de Secretarías, 22% en las Subsecretarías y 30% en las Direcciones Generales del Poder Ejecutivo. Las mujeres han ganado espacios en las asambleas ejidales, siendo actualmente  casi 17 mil las presidentas de los Comisariados Ejidales y 25% de los poseedores de tierras. Pero siguen pesando sobre buena parte de ellas, las normas discriminatorias y la ausencia de sus derechos a la tierra reconocidos en el 27 Constitucional.

 

La violencia, el feminicidio, el acoso sexual en el trabajo y las violaciones que victimizan cada año a decenas de miles de mujeres alcanzan formas muy crueles: hostilizadas, ultrajadas, secuestradas, desparecidas y asesinadas. La violencia pesa sobre los cuerpos de las mujeres y se ha incrementado por las políticas fallidas de inseguridad en los últimos años, hoy se convierte en una amenaza para la integridad física y el ejercicio de las libertades.  Esta amenaza se torna con más frecuencia en un severo peligro para aquellas que trabajan o que sobreviven gracias al trabajo informal y viven o transitan en zonas urbanas desoladas. La materialización de esta amenaza se produce para muchas de ellas, que nunca llegan a su trabajo, o a su escuela, ni regresan por la noche a su hogar.   El peligro que viven las mujeres no sólo está en los espacios públicos, ya que en buena parte de los casos el hogar, que es un refugio ante otros riesgos de la vida moderna, no es un lugar seguro para niñas, adolescentes, mujeres maduras o ancianas, que sufren diversas formas de violencia, incluida la privación de la vida a manos de familiares, ex parejas y conocidos.

 

El sistema de justicia reproduce la discriminación en contra de las mujeres. Cada vez que una mujer ocurre a solicitar justicia recibe cuando menos actitudes de desinterés; tratos abusivos, racistas, clasistas y sexistas, respuestas desalentadoras o indiferentes por parte de agentes de seguridad o procuración de justicia.  Las investigaciones no se terminan, hay incapacidad e indisposición para documentar los casos y más, se busca atemorizar a las mujeres víctimas para que no presenten denuncia. El sistema de justicia (civil y penal acusatorio) no toma en cuenta el carácter multicultural de nuestro país, grandes sectores sociales históricamente excluidos son discriminados en razón de su idioma u origen étnico.

 

Los retrocesos y la política de los gobiernos conservadores han intentado eliminar la educación laica y los servicios de salud reproductiva,  e imponer políticas que restringen los derechos sexuales y reproductivos y fortalecen el desprecio a lo femenino.

 

Las mujeres estamos claras que todo proyecto debe ser con democracia y necesita trastocar las imposiciones sobre lo femenino y lo masculino. La violencia económica no se ve pero se siente cotidianamente.

 

 

 


5. DERECHOS DE LAS MUJERES

 

seguridad

5.1 Diseñar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia feminicida:

  • Desarrollar y evaluar intervenciones basadas en la teoría para cambiar normas sociales de violencia feminicida en las personas, profesionales, familias, comunidades y en el Estado.
  • Investigar el riesgo de victimización y crear perfiles de riesgo, focalizando características factibles de cambiar.
  • Investigar riesgo de perpetuación, incluyendo condiciones que canalizan la motivación individual al acto violento, determinantes en la toma de decisiones, y factores que facilitan su mantenimiento, escalamiento, reducción o desincentivación.
  • Crear planes de acción multisectoriales y multimétodos, involucrando a los sistemas medico, de justicia y de salud pública, así como a la familia, amistades, comunidad, organizaciones, empresas, policía, sindicatos, instituciones educativas y religiosas.
  • Priorizar la prevención primaria con niñas y niños, incluyendo la prevención del abuso infantil.
  • Identificar familias de alto riesgo en términos de violencia sexual y ofrecer intervenciones a madres y padres para general cambio de actitudes y reducción de la trasmisión intergeneracional y revictimización.
  • Utilizar a los medios masivos de comunicación para prevenir la violencia contra las mujeres estableciendo cambios que combatan el sexismo lingüístico y visual, la misoginia y la gynopia[12].

5.2 Investigar y sancionar los crímenes cometidos en contra de las mujeres con base en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres y en su Reglamento.

5.3 Profesionalizar en materia de derechos humanos a las y los titulares de la Fiscalía Especializada en Homicidios de Mujeres de la Procuraduría de Justicia del Estado.

5.4 Crear equipos forenses calificados para la investigación de los feminicidios.

5.5 Crear laboratorios para el procesamiento y análisis de la evidencia micro y macroscópica así como de ADN, relacionadas con los casos de violencia feminicida.

 

politica

5.6 Fortalecer la participación de las mujeres en los puestos de decisión gubernamental (ejecutivo, legislativo y judicial) más altos, tanto en el ámbito federal, estatal como municipal.

5.7 Profesionalizar en materia de Derechos Humanos al Instituto de la Mujer del Estado de Morelos.

 

 

 

educación

5.8 Crear un Centro de Estudios de Género en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el cual este dirigido e integrado por mujeres especialistas en la materia.

5.9 Fomentar la participación de las mujeres en los niveles educativos más altos (postgrados, maestrías, doctorados y postdoctorados).

5.10 Difundir las investigaciones realizadas por mujeres y/o que tengan como eje rector el estudio de las mismas.

 

 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

  • Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ampliando la cobertura de servicios de salud y planificación familiar.
  • Despenalizar el aborto.
  • Diseñar e implementar políticas especificas encaminadas a prevenir y erradicar la explotación sexual infantil.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS DEFENSORES Y PERIODISTAS[13]


DEFENSORAS EN RIESGO[14]

 

Parecería que todos los gobiernos  coinciden en  la estrategia de deslegitimar, criminalizar y no investigar. El especial riesgo que viven las defensoras de derechos humanos, como el de Blanca Velásquez de Puebla; Betina y Alba Cruz de Oaxaca, Lidya Cacho de Cancún, las compañeras y compañeros del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, que acompañan y litigan a víctimas de violencia feminicida, trata, violencia sexual y familiar, tortura, desaparición forzada ejecuciones extrajudiciales, todo esto en Ciudad Juárez y Chihuahua. De la ambientalista Fabiola Osorio Bernaldez en Guerrero.  19 asesinatos de defensoras de derechos humanos y periodistas del 2010 a la fecha, ponen al descubierto la falta de interés del Gobierno Federal por defender el derecho a ser defensora de derechos humanos

Abrazadas por  las convenciones de Belén Do Pará y  la CEDAW, las defensoras de derechos humanos enfrentamos riesgos particulares. Vivimos en un mundo patriarcal en donde a diario luchamos por cuestionar y cambiar los roles y estereotipos de género, llevamos a cuesta  los riesgos particulares  a raíz de la discriminación histórica. Sin duda, esto  agrava las causas que promovemos, la participación de las defensoras desafía el patriarcado y convoca a construir nuevos  paradigmas, y eso no les gusta a muchos.

 

Eso explica las dificultades del trabajo de las defensoras en situación de conflicto armado, tal como sucede actualmente en Chihuahua, en donde las madres, las hermanas, las hijas y las mujeres en general, han asumido un rol activo en la defensa de los derechos humanos de los varones de la familia que han sido torturados, desaparecidos, asesinados. Sabemos el trabajo de Josefina y Malena  Reyes, de Susana Chávez  y de Marisela Escobedo.  No es casual  que los feminicidios cometidos en contra de defensoras de Chihuahua, es el lugar del planeta que mas asesinan mujeres en el mundo, con una tasa de 34 asesinatos por cada 100 mil mujeres, el promedio mundial es de menos de 3.  La aplicación de estereotipos de género en el lenguaje y razonamiento de los operadores del sistema de justicia, a cargo de investigar las violaciones a derechos humanos de las mujeres, tal como lo relaciona la Corte con la sentencia de campo algodonero,  y por supuesto  la fuerte estigmatización en sus comunidades,  de quienes se convierten de victimas en defensoras de derechos humanos como el caso de Inés y Valentina, en Guerrero, que además cargaron con el  obstáculo adicional por su calidad de indígenas. Por ejemplo se nos acusa de atentar contra los valores morales y  de la familia al defender los derechos sexuales y reproductivos o a las personas lésbico-gay.

 

Las defensoras que levantamos nuestra voz nos exponemos a un riesgo adicional a los ya cotidianos de hombres violentos con sus parejas, o  violadores, tratantes de personas, agentes estatales y no estatales, todo esto  en un contexto militarizado  y machista, con gobiernos que simulan y manipulan cifras y medios.

A Marisela Escobedo le escuchamos decir: “no quiero que la sangre de  mi hija  sea en vano, ojala que sea el último feminicidio en Ciudad Juárez”.  Su asesinato y el de su hija Rubí continúan impunes. Documentamos  la violación de derechos humanos para no  olvidar, para conservar la memoria histórica en la cabeza y en el corazón de quienes están torturando, a quienes queman  las casas, amenazan,  violan, desaparecen y asesinan a nuestros hijos e hijas.  Ante la situación especialmente difícil que hoy nos encontramos las y los defensores de derechos humanos en México,  nosotras somos parte del aumento del 42%  de medidas cautelares.

 

Por todo ello, consideramos importante compartir el segundo Informe a la CIDH que publicaron en Cuadernos Feministas, sobre la Situación de las y los defensores de derechos humanos en las Américas Grupos de Defensoras y Defensores, en especial situación de riesgo de Lucha Castro del Centro de Derechos de las Mujeres de Chihuahua, el lugar más peligroso de México para defender los derechos humanos.

 

En Morelos…

 

6. DERECHOS DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

6.1  Impulsar la realización y aprobación de un Protocolo de Seguridad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos que garantice la protección de sus vidas a través de medidas efectivas para garantizar su seguridad y propiciando un ambiente seguro para su trabajo.

6.1  Impulsar la aplicación del Protocolo de Seguridad de Periodista que garantice la protección de sus vidas a través de medidas efectivas para garantizar su seguridad y propiciando un ambiente seguro para su trabajo.

6.2  Investigación y sanción de los delitos cometidos en perjuicio de las y los defensores de Derechos Humanos, así como de las y los periodistas.

 

 


CONSIDERACIONES FINALES

 

 

LOS DERECHOS HUMANOS, LA TAREA PENDIENTE DE LOS GOBIERNOS ELECTOS[15]

 

Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos”  hemos documentado  graves violaciones a los derechos humanos, desde poco más de 20 años. Nuestra labor y trayectoria nos ha llevado  además, a atestiguar tanto avances y compromisos asumidos, como abusos y acciones incumplidas en materia de derechos humanos.

 

No obstante, en los últimos años se ha constatado que sucesos como desapariciones forzadas, feminicidios, discriminación en el sistema de justicia, discriminación por parte de las autoridades e instituciones públicas, abusos de las fuerzas de seguridad pública, agresiones a defensoras y defensores, omisión de las autoridades en la implementación efectiva de medidas de protección, afectaciones a derechos laborales, abusos contra las personas migrantes, violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas; por mencionar algunos, han aumentado en  frecuencia y gravedad.

 

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la agudización de la violencia contra las mujeres. De acuerdo con el informe de ONU mujeres, la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidios, aumentó 68%  entre los años 1985 a 2006. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, por su parte,  registró en los últimos cuatro años 3139 muertes violentas contra mujeres, en tan sólo 13 Estados del país. Lo anterior, sin contar que en Chihuahua la discriminación de género se traduce en la forma de violencia extrema a la que fueron sometidos  cuerpos de mujeres (tortura, mutilación, quemaduras, violencia sexual, entre otras). Adicionalmente, se han identificado graves problemáticas que impactan en el acceso a la justicia para mujeres, como los feminicidio, las desapariciones de mujeres y niñas, y la criminalización de las mujeres en varios estados del país por ejercer su derecho a decidir sobre una maternidad libre y voluntaria.

 

Otro tema de preocupación consiste en el aumento considerable de actos ocasionados por las autoridades mexicanas que afectan derechos básicos de las personas transmigrantes,  migrantes (internas y externas), solicitantes de asilo y refugiadas.  También llamamos su atención sobre la grave situación de secuestros de personas migrantes en tránsito, sobre la vulnerabilidad intrínseca en que se encuentran las y los niños y adolescentes migrantes no acompañados, y de aquellas personas que trabajan en el sector de servicios y en trabajos informales, centros de entretenimiento en donde viven en condiciones de sobre explotación laboral o son víctimas de trata de personas.

 

Por otra parte, la situación de vulnerabilidad y discriminación en la que viven los pueblos indígenas en México, es reflejo del desprecio, el despojo, la explotación y represión que a lo largo de los años el Estado ha ejercido contra quienes ahora se ubican en los peores índices de desarrollo humano. La falta de implementación adecuada de un marco legal, incluyendo la reforma Constitucional al Artículo 1, agrava el problema estructural de la discriminación en un contexto donde, los derechos de los pueblos indígenas son considerados oficialmente protegidos por estas normas, pero las instituciones replican patrones históricos de discriminación.

 

La falta de políticas públicas que atiendan estas causas estructurales de la pobreza extrema que generen una verdadera política benefactora y de desarrollo, no solamente asistencialista, se mantiene como el mayor obstáculo para erradicar la marginalización y discriminación.

 

Ahora bien, en lo que respecta al tema ambiental, debe decirse que en México, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación irracional de recursos naturales y la contaminación de agua y aire, entre otros, son situaciones que vulneran no solo nuestro derecho a un medio ambiente sano sino una serie de derechos humanos vinculados. A pesar de la existencia de una gran variedad de leyes y normas en materia ambiental su aplicación y efectividad es deficiente y en ocasiones nula.

 

En un clima adverso para el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, muchos de nuestros colegas han sido objeto de amenazas, hostigamiento, criminalización, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y homicidio. Creemos fundamental que las propuestas que sean impulsadas desde las organizaciones sean vistas también como una obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar un ambiente de trabajo propicio para la defensa de los derechos humanos y de impulsar acciones que pongan fin a la impunidad.

 

Finalmente hacemos hincapié sobre la falta de mecanismos para una verdadera participación en espacios de diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas por parte del gobierno en coordinación con la sociedad civil.  En este sentido, es necesario un reconocimiento del Estado Mexicano de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, en el marco de una democracia participativa.  Ante lo anteriormente expuesto, hacemos un llamado para que hagan un compromiso explicito en relación con el respeto a los derechos humanos y los deberes que tiene el Estado mexicano, frente a las obligaciones que éste ha adquirido a través de la suscripción y ratificación de los distintos instrumentos internacionales, en el entendido de que los derechos humanos constituyen el parámetro de legitimidad de cualquier Estado democrático.

 

Adicionalmente, les instamos a que lejos de abordar el tema de derechos humanos como una bandera política o un mecanismo para incrementar la simpatía, fijen posturas y compromisos claros, accesibles y permanentes en los asuntos cruciales que constituyen una agenda mínima para asegurar la vigencia de los mismos. Pues el respeto a los derechos humanos no debe ser una dádiva ni un elemento marginal de sus programas de gobierno, sino un componente transversal que oriente la acción gubernamental de forma integral; sobre todo ante una coyuntura como la presente, marcada por una emergencia nacional por la crisis de violencia y la falta de justicia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COLABORACIÓN[16] Y AGRADECIMIENTOS:

 

José Santos Martínez

Centro Nacional de Promoción Social

http://www.cenpros.org.mx

 

Alaide Vences

Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en America Latina, A. C.

http://www.cidhal.org

 

Raúl Abraham López

Revista Digital Voz Universitaria

http://www.vozuniversitaria.org.mx/

 

Alfonso Leija

Movimiento Lgbtti 

 

Tomas Fregoso

Federación de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana

 

Edgar Cortes

Instituto Mexicano de Derechos Humanos

http://imdhd.org

 

José Rosario Marroquín

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro A. C.

http://www.centroprodh.org.mx

 

Susana Díaz

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa

susanamargarita74@hotmail.com

 

Fernando Gracia

Centro de Planeación para la Seguridad Alimentaria y la Sustentabilidad Humana, A. C.

fernandograciaaguilar@gmail.com

 

Yessica Rivera

Radio Chinelo

http://radiochinelo.mx

 

Claudia Ortiz

Consejera Local del IFE Morelos

 

Periodistas: Nora Bucio, Angelina Albarrán y Enrique Tejeda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Privada de las Flores Nº 16 colonia San Antón, Cuernavaca Morelos, México. Teléfono 3 18 55 68, CP. 62020. Correo electrónico cidhmorelos@gmail.com

(2012)


[1] Juliana G. Quintanilla, José Martínez, Marco Aurelio Palma, Roberto Mendoza, Paloma Estrada, Claudia Ortiz, Alejandra Domingo y Damian G. Camacho.

[2] G. Quintanilla, Juliana. 2012. https://cidhmorelos.wordpress.com

[3] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU. 3 de enero de 1976.

[4] Palma Apodaca, Marco Aurelio. 2012. https://cidhmorelos.wordpress.com/

[5] Articulo tomado de Centro de Planeación para la Seguridad Alimentaria y la Sustentabilidad Humana, A. C. Construcción de gobernanza y empoderamiento de los dueños de los territorios forestales para la conservación, usos, valores y aprovechamientos de la biodiversidad en el estado de Morelos. 2012.

[6] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ONU. 23 de marzo de 1976.

[7] G. Quintanilla, Juliana y José Martínez Cruz. 2012. https://cidhmorelos.wordpress.com/

[8] La seguridad ciudadana, que puede decirse es una dimensión de la seguridad humana, pretende proveer de seguridad personal; en otras palabras es la opción que busca dar protección a opciones de vida frente a un tipo de riesgo específico (delito). La condición ciudadana de la seguridad radica en: los derechos y deberes individuales y colectivos de la población en el marco de un Estado que debe garantizarlos.

[9] Se trata de la valoración subjetiva de “una amenaza existencial hacia los objetos de referencia”, lo que permite establecer “medidas urgentes y excepcionales para contrarrestar la amenaza”. Por ello, el actor de la seguritización define la amenaza existencial y con el mismo proceso legitima  también las medidas extraordinarias”.

[10] Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, ONU, 1979. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belem do Para”, 1994. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, México, 2007.

[11] G. Quintanilla, Juliana y Alejandra Domingo Portillo. 2012. https://cidhmorelos.wordpress.com/

[12] La gynopia o invisibilidad de las mujeres, es un tipo extremo de androcentrismo (Eichler, 1987; en: Sanahuja, 2002: 15).

[13] Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Federalización de los Delitos cometidos contra Periodista, 2012.

[14] G. Quintanilla, Juliana. 2012. https://cidhmorelos.wordpress.com/

[15] Estrada Muñoz, Paloma y José Martínez Cruz. 2012. https://cidhmorelos.wordpress.com/

[16] Ponencias presentadas en el Conversatorio “Agenda de Derechos Humanos ante la Emergencia Nacional”, realizado por la CIDHMOR. Cuernavaca, Morelos. 2012.

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Casos de Desaparecidos en México ante la ONU.


Boletín de prensa 28 de febrero 2012

La desaparición de Alan Israel Cerón Moreno es responsabilidad compartida por los gobiernos de Morelos y Guerrero y debe ser investigada como desaparición forzada, al igual que el caso de Jethro Ramssés Sánchez Santana, cuyo caso fue enviado al Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU por parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. En ambos hay participación directa de funcionarios públicos. El gobierno se niega a investigar y tipificarlos como delitos de lesa humanidad y pretende seguir engañando a la población al adjudicarlos como “levantones” y  relacionados con delincuencia organizada. Por ello, antes que cualquier indemnización económica, los familiares exigen verdad y justicia.

Tres expertos independientes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU que visitaron México en marzo de 2011, responsabilizan a agentes del Estado por desapariciones en la guerra contra el narco, según un informe publicado en Ginebra.

“El Grupo de Trabajo, inició sus deliberaciones 2012 el lunes 27 de febrero. y recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”, dice el informe, que será debatido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y concluye el 5 de marzo próximo en Ginebra. Dicho Consejo, integrado por 47 países elegidos mediante el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, entre cuyos miembros figura México.  Este Consejo dispone de expertos independientes o “relatores”, quienes obran solos o mancomunados en Grupos de Trabajo, desempeñándose honoríficamente para dar seguimiento a violaciones de los derechos humanos, lo que acontece ahora con México y las desapariciones.

“La participación del Estado en las desapariciones también está presente en el país”, sumadas a las perpetradas por “grupos del crimen organizado”, en total 346 en 2010, alrededor de 3 mil a partir de 2006, contabiliza el informe, que será sometido a un “dialogo interactivo” entre Estados, expertos de la ONU y Organizaciones No Gubernamentales” (ONG) en el seno del citado Consejo.

El documento menciona “detenciones que habrían sido cometidas por elementos militares en contra de civiles quienes habrían sido llevados a instalaciones militares”, como es el caso de Jethro Ramssés. De esta manera cobra vigor el espectro de los centros clandestinos de detención, considerados campos de concentración, donde se perdieran los rastros de varias decenas de miles de desaparecidos en las dictaduras que golpearan las poblaciones civiles del Cono Sur en décadas pasadas, un fenómeno catalogado hoy como imprescriptibles “crímenes de lesa humanidad”.

“Personal militar habría interrogado a personas detenidas”, a menudo “utilizando la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, cuya autoría podría atribuirse a “elementos del ejército y otras fuerzas de seguridad”; y a veces se observan desapariciones “por cortos periodos de tiempo”, lo que se suele denominar “levantones”, precisa el documento.

Estas detenciones se fundamentarían en que las fuerzas estatales aplicarían de forma “excesivamente amplios conceptos de cuasiflagrancia y flagrancia equiparada que permiten a cualquier persona detener a otra varias horas e inclusive días después de la comisión de un delito”, conceptos que propone erradicar inmediatamente de las normas legales.

“Las fuerzas militares se han extendido más allá de las funciones de las operaciones de seguridad”, y “no se limitan a actuar como auxiliares de las autoridades civiles y aceptar sus órdenes, sino que realizan tareas que corresponden exclusivamente” a los “civiles”, consigna la ONU, quien además revela “el temor que desanima a las víctimas a denunciar o insistir en las investigaciones sobre desapariciones forzadas”, y que “en varios casos, familiares de las personas desaparecidas forzosamente han sido objeto de intimidaciones, amenazas y represalias por haber exigido una adecuada investigación”.

Asimismo, los expertos de Naciones Unidas descubrieron durante su visita “omisiones, retrasos y falta de la debida diligencia” en las investigaciones de las desapariciones, y a su vez critican que “sean casi siempre conocidas por la jurisdicción militar”.

Justifican esa crítica en que “las alegaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos castrenses”, estén “sujetas” a la “jurisdicción militar”, mientras que la ONU preconiza que deben ser abordadas “por autoridades civiles”.

“México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas”, y “un gran número de autoridades se negaría a registrar casos de desapariciones dentro del período de 72 horas después de que ocurrió la desaparición”, un período “fundamental para obtener información” sobre el desaparecido “y evitar su asesinato”, añade la ONU.

La ONU reclama garantías e insta a México a “regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales como una medida preventiva respecto a las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos humanos”.

El documento recuerda que el actual gobierno hizo saber “que el uso de las Fuerzas Armadas es temporal y limitado a determinadas regiones del país sin que se informara de un plan para retirar a las tropas militares”.

Por tanto, la ONU recomienda “considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública”, un “derecho” y un “deber” del Estado, cuyas “acciones correspondientes”, sin embargo, no pueden efectuarse “a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitiendo la práctica de las desapariciones forzadas”.

A tales fines la ONU subraya la necesidad de eliminar de la legislación “la detención mediante arraigo”, una medida que habilita la detención de personas “en casas de seguridad” hasta por 80 días, “sin cargos y con un contacto muy limitado con abogados y familiares, siendo “su paradero frecuentemente desconocido”.

La ONU concluye que “las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, en los ministerios públicos y las fuerzas armadas”, que “la impunidad es un patrón crónico” en México, que no realizaría “los esfuerzos suficientes” para “sancionar” a los autores, y garantizar “verdad y reparación”.

Por lo anterior es que en Morelos hemos exigido una respuesta al gobierno y nos solidarizamos con la marcha convocada por familiares para el 7 de marzo demandando la presentación con vida de Alan Israel Cerón y todos los desaparecidos que han sufrido desaparición forzada: Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Condenamos asesinato de 2 estudiantes de Ayotzinapa


 ASESINADOS COBARDEMENTE DOS JÓVENES ESTUDIANTES DE

LA NORMAL DE AYOTZINAPA, GUERRERO.

¡JUSTICIA PARA JORGE ALEXIS HERRERA Y GABRIEL ECHEVERRÍA DE JESÚS!

¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES!

Organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales del estado de Morelos, condenamos la ejecución extrajudicial de normalistas en Chilpancingo, Guerrero, así como el uso desmedido de la fuerza.  Condenamos las ejecuciones extrajudiciales de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.  Llamamos al Estado mexicano a realizar una investigación inmediata, expedita e imparcial.  Exigimos cese de la criminalización de la protesta social.

El día 12 de diciembre de 2011, a las 12 hrs, aproximadamente 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero tomaron la salida de la carretera Chilpancingo-Acapulco a la altura del  Hotel Parador del Marqués, donde confluyen la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, para exigir  al Gobierno del Estado de Guerrero el cumplimiento a sus peticiones en materia de educación.

A las 12:30 se presentaron elementos de la Policía Federal y Policía de la Fuerzas Especiales, los cuales abrieron fuego en contra de los estudiantes, iniciando una persecución, golpeando y deteniendo a varios de ellos.  A las 12:50 un estudiante de Ayotzinapa confirmaba la muerte de dos estudiantes, uno de ellos  de nombre Jorge Alexis Herrera Pino, originario de Atoyac, Gabriel Echeverría de Jesús, varios heridos y 26 detenidos.  Persiste el riesgo de que los estudiantes de Ayotzinapa sean detenidos y criminalizados por ejercer su derecho a protestar.

Cabe resaltar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se ha destacado por mantener un compromiso histórico con la educación de los más desposeídos del estado de Guerrero, principalmente de las y los alumnos indígenas, caracterizándose en años recientes por su capacidad de generar una propuesta renovadora de la educación rural en la entidad. Más recientemente, en semanas pasadas, habían iniciado una nueva movilización para abrir canales de diálogo con el gobierno estatal, lo que lamentablemente no ocurrió, detonando en estos hechos.

En este sentido, las acciones de brutalidad policiaca y uso irracional de la fuerza pública en contra de jóvenes manifestantes de una normal rural dedicada a poner la educación al alcance de los más marginados, constituye un acto inadmisible en un contexto democrático, y echa por tierra el compromiso de los gobiernos estatal y federal de atender los conflictos sociales en sus causas más estructurales evitando el uso de la fuerza pública.

El uso excesivo de la fuerza pública de manera arbitraria, es un acto a todas luces reprobable, y del cual debe haber sanción a los responsables. Hasta este momento, se desconoce el paradero de 40 normalistas, 3 estudiantes se encuentran heridos y 26 más detenidos

Por lo anteriormente expuesto, las organizaciones abajo firmantes demandamos:

1.- La distensión inmediata de la situación imperante respecto de los normalistas de Ayotzinapa en Chilpancingo, mediante la apertura de canales de diálogo y el cese de la persecución policial, dejando de lado los intentos de criminalizar a las y los estudiantes.

2.- La investigación expedita, imparcial y efectiva de la violencia policial que culminó con la ejecución extrajudicial de dos normalistas.

3.- El pleno respeto al derecho a protestar de los normalistas de Ayotzinapa, de la sociedad guerrense y mexicana en su conjunto.

4.- Ante uso excesivo de la fuerza pública, ONG exigimos la destitución del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

5. –  Imprescindible hacer una investigación imparcial, expedita y efectiva de la violencia policiaca.

6.- Exigimos sanción a los responsables y condenamos el asesinato de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

7.-  Exigimos la destitución del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Ramón Almonte Borja, con lo cual se pueda garantizar una investigación exhaustiva y efectiva de la agresión que sufrieron los estudiantes.

Cuernavaca, Morelos, 13 de diciembre de 2011.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., integrante de la Red Todos los Derechos para Todas y todos (75 organizaciones), Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los Derechos de los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.

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